Estados Unidos ha dado un golpe sin precedentes contra el Tren de Aragua (TdA), la organización criminal transnacional originaria de Venezuela. El Departamento de Justicia (DOJ) presentó el 24 de septiembre de 2025 una acusación formal en el Distrito Sur de Nueva York contra 10 miembros de la banda por crímenes violentos, incluido un doble asesinato en el Bronx.
Este movimiento refuerza la estrategia de Washington de tratar al TdA no solo como una pandilla, sino como una organización terrorista extranjera (FTO), equiparándola con grupos como ISIS o Al-Qaeda.
El crimen que desató la acusación
Según la acusación desclasificada, el 24 de mayo de 2024 los imputados habrían asesinado a Claretha LaQuesha Daniels (44) y Justin Lawless (36) cerca de 2290 Davidson Avenue, Bronx, Nueva York. Una tercera víctima resultó herida con múltiples disparos.
Los principales acusados son:
Keiber Jaén Martínez (“Keybe”)
Samuel González Castro (“Klei” o “Kley”)
Eferson Morillo-Gómez (“Jefferson” o “Efe Trebol”)
Keiver Silva-Jiménez (“Chuky”) – prófugo
Keineyer Ibarra-Mujica (“Keiner”)
Marlon Farias (“Bili”) – deportado previamente de EE.UU.
Además, González Castro es señalado por un tiroteo en Queens el 4 de agosto de 2024 contra un miembro de la banda rival “Anti-Tren”, en el que un transeúnte inocente resultó herido.
La designación como Organización Terrorista
El Tren de Aragua fue designado FTO en febrero de 2025 bajo la administración Trump. Esta clasificación permite congelar activos, ampliar la vigilancia, acelerar deportaciones y facilitar extradiciones, aplicando la Alien Enemies Act de 1798 para expulsiones sumarias.
Para Pamela Bondi, Fiscal General de EE.UU., este caso “marca un antes y un después” en la lucha contra el crimen organizado venezolano en territorio estadounidense. La Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha respaldado la política de “arrestar y deportar terroristas extranjeros”.
El andamiaje legal: RICO, VICAR y más
El DOJ ha utilizado un marco legal federal contra el crimen organizado transnacional:
RICO (18 U.S.C. § 1962(d)): Conspiración para participar en una empresa criminal. Pena: hasta cadena perpetua.
VICAR (18 U.S.C. § 1959(a)(1)): Asesinato en beneficio de la organización. Pena: cadena perpetua o muerte.
Conspiración de Tráfico Sexual (18 U.S.C. § 1591): Pena mínima de 15 años.
Tráfico de Drogas y Armas (21 U.S.C. § 846; 18 U.S.C. § 924): Pena de hasta 40 años.
Reingreso Ilegal (8 U.S.C. § 1326): Pena de hasta 20 años.
Esta “megacausa” se apoya en testimonios de cooperadores, vigilancia de HSI y análisis forense de balística.
Implicaciones procesales
El caso, procesado en el Distrito Sur de Nueva York, argumenta que los casos han sido planteados bajo un “enfoque de todo el gobierno” al coordinar agencias como ICE, ATF y NYPD.
Ocho acusados permanecen en custodia preventiva; uno está prófugo con alerta Interpol.
Bondi y los agentes federales calificaron al TdA como un “régimen de terror” en Nueva York. La acusación forma parte de una ola más amplia: 27 imputados en abril y 30 en Colorado en agosto por cargos similares.
Expertos legales consideran que la designación FTO y la evidencia acumulada hacen difícil la absolución.
De confirmarse las condenas, los líderes del TdA podrían enfrentar cadena perpetua o pena de muerte.
El comunicado del Departamento de Justicia asegura que el caso del Tren de Aragua en el Bronx simboliza la intensificación de la lucha de EE.UU. contra el crimen organizado transnacional venezolano.
Más allá del impacto judicial, este proceso redefine la forma en que Washington aborda las pandillas internacionales: de “bandas criminales” a organizaciones terroristas extranjeras.
Con este proceso, el DOJ busca enviar un mensaje claro: ninguna organización criminal extranjera tiene carta blanca en territorio estadounidense.