El juez federal de Nueva York, Alvin Hellerstein denegó la solicitud de la defensa de López para invalidar al menos cuatro de los ocho cargos que apuntan al empresario conocido como testaferro de El Aissami.
Redacción | Primer Informe
En Nueva York un juez federal negó esta semana la moción presentada por Samark López Bello, empresario venezolano vinculado al ex alto cargo chavista Tareck El Aissami, que buscaba desestimar cargos penales en su contra por presuntas violaciones a las sanciones impuestas por el Tesoro de Estados Unidos.
Tal como lo reportó Joshua Goodman, reportero de The Associated Press, se estaban cuestionando «los vuelos a Rusia que López supuestamente alquiló a compañías estadounidenses».
El documento de la corte federal destaca que el juez Alvin Hellerstein denegó la solicitud de la defensa de López para invalidar al menos cuatro de los ocho cargos que apuntan al empresario conocido como testaferro de El Aissami.
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Lo que dijo el juez
En el texto de su decisión, el juez Hellerstein relata que fue el 16 de septiembre del 2022 cuando López Bello presentó una moción para desestimar la acusación. Para esto, el acusado argumentó que no se considera dentro de la clase de personas imputables bajo la ley Kinping; que la presunción contra la extraterritorialidad excluye sus cargos bajo la Ley Kinping; y que el Gobierno no ha alegado debidamente la conspiración por la que se le acusa.
Pero la decisión fue tomada por 4 principales razones. La primera es que López Bello es un fugitivo «que se enteró de los cargos en su contra mientras estaba fuera de los Estados Unidos y ahora se niega a regresar para evitar el enjuiciamiento. Antes de ser sancionado por la OFAC en febrero de 2017, López Bello vivía en los Estados Unidos con la intención de convertirlo en su hogar permanente. Matriculó a sus hijos en escuelas estadounidenses, poseía propiedades en los Estados Unidos y vivía una vida lujosa aquí. Su presencia en el extranjero, en marcado contraste con la defensa en Bescond, es inseparable de su enjuiciamiento».
«Adicionalmente, a los efectos de la inhabilitación fugitiva, López Bello no tiene derecho a ver una reparación de fondo, como en su recurso de sobreseimiento», agrega.
La segunda razón que dio el juez se da sobre la base de que «López Bello no cae dentro de la clase de personas imputables en virtud de la Ley Kingping. Si bien López Bello no se encontraba en los Estados Unidos al momento de la conducta imputada, las transacciones y tratos evasivos alegados en la Acusación, que involucran a pilotos, servicios de vuelos chárter, aeronaves, cuentas bancarias y transferencias de dinero con base en los Estados Unidos, constituyen «transacciones dentro de los Estados Unidos» en el sentido de la Ley Kingpin».
La tercera razón para negar la solicitud se dio «sobre la base de que la presunción contra la extraterritorialidad excluye los cargos contra López Bello bajo la ley Kingpin. Se alega que López Bello usó pilotos, servicios de vuelos chárter, aviones, cuentas bancarias y transferencias de dinero con base en los Estados Unidos. Por lo tanto, los cargos alegados constituyen una aplicación interna de la ley».
Y finalmente el juez dice que la moción se niega pues «la acusación rastrea el lenguaje del estatuto y alega actos de López Bello y sus co-conspiradores para evadir las sanciones de la OFAC y la detención por parte de las fuerzas del orden. Estas acusaciones son suficientes a los efectos de una acusación de conspiración de Klein. Tampoco es el Cargo Uno y aplicación extraterritorial ilícita porque el objeto de la obstrucción estaba en los Estados Unidos».
Un nuevo fracaso para Samark López
En diciembre del 2022 se produjo la última derrota legal de López en los juzgados estadounidenses, cuando fracasó el intento de que EEUU le levante las sanciones.
Samark López demandó en junio de 2021 ante una corte federal de Washington al Tesoro estadounidense. Alegó que era víctima de una campaña falsa que lo identifica como un capo internacional del narcotráfico por sus vínculos con el funcionario venezolano.
López también dijo que esa sanción había devastado su riqueza, además de afectar su reputación y su sustento económico. La agencia AP reseñó que «la demanda aumenta las apuestas en uno de los casos de sanciones de mayor alcance presentados contra personas internas venezolanas en los últimos años, un factor clave en los intentos furtivos de la administración Biden de apoyar una solución negociada al estancamiento político de larga data del país».
En 2017 la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro (OFAC por sus siglas en inglés), acusó a López de ser un «testaferro» de El Aissami, quien también fue sancionado en la misma tanda.
Ambos fueron acusados penalmente en un tribunal federal de Nueva york por supuestamente violar esas sanciones cuando utilizaron varios proveedores con sede en Miami para organizar vuelos chárter a Rusia y otros sitios.
En 2019, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas agregó también a los dos en la lista de fugitivos más buscados.
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