Sus amigos se lo advirtieron. Le dijeron que no aceptara la oferta, que pagaría un alto precio, que aquello le pasaría factura. Pero contra todas las advertencias, el joven abogado Edward Miguel Briceño Cisneros decidió dar un paso al frente y aceptar la encomienda: ponerse al servicio de la autodenominada Revolución Bolivariana y juzgar en su nombre actos de terrorismo que, para el chavismo, tienen una definición más amplia que la tradicional, hasta abarcar cualquier disidencia o actividad opositora.
Hoy se desempeña como Juez Especial del Tribunal Primero de Primera Instancia con Jurisdicción sobre Terrorismo, parte del circuito postizo de tribunales de terrorismo que cobró protagonismo tras la ola represiva emprendida por el régimen de Nicolás Maduro para acallar las protestas, luego del zarpazo electoral del 28 de julio.
Sin rostro público aunque no llevara capucha, desconocido entre muchos profesionales del foro, una reciente historia de Armando.info que perfilaba a otros cuatro colegas suyos en la jurisdicción antiterrorista, tuvo que conformarse con decir, tras una reportería infructuosa, que Briceño “ha sabido hacerse de un bajo perfil a prueba de escrutinio”.
Pero ese bajo perfil no respondía a una precaución estratégica de su parte. Solo era consecuencia natural de una carrera gris dentro del sistema judicial venezolano. Ahora se sabe que viene de la nada.
Briceño, por lo demás, se ocupó de atraer todas las miradas y borrar la incógnita sobre su figura el pasado 2 de septiembre. Entonces firmó con un garabato denso e ininteligible, superpuesto al renglón donde su nombre se aclaraba en letras de molde, la orden de captura contra el candidato opositor y, según todas las evidencias disponibles, ganador de las elecciones presidenciales, Edmundo González Urrutia. Así atendió por la vía express a la solicitud de orden de captura hecha por el fiscal Luis Ernesto Dueñez, que a la postre desembocaría en el exilio de González en España.
Edward Briceño pasó del anonimato a sancionado por la Oficina del Tesoro de Estados Unidos con solo una firma: la que ordenó la captura del candidato Edmundo González Urrutia. Crédito: Tomada de redes sociales.
Esa firma llevó a que Briceño enfrentara casi enseguida la primera factura de alto precio que sus amigos le vaticinaron que tendría que pagar: el 12 de septiembre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyó en una nueva lista de venezolanos sancionados por la llamada Ley Global Magnitsky. De acuerdo al boletín emitido ese día por OFAC desde Washington, Briceño y las otras 15 personas cuyos nombres fueron incorporados a la lista de Specially Designated Nationals (en español, ciudadanos extranjeros con designación especial) eran “funcionarios clave involucrados en las afirmaciones fraudulentas e ilegítimas de victoria de Maduro y su brutal represión de la libertad de expresión después de las elecciones”.
Por la letra inicial de su apellido, el de Briceño fue el primer nombre de la lista.
La sonrisa, el Ferrari y el exilio
Recién desatado en redes sociales el escándalo tras firmar la orden de captura contra Edmundo González Urrutia, se filtraron fotografías del juez Edward Briceño en clave personal: acompañado con una mujer, montado en un Ferrari antiguo, vistiendo ropas deportivas y, siempre, con una sonrisa de oreja a oreja.
El desenfado que muestra Briceño en esas fotos -que, por cierto, dejaron de conseguirse en fuentes abiertas de Internet- luce como un indicio de que no planeaba adoptar la majestad que se le asigna al rol de juez. Y, menos todavía, de hacerlo al servicio del oficialismo: un par de fuentes confirman que su familia ha sido siempre afín a la oposición.
Edward Briceño es el segundo de tres hermanos, todos nacidos y criados en la urbanización Simon Rodríguez, un barrio de clase media-baja de Caracas. Es hijo de Miguel Briceño, comerciante, y Edi de Briceño, oficinista, sobre quienes todas las fuentes coinciden en describir como una pareja de personas decentes y trabajadoras. Un testimonio llega a endilgar a Briceño padre -que alguna vez trabajó en el expendio de licores- el coraje suficiente para desafiar verbalmente a la mayoría chavista del vecindario donde viven.
El hermano mayor de Edward Briceño vive desde hace más de cinco años en Florida, Estados Unidos, mientras que el menor emigró a Chile. El país sureño también atrajo en su oportunidad al propio Edward Briceño, quien probó suerte allá junto a su esposa y una hija, entonces, de dos años. A sus amigos les decía que trabajaba como abogado en Chile, pero no hay ni un solo indicio testimonial o documental de que realmente haya sido así.
Su regreso a Venezuela podría sugerir que no tuvo mayor éxito en esa aventura en el exterior, pero él comentó a sus allegados que regresó, precisamente, por la oferta que había recibido para encargarse de un tribunal.
Quizás se miraba en el espejo de fulgurante ascenso en la escala judicial de Joel Monjes, actual Juez de Control de Responsabilidad para Adolescentes en Materia de Terrorismo, que había sido amigo cercano de Briceño en los inicios de su carrera como defensor público. Hoy además de Monjes y Briceño Cisneros, completan el circuito de tribunales antiterrorismo Carlos Liendo (Tribunal Segundo), Ángel Betancourt (Tribunal Tercero) y Franklin Mejías (Tribunal Cuarto).
El que no rompía un plato
En la Gaceta Oficial no hay constancia del nombramiento de Briceño, lo que resulta muy irregular. Tampoco de que su tribunal se sometiera a concurso.
