Milmillonarias negociaciones se llevaron a cabo en Venezuela en la administración de la Corporación Eléctrica Nacional S.A. (Corpoelec) a cargo de Argenis Chávez Frías sin que estas se tradujeran en la solución del grave problema que padece el país suramericano en materia de generación eléctrica.
La crisis eléctrica muestra dimensiones monstruosas que se evidencian en el pésimo servicio que los venezolanos reciben desde hace varios años y que se traduce en constantes apagones y bajones que se repiten día a día por largos periodos que, en ocasiones, ocurren varias veces cada jornada. Esto supondría que no se han realizado inversiones —o por lo menos planificado— destinada tanto a la modernización, la actualización, como el mantenimiento del parque eléctrico, pero la evidencia deja atrás esta tesis al existir múltiple documentación que versa sobre la compra de equipos y contrataciones con empresas nacionales y extranjeras, así como convenios con instituciones, destinados a la atención y el mejoramiento del sector. La respuesta a la interrogante del porqué de esta grave situación, entonces, habría que buscarla en otras razones, como la corrupción, la impericia y la improvisación en el manejo de dicha crisis, según expresa.se.
En las siguientes líneas, se explican algunas de las negociaciones que la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, ha llevado a cabo supuestamente para solucionar el problema en tiempos en que al frente de la empresa estatal se encontraba Argenis Chávez, hermano del difunto expresidente Hugo Chávez Frías y que representaron una erogación para Venezuela de USD 1.153.326.078,15 y Bs. 764.119.513,70, según un reporte de Maibort Petit para la web Venezuela Política.
El 21 de octubre de 2011 se suscribió el Convenio interinstitucional Bandes-Fondo conjunto chino-Corpoelec, el cual quedó identificado con el código CL-FCCV-0180-13-10-2011-CORPOELEC USD, referido a la asignación de recursos para dar continuidad al “plan de inversiones del sector eléctrico nacional 2011, gastos operativos, de los procesos de generación, transmisión, distribución y comercialización”.
El convenio fue suscrito entre el Banco de Desarrollo Social y la Corporación Eléctrica Nacional, representados por Edmée Betancourt de García y Argenis de Jesús Chávez Frías, respectivamente, con el objetivo de establecer los mecanismos de cooperación financiera que permitieran el desembolso de los recursos provenientes del Fondo Conjunto Chino-venezolano para dar continuidad al “plan de inversiones del sector eléctrico nacional 2011”.
El convenio establecía que el Bandes otorgaría a Corpoelec la suma de USD 704.397.079,00 para dar continuidad al Plan de inversiones del sector eléctrico nacional de 2011. Bandes aportaría el dinero proveniente del Fondo Conjunto Chino y Corpoelec se comprometía a ejecutar el plan de gastos operativos de los procesos de generación, transmisión, distribución y comercialización.
La cláusula undécima del mencionado convenio establecía que el ente ejecutor tendrá entre sus funciones la de “promover el Poder comunal” y fortalecer a través de diversas actividades la creación y desarrollo de los consejos comunales, para lo cual se destinarían recursos económicos y se tomarían las previsiones presupuestarias pertinentes.
Dos documentos que dan cuenta de convenios para el proyecto del tendido cable submarino a Chacopata, isla de Margarita, uno de ellos para la adquisición e instalación de cables submarinos aislados a 230 Kv para sustituir el actual de 115 Kv en Chacopata, Isla de Margarita, el cual estaría financiado con los recursos del Fondo Chino.
Dicho convenio de asistencia técnica y financiera del año 2012 entre el Bandes, representado por Edmée Betancourt de García, y Corpoelec, representado por Argenis de Jesús Chávez Frías, tendría un costo de USD 56 millones que aportaría Bandes del fondo surgido del acuerdo de financiamiento entre China y Venezuela (Gaceta 39.511) y ejecutados por Corpoelec.
Los desembolsos para el proyecto se efectuarían mediante trasferencia de Bandes a la cuenta que Corpoelec como ente ejecutor indicase.
No obstante, según consta en otro documento de diciembre de 2012, firmado también por Edmée Betancourt y Argenis Chávez, se establece un convenio por USD 224.000.000,00 para la compra e instalación de cables submarinos aislados a 230 Kv para sustituir el actual de 115 Kv en Chacopata, Isla de Margarita.
Por su parte, el contrato Nº 2.2.104.001.11, firmado en febrero de 2012, entre Corpoelec y las empresas Ingeniería y Computación S.A., ICSA, (Argentina), Industrias Metalúrgicas Percarmona Sociedad Anónima, industrial, Comercial y Financiera, (IMPSA) (del mismo grupo argentino); Opens Systems International Inc. (OSI) compañía de software de Minnesota, Estados Unidos; IMPSA Caribe, empresa metalúrgica creada en 2006 en Venezuela. Las citadas empresas conformaron en 2010 el consorcio IMPSA-ICSA-OSI-IMPSA CARIBE C.A.
