La magistrada del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Gladys Gutiérrez, cursó supuestamente estudios en la universidad española Menéndez Pelayo, pero autoridades de la institución negaron en 2016 dicha información, al asegurar que nunca se cruzaron con ella en la institución ni escucharon de ella, según el diario El Español.
Nadie recuerda haber coincidido con ella en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza. Gladys María Gutiérrez Alvarado –quien repite nuevamente como presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela- fue noticia en 2016 al descubrirse que la lectura de su tesis en 2011 tuvo lugar en Zaragoza ante un tribunal que tenía entre sus miembros a dos profesores del partido Podemos. Uno de ellos fue Juan Carlos Monedero, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y fundador del partido morado. “Me enteré de la noticia por la prensa. No sabía quién era ni que se había doctorado aquí”, contó un veterano profesor zaragozano.
Es normal que nadie la recuerde: el periplo de Gutiérrez por Zaragoza se limita a tan sólo tres visitas. Dos fueron para hablar con el director de su tesis, el profesor de Derecho Constitucional Francisco Palacios, y una última para defender su trabajo El nuevo paradigma constitucional latinoamericano. En sus dos primeros paseos por Zaragoza ni siquiera durmió en la ciudad: vino y se fue en AVE. Tiene casa en Madrid porque está casada con un español, hijo de padres inmigrantes, que vive en Venezuela y al que conoció allí. Sin embargo, en su tercera visita, el día que leyó su tesis, sí hizo noche en Zaragoza en uno de los hoteles con más renombre de la ciudad, el Palafox, un cinco estrellas con el que la Universidad tiene un convenio para este tipo de actos.
Francisco Palacios dijo estar abrumado por la noticia adelantada por El Mundo. Él fue el director de su tesis y también es de Podemos porque se presentó a las primarias de este partido en Aragón, aunque no consiguió los votos necesarios para entrar en el Consejo Ciudadano. La magistrado le llamó por teléfono en 2016:
-¿Qué le dijo?
-Me dijo que menudo follón que se había montado. Y me preguntó que qué podía hacer. Le dije que contara la verdad. Que ella estudió el Diploma de Estudios Avanzados en la Complutense y que luego se doctoró en Zaragoza ante un tribunal plural, que le concedió cum laude por unanimidad, con un tema que manejaba a la perfección porque ella misma había sido protagonista de la historia.
La Escuela de Doctorado de la Universidad de Zaragoza defendió que se siguió el proceso normal para seleccionar a los miembros del tribunal: el director de la tesis propuso sus nombres, su Departamento no puso reparos y la comisión valoró positivamente los currículos de todos los profesores al entender que eran expertos en el tema. “Podría haber traído a Pablo Iglesias o a otra gente. Pero propuse que el presidente del tribunal fuera Manuel Ramírez Jiménez”, recordó Palacios. Ramírez Jiménez falleció en 2015 y fue un catedrático de Derecho Político de gran prestigio, cuyo pensamiento viró del PSOE a la derecha. “Sus ideas eran la antítesis del chavismo”, señalan todos los profesores consultados por EL ESPAÑOL. En el tribunal también estuvo Andrés García Inda, que ahora es el director del colegio de los Jesuitas de Zaragoza y al que tampoco se le relaciona con el partido de los círculos.
Gladys Gutiérrez ha sido criticada por su supuesta falta de imparcialidad desde que se convirtió por primera vez en presidenta del Tribunal Supremo de Venezuela en 2013, un mes después de que Nicolás Maduro fuera nombrado presidente. Su primera sentencia polémica fue declarar “inadmisibles” los diez recursos interpuestos por la oposición venezolana ante el presunto fraude cometido en las elecciones que Maduro ganó a Henrique Capriles en abril de 2013 por tan solo un 1,49% de los votos.
Desde que la oposición logró la mayoría en la Asamblea, Gutiérrez Alvarado se convirtió en la punta de lanza de Maduro para neutralizar al Parlamento. En este sentido, ha ordenado cumplir el Decreto de Emergencia Económica pese a que había sido rechazado por la Asamblea, única institución con capacidad para validar este tipo de decisiones presidenciales, según la Constitución venezolana. También ha tumbado la promulgación de normas aprobadas por el Parlamento, como la Ley de Amnistía y Reconciliación.