Sin oficializarla, en Internet se consiguen un par de indicios sobre tal designación. Uno, su ficha vigente del Instituto Venezolano de los Seguros Social (IVSS), que el abogado de 38 años de edad es “juez activo” desde el 28 de abril del 2023 y tiene como patrono a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM), ente que nombra y regula estos cargos. El segundo es una foto colgada en Instagram por el Circuito Penal Judicial del Área Metropolitana de Caracas el 26 de abril de 2023, donde se distingue a Briceño Cisneros entre un grupo de diez nuevos jueces en un acto de juramentación presidido por Katherine Haringhton, cabeza del circuito y sancionada por la Unión Europea, que trabaja abiertamente plegada a los intereses del régimen de Nicolás Maduro. Los nombres de los recién designados funcionarios públicos no fueron mencionados en el post de esta red social.
Pero el nombramiento de Briceño Cisneros como juez no solo luce inorgánico y circunstancial en la forma, sino también en el fondo. No cuenta con la carrera o los méritos que pudieran justificar esa investidura.
Leyenda: Ficha actualizada de Briceño Cisneros en el Instituto Venezolano de Seguro Social, donde queda constancia que desde abril del año pasado su nuevo patrono es la Dirección Ejecutiva de la Magistratura. Crédito: Captura de pantalla.
En lo académico, sus credenciales son magras. Obtuvo en 2008 su título en Derecho en la privada Universidad Santa María de Caracas, según él propio Briceño señala en su perfil de LinkedIn. Completó su especialización en Derecho Penal en esa misma casa de estudios en 2011 y, siempre según lo que refiere en la red social, hizo una pasantía como asistente legal en el escritorio jurídico Hoet, Peláez, Castillo y Duque.
Recuerda el abogado José Amalio Graterol que conoció a Briceño cuando este era muy joven y daba sus primeros pasos como asistente de Laura Blank Ortega, una defensora pública del circuito del Área Metropolitana de Caracas. “Era un muchacho servicial y simpático, que, si le pedías un favor, te lo hacía. Desde eso lo conozco”, afirma. Graterol explica las funciones de un asistente judicial, como lo era entonces Briceño, de la siguiente manera: “Se dedica a archivar las cosas del Defensor Público y en el Libro Diario del Defensor Público, pero no es necesariamente abogado ni tiene que tener conocimiento jurídico. [Briceño] ni siquiera era un analista en ese momento, sino un asistente más de la sala de los defensores públicos”.
Pero, una vez graduado como especialista en Derecho Penal, Briceño Cisneros encaminó su carrera por esos rumbos. Tras un breve paso por el Ministerio Público como fiscal auxiliar adscrito a la Dirección de Delitos Comunes de Caracas y en la Fiscalía 61, designado en octubre de 2011, un mes más tarde fue nombrado como Defensor Público Provisorio Septuagésimo cuarto (74to) con Competencia en Materia Penal en la jurisdicción de Caracas.
Thelma Fernández, abogada que comenzó su carrera como defensora pública, mantiene en su memoria la imagen de un, para entonces, bisoño y “muy simpático” Edward Briceño. Nada hacía prever que se disponía a hacer en el futuro las veces de verdugo judicial por encargo. “Pero así era”, insiste Fernández, “se desempeñaba como asistente de una defensora pública, un niño que no rompía un plato”.
¿Mostraba entonces alguna inclinación política y, más en concreto, una filiación por el chavismo? De manera resuelta, Fernández dice que no, “nada de política”, afirma.
En abril de 2023 fue juramentado como parte de un nuevo grupo de jueces por parte de la presidenta del circuito y operadora judicial del chavismo, Katherine Haringhton. Crédito: Cuenta de Instagram del Circuito Penal de Caracas.
Se quedó estancado durante 12 años en la defensoría pública penal, según revela en su propia hoja de vida disponible hasta hace poco, al menos, en LinkedIn. En él no despuntaba ningún rasgo profesional que lo distinguiera. Un motivo que llevó a muchos a sorprenderse cuando supieron de su consagración como juez. “Cuando salió lo de Edmundo [en referencia a la orden de captura contra González Urrutia] todo el mundo se quedó loco, no podían creer que fuera él, el mismo Edward”, dice una abogada que lo conoció. Una reacción similar tuvo Graterol: “Me dije: ‘este nombre me suena’. Me fui a mi Facebook a revisar y digo, ‘bueno, ¡es este muchachito!’. Todo eso sin ningún tipo de carrera, sin concurso. Nombrado a dedo, yo creo, pero no estoy seguro, porque el hombre me borró de Facebook”.
Esos nombramientos de jueces, a dedo y sin concurso, son parte de la reconfiguración que el chavismo que inició desde muy temprano para tomar control del Poder Judicial. Un hito del proceso de cooptación, que también sirvió como advertencia, lo marcó la detención en 2009 de la jueza María Lourdes Afiuni, a raíz de una petición u orden que Hugo Chávez formuló por televisión. Por cuenta de ese cambio, los jueces en Venezuela pasaron a ser provisorios, sin estabilidad alguna y con puestos a merced de la voluntad expresada desde el presidencial Palacio de Miraflores.
En ese escenario otro abogado señala a Briceño Cisneros como un paradigma de la camada de jueces resultante. “No solo él, sino todos los jueces con competencia en terrorismo, no hacen más que cumplir las órdenes que les da el Poder Ejecutivo”, asevera. En esta oleada sin precedentes de arrestos ordenados por el régimen de Nicolás Maduro por razones políticas -el Foro Penal Venezolano contabiliza 1876- al circuito de tribunales de terrorismo, entre los que destaca aquel Briceño Cisneros que no rompía un plato, le tocará doble ración de instrucciones.
