Estados Unidos ejecutó el bloqueo petrolero contra el régimen de