Tres departamentos en Washington están indagando las ramificaciones y los implicados del esquema de corrupción de Pdvsa que ha producido más de US$21 mil millones en dinero desaparecido hasta ahora, por posibles violaciones a las leyes de Estados Unidos.
Casto Ocando | @cocando
Agencias federales vinculadas a los departamentos de Justicia, Homeland Security y Tesoro están recopilando y ampliando información y nombres que han surgido en los últimos días de las denuncias del escándalo de corrupción que está sacudiendo la petrolera estatal venezolana Pdvsa y los altos niveles del régimen de Nicolás Maduro, de acuerdo a fuentes que hablaron con Primer Informe.
Las agencias están “ampliando acusaciones que ya existen o abriendo nuevas investigaciones federales” contra las casi cuatro docenas de operadores y funcionarios que han sido conectados con la corrupción en Pdvsa –y en su mayoría arrestados–, que podrían haber incurrido en una serie de violaciones a las leyes de Estados Unidos, indicaron las fuentes.
Los delitos abarcan desde violación a las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro contra Pdvsa, hasta operaciones de lavado de dinero basados en el dólar o en conexión al sistema financiero norteamericano con parte del dinero expoliado.
Las investigaciones están centradas en personajes que ya están bajo investigación o han sido sancionados por el Departamento del Tesoro. Al menos dos fiscalías, la del Distrito Sur de la Florida con sede en Miami, y la del Distrito Sur de Texas, con sede en Houston, están ampliando las indagaciones.
Encabezando las investigaciones se encuentran el ahora ex ministro de Petróleo Tarek El Aissami, que ha sido acusado por el régimen de Nicolás Maduro de dirigir una organización criminal que desfalcó al menos US$3,000 millones en negocios con la petrolera estatal venezolana, y dejó facturas sin pagar por un monto de US$21,000 millones.
Al lado de El Aissami, aparecen como señalados en el desfalco varios de sus socios por décadas, entre ellos el diputado Hugbel Roa, que controló un grupo de empresarios que presuntamente invirtieron el dinero desfalcado en proyectos de construcción y otras inversiones dentro y fuera de Venezuela.
Señalado indirectamente por el propio régimen de Venezuela, Tarek El Aissami fue el protector de varios corruptos de PDVSA investigados en la reciente operación anticorrupción del madurismo. FOTO: ZiaLater.
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Los herederos de Álex Saab
Los federales están particularmente interesados en el papel de los operadores Alessandro Bazzoni, de nacionalidad italiana, y Joaquín Leal Jiménez, ciudadano mexicano, a quien el Departamento del Tesoro consideran como los “herederos” del operador colombiano Álex Saab, actualmente detenido en Estados Unidos, y calificado por Washington como el testaferro del dictador Nicolás Maduro.
El mexicano Joaquín Jiménez Leal, conocido como socio de Álex Saab, está siendo investigado por la trama corrupta de PDVSA.
Ambos operadores son considerados personal de confianza de El Aissami, un fugitivo de la justicia de Estados Unidos –con una recompensa sobre su cabeza de US$15 millones–, que acaba de ser defenestrado por el régimen de Maduro y actualmente bajo detención domiciliaria.
Tanto Bazzoni como Leal fueron sancionados en 2021 por la OFAC. Los investigadores federales determinaron que después de la detención de Saab en junio de 2020, Bazzoni asumió el rol de Saab de coordinar las operaciones de re-venta de crudo de Pdvsa, y de suministrar los barcos para recoger el crudo en puertos venezolanos.
El italiano Alessandro Bazzoni participó como socio de Joaquín Leal en parte importante del esquema fraudulento con el que presuntamente saquearon PDVSA.
Joaquín Leal, por su lado, coordinó “la compraventa de crudo de origen venezolano de Pdvsa y su filial, Pdvsa Petróleo, S.A., aportando conocimientos del sector petrolero mundial y facilitando el transporte y la reventa a los compradores”, en abierta violación a las sanciones norteamericanas.
Según la OFAC, Bazzoni y Leal usaron la empresa Libre Abordo S.A para el intercambio de petróleo por cisternas, a un precio inflado, generando ganancias corruptas para los implicados en la negociación.
Ambos están en el centro de una investigación criminal por su continua participación en el esquema de corrupción de transporte ilegal de crudo venezolano a mercados internacionales, utilizando medios y mecanismos que violan las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro, indicaron las fuentes.
Según los detalles que han trascendido en el esquema de corrupción investigado por la Fiscalía de Venezuela, Bazzoni y Leal se asociaron con distintos armadores, principalmente con los ciudadanos griegos George Moundreas y Panagis Zissimatos, para comprar y operar los buques necesarios para mover todo el crudo y productos refinados de Pdvsa a China y otros mercados, y manejar los recursos generados sin rendir cuentas.
