La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó los artífices del fraude electoral de Nicolás Maduro perpetrados el pasado 28 de julio del presente año 2024. De este modo, las sanciones recaen sobre 16 funcionarios del régimen que “obstruyeron la realización de un proceso electoral presidencial competitivo e inclusivo en Venezuela y violaron los derechos civiles y humanos del pueblo”.
La Orden Ejecutiva 13692 del gobierno de EE. UU. incluye a miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que, alineados con Maduro, “impidieron un proceso electoral transparente y la publicación de resultados electorales precisos”. La medida incluye también a “funcionarios militares, de inteligencia y del gobierno responsables de intensificar la represión mediante la intimidación, las detenciones indiscriminadas y la censura”.
“Hoy, Estados Unidos está tomando medidas decisivas contra Maduro y sus representantes por su represión del pueblo venezolano y la negación de los derechos de sus ciudadanos a una elección libre y justa”, dijo el subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo quien agregó que las sanciones recaen sobre “funcionarios clave involucrados en las fraudulentas e ilegítimas afirmaciones de victoria de Maduro y su brutal represión de la libertad de expresión después de las elecciones, mientras la abrumadora mayoría de los venezolanos piden un cambio”.
Paralelamente, el Departamento de Estado impuso nuevas restricciones de visas estos funcionarios del régimen de Maduro, quienes socavaron las elecciones venezolanas y son responsables de actos de represión. La medida afecta a casi 2000 personas “por su papel en el debilitamiento de la democracia, la corrupción significativa y las violaciones de los derechos humanos”.
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Los funcionarios del régimen de Maduro sancionados
Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez fue sancionada por certificar el fraude electoral de Maduro.
La Orden Ejecutiva 13692 contempla el “Bloqueo de la propiedad y suspensión de la entrada de ciertas personas que contribuyen a la situación en Venezuela”, con sus modificaciones, por ser funcionarios actuales o anteriores del gobierno de Venezuela.
Estos son los funcionarios sancionados:
Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta, juez TSJ alineado con Maduro desde 2014, miembro de la Sala Constitucional. Anteriormente fue magistrado de la Sala Político-Administrativa. Apoyó la decisión de la Sala Electoral de revisar y certificar el fraude electoral del CNE que proclamó ganador a Maduro. Participó en la revisión técnica pericial del TSJ en el CNE y se involucró en la citación de candidatos presidenciales y líderes de partidos políticos al TSJ como parte del proceso de revisión electoral respaldado por Maduro.
Malaquias Gil Rodríguez, juez que se desempeña como presidente de la Sala Político-Administrativa del TSJ desde 2022. Anteriormente, fue vicepresidente de la Sala Electoral del TSJ. Es miembro del poder judicial desde 2010. Obstruyó la democracia al descalificar la candidatura presidencial de María Corina Machado.
Juan Carlos Hidalgo Pandares, juez que se desempeña como vicepresidente de la Sala Político-Administrativa del TSJ desde 2022. Anteriormente, fue general de la Guardia Nacional Bolivariana y fiscal general de las Fuerzas Armadas. Obstruyó la democracia al descalificar la candidatura presidencial de MCM.
Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez, presidenta del TSJ alineado con Maduro desde enero de 2024. Igualmente preside Sala Electoral. Certificó la afirmación infundada de Maduro de que había ganado las elecciones a pesar de las acusaciones bien fundadas de fraude electoral generalizado en las elecciones de julio.
Fanny Beatriz Márquez Cordero, vicepresidenta del TSJ y miembro de la Sala Electoral que fue parte de los funcionarios de la Cámara Electoral que supervisaron el proceso de valoración técnica del material probatorio presentado por el CNE, las organizaciones políticas y los excandidatos que participan en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Certificó la afirmación infundada de Maduro de su victoria.
Edward Miguel Briceño Cisneros, juez especial del Tribunal Primero de Primera Instancia alineado con Maduro con jurisdicción sobre terrorismo. Emitió una orden de captura contra Edmundo González Urrutia menos de una hora después de que el Ministerio Público la solicitara por los cargos de los delitos de usurpación de funciones, instigación a la desobediencia a las leyes, conspiración, sabotaje para dañar sistemas y asociación con miembros de la oposición a quienes Maduro considera criminales.
Luis Ernesto Duenez Reyes, fiscal de la fiscalía general de la República, alineada con Maduro. Emitió la solicitud oficial de la orden de captura contra Edmundo González, que luego fue emitida por Briceño Cisneros.
