Por: Maibort Petit
Fuente: MiamiDiario
Entre los diversos casos de corrupción que han salido a la luz pública y que involucran a la estatal venezolana Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), este es uno de los que tiene una larga data, específicamente desde el año 2010. Por el mismo fueron imputados nueve directivos de la empresa a la que el Ministerio Público catalogó de fantasma, por nunca haber entregado al país los tráiler que, supuestamente optimizarían el abastecimiento al Sector Eléctrico Nacional.
El 8 de marzo de 2010, Bariven compró para PDVSA Empresa Nacional de Transporte S.A. un lote de cien unidades cisternas para combustible líquido, los cuales fueron cancelados y, para el año 2016, 57 de estos vehículos permanecían en las instalaciones del fabricante en México, sin que hubieran podido ser trasladadas a Venezuela por impedimentos legales para su nacionalización, según era el alegato esgrimido por los responsables.
Cabe destacar la confusa negociación, por cuanto en las distintas comunicaciones que a continuación se presentan a consideración de nuestros lectores, se hace referencia a que la empresa china Surpass Commercial Corp Ltd. informaba del hecho de que parte de las cisternas se encontraban listas y sin ser retiradas, aun cuando la negociación había sido suscrita con Armadora Carrocera Caban S.A. de C.V. ubicada en Monterrey, México, a la que se le habían efectuado los pagos.
Se trataba del contrato identificado con el número 1300153908 otorgado por adjudicación directa para la “Adquisición de cien cisternas para complementar y consolidar la flota de PDVSA Empresa Nacional de Transporte S.A. y fortalecer el abastecimiento al Sector Eléctrico Nacional”.
Es curioso, además, un correo intercambiado entre Ottavio Cautilli de Surpass Commercial Corp Ltd. con el empresario Roberto Rincón de Tradequib —procesado y condenado por hechos de corrupción en una corte de Houston, Estados Unidos— en el que le informaba de la situación.
Llama también la atención la existencia de informe de inspección emitido por la empresa mexicana Trailers y Tanques de Aluminio S.A. de C.V. (TYTAL), sobre los referidos cisternas, en el cual formularon una serie de observaciones sobre fallas y defectos de las unidades, por los cuales recibió un pago por la evaluación y reparaciones hechas, aun cuando la responsabilidad se supone debía corresponder al fabricante.
Cronología de las evidencias del caso
El 25 de julio de 2013, Ottavio Cautilli ([email protected]) remitió un correo electrónico a Roberto Rincón ([email protected]) para informarle de 62 unidades que se encontraban en fábrica listas para su despacho desde hacía tres años para la fecha.
Sobre este correo se observan una serie de notas manuscritas dirigidas a Jesús Luongo, Carlos Ortega y Julio García con la advertencia de que había que investigar este caso, pues las unidades se encontraban pagadas y listas en México en espera de que fueran transportadas a Venezuela.
Se subrayaba en las notas al margen el nombre de Roberto Rincón, acusado y condenado en Estados Unidos —como ya hemos referido— por hechos de corrupción en contra del patrimonio de PDVSA, cuyos fondos fueron “lavados” en territorio norteamericano.
El 3 de septiembre de 2013, Bariven, la filial de Petróleos de Venezuela S.A. encargada de las compras de la estatal, emitió la comunicación BRV-MO-CO.002/BRV-MO-CO007 relativa a la compra efectuada en el exterior-PSBV por USD 18.697.450.
Dicha justificación de compra versaba sobre la adquisición de 100 camiones tanque de 10 mil litros, 14 mil litros y 18 mil litros por adjudicación directa, sin que para ello operara emergencia alguna que la respaldara.
El documento fue elaborado por el analista de procura, Nefi Verguez y revisado por el superintendente de procura, Eulidise Oliva, el gerente general de procura centro, Carlos Naveda, el gerente general de la Empresa Nacional de Transporte S.A., Roberto Korsakas, y la gerente general de procura, refinación, comercio y suministro, Concepción Puglisi.
Jesús Luongo, director ejecutivo de refinación/director de Bariven S.A. y quien debía aprobar la compra, Ower Manrique, presidente de Bariven S.A., no firmaron la orden.
El 4 de agosto de 2014, José Maestre Salazar, gerente de Finanzas encargado de PDVSA Empresa de Nacional de Transporte S.A., dirigió una comunicación a Ana Bordonaro, consultora jurídica de PDVSA con copia a Julio García, Robert Korsakas y Samuel García, para remitirle los soportes por ella solicitados con respecto al caso de las cisternas Caban-PDVSA ENT.
Se trataba de una transferencia por USD 3.980.000, de fecha 27 de enero de 2011 e identificada con el código 495 a favor de Armadora Carrocera Caban S.A. de C.V.
La remisión de tales soportes correspondía al Aviso de pago 1501822063 emitido el 3 de enero de 2011 por PDVSA Petróleo S.A. a favor de Armadora Carrocera Caban S.A. de C.V., por USD 3.980.000, los cuales debían ser acreditaos a la cuenta 880234091 en el JP Morgan Chase Banck.
En la misma fecha, Maestre remitió otro correo a Bordonaro en el que le informaba que siguiendo instrucciones de la líder de negocios internacionales, Jayza González, solicitaba información de la primera empresa a la que se le había hecho el primer pago por la compra de cien cisternas, así como de toda la documentación correspondiente a dicho pago.
Previamente, Bordonaro había solicitado los datos a la consultoría jurídica, órgano que al no contar con la información, la redirigió a Maestre para que la suministrara.
Foto: Maibort Petit
Al parecer existía una total desinformación respecto a la empresa que había recibido el primer pago por la compra de las cisternas y Bordonaro había pedido a la consultoría jurídica de PDVSA ENT, a cargo de María Visáez, el informe respectivo.
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