Por: Edinson Arley Bolaños, de la revista Raya, con apoyo de La Liga Contra el Silencio
Vorágine
El Departamento de Control y Comercio de Armas asignó a varios empresarios en los últimos años más de 300 armas para su seguridad privada. Hoy siguen en sus manos de manera ilegal y no han sido recuperadas por el Estado. Entre esos casos está el del asesinado narcoganadero ‘Ñeñe’ Hernández, quien obtuvo 13 pistolas calibre 9 milímetros y dos subametralladoras
Inversiones Hernández López S. En C. es una de las empresas ganaderas beneficiadas desde mayo de 2015 con una licencia para la operación de un departamento de seguridad en Valledupar, para proteger al representante legal José Guillermo Hernández, alias ‘Ñeñe’ Hernández, doce miembros de su familia y socios. La compañía aparece en una lista de 23 empresas enviada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada a la Fiscalía en noviembre de 2022, con el fin de recuperar 339 armas que están en poder de ganaderos, comerciantes y empresarios de la seguridad. Aunque sus licencias para operar vencieron y sus peticiones de renovación fueron rechazadas, las armas no han sido devueltas al Estado.
La revista RAYA tuvo acceso a las 23 carpetas donde aparecen desde departamentos de seguridad de empresas del ‘Ñeñe’ Hernández y la familia Gnecco en el Cesar, hasta una empresa de vigilancia en Villavicencio, Meta, que hoy administra 102 armas de manera ilícita. La figura de los departamentos de seguridad nació con el Decreto 356 de 1994 para que las organizaciones empresariales gestionen su seguridad con ayuda de las armas y las instituciones del Estado, en caso de existir amenazas de secuestro o extorsión por parte de grupos armados ilegales. Por eso la SuperVigilancia es la encargada de otorgar y vigilar las licencias de funcionamiento, y el Departamento de Control y Comercio de Armas, de aprobar y entregar las armas que haya determinado el estudio de riesgo. Este departamento depende del Comando General de las Fuerzas Militares.
Bajo esta figura, el ‘Ñeñe’ Hernández accedió a un departamento de seguridad compuesto por 20 hombres armados, dos con subametralladoras Uzi y el resto con pistolas 9 milímetros; también contaba con otras tres pistolas que el Departamento de Control le autorizó al poderoso ganadero (aún no se conocían sus vínculos con el narcotráfico) para su uso y defensa personal. Además, contaba con cuatro camperos Toyota (uno con blindaje autorizado por la Superintendencia), seis radios de comunicación y 16 celulares para la protección de su familia: mamá, hermanos e hijos, entre otros.
El caso de las 23 empresas no es el único. Voceros de la Superintendencia de Vigilancia le dijeron a la revista RAYA que la entidad se apresta a cancelar más licencias de empresas que no cumplen con los requisitos para tener departamentos de seguridad, o empresas de vigilancia privada. Sin embargo, el papel que están cumpliendo cientos de armas ilícitas en manos de civiles hoy en Colombia es incierto. Incluso, el director del Departamento de Control y Comercio de Armas, coronel Miguel Ángel Murcia, reconoció que esa entidad no tiene una forma de lograr que las empresas hoy sin licencia retornen las armas al Estado. “Que yo tenga un medio coercitivo para poderle decir a una empresa que no le dieron su licencia que me devuelva las armas, no lo tengo”, dijo.
El camino de la desaparición es una opción válida en este caso. El mismo que recorrieron las armas de las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada (Convivir), creadas por este mismo decreto y eliminadas a partir de 1997 por inconstitucionales. En diferentes regiones del país, como el noroccidente de Colombia, donde se desarrolla la historia del ‘Ñeñe’, muchas de esas cooperativas y sus armas terminaron siendo una fachada para legalizar, expandir y canalizar dineros destinados a los grupos paramilitares.
En esta primera entrega sobre el tema, de dos previstas, contamos la historia del departamento de seguridad que creó el asesinado ‘Ñeñe’ Hernández, a través de su empresa ganadera Inversiones Hernández López S. En C., cuatro años después del homicidio de Óscar Rodríguez Pomar, hijo del sastre y prestamista Carlos Eduardo Rodríguez. Los sicarios de Marquitos Figueroa, condenados por ese crimen, le confesaron a la Fiscalía que el ‘Ñeñe’ recolectó 200 millones de pesos para pagar por el asesinato de Rodríguez padre, a quien le debía 2.000 millones. No obstante, el 18 de agosto de 2011, día del asesinato, Carlos Eduardo fue confundido con su hijo, quien murió tras recibir seis impactos de bala en el norte de Barranquilla.
Aunque el ‘Ñeñe’ fue asesinado en mayo de 2019 en Brasil, y la licencia del departamento de seguridad fue cancelada en mayo de 2018, las armas aún no regresan al Estado. Quien aparece como responsable y jefe de seguridad de dicho departamento es el actual alcalde (encargado) de la localidad de Usme, en Bogotá, Dorian de Jesús Coquies Maestre, a quien el ‘Ñeñe’ le otorgó “un poder amplio y suficiente” en mayo de 2015 para que lo representara en la capital del país. Desde entonces, el ahora político del Partido Verde fue el encargado de gestionar el departamento y de insistir en 2018 para que la SuperVigilancia renovara la licencia cancelada.