George Moundreas junto a su compatriota Panagis Zissimatos se dieron a la tarea de ubicar buques para mover las cargas de petróleo en el esquema fraudulento.
Panagis Zissimatos, junto a Moundreas eran quienes compraban y operaban los buques necesarios para mover la carga de Pdvsa a China y otros mercados, sin rendir cuentas.
A su vez, Bazzoni y Leal contrataron a Erik Roveta, italiano residenciado en Atenas para ser el administrador y operador de todos los buques necesarios para esta estafa. Roveta es un broker que se desempeña como gerente técnico (technical manager) y es dueño de varias empresas especializadas como Sernavimar SRL y Axione Chartering OU entre otras, también bajo investigación.
Bazzoni y Leal también se asociaron con el suizo Phillipp Apikian de la petrolera Swiss Oil Trading SA, basada en Ginebra y también bajo sanción de Estados Unidos, para comercializar en Asia los crudos y refinados venezolanos.
Los dos operadores usaron a un financista de origen mexicano, José Luis Chávez Cava, que reside entre Londres y Dubai y trabaja para la organización de Joaquín Leal, para cobrar y facilitar todos los pagos del esquema de corrupción que se estima movilizó recursos estimados por encima de los US$8,000 millones, según las indagaciones.
El financista mexicano José Luis Chávez Calva era el encargado de cobrar y facilitar todos los pagos del esquema de corrupción que se estima movilizó más de US$8,000 millones.
Otras cuatro empresas –Schlager Business Group SdRL, Cosmo Resources PTE Ltd, Delta Group Ltd y United Petróleo Corp.– fueron empleadas según el Departamento del Tesoro por Bazzoni y Leal para la operación de intercambio de petróleo por alimentos agenciada por Álex Saab y Álvaro Pulido. Se estima que en este esquema, que tuvo lugar entre 2019 y 2022, Bazzoni y Leal junto a Saab y Pulido comercializaron más de 50 millones de barriles de crudo y productos refinados de Pdvsa por un valor estimado en unos US$5,000 millones. Sin embargo, hasta ahora, se desconoce el destino tanto del monto generado como los alimentos negociados a cambio del petróleo venezolano.
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Otros operadores protegidos
Después de la captura de Alex Saab y la designación de la OFAC, Bazzoni y Leal se convirtieron en distinguidos protegidos de Tarek El Aissami, hasta hace pocos días el todopoderoso señor de Pdvsa, junto a una importante ala controlada por los militares del régimen, con el coronel Antonio Pérez Suárez, Vicepresidente de Comercio y Suministro, a la cabeza.
El coronel Pérez Suárez, según las acusaciones en Venezuela, estaba en el centro del esquema de corrupción ya que exigía el pago en efectivo de cantidades millonarias por cada barco cargado de crudo y productos petroleros de Pdvsa, cuyas ventas nunca ingresaron a las arcas de la corporación venezolana.
Otros protegidos por El Aissami eran Alejandro Arroyo (actualmente detenido en Venezuela) y José Camacho, que controlaban la firma Walker International DWC LLC, con sede en Dubai, que usaban como parte del grupo de empresas con las que Bazzoni hacía las operaciones.
La firma Walker Internacional, con sede en Dubai, controlada por el financista mexicano Jose Luis Chavez Calva, fue usada para desviar los recursos desfalcados a Pdvsa.
Sólo esa firma –Walker International– movilizó una cifra cercana a los 4 millones de barriles de crudo entre 2021 y 2022, procedentes de terminales de Petrocedeño, Amuay, Cardon y Petro San Felix, de acuerdo a una presentación de la empresa revisada por Primer Informe.
Pero El Aissami no era el único que mantenía operadores protegidos en el negocio internacional del petróleo venezolano. Figuras como Diosdado Cabello y los hermanos Rodríguez (Delcy y Jorge) tenían una importante cuota en el esquema de corrupción, con operadores que característicamente tenían poca o ninguna experiencia en el negocio petrolero, y cuyo fin era sencillamente esquilmar miles de millones de dólares de la petrolera estatal venezolana.
Tanto Diosdado Cabello como los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez también tenían «protegidos» en la trama de corrupción de Pdvsa.
Tal es el caso de Miguel Silva, un operador protegido por Diosdado Cabello, vinculado a las firmas Misil Group Ltd y el Grupo Iveex Insaat. Los negocios de Silva y Bazzoni lo beneficiaron a él y a su protector, pero una de las últimas operaciones fracasó inesperadamente.
Según el testimonio de un empresario que conoció de cerca esta operación, Miguel Silva había logrado cargar el buque MT Cecilia, para negociarlo en el mercado internacional mediante su firma Misil Group Ltd, pero una vez cargado, el buque fue bloqueado y posteriormente descargado porque aún no había pagado la comisión correspondiente al coronel Pérez Suárez.
