El empresario venezolano, Leonardo Rafael Montbrun Álvarez, acusado en Estados Unidos por lavado de dinero, fraude bancario, delitos informáticos, así como por apoyar materialmente al Tren de Aragua —organización terrorista extranjera—, también fue acusado en España por estafa y blanqueo de capitales.
Aunque en la denuncia no se hace referencia al Tren de Aragua, Salvador Pimentel Roja, acusó ante la fiscalía general del Estado español a la plataforma financiera Shasta Technologies y al Banco Nacional de Crédito (BNC), de operar de forma ilícita para facilitar el blanqueo de capitales y de llevar a cabo diversas estafas mediante transferencias internacionales sin la debida supervisión bancaria.
En dicha denuncia precisa que los directivos, Álex Sicart, Leonardo Rafael Montbrun Álvarez y Daniel Paloma —desarrolladores de la aplicación Shasta—, lideran una estructura que supuestamente engañó a ahorristas en Venezuela y Europa bajo la apariencia de una entidad tecnológica financiera legítima.
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La denuncia ante la fiscalía española
Sin menciones al Tren de Aragua, el 11 de enero de 2022, Salvador Jesús Pimentel Roja denunció ante la fiscalía general del Estado en España a la empresa Shasta Tecnologies S.L., a sus directivos y al Banco Nacional de Crédito (BNC) de Venezuela por la presunta comisión de delitos económicos graves, los cuales incluyen estafa, legitimación de capitales y fraude.
La denuncia acusa a Shasta Tecnologies S.L. —presentada como una innovadora aplicación fintech para pagos internacionales— de operar sistemáticamente al margen de las regulaciones bancarias de España y Venezuela. Refiere que, supuestamente, la plataforma sirvió como un instrumento para el movimiento de fondos sin controles de cumplimiento, lo que facilitó la corrupción y el lavado de dinero bajo la apariencia de una alianza estratégica con instituciones bancarias establecidas. La situación culminó en reclamos masivos por pérdida de fondos y la detención de uno de sus desarrolladores clave.
Los implicados en la trama denunciada son: Entidades y actores clave
ActorRol / descripciónSalvador Jesús Pimentel RojaDenunciante y afectado.Shasta Tecnologies S.L.Empresa española registrada en Barcelona (CIF# B67394254), desarrolladora de la aplicación Shasta.Leonardo Montbrun ÁlvarezDirectivo de Shasta, señalado como motor fundamental de la trama.Álex SicartDesarrollador de Shasta; actualmente señalado por delitos en Venezuela y presuntamente privado de libertad en Caracas.Daniel PalomaDesarrollador y directivo de Shasta vinculado a las operaciones.Banco Nacional de Crédito (BNC)Institución bancaria venezolana que actuó como «colaboracionista» y canal regular para las operaciones de la aplicación.Easy Payment y Finance EP SA / Pecunia CardsEntidades con licencias en España utilizadas por Shasta para simular legalidad operativa.
Irregularidades operativas y regulatorias
La denuncia sostiene que Shasta fue diseñada específicamente para «burlar los controles bancarios». Aunque se promocionaba como una herramienta de inclusión financiera y dolarización, su funcionamiento se basaba en la carencia de permisos propios.
Ausencia de licencias directas
Shasta no figuraba en el registro de entidades del Banco de España. Para operar, celebraba convenios con entidades que sí poseían licencias —Easy Payment y Pecunia Cards—, aunque estas no tenían capacidad jurídica para realizar las operaciones internacionales que Shasta ejecutaba.
Simulación de legalidad en Venezuela
Si bien se anunció una supuesta aprobación de SUDEBAN en junio de 2020, la denuncia afirma que no existen soportes de veracidad en Gacetas Oficiales. Shasta operó durante más de dos años sin la permisología operativa continental necesaria.
Rol del Banco Nacional de Crédito (BNC)
Se identifica al BNC como un actor crítico que otorgó «solidez» aparente a la plataforma para atraer a ahorristas e inversores.
Uso Indebido de cuentas custodia: se utilizaban «Cuentas Custodia» (Convenio 1), diseñadas originalmente para el depósito de divisas sin permitir transferencias a terceros o al exterior. No obstante, Shasta y BNC permitieron que estas cuentas recibieran y remitieran divisas a cualquier beneficiario, excediendo los límites legales de su jurisdicción.
Alianza estratégica: artículos de prensa de febrero de 2021 destacan la alianza como un hito para facilitar operaciones entre Venezuela y Europa, permitiendo la vinculación de cuentas del BNC en la App para movilizar fondos mediante códigos QR o transferencias SEPA/SWIFT.
Mecanismo de legitimación de capitales y estafa
La falta de controles de cumplimiento convirtió a la aplicación en un entorno ideal para actividades ilícitas:
Plataforma para el delito: la disponibilidad de enviar dinero sin límites, sin controles y con un costo operativo del 3 % permitió direccionar depósitos desde Venezuela hacia múltiples cuentas en Europa, lo que facilitó la legitimación de capitales provenientes de la corrupción y el narcotráfico.