Gutiérrez fue una de las abogadas que se encargó de defender a Hugo Chávez cuando fue juzgado en 1992 por el golpe de Estado frustrado contra Carlos Andrés Pérez. Acabó condenado por liderar el golpe militar aunque dos años después el presidente Rafael Caldera ordenó su liberación. Chávez residió después en un apartamento al sureste de Caracas que Gutiérrez Alvarado tenía en alquiler durante la intensa campaña electoral de 1998, en la que Chávez ganó por primera vez las elecciones.
A partir de entonces, el ascenso de esta abogada por la Administración venezolana fue meteórico. Recibió su primer encargo relevante en 1999, cuando trabajó de asesora en la redacción de la Constitución venezolana. En esta parte de la historia entra por primera vez la ya famosa y polémica Fundación CEPS (Centro de Estudios Políticos y Sociales), que se disolvió por la pérdida de clientes. Estaba compuesta por un nutrido grupo de profesores españoles de izquierdas -entre ellos los propios Monedero y Palacios-, a los que gobiernos latinoamericanos contrataban para que les asesoraran sobre todo en procesos constituyentes.
De hecho, el propio Monedero tuvo problemas con Hacienda por un intento de fraude fiscal de 100.000 euros por sus trabajos de asesoramiento para el Gobierno venezolano. El entonces dirigente de Podemos resolvió la situación mediante la presentación de una complementaria y dando un paso atrás en la dirección del partido.
“La idea era dinamizar los movimientos alternativos en Sudamérica, es decir, ayudarles a organizarse de forma seria para que pudieran pasar del activismo a lo institucional”, cuenta Francisco Palacios. CEPS participó en el proceso constituyente de 1999, aunque Palacios no formó parte de ese grupo. “Nadie podrá negar que estas constituciones son protransparencia, prosociales y procontrol. Otra cosa es la realidad, es decir, que se estén cumpliendo o no”, señala.
Gladys fue enviada al año siguiente a España, donde ocupó diversos cargos como cónsul en Madrid y después como embajadora. Desde de esta posición, fue la encargada de que Chávez y Monedero se conocieran en persona en una visita del expresidente venezolano a España en 2002. Gutiérrez Alvarado se sacó durante su etapa diplomática un curso en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, dependiente de la Presidencia del Gobierno de España, y el Diploma de Estudios Avanzados en la Universidad Complutense -que viene a ser como la antigua tesina o la suficiencia investigadora, que habilita para doctorarse-. Ya más tarde, en 2005, fue requerida en Caracas para convertirse en la procuradora general de la República, es decir, pasó a ser la principal asesora jurídica de Chávez.
En ese año sí andaba por allí Francisco Palacios, que a través de la Fundación CEPS estaba asesorando a la Asamblea de Venezuela -en esos momentos, de mayoría chavista- en diversas comisiones. Coincidieron varias veces. Pero no fue hasta 2007 cuando se conocieron realmente. Este profesor zaragozano de 57 años se había ido de vacaciones a Venezuela para estar con su exnovia venezolana Ingrid. Y, según cuenta, Gladys se enteró de que estaba en su país y le llamó para que participara en unos foros sobre la profunda reforma constitucional que estaba emprendiendo Chávez y les asesorara. “Hablé mucho con ella y le dije lo que pensaba. Que el espíritu de la reforma me parecía bueno; pero que tanto los términos como la redacción estaban confusos y desordenados”, recuerda.
Esa reforma constitucional finalmente no se aprobó porque los venezolanos votaron ‘no’ en referéndum. No obstante, en 2008, se modificaron media docena de artículos y también se decidió eliminar la prohibición de que una misma persona solo pudiera ser presidente de Venezuela por un máximo de dos mandatos, de forma que Chávez logró seguir presentándose a las elecciones.
Gladys le comentó por esa época que quería doctorarse y Palacios aceptó ser el director de su tesis. Comenzó a prepararla en 2007 a distancia y a finales de 2011 acudió a Zaragoza para leerla. Un año antes, Gutiérrez había sido nombrada magistrada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, todavía con Chávez en el poder, para ya después, en 2013, convertirse en su presidenta con Maduro gobernando.
Otras dudas
Según lo publiciado por el diario EL MUNDO en 2016, y que se puede comprobar en la base de datos de tesis doctorales del Ministerio de Educación de España, el 21 de diciembre de 2011 la juez venezolana leyó su tesis, titulada El nuevo paradigma constitucional latinoamericano. Dogmática social extensa y nueva geometría del poder, en la Universidad de Zaragoza, ante un tribunal compuesto por cinco profesores universitarios. Entre ellos se encontraba Monedero, uno de los principales fundadores de Podemos y número tres del partido en sus primeros tiempos.