El contrato de marras fue firmado por Argenis de Jesús Chávez Frías por Corpoelec y Antonio Aldo Jurín por el consorcio, negociación que versaba sobre la ejecución de los trabajos de suministro e instalación del sistema de control y del sistema electrónico de seguridad del proyecto Tocoma, la central hidroeléctrica Manuel Piar.
El contrato establecía la instalación de 25 tableros de control y protección, 85 unidades de adquisición de datos, 6 estaciones maestras de protecciones, de análisis de fallas, de supervisión, así como toda una serie de equipos de sistema electrónico de seguridad y control de acceso.
La obra tenía un plan de ejecución de 50 meses, es decir que debía estar concluida a más tardar a finales de 2015 o inicios de 2016. Sería ejecutada en cuatro fases a un costo de Bs. 128.701.754,00, que se desembolsarían según el contrato a razón de Bs. 28.286.580,00 para los trabajos ejecutados en el territorio nacional venezolano y serían facturados por la empresa Impsa Caribe. El resto se pagaría en divisa estadounidense, equivalente a USD 23.352.365,82, facturados por ICSA.
Los pagos se harían en cuatro fases:
Fase 1: Pago del anticipo compuesto por un monto en bolívares de Bs. 7.071.645,25 y otro en dólares por USD 5.838.091,46, correspondiente al 25 por ciento del contrato.
También en esta fase se cancelarían pagos por ejecución de la fase por un monto de Bs. 8.980.393,33 y otro por USD 9.654.161,67.
Fase 2: Año 2013. Pagos por Bs. 7.119.446,60 y USD 7.473.308,86.
Fase 3: Año 2014. Pago por Bs. 5.115.095,75 y por USD 1.663.256,51.
Fase 4: Año 2015, cuando se suponía debía estar terminada la obra.
Como administradores de la ejecución del proyecto fueron nombrados José Felipe Pedroza Gómez por Corpoelec y Antonio Aldo Jurín por el consorcio contratista.
La contratista se comprometía a proporcionar todo lo relacionado con planos, cálculos, instrucciones y datos, todo lo relacionado con la ingeniería de detalles, todos los trámites que garantizan el óptimo estado y calidad de los materiales así como la carga y trasporte del mismo, la nacionalización y aseguramiento, llevar todo hasta el sitio de la obra, cargar, descargar, almacenar, probar en el sitio, entrenar al personal de Corpoelec, poner en funcionamiento y supervisar y mantener los equipos contratados para la obra.
El consorcio entregaría fianzas de anticipo, de fiel cumplimiento y de garantía laboral. Y se encargaría de la adquisición e instalación en sitio de todos los equipos para el sistema de control, tableros, estaciones maestras, así como del diseño arquitectónico, mobiliario, pisos falsos, alfombras, sistemas de alarmas y detección de incendios, entre otros. Igualmente sería responsable de todos los equipos e instalaciones relacionados con el sistema electrónico de seguridad de la Central Hidroeléctrica Manuel Piar.
Durante la administración de Argenis Chávez también Corpoelec contrató con la cuestionada empresa española Duro Felguera S.A.
De hecho, la negociación se produjo el 6 de junio de 2011 por USD 17.050.000,00 para el desarrollo de la ingeniería y procura de la instalación de dos unidades de compresión a gas para el suministro de combustible a dos gabarras de generación eléctrica de 171 MW-230 KV, en el complejo generador Josefa Joaquina Sánchez Bastidas en el estado Vargas.
El Contrato de suministro que quedó identificado con el número NCO/0411-102 fue suscrito por Argenis Chávez Frías en representación de la Corporación Eléctrica Nacional y la C.A. Electricidad de Caracas; y, por la otra, Rafael Morillo Quirós, por la sociedad mercantil española, asentada en Oviedo, Asturias, en su condición de Director General.
La empresa española se encargaría según el contrato de suministro del “Desarrollo de la ingeniería y procura de la instalación de dos unidades de compresión a gas para el suministro de combustible a dos gabarras de generación eléctrica de 171 MW-230 KV, en el complejo generador Josefa Joaquina Sánchez Bastidas en el estado Vargas” y recibiría un anticipo del 50 por ciento del monto total de la obra, equivalente a 8 millones 525 mil dólares (USD 8.525.000,00), pagaderos en moneda extranjeras en el transcurso de los 10 días hábiles luego de firmado el contrato.
En el documento se especifica que Duro Felguera, S.A. estaba obligada a pagar previo a la firma del contrato una fianza de anticipo por 8 millones 525 mil dólares equivalentes al 50 por ciento del monto total del suministro y otra fianza de fiel cumplimiento por 2 millones 557 mil 500 dólares.
De acuerdo al contrato firmado, el plazo para la culminación sería de 15 meses, es decir que los compresores a gas deberían haber sido instalados para el segundo semestre de 2012.
