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La Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional aprobó el artículo del proyecto de ley para regularización y control de arrendamientos de viviendas que establece que el canon mensual será revisado cada tres años, para hacerlo coincidir con la duración mínima del contrato.
La disposición indica que la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda solamente podrá modificar el canon antes del tiempo fijado cuando haya un cambio de uso del inmueble o el propietario haya ejecutado mejoras cuyo costo exceda a 20% del valor de la vivienda.
La instancia parlamentaria también aprobó el procedimiento que debe seguir la superintendencia para determinar cuánto pagará el inquilino cada mes: lo hará a petición de las partes interesadas, tendrá 3 días para admitir la solicitud y 20 días adicionales para fijar el canon. Todavía quedan pendientes los artículos referidos a la fórmula para calcular el valor del inmueble y la renta mensual. La propuesta de la Red de Inquilinos es que sólo se tome en cuenta el costo actual de construcción, la antigüedad y el tamaño de la vivienda; obviando factores como la ubicación y los servicios. Estas condiciones tan gravosas, que no reflejan el efecto de la inflación, aunadas a la imposibilidad de desocupar a los inquilinos, en la práctica harán que desaparezca la oferta de inmuebles en alquiler.
Como si fuera poco, los artículos del proyecto que obligan a las empresas constructoras a destinar parte de las viviendas que edifican al alquiler también fueron aprobados por la Comisión de Administración y Servicios, aunque faltó definir la cantidad que deberá usarse con este fin. El diputado Diosdado Cabello, presidente de la instancia parlamentaria, dijo que el porcentaje establecido en el proyecto de ley 25% será consultado con el ministro Rafael Ramírez, coordinador del Órgano Superior de Vivienda y Hábitat. El parlamentario César Rincones, vicepresidente de la Comisión, agregó que también quedó pendiente el plazo para que las constructoras ofrezcan en venta los inmuebles a los inquilinos. «El proyecto establece 10 años, pero la bancada oficialista quiere reducirlo».
Lo que sí quedó establecido es que las constructoras no podrán iniciar ninguna obra residencial si no tienen el permiso de la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Viviendas, que determinará cuáles serán los inmuebles para alquiler y quienes los ocuparán. La obligación a las constructoras se suma a la «contribución tributaria especial» que deberán cancelar los propietarios de viviendas que estén desocupadas, según reportó el diario El Nacional. Esta obligación puede resultar tan costosa que no permita a las constructoras inciar nuevas obras y desaparezca la oferta de nuevas viviendas. Pareciera que eso es lo que quieren.
Tomado de El fin de la oferta de apartamentos en arrendamiento y de la construcción de nuevas viviendas