Solo en 2019, señala Provea, el Tribunal Supremo de Justicia dictó 30 sentencias contra la opositora Asamblea Nacional (foto). Foto: AFP.
El ACNUDH y la ONG venezolana Provea manifestaron preocupaciones similares en informes divulgados
Andreína Itriago / El Tiempo (Colombia) – 16/07/2020
El amplio sistema de justicia venezolano –compuesto por tribunales, Ministerio Público, Defensoría Pública, sistema penitenciario y demás actores que intervienen en procesos judiciales, como policías y abogados– ha quedado expuesto en sendos informes divulgados esta semana por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la organización no gubernamental Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).
Ambos apuntan a una falta de independencia del sistema de justicia –una preocupación recurrente, en ambos casos– y su utilización para criminalizar la protesta y la disidencia.
“La independencia del sistema de justicia se ve considerablemente socavada debido a la inseguridad en la titularidad de los jueces y fiscales, a la falta de transparencia en el proceso de su designación, a las condiciones de trabajo precarias y a la interferencia política, con inclusión de las estrechas relaciones que existen entre los miembros del Tribunal Supremo de Justicia con el Gobierno y el partido gobernante”, se lee en la primera de cinco conclusiones del más reciente informe del ACNUDH sobre Venezuela, enfocado en la independencia del sistema de justicia, el acceso a esta, y la situación de los Derechos Humanos en la región del Arco Minero del Orinoco, una de las áreas más ricas en recursos minerales de Venezuela.
Solo en 2019, señala Provea, el máximo tribunal venezolano dictó 30 sentencias contra la opositora Asamblea Nacional y sus parlamentarios, muchas de ellas –asegura– le han servido para usurpar o anular sus funciones.
“El TSJ ha seguido haciendo uso de la justicia para criminalizar a la disidencia hasta convertirlo en un patrón, persiguiendo y encarcelando a opositores y ciudadanos por manifestarse en contra del gobierno o por exigir sus derechos”, acotó la ONG venezolana en su informe anual, presentado este martes.
En este sentido, en la primera de 21 nuevas recomendaciones del ACNUDH al régimen venezolano, lo exhortan a emprender las reformas del poder judicial anunciadas por este en enero de 2020, “con el fin de garantizar su independencia, imparcialidad, transparencia, accesibilidad y eficacia”.
Las expectativas, en cualquier caso, son bajas. Provea recordó que luego de que el cuestionado mandatario Nicolás Maduro reconociera en la apertura del año judicial que había cosas que estaban mal, y propusiera a la oficialista Asamblea Nacional Constituyente el nombramiento de una alta comisión para hacer la reforma, esta resultó integrada por funcionarios del poder Ejecutivo.
“No promete una verdadera reinstitucionalización de la justicia en pro del estado de derecho, sino más sumisión”, acotó Provea.
Además, en un balance presentado esta semana por esta y otras organizaciones locales defensoras de DD. HH., aseguran que de las 23 recomendaciones que hizo la oficina del alto comisionada en julio de 2019, para revertir y prevenir las violaciones de DD. HH. en Venezuela, el régimen venezolano solo había atendido, parcialmente, dos.
El ACNUDH manifestó, además, preocupación por los obstáculos jurídicos, políticos y socioeconómico que deben enfrentar las víctimas de violaciones de DDHH para acceder a la justicia, en particular las mujeres.
“Redunda en su revictimicación”, se lee en la segunda conclusión del informe consignado al Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra, este miércoles, tras la solicitud que este hiciera en septiembre pasado.
Las cosas han empeorado desde la declaración del estado de alarma, el pasado 13 de marzo, debido al covid-19. “Abogados y ONG que brindan a apoyo a víctimas reportaron que el sistema de justicia no había establecido mecanismos eficaces para procesar acciones urgentes. También reportaron el incremento de las restricciones en el acceso y la comunicación entre abogados y sus defendidos”, se lee en el informe del ACNUDH.
En este sentido, hicieron un llamado al cese inmediato de cualquier acto de intimidación, amenazas y represalias por miembros de fuerzas de seguridad en contra de familiares de las víctimas que buscan justicia.
Al analizar los escasos números aportados por el Poder Judicial, Provea concluye que hay poca o casi nula confiabilidad del ciudadano en la administración de justicia, y que hay “un evidente aumento de su ineficiencia en la tramitación y resolución de los procesos”.
Arco minero del Orinoco
El informe del ACNUDH además concluye que los esfuerzos del régimen de Maduro han sido insuficientes para organizar y regular la actividad minera en la zona de desarrollo estratégico nacional Arco Minero del Orinoco, que abarca 12 por ciento del territorio venezolano.
El ACNUDH documentó que existía un patrón de explotación laboral de los mineros, incluyendo trabajo infantil, por parte de grupos criminales y armados que controlan las actividades mineras, e informó que recibió informes sobre trata de personas y prostitución forzada, aunque no pudo verificarlos.
También documentó altos niveles de violencia y violaciones de los derechos humanos en relación con el control y la disputa sobre minas por parte de elementos armados y criminales organizados, que provocaron al menos 149 muertes entre 2016 y 2019.
“A pesar de la considerable presencia de fuerzas militares y de seguridad dentro del AMO y sus alrededores, y de los esfuerzos para hacer frente a la actividad criminal, las autoridades no han podido prevenir, investigar y sancionar las violaciones de los derechos humanos, los abusos y los delitos relacionados con la minería”, se lee en el informe, en el que piden a las autoridades venezolanas tomar medidas para terminar con la explotación laboral y sexual, desmantelar los grupos criminales que controlan las actividades mineras, y castigar a los responsables de las violaciones de derechos humanos.
Además, denuncian que el Arco Minero del Orinoco y la expansión de la minería han afectado considerablemente el derecho fundamental de los pueblos indígenas a la autodeterminación y sus derechos con respecto a sus tierras, territorios y recursos, a la conservación y protección del medio ambiente, y a vivir en paz y seguridad.
“Al ACNUDH le inquieta profundamente la falta de consentimiento libre, previo e informado con respecto al establecimiento del AMO en sus territorios tradicionales”, acota.
ANDREÍNA ITRIAGO / Corresponsal de EL TIEMPO / CARACAS
Tomado de ¿Es independiente el sistema de justicia en Venezuela?