Engaño a inversores: omisión dolosa de las obligaciones y fraude en las condiciones de contratación. Tras el cese de operaciones de Shasta, se reportó la pérdida de capital de numerosos inversionistas, quienes no han recibido respuesta por parte de Montbrun o Paloma.
Pedido a la fiscalía española
El denunciante, Salvador Pimentel Roja, califica la operación como una «transnacional delincuencial» y solicita acciones legales inmediatas basadas en los siguientes puntos:
Complicidad bancaria: Shasta no habría logrado sus fines delictivos sin la complicidad de los bancos involucrados, que aportaron las garantías y la capacidad operativa para los depósitos.
Incumplimiento de deberes: tanto la banca convencional como las fintech tienen la obligación de ser diligentes e inflexibles en la aplicación de controles, responsabilidad que fue ignorada por el BNC y Shasta.
Por ello, el denunciante solicitó la investigación formal de los directivos, la determinación de la relación entre estos y el BNC, así como la congelación de activos de los involucrados para repatriar los fondos y compensar a las víctimas de la estafa.
Ampliación de la denuncia
El 26 de marzo de 2022, Salvador Jesús Pimentel Roja, amplió su denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional y el Juzgado #38 de Madrid y detalló un supuesto esquema financiero operado a través de la aplicación Shasta Technologies S.L. y el Banco Nacional de Crédito (BNC) en Venezuela, que presuntamente facilitó tanto la estafa a ahorristas legítimos como la legitimación de capitales provenientes de actividades ilícitas.
Sostiene que la plataforma permitió el ingreso de flujos monetarios al sistema financiero español a través de Easy Payment & Finance E.P. y con ello evadió protocolos internacionales de «Conoce a tu Cliente» (KYC) y las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Entretanto un grupo de usuarios utilizó la herramienta para la repatriación lícita de capitales —siendo posteriormente estafados al no recibir sus fondos—, otro sector habría utilizado el anonimato de depósitos en efectivo para bancarizar dinero de dudosa procedencia en España.
Ruta técnica del dinero
La denuncia identifica una ruta de dinero estructurada para ingresar capitales venezolanos al sistema bancario español, utilizando intermediarios obligatorios y cuentas específicas.
Recepción en Venezuela: el dinero (dólares, bolívares o euros) ingresaba a través del Banco Nacional de Crédito (BNC) en sus «Cuentas Convenio 1» o «Cuentas Custodia».
Intermediación fintech: la aplicación SHASTA actuaba como el gestor de la transferencia desde el BNC.
Puente en España: los fondos se remitían a la entidad Easy Payment & Finance S.L.
Destino final: ingreso en cuentas de bancos españoles elegidos por el cliente.
Límites transaccionales identificados
Según los datos técnicos analizados, el esquema permitía los siguientes volúmenes de operación:
Usuario registrado: hasta USD 1 500 000 por día.
Usuario no registrado: hasta USD 150 000 por día.
Operación ilegal: identificada como de alcance «ILIMITADO» mediante depósitos en efectivo.
La denuncia distingue claramente entre dos formas de operar la aplicación, lo que divide a los usuarios en dos grupos afectados o implicados.
Modelo A: repatriación de ahorros (legítimo/estafa)
Proceso: el cliente posee cuenta en el BNC, cumple con los requisitos de ahorrista e identifica el origen de sus fondos. Ordena la transferencia a una cuenta propia en España.
Estado: los usuarios bajo este modelo se consideran víctimas de estafa, ya que, a pesar de haber identificado el capital y cumplir con la normativa, el dinero no ha sido recibido en las cuentas de destino en España.
Modelo B: legitimación de capitales (ilegal)
Proceso: el dinero se entregaba en efectivo en las oficinas de Shasta o sucursales de BNC sin necesidad de que el cliente tuviera una cuenta bancaria previa.
Irregularidades: Violación de la obligación de identificar al cliente (Compliance y Recomendación #10 de GAFI); anonimato del remitente y trazabilidad desconocida; destino de los fondos a cualquier cuenta en España, independientemente de la titularidad; costos y tiempos: cobro de una comisión del 3 % con una ejecución de entre 3 horas y 5 días.
Riesgos: este modelo se identifica como un puente potencial para pagos de corrupción, narcotráfico y financiamiento al terrorismo.
Incumplimiento normativo y falta de supervisión
En la ampliación de la denuncia, Pimentel Roja señala que tanto SHASTA como el BNC operaron al margen de los entes reguladores y de los protocolos internacionales.
• Evasión de controles: las operaciones se realizaron presumiblemente a espaldas de la SUDEBAN (Venezuela) y del Banco de España.
