Macri modificará un polémico decreto de la ex ministra de Defensa Garré y derogará una directiva militar del ex presidente Kirchner.
El Presidente de la Nación Argentina, Mauricio Macri, en Campo de Mayo (imagen TV)
El presidente Mauricio Macri dio este lunes un importante paso al anunciar la modificación del decreto 727 reglamentario de la ley de Defensa que había firmado el ex presidente Néstor Kirchner, inspirado en la ex ministra de Defensa Nilda Garré y el CELS. Estas modificaciones crean las bases para una nueva doctrina que permite a los militares combatir el terrorismo internacional y dar más apoyo logístico a las fuerzas de seguridad para luchar contra el narcotráfico.
El criterio de ese decreto K era ampliamente restrictivo del uso legal de las Fuerzas Armadas, al punto que solo podían intervenir en un combate contra otra fuerza armada respaldada por un Estado, como eran las hipótesis de conflicto en el siglo XX. Entonces, ante un hipotético ataque del grupo terrorista Al Qaeda de Ben Laden, por ejemplo, que no tenía el respaldo jurídico de una Nación por detrás, no podían combatir sin violar la ley de Defensa. Junto a los cambios al decreto 727, Macri anulará el decreto 1691 de Kirchner que estableció las directivas militares con esa doctrina militar K y la reemplazará para una nueva.
El fondo de estos cambios tienen que ver con la discusión de fondo entre aquellos que se aferran a que los militares se preparen para hipótesis de conflicto tradicionales –aunque Brasil y Chile dejaron de serlo luego de una serie de acuerdos diplomáticos en los años 70 y 90- y quienes sostienen que deben colaborar en enfrentar nuevas amenazas, como el narcotráfico y el terrorismo. El conflicto por las Malvinas es un ítem aparte.
Este debate tiene una arista internacional. Desde la disolución de la Unión Soviética en los ’90, el comando sur de los Estados Unidos alienta a las fuerzas armadas latinoamericanas a concentrarse en las «nuevas amenazas». Con excepción del aparato militar de los países de la costa del Pacífico donde EE.UU. visualiza a China como un potencial enemigo en términos tradicionales.
A diferencia del kirchnerismo, el nuevo decreto de Macri puntualizará, adelantaron fuentes militares, que “resulta menester entender como ‘agresión de origen externo’, en los términos previstos por la Ley de Defensa Nacional, el uso de la fuerza armada por parte de un agresor externo contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de nuestro país, o en cualquier otra forma que sea incompatible con la Carta de las Naciones Unidas”. Se habla solo de un agresor externo, no de un estado y está es la clave.
Como corolario de las palabras del Presidente de este lunes en Campo de Mayo, se publicará el miércoles un decreto que modificará el de Garré, aunque dejando en claro que se mantiene la división entre Defensa Nacional y Seguridad. Este cambio “no implica clausurar los límites existentes entre los ámbitos adjudicados por el ordenamiento jurídico a la competencia de la Defensa Nacional y a la seguridad interior”, dirá la futura norma para respetar los consensos asumidos por todos los partidos tras el retorno de la democracia en 1983.
También amplía el rol del apoyo logístico de las Fuerzas Armadas a las fuerzas de Seguridad, en cuestiones como transporte, comunicaciones u otra necesidades, pero sin entrar en combate directo con el narcotráfico u otras formas del crimen organizado.
Dirá el nuevo decreto: “En el caso de las misiones establecidas en la Ley N° 24.059, el MINISTERIO DE DEFENSA considerará como criterio para las previsiones estratégicas, la organización, el equipamiento, la doctrina y el adiestramiento de las FUERZAS ARMADAS, a la integración operativa de sus funciones de apoyo logístico con las FUERZAS DE SEGURIDAD.” Es decir, que los militares deberán dar más apoyo logístico a la Gendarmería, la Policía Federal, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria del que le daban durante el gobierno de Cristina Kirchner, sino que también entrenarse para ello. Será como un operativo «Escudo Norte» ampliado, comentaron las fuentes.
Por último, establecerá que “entiéndase que las FUERZAS ARMADAS y/o las FUERZAS DE SEGURIDAD podrán custodiar los objetivos estratégicos a los que hace referencia el artículo 31 de la Ley N° 23.554”. En este punto, se espera una reunión entre Aguad, su colega de Seguridad, Patricia Bullrich y el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo, para definir cuáles serán esos objetivos.
Es decir, como adelanto Clarín el viernes en exclusiva, las Fuerzas Armadas pasarán a custodiar represas hidroeléctricas y otros “objetivos estratégicos” que hasta ahora estaban protegidos por Gendarmería. No lo harán con las centrales nucleares porque debería movilizarse militares a EE.UU. a tomar un curso específico. Estos cambios, permitirán movilizar unos mil gendarmes desde la guardia, por ejemplo, de de esas represas al Gran Buenos Aires y otras zonas urbanas del país para combatir la seguridad interna.
Otra reunión importante es la que deberá tener Aguad con los jefes de Estado Mayor, sobre todo con el influyente jefe del Estado Mayor Conjunto, general Bari Sosa, para definir qué unidades se desactivarán y cuáles se convertirán «comandos conjuntos operativos permanentes» donde convivirán efectivos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Bari Sosa propone dividir el país en tres teatros de operaciones, norte, centro y sur, como el famoso Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS) que funcionó durante la guerra de Malvinas. Una fuente militar dijo que existe una lista con las unidades que se cerrarán pero por la reacción de gobernadores e intendentes se la mantiene bajo siete llaves a fin de negociar cómo se desactivaran afectando lo mínimo posible el empleo y comercio de las ciudades aledañas.
Esta nueva doctrina militar abrirá un debate en el país que, por un lado, sacará chispas políticas y es esperable, por otro, que permita lograr un consenso para una reconversión moderna y consensuada del aparato militar argentino.
Tomado de El rol militar frente a las nuevas amenazas del narcotrafico y el terrorismo