Consultado sobre el tema, el abogado vallenato Coquies Maestre, quien desempeñó un papel importante en la consecución de las armas para el ‘Ñeñe’, en un principio dijo no tener “ninguna relación” con ese departamento de seguridad. Luego argumentó que su relación con el ‘Ñeñe’ terminó el día que cancelaron la licencia del departamento, y finalmente desestimó ser el responsable de retornar las armas al Estado. “Los responsables de devolver las armas son los herederos de este señor”, dijo. El coronel Murcia, director del Departamento de Control y Comercio de Armas, afirmó que es el representante legal de Inversiones Hernández López quien debe gestionar el retorno voluntario de las armas, es decir, el ‘Ñeñe’ Hernández, quien está muerto.
En busca de las armas
El 20 de agosto de 2011, dos días después del crimen contra Rodríguez Pomar, el ‘Ñeñe’ Hernández se dirigió a la Dirección de Investigación Judicial en Valledupar con el fin de denunciar un intento de incendio en la casa de Beatriz Aponte, su madre. Según su relato, a las 11:40 de la noche cuatro hombres en dos motocicletas regaron gasolina en el portón, el patio, las ventanas, y lanzaron botellas con mechas dentro de la casa. Cuando las llamas estaban altas, relató Hernández, “en ese momento iba pasando por el frente el representante a la Cámara José Alfredo Gnecco, le causó curiosidad, se devolvió e inmediatamente llamó a la Policía”.
Meses más tarde, el 24 de noviembre, el ‘Ñeñe’ denunció ante la Fiscalía de Valledupar que la tarde anterior la casa de su madre nuevamente había sido objeto de un atentado: una granada estalló frente a la vivienda. Sobre este hecho dijo que no era el único y le atribuyó la responsabilidad a Los Rastrojos. “Lo atribuyo a la banda criminal de Los Rastrojos que desde junio del año pasado [2010] me han hecho el cobro de un dinero que yo nunca he sacado prestado y menos a una organización criminal de Los Rastrojos porque así se han identificado”, dice la denuncia.
En ese documento inédito detalló un supuesto encuentro que tuvo con Los Rastrojos en Barranquilla durante una cita que le habría solicitado Carlos Rodríguez, el sastre, en 2010. “Me abordó el comandante o líder de Los Rastrojos, quien se hacía llamar Harold, quien físicamente es de estatura 1.75, trigueño, de 40 años y acento caleño. En la conversación él me dijo que tenía que pagarles la plata a ellos, la plata que le debía al señor Carlos Rodríguez. Como yo le decía que no le debía, él llamó al celular de Carlos Rodríguez y en mi presencia escuché cuando le decía a Harold que sí, que yo sí le debía el dinero a él y que tenía que pagarles el dinero como diera lugar”.
El testimonio de la secretaria del sastre, Erika Yaneth López, dice que el ‘Ñeñe’ Hernández tenía una deuda con Carlos Rodríguez. “No recuerdo la fecha exacta, pero en el año 2010 este señor se acercó a las instalaciones de la oficina ubicada en la carrera 48 con calle 72. Ese señor, José Hernández, llegó de forma agresiva golpeando fuertemente la puerta de entrada del negocio, con el propósito de hablar con mi jefe, el señor Carlos. Esta persona llegó con gente acompañado. Ellos se encontraban armados”, dice uno de los apartes de su declaración ante los investigadores de la Fiscalía.
Entre 2012 y 2014, durante las primeras pesquisas del ente investigador, y luego de que cesaran los atentados contra el ‘Ñeñe’ Hernández y su familia, el alias del ganadero vallenato salió a relucir entre los sicarios y miembros de la organización criminal. De hecho, Carlos Rodríguez le dijo a la Fiscalía que para esa época tuvo varias visitas misteriosas de personalidades del Cesar para averiguar qué sabía él del asesinato de su hijo. “Me visitó Lucas Gnecco Cerchar (político del César y padre del congresista José Alfredo Gnecco), quien es amigo del papá de alias ‘Peco’, señor Edmundo González (el otro socio del ‘Ñeñe’ en la colecta), después de la muerte de mi hijo, preguntándome qué sabía yo”.
Por eso, a principios de 2014 el ‘Ñeñe’ Hernández empezó a allanar el camino para tener un grupo de hombres armados para proteger su vida y la de su familia, ya que los sicarios lo empezaron a señalar ante la Fiscalía como el determinador del crimen. El abogado Coquies Maestre recibió el poder de Hernández para representarlo ante la SuperVigilancia. Entre el 15 de junio y el 15 de agosto de 2014, Coquies Maestre realizó el estudio de seguridad con el que el ‘Ñeñe’ terminó de argumentar ante la SuperVigilancia por qué su empresa Inversiones Hernández López S. En C. necesitaba los escoltas y las armas. Según Coquies, “por la información de un posible secuestro e intento de asesinato nuevamente contra uno de los miembros de la familia Hernández Aponte”.
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