• Violaciones internacionales: incumplimiento de: Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Arts. 14.2 y 23); Recomendaciones GAFI #10 (Conocer al Cliente), #14 y #20; Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales (España); Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo (Art. 18).
Entidades e individuos implicados
La denuncia solicita acciones legales directas contra los responsables de la gestión y desarrollo de la plataforma y la entidad bancaria aliada.
Personas físicas
Jorge Nogueroles: presidente del Banco Nacional de Crédito (BNC).
Leonardo Montbrun Álvarez: accionista/desarrollador de Shasta Technologies.
Álex Sicart Ramos: accionista/desarrollador de Shasta Technologies.
Daniel Paloma Freire: accionista/desarrollador de Shasta Technologies.
Entidades jurídicas
Shasta Technologies S.L. (España).
Banco Nacional de Crédito – BNC (Venezuela).
Easy Payment & Finance S.L. (España).
Registro de cuentas bancarias vinculadas (BNC)
La denuncia aporta números de cuenta específicos utilizados en el BNC para canalizar las transferencias denunciadas:
Titular de la cuentaNúmero de cuentaSHASTA0191-0001-49-2101173131SHASTA0191-0001-41-2101174357SHASTA0191-0001-42-2301020899SHASTA0191-0001-49-2301020906SHASTA0191-0001-48-2301022731SHASTA0191-0001-46-2301022746SHASTA0191-0001-49-2401004461SHASTA0191-0001-41-2401004474SHASTA0191-0001-45-2401005161SHASTA0191-0001-43-2401005176SHASTA0191-0095-21-1995000039LEONARDO MONTBRUN A.0191-0001-40-2101173346LEONARDO MONTBRUN A.0191-0001-46-2301021080LEONARDO MONTBRUN A.0191-0001-48-2401004579LEONARDO MONTBRUN A.0191-0001-44-2401224584ALEX SICART RAMOS0191-0001-46-2101173351ALEX SICART RAMOS0191-0001-40-2301021075ALEX SICART RAMOS0191-0001-40-2301021061ALEX SICART RAMOS0191-0001-46-2401004552ALEX SICART RAMOS0191-0001-41-2401004563
Petitorio legal
Salvador Jesús Pimentel Roja solicitó a las autoridades españolas las siguientes medidas:
Congelación de bienes: aplicada al BNC, a su presidente Jorge Nogueroles, a Shasta Technologies S.L., y a sus accionistas (Montbrun, Paloma, Sicart), incluyendo a familiares cuyos fondos no estén justificados.
Imputación penal: contra el BNC y su directiva por ser los prestadores exclusivos del servicio en Venezuela y responsables de la trazabilidad del dinero.
Investigación de cuentas y destinatarios: rastrear todas las transferencias realizadas para identificar beneficiarios desconocidos y confirmar el incumplimiento de las normativas de GAFI, Banco de España y SUDEBAN.
Cooperación internacional: incorporación de las pruebas aportadas también ante la Fiscalía del Ministerio Público de Venezuela.
Denuncia en Venezuela
El 22 de febrero de 2022, Salvador Jesús Pimentel Roja, denunció ante el Ministerio Público de Venezuela a la empresa Shasta Technologies y el Banco Nacional de Crédito (BNC), por la presunta estafa masiva y una trama de legitimación de capitales operada a través de una aplicación financiera que permitía transferencias internacionales sin los controles legales debidos. Tampoco se hizo mención en esta oportunidad al Tren de Aragua.
Según la acusación, los directivos de la plataforma y la entidad bancaria se aliaron para engañar a los ahorristas, moviendo fondos de manera irregular entre Venezuela y España.
El denunciante solicitó investigaciones profundas, la imputación de los responsables y medidas cautelares para recuperar los activos sustraídos a las víctimas. Además, se anexan listas de empresas vinculadas y registros de acciones legales previas interpuestas ante las autoridades españolas por los mismos delitos.
Solicitud de ampliación de la denuncia en Venezuela
El 25 de marzo de 2022, Salvador Jesús Pimentel Roja, presentó una solicitud formal de ampliación de cargos planteada ante el Ministerio Público contra los operadores de la aplicación Shasta App y directivos del Banco Nacional de Crédito (BNC).
La denuncia sostiene que estas partes formaron una organización criminal dedicada a la legitimación de capitales, utilizando plataformas bancarias para movilizar fondos ilícitos desde Venezuela hacia Europa sin la debida autorización.
Entre los señalados figuran Álex Sicart, Leonardo Montbrun y Daniel Paloma, junto al presidente del banco, Jorge Nogueroles, a quienes se les atribuyen delitos como estafa agravada, espionaje informático y asociación para delinquir.
La denuncia acusa que se procesaron transacciones millonarias evadiendo controles regulatorios, afectando el patrimonio de los usuarios y vulnerando la normativa financiera nacional. El demandante exige la imputación formal de los involucrados y la confiscación de bienes para garantizar la indemnización de las víctimas afectadas por el fraude.
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