En fecha 24 de octubre de 2012 Argenis Chávez por Corpoelec y Juan Roberto Pérez Hernández por el consorcio INSERVEN-DISTASA-CEP integrado por conformado por las empresas Consultores e inversores CEP, C.A. de Venezuela, la sociedad mercantil colombiana Distasa S.A. E.S.P. y la empresa también venezolana Instalaciones y servicios Venezuela, C.A. (Inservenca), firmaron un contrato para la ingeniería, procura y construcción (IPC) para el montaje y puesta en marcha de dos unidades de generación eléctrica con capacidad 45 MW para Planta III, estado Lara.
El contrato quedó identificado con el número NCO-CAP10-0217/2012 contemplaba el IPC de dos unidades de generación marca General Electric, modelo LM6000 y capacidad 45 MW (ISO) en ciclo abierto en la citada planta por un monto total de Bs. 251.484.000,00, discriminados en Bs. 92.009.000,00 para el componente nacional (IVA incluido) y USD 39.380.000,00 para el componente en moneda extranjera. El proyecto abarcaría los ejercicios fiscales 2012, 2013 y 2014 y debería estar concluido en 2014, cuando se cumplían los 15 meses estipulados por el contrato para la puesta en funcionamiento de las unidades de generación eléctrica con todos sus componentes.
Entretanto, Bs. 27.602.400 bolívares y USD 11.814.000 corresponderían al ejercicio fiscal 2012. Los otros pagos se harían de acuerdo a los presupuestos del año correspondiente.
El precio convenido incluía flete y transporte marítimo hasta Venezuela, nacionalización y transporte terrestre desde el puerto hasta el lugar de la obra, ingeniería básica y de detalle, procura, construcción, instalación y supervisión del proyecto denominado por sus siglas IPC, estudios de suelos y movimientos de tierras, replanteo y nivelación de terreno y todo lo requerido para llevar a término el proyecto.
En junio de 2014, se firmó un Addendum de este contrato rubricado por Wilfredo José Morales Márquez, director de proyectos mayores de Corpoelec y Juan Roberto Pérez Hernández por el consorcio INSERVEN-DISTASA-CEP, con la finalidad de modificar la cláusula del plazo de ejecución del proyecto IPC y extenderlo de 15 meses a 19 meses.
El contrato N° NCO-CAP10-0184/2012 fue firmado en septiembre de 2012 entre Corpoelec, representada por Argenis De Jesús Chávez Frías, la empresa portuguesa Janz Contadores de Energía, S.A. representada a su vez por Antonio Luis Trigoso Papoila y la empresa Venezolana de Equipos de Potenciación Vepca, C.A., representada por Luis Gerardo Huiza Castellanos.
El contrato contemplaba el suministro de 140 mil contadores de energía y el montaje de 440 mil contadores de energía, incluyendo materiales y accesorios. La negociación estaba enmarcada en el proyecto plan nacional de respaldo al sistema de transformadores de potencia y sistema de control de demanda del convenio binacional luso venezolano.
La instalación de esos 440 mil contadores incluía los 300 mil de un contrato previo (N° 2010-CJ-0223) que ya se encontraba en ejecución para el momento de la firma de este contrato en el cual se adquirían los otros 140 mil contadores. Especificaba el contrato que, si no alcanzaren los contadores Janz para cubrir los 440 mil, procederían a instalar cualquier contador del que dispusiera Corpoelec, pero la empresa solo se haría responsable de la instalación y no cubriría la garantía de dichos contadores de otras marcas.
El monto total del contrato era por un componente nacional presupuestado en Bs. 356.331.359,70 y un componente en moneda extranjera equivalente a USD 172.712.633,33, con un pago del 30 por ciento de anticipo en ambos casos y sus respectivas fianzas de anticipo, de fiel cumplimiento, laboral y de funcionamiento. Las facturas deberían ser emitidas a nombre de Corpoelec.
Los pagos se harían como se detallan en la imagen capturada del contrato.
El proyecto debía estar terminado a los 24 meses de la firma del contrato, es decir para finales de 2014 deberían estar instalados los contadores en su totalidad.
La empresa Vepca se encargaría del transporte terrestre de contadores, materiales y accesorios desde el puerto hasta los almacenes o sitios de obra indicados por Corpoelec.
Luis Gerardo Huiza Castellanos figura en Panamá como presidente de la compañía H&B POWER SYSTEM GROUP INC.
Contradictoriamente, pese a sus negocios con la administración chavista, en 2017 Luis Gerardo Huiza (@lghuiza), quien figura como fundador y CEO de Desarrollos Ingteka 20.010 CA, promocionaba en Twitter un mensaje en video del político opositor Henrique Capriles Radonski en el que éste se refería a las manifestaciones de la oposición en las calles y en 2018 hacía lo propio con una actividad proselitista del entonces candidato presidencial Henri Falcón.
