VenePirámides
Fue el gran contrato de Navantia, la naviera pública, durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero: la construcción de ocho patrulleras militares por las que Venezuela ha pagado más de 1.200 millones de euros. El acuerdo se cerró de Estado a Estado, con la implicación directa de Zapatero, su ministro de Defensa, José Bono, y el presidente venezolano, Hugo Chávez. Pero este hecho no evitó que Navantia pagara 42 millones de euros a varios comisionistas venezolanos y españoles, un 3,5 por ciento del monto global del contrato.
Un juzgado de instrucción de Madrid mantiene imputados por tráfico de influencias y delito fiscal a los dos comisionistas españoles, Javier Salas Collantes, último presidente del Instituto Nacional de Industria (INI), que salió del Gobierno en 1996, y el que fuera su subordinado en el INI Antonio Rodríguez-Andía. Cada uno ha cobrado seis millones de euros. El INI que Salas presidió se transformó en la actual SEPI (Sociedad Española de Participaciones Industriales), que es dueña del cien por cien del capital de Navantia.
La venta de los buques se firmó el 28 de noviembre de 2005 en Caracas. Poco antes, el 30 de septiembre, Navantia firmó un acuerdo mediación con la empresa Rebazve Holding Ltd., a la que otorgó una comisión del 3,5 por ciento de la venta, 42 millones de euros. A su vez, Rebazve contrató a Rodríguez-Andía, expresidente de la pública Trasatlántica, y le pagó doce millones de euros, de los que seis terminaron en cuentas del que fuera fuera su jefe en los primeros gobiernos de Felipe González, Salas Collantes.
Rebazve, administrada por los empresarios venezolanos Juan Rafael Carvallo López y Pedro Enrique Malavé Benavides, también repartió en su país una parte de los 42 millones de euros que facturaron. Según fuentes conocedoras de la negociación, hay constancia documental de que Carvallo y Malavé destinaron “grandes cantidades de dinero” a exmilitares de la Armada de Venezuela. De hecho, otro grupo de exmilitares con importantes contactos en el ejército “bolivariano”, liderado por el exoficial Luis Calderón -ya fallecido-, protestó porque las comisiones no les llegaron a ellos. Contrataron a un despacho de abogados español para que reclamara su parte a Navantia. La empresa pública se negó a abonar cantidad alguna “porque ya habían pagado una barbaridad a los de Rebazve”, asegura a ABC una fuente que intervino en la operación.
Fuentes no oficiales de Navantia consideran “escandaloso” que se pagaran 42 millones de euros en comisiones en una venta que se había cerrado de Estado a Estado: “Lo que hizo Salas Collantes lo podía haber realizado alguien de Navantia”. La postura oficial de la naviera pública es que los comisionistas fueron necesarios.
Se trata de cuatro barcos “BVL” (Buque de Vigilancia de Litoral) y otros cuatro “POVZEE” (Patrullera Oceánica de Vigilancia de la Zona de Exclusión Económica). Sólo falta por entregar el último buque, que se está construyendo en el astillero venezolano Dianca con tecnología de Navantia.
Estados Unidos intentó vetar la operación. No lo consiguió con los barcos pero sí con una partida de aviones que la española CASA iba a fabricar y que incluían tecnología estadounidense.
El expresidente del Instituto Nacional de Industria asegura que no ha cometido delito alguno y defiende que “en todos los contratos existen agentes, intermediarios, y se cobró el porcentaje habitual”. Se refiere a los 42 millones de euros que Navantia abonó a la empresa Rebazve, que a su vez le pagó doce a él y a su socio, Antonio Rodríguez-Andía, también exdirigente del INI. “La cifra absoluta y puesta de una vez es muy grande, pero son ocho años de trabajo en un contrato de más de 1.200 millones de euros”, según puntualiza a este diario.
Preguntado por la justificación de sus honorarios, tratándose de un acuerdo que se cerró de Estado a Estado, Salas Collantes sostiene que “después de la firma hay retrasos, cambios y problemas que nosotros ayudamos a solucionar”.
Salas se especializó en consultoría financiera tras su salida del Gobierno, en 1996, cuando Felipe González perdió las elecciones con José María Aznar. Era una hombre del entorno del ministro socialista Carlos Solchaga. Además del INI, presidió Iberia antes de la privatización.
En cuanto a la imputación por tráfico de influencias, el exdirigente público remarca que cuando se firmó el contrato hacía casi diez años que él se había pasado a la empresa privada y su socio, catorce: “La acusación dice que hay una amistad con la gente de Navantia, porque los conozco, trabajé con algunos, pero de eso ya hace mucho tiempo. Además, para este tipo de trabajo, ¿a quién van a recurrir? ¿A alguien que no tenga ninguna experiencia?”. Salas define sus funciones como “el lubricante de la maquinaria”y sostiene que hicieron “en el día a día lo que había que hacer para que todo fuera bien”, según reportó el diario ABC de España.