Hoy era el día. Después de que la sentencia del operador del Cartel de los Soles, Carlos Eduardo Orense Azócar, fuera aplazada varias veces a petición de su defensa, esta mañana el juez Vernon S. Broderick, del Distrito Sur de Nueva York, tenía en su calendario la audiencia final de imposición de pena contra el venezolano de 70 años condenado por narcotráfico internacional y posesión de ametralladoras en furtherance of the crime. La fiscalía pide 40 años exactos: la mínima obligatoria (10 años por conspiración para importar más de cinco kilos de cocaína + 30 años consecutivos por el cargo 924(c) de armas de fuego). Para un hombre de su edad, esa cifra equivale a cadena perpetua de facto.
Orense llegó a la sala con el uniforme caqui del MDC Brooklyn, visiblemente más envejecido que en el juicio de 2023. Lleva más de tres años y medio encerrado en uno de los peores centros de detención federal del país, el mismo donde se encuentra Hugo Carvajal Barrios y otros criminales venezolanos.
La defensa, liderada por el abogado Eylan Schulman, presentó un memorandum de sentencia de 13 páginas acompañado de media docena de cartas de familiares. El mensaje era contundente: “Cuarenta años ya es una sentencia de muerte. Añadir un solo día más sería un acto de crueldad innecesaria”.
La defensa de un hombre condenado por graves delitos intenta, como ocurre en casi todos los casos de crimen organizado, pintar al acusado como una víctima de las circunstancias. Es una estrategia conocida: los criminales imploran clemencia cuando la justicia finalmente los alcanza, incluso después de haber pasado años intentando burlar el sistema. El hombre que sus hijos describen tiernamente no es el mismo que vio el jurado, ni el que durante más de una década operó en las sombras de una estructura criminal internacional.
Durante el juicio, la fiscalía presentó a Orense Azócar como un “coordinador logístico clave” del Cartel de los Soles entre principios de los 2000 y 2016, un operador que —según los cooperantes— facilitaba pistas clandestinas, manejaba pagos millonarios y aseguraba cargamentos de varias toneladas con apoyo de militares venezolanos y miembros de las FARC. La evidencia vino de cuatro testigos, todos buscando reducir sus penas, pero fue suficiente para que un jurado lo declarara culpable. Que no existiera “un gramo de cocaína” incautado en su poder o una transferencia directa no borra el patrón: los altos mandos del narcotráfico rara vez tocan físicamente la droga; delegan y se protegen. El jurado, aun así, lo absolvió del cargo más grave: posesión de lanzagranadas o artefactos destructivos.
Frente a esa imagen, la defensa intentó imponer otra narrativa: la de un hombre huérfano de padre, trabajador, responsable de su familia en Anaco, exfuncionario de aduanas, inspector general de finanzas y dueño de una hacienda lechera por casi dos décadas. Un padre y abuelo que, según sus hijos, es “el pilar del hogar”, que desde la cárcel sigue dando la bendición a sus nietos que preguntan, sin comprender, “¿cuándo vienes, abuelo?”. Pero la justicia no se decide por afectos; se decide por hechos, y los hechos ya fueron deliberados por un jurado.
La carta más desgarradora es la de su hija Virmaryz: “Mis hijos lloran y me piden que llame a su abuelo. Él, en los pocos minutos que le dan, solo les da la bendición y les dice ‘pronto’. ¿Cómo les explico que quizás nunca lo vuelvan a ver?”. Es el drama humano que suele aparecer al final del camino, cuando el acusado ya ha perdido el poder, las conexiones y los privilegios. Pero el sufrimiento de la familia no borra los delitos por los que fue hallado culpable.
Un “mínimo” que equivale a cadena perpetua
La ley es clara y no hace excepciones por edad ni enfermedad: 10 años por narcotráfico + 30 obligatorios por las ametralladoras (aunque el jurado no aceptó que fueran lanzacohetes). Total: 480 meses. A los 70 años, con hipertensión, diabetes tipo 2 y problemas prostáticos, la esperanza de vida actuarial de Orense Azócar no supera los 82-84 años. En otras palabras: morirá en prisión incluso con la sentencia mínima.
La defensa, en un último esfuerzo, subrayó que las condiciones del MDC Brooklyn durante estos tres años y medio han sido un castigo anticipado: cortes de luz, confinamientos prolongados, falta de atención médica y violencia cotidiana. Incluso citaron decisiones de jueces del mismo distrito, como Furman y Brown, que han reducido sentencias por ese motivo. Pero este argumento vuelve al mismo punto: cuando llega el día de la sentencia, los acusados del crimen organizado siempre alegan sufrimiento, injusticia o mala salud, nunca responsabilidad.
La justicia, sin embargo, no opera sobre percepciones familiares ni sobre súplicas tardías. Opera sobre veredictos. Y en este caso, el veredicto ya habló.
¿Qué decidió el juez Broderick?
El juez Broderick aceptó la solicitud de la defensa y revisar durante la audiencia de estatus de este martes los argumentos de los abogados y de los fiscales.
El juez anunció que emitirá una nueva decisión por escrito en los próximos días, pero adelantó que “tendrá en cuenta todos los factores del 3553(a), incluida la edad avanzada del acusado, su falta de antecedentes penales, las cartas familiares y las condiciones de reclusión”.