Rosalba Gil Pacheco, rectora del CNE quien desde 2023 preside la Comisión de Registro Civil y Electoral. Obstruyó la democracia al instituir una nueva regla restrictiva para la elegibilidad de los observadores electorales, instituir irregularidades en el registro electoral y retrasar intencionalmente los procesos en los centros de votación. Además, declaró a Maduro como ganador sin publicar los resultados a nivel de distrito y sin realizar las auditorías requeridas del sistema de votación electrónica.
Antonio José Meneses Rodríguez, secretario general del CNE desde agosto de 2023, quien instituyó una nueva norma restrictiva para la elegibilidad de los observadores electorales, introduciendo irregularidades en el registro electoral y retrasando intencionalmente los procesos en los centros de votación. Antes de servir en el CNE, también firmó el documento de la Contraloría que confirma la inhabilitación de María Corina Machado.
Dinorah Yoselin Bustamante Puerta, fiscal que se desempeña en el Juzgado Primero Especial de Primera Instancia de Venezuela, una oficina dentro de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) alineada con Maduro. Obstruyó la democracia y el estado de derecho al iniciar procesos penales con motivaciones políticas, que resultaron en la detención arbitraria de miembros de la AN de 2015 reconocida por EE. UU. y de otros funcionarios opuestos a Maduro.
Pedro José Infante Aparicio, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional alineada con Maduro. Presidió la Comisión Especial de Investigación y Procesamiento de Partidos de Oposición y Representantes de la Legislatura 2016-2021 por el Despojo y Robo de CITGO como parte de la campaña “Furia Bolivariana” lanzada en enero de 2024 contra la oposición democrática.
Domingo Antonio Hernández Larez, Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) desde julio de 2021. Anteriormente fue comandante de la Región Estratégica de la Capital de Defensa Integral (REDI Capital). Fue denunciado por un defensor de derechos humanos en 2019 como represor de parte de Maduro. Realizó actos de represión contra los venezolanos, incluyendo detenciones arbitrarias y amenazas a quienes participan en protestas pacíficas.
Elio Ramon Estrada Paredes, Comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) desde julio de 2023. Lidera la Dirección Antiterrorista de la GNB que realiza labores de inteligencia para detectar y capturar a los implicados en presuntos planes desestabilizadores y otros delitos. Dirigió el acoso a venezolanos bajo sospecha de apoyar materialmente a MCM en la campaña electoral. Lideró a la GNB en el arresto de miles de manifestantes pacíficos a favor de la democracia después de las elecciones del 28 de julio.
Johan Alexander Hernández Larez, comandante de REDI Capital de la GNB. Fue general de división de la Zona de Defensa Integral en el estado Miranda comúnmente conocida como ZODI Estado Miranda.
Asdrúbal José Brito Hernández, director de Investigaciones Criminales de la DGCIM. Fue director de contrainteligencia del destacamento presidencial. Es identificado como torturador en informes de las Naciones Unidas. La DGCIM lideró una campaña coordinada de “Operación Tun Tun” para acosar, detener y arrestar arbitrariamente a miembros de la oposición y de la sociedad civil después de las elecciones.
Miguel Antonio Muñoz Palacios, subdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), desde 2021. Este organismo ha llevado a cabo arrestos y detenciones por motivos políticos de líderes de la oposición, voluntarios, trabajadores electorales y testigos electorales. Muñoz integra el Grupo Pitbull de Venezuela formado por personal del SEBIN, cuya tarea es hacer el “trabajo sucio” y sin parámetros legales. El Grupo Pitbull es responsable de secuestros y asesinatos.
Consecuencias de las sanciones
La imposición de sanciones por parte del gobierno de Estados implica:
Bloqueo de todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas descritas anteriormente que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses.
Bloqueo de todas las entidades que sean propiedad, directa o indirectamente, individual o en conjunto, en un 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas.
Prohibición de las transacciones de personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o intereses en bienes de personas designadas o bloqueadas de otra manera.
Prohibición a las personas de causar o conspirar para causar que ciudadanos estadounidenses violen, consciente o inconscientemente, las sanciones de Estados Unidos, así como participar en conductas que evadan las sanciones de Estados Unidos.
Las instituciones financieras y otras personas que participan en determinadas transacciones o actividades con las entidades y personas sancionadas se exponen a sanciones o ser objeto de una medida coercitiva.
Prohibición de la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, para o en beneficio de cualquier persona designada, o la recepción de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de cualquier persona designada.
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Tomado de EE. UU. sancionó a los artífices del fraude electoral de Nicolás Maduro