Este evento fue uno de los detonantes que precipitó las investigaciones de la Policía Anticorrupción de la dictadura.
Los operadores Majed Khalil Majzoub y Arturo Sarmiento, protegidos de los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, participaron en el esquema de corrupción a través de las firmas Montmagastre Ventures Limited y Five Oceans Ltd.
A través de Montmagastre Ventures LTD, Pdvsa contrató para cargar con Merey 16 –un crudo de alta calidad– una serie de buques de transporte de crudo. Uno de ellos es el MT Kelly, un tanquero VLCC con más de 250 mil toneladas de capacidad). También usaron el carguero MT Berlina (Suezmax, con capacidad para 1 millón de barriles de crudo), al cual, sin embargo, le cambiaron el nombre a Mars A, actualmente en aguas internacionales cerca de Venezuela, esperando para entrar a puerto. Finalmente, otro barco al que designaron como el MT Ndros (otro VLCC), un nombre falso para evitar que estos barcos que violan tratados y regulaciones internacionales, sean detenidos y confiscados en alta mar, una nueva modalidad en los negocios corruptos de Pdvsa.
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El esquema del fraude
De hecho, el cambio de nombre de los buques que transportaron la carga fue parte esencial del esquema de corrupción.
El caso más notable fue el del tanquero operado por la firma de los hermanos Majzoub –protegidos de Delcy y Jorge Rodríguez– al que llamaron FortOne, un nombre falso de una embarcación que en realidad se lamada MT Nikel. Llamativamente, el buque tiene ahora otro nombre: Orbit I.
Cuando la Policía Anticorrupción lanzó la operación, el buque FortOne levantó anclas de forma “atropellada”. Para ese momento estaba cargado pero aún no tenía la autorización de zarpe, y un grupo de agentes venezolanos se encontraban todavía abordo. Sin esperar la autorización, el barco zarpó y cuando llegó a aguas internacionales, el capitán decidió bajar a los agentes venezolanos en una balsa y dejarlos a la deriva. Los agentes fueron más tarde rescatados por la Guardia Costera venezolana.
Los operadores del barco –Alessandro Bazzoni, Joaquín Leal y George Moundreas– simplemente se apropiaron de la carga del buque, por un valor de varias decenas de millones de dólares.
Como parte del operativo anticorrupción, sin embargo, hasta ahora el régimen ha decomisado dos buques vinculados a la trama corrupta: los buques MT Rana y MT Oreo, de los cuales se sospecha que también son nombres falsos.
Un tercer buque, el MT Gent (otro nombre falso), se encuentra en la terminal de Jose cargado con 2 millones de barriles de Merey 16, pero se desconoce si logró zarpar. Este carguero es parte de la flotilla contorada por Alessandro Bazzoni.
Las pérdidas del esquema de corrupción se estiman ahora en unos US$21 mil millones, según papeles publicados por Reuters, una cifra sin precedentes.
La investigación federal en Estados Unidos está tratando de establecer con la ayuda de informantes y testigos, si parte de este dinero tocó el sistema financiero norteamericano, indicaron las fuentes.
El esquema de corrupción funcionaba con diversos actores y procedimientos que revelan la total impunidad con la cual operaron durante años.
Conjuntamente con el coronel Pérez Suárez, los operadores Bazzoni y Leal ordenaban cargar los primeros buques a los clientes ya contactados de forma expedita, agilizando el zarpe luego del pago de dinero en efectivo al militar.
Cuando los buques ya se encontraban en aguas internacionales, los operadores proponían al cliente a través del broker Erik Roveta para que contrataran más buques poniendo en garantía la carga de los primeros buques ya en aguas internacionales. Cuando esos nuevos buques alquilados llegaban a Venezuela, el coronel Pérez Suárez se encargaba de demorar la carga, generando esperas extraordinarias hasta que se justificaban quedarse con el producto del primer buque para cubrir las moras del segundo o el tercero.
La demora de un buque VLLC tenía un costo de hasta US$150.000 por día, dependiendo del tamaño del tanquero, y la demora podía durar hasta 40 días. Transcurrido ese tiempo, la deuda causada por la demora, que debía ser cubierta por Pdvsa, más el costo del flete que se llegaba a cobrar en unos US$20 millones, se “cancelaba” con el crudo que ya se encontraba en aguas internacionales.
Las ganancias de la venta del crudo se repartía entre los operadores y sus protectores, generando un esquema fraudulento que esquilmó decenas de millones de barriles de crudo de Pdvsa entre 2021 y 2022.
Hasta ahora, se desconoce exactamente adonde fueron a parar esos recursos obtenidos por los operadores vinculados a Tarek El Aissami, Diosdado Cabello y los hermanos Rodríguez, aunque en las últimas horas se ha informado de la presunta recuperación de más de US$400 millones en dinero y propiedades de las personas incriminadas en el esquema, que se encuentran detenidos en Venezuela.
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