VenePirámides
Las empresas productoras de alimentos deben cumplir, por lo menos, con 15 permisos desde que importan una materia prima hasta que la procesan y la distribuyen como producto terminado en el mercado al detal.
Los tiempos de aprobación de cada trámite varían, pero según un informe de Cavidea el tiempo promedio puede ser de 160 días, y en algunos casos hasta 220 días.
Con la aprobación de la Ley de Costos y Precios Justos, la lista de diligencias y permisos que tiene que atender la agroindustria aumenta. Ahora todas las empresas tendrán que registrarse en el Sistema Nacional de Costos y Precios, llevar las estructuras de costos de cada producto que ordene el Gobierno y cada vez que varíe uno de los elementos que componen los costos, por ejemplo, la materia prima importada, deben introducir esas variables y esperar que el Ejecutivo analice el caso, para autorizar un aumento de precios.
Juan Domingo Alfonzo, profesor de Derecho de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Católica Andrés Bello, señala que esta ley agrega otra alcabala administrativa y crea excesivos controles a la producción y a la comercialización de productos.
«Se crea un organismo adicional la Superintendencia Nacional de Precios- y se establecen más obligaciones para las empresas que produzcan bienes o servicios: el registro en la superintendencia e informarle las modificaciones de estructuras de costos o de precios de los productos, entre otras». Alfonzo advierte que estas disposiciones afectarán la operatividad del sector privado.
Calvario interminable. Un informe de la industria de alimentos detalla que cada empresa del área debe contar con el permiso sanitario o fitosanitario según el producto que vaya a importar; solicitar el certificado de no producción o producción insuficiente.
También debe pedir ante los ministerios la licencia de importación y poseer las cuatro solvencias para gestionar luego la laboral (una en el despacho del Trabajo, otra en el Seguro Social, la del Banco Nacional de Vivienda y la del INCE). Con cada uno de estos documentos las empresas tramitan ante Cadivi la autorización de adquisición de divisas.
Luego hay que agregar los documentos de declaración de aduana e impuestos, planilla de conformidad del producto o verificación ante Cadivi, guías de movilización autorizadas por la Superintendencia de Silos para sacar el producto del puerto, también el reporte semanal de importación y el de inventario (ambos procesados en el SADA). En medio de esas diligencias se debe gestionar la autorización de liquidación de divisas y contar con las guías para movilizar el producto desde la planta procesadora, la almacenadora y luego hasta el comercio al detal.
La agroindustria señala que el tiempo de aprobación de cada uno de estos documentos es determinante, debido a que el retardo afecta el proceso de producción. A estos trámites, se suma el encarecimiento de la materia prima internacional. El gremio sostiene que hay retrasos en la entrega de los certificados de no producción para poder importar, porque el Gobierno cuestiona los precios colocados en las planillas.
«Aunque se presentan las facturas de los proveedores internacionales, donde se certifica el precio de la materia prima importada, en el Ministerio de Alimentación rechazan la solicitud de certificado, esto está pasando con el trigo durum para la pasta», dijo un empresario del sector de alimentos.
Aunado con estos permisos, las empresas debido a las fallas eléctricas se interrumpe la producción y ocasionan pérdidas en equipos y en la materia prima. Reanudar las operaciones puede significar entre 8 y 20 horas de espera mientras vuelven a acondicionar las máquinas.
El sector también debe lidiar con las demoras en los procesos de nacionalización de la mercancía en los puertos desde que son administrados por Bolipuertos, según reportó el diario El Nacional.
Tomado de El suplicio de generar empleo y riqueza en Venezuela