Precisamente, Monedero fue apartado de la dirección de Podemos en 2015 tras descubrirse una transferencia de 425.150 euros procedentes del Banco del Tesoro de Venezuela a una empresa creada por él mismo para recibir ese dinero.
El artículo 37 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela establece como uno de los requisitos para ser magistrado de esta institución «tener título universitario de especialización, maestría o doctorado en el área de ciencia jurídica». Gladys Gutiérrez optó por realizar su tesis doctoral en España, siendo elegida después para el puesto de presidenta del tribunal, que ostentó desde el año 2013 y para el que volvió a ser ratificada en 2015 hasta 2017.
La juez está vinculada al chavismo desde sus inicios. Llegó a España en el año 2000 como consejera del consulado venezolano. En apenas un año se convirtió en la cónsul del país latinoamericano en Madrid y en 2003 se alzó como embajadora, cargo que mantuvo hasta 2005. En 2006 regresó a Caracas, donde fue nombrada procuradora general. En dicho cargo permaneció hasta 2010, cuando fue elegida juez de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo.
Su gestión como juez siempre ha estado rodeada de polémica, al ser considerada por la oposición al chavismo una persona difícilmente objetiva, dada su vinculación política con el régimen. En este contexto, fue por ejemplo magistrada ponente de la sentencia que rechazó la impugnación de las elecciones presidenciales del 14 de abril de 2013. Esta decisión fue casi paralela a su designación como máxima responsable del Tribunal Supremo.
En las elecciones parlamentarias venezolanas del 6 de diciembre de 2015, la opositora Mesa de Unidad Democrática obtuvo la mayoría de dos tercios de la Cámara. Tras la aplastante victoria, el chavismo aprovechó las vacaciones de Navidad para tomar una polémica decisión en sesión extraordinaria: nombrar a 13 nuevos magistrados del Tribunal Supremo presidido por Gladys Gutiérrez, muchos de ellos vinculados al régimen. Desde entonces, varias sentencias dictadas por el Tribunal mermaronla potestad del Parlamento para establecer cualquier control sobre el Ejecutivo, los militares y el poder judicial del país.
El Supremo tumbó la Ley de Amnistía de presos políticos y también declaró constitucional el estado de excepción decretado por Maduro.
El doctorado que abrió a Gladys Gutiérrez las puertas del máximo órgano judicial de Venezuela fue avalado por varios miembros de Podemos. Junto a Juan Carlos Monedero, hubo otras dos personas vinculadas al partido que dieron el visto bueno a la tesis doctoral de la juez venezolana. Se trata de Francisco Palacios Romeo, que fue el director del trabajo, y de José María Pérez Collados, vocal del tribunal.
Los dos son miembros de Podemos en Aragón y personas vinculadas a dirigentes del partido. Tanto Palacios como Pérez Collados formaron parte de las listas que se presentaron en 2015 para formar parte de la dirección de Podemos en Aragón.
Anteriormente, Palacios, el director de la tesis de Gladys Gutiérrez, había sido suplente en las listas electorales de IU en Zaragoza en las elecciones generales de 2011. Palacios ha sido profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, doctor en Derecho Constitucional y coordinador de esta área.
Por su parte, Pérez Collados ha sido catedrático de Historia del Derecho en la Universidad de Girona, aunque también fue profesor en la de Zaragoza. Su trayectoria universitaria está vinculada a centros latinoamericanos.
En el currículo de la juez también consta la realización -previa a la tesis- de una «especialización en Derecho Constitucional y Ciencia Política en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales del Ministerio de la Presidencia en España y la Universidad Menéndez Pelayo». Dicha especialización serviría para cubrir las exigencias de formación recogidas en la Ley del Tribunal Supremo para formar parte del organismo. Sin embargo, un portavoz de esta universidad explicó a EL MUNDO que Gladys Gutiérrez «no ha sido nunca alumna de la Universidad Menéndez Pelayo» y su nombre ni siquiera aparece en la base de datos de los alumnos que pasaron por el centro.
En este sentido, confirmó que en la UIMP se cursa un Máster de Derecho Constitucional, no una especialización, en colaboración con el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Hace unos años, su nombre era Máster en Derecho Constitucional y Ciencia Política.
EL MUNDO se puso en contacto también con el centro de estudios en cuestión para confirmar que esta institución imparte cursos de postgrado que respondan al nombre «especialización en Derecho Constitucional y Ciencia Política». Fuentes oficiales del centro explicaron que no imparten cursos de especialización. Es más, precisaron que la única formación que ofrece, sin contar el patrocinio de la UIMP, son «seminarios y cursos pequeños» a través de los cuales no se consiguen títulos de postgrado, sino certificados que se canjean por puntos para conseguir el nivel de postgrado.
Aprobación de la tesis
Gladys María Gutiérrez Alvarado, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela y defensora a ultranza del chavismo, se doctoró en la Universidad de Zaragoza en el año 2012. La noticia ha saltado a la luz pública al darse a conocer que algunos de los profesores integrantes del tribunal ante el que leyó su tesis han sido, después, miembros de Podemos, como Juan Carlos Monedero y el propio director del trabajo, Francisco Palacios, reseñó HERALDO.
En ese momento, no pertenecían al partido (se creó en 2014) pero sí que formaban parte del CEPS (Centro de Estudios Políticos y Sociales), una fundación compuesta por muchos profesores de izquierdas que se convirtieron en el germen de Podemos.
El director de la tesis, Francisco Palacios Romeo, es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Zaragoza y se pronuncia afín a esta formación: se presentó a las primarias en Aragón pero no logró suficientes votos. Palacios explicó a HERALDO que cuando comenzó a dirigir la investigación de Gladys Gutiérrez, ella ya había cursado los cursos de doctorado y obtenido en la Complutense de Madrid el Diploma de Estudios Avanzados (DEA), imprescindible para iniciar una tesis.
El tribunal estuvo compuesto por el secretario de la Universidad, Andrés García Inda; tres profesores y un presidente, Manuel Ramírez Jiménez, catedrático de Derecho Constitucional y profesor emérito de la Universidad de Zaragoza (fallecido en 2015). No estaba vinculado a Podemos.
Palacios explica que se invitó a Juan Carlos Monedero como experto en la temática. Además, estaban él, en calidad de director de la tesis, y dos profesores especializados: José Asensi Sabater (Universidad de Alicante) y José María Pérez Collados (Universidad de Gerona).
Siempre, en las lecturas de tesis, el departamento al que corresponde (en este caso, Derecho Público) propone a una serie de expertos que deben ser ratificados por la Comisión de Doctorado de la Universidad. «Y es cierto que se suele elegir a profesores expertos en el tema y afines al enfoque. Esto es así, en esta tesis y en todas», concreta Palacios, que también ha dirigido la tesis de la esposa de un miembro de la oposición venezolana y se doctoró con él Lorenzo Abadía Escario, actual militante de Ciudadanos.
Según explica Francisco Marco, director de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Zaragoza (creada en 2012), no cabe «la menor duda» de que los miembros del tribunal elegidos por la Comisión de Doctorado cumplían con «los requisitos de idoneidad académica y científica exigibles» para evaluar la tesis.
Marco comenta que lo habitual es que anualmente se presenten unas 300 tesis en la Universidad de Zaragoza. «Si una tesis ha sido defendida y aprobada, desde luego se entiende que es porque se ha cumplido escrupulosamente todo el procedimiento», subraya.
La doctoranda, magistrada de profesión, empezó estos estudios siendo embajadora y cónsul general de Venezuela en España entre 2003 y 2005. Consiguió también el diploma del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales que depende del Ministerio de la Presidencia y cuya misión es analizar la realidad jurídica y sociopolítica mundial, prestando especial atención al Derecho español y las instituciones iberoamericanas.
«Cuando terminó su cargo, ella tenía el deseo de seguir investigando. Nos conocíamos, como a otras personas expertas en este tema», explica Palacios. «Me eligió porque yo había estudiado el proceso constituyente de 1999, y paralelamente el proceso ecuatoriano de 2008; en definitiva los nuevos modelos latinoamericanos». El trabajo, que recibió un sobresaliente cum laude, se titula: ‘El nuevo paradigma constitucional latinoamericano. Dogmática social extensa y nueva geometría del poder. Especial mención a la Constitución de Venezuela (1999)’. La ficha de la tesis puede consultarse en el programa Teseo, en la web oficial del Ministerio.
Gladys hizo la tesis desde su país y mantuvo el contacto por correo electrónico y teléfono. Además, la presidenta del Alto Tribunal venezolano también visitó España varias veces porque conserva amigos y su marido es español. Por su parte, Palacios fue asesor, por ejemplo, de la Asamblea Constituyente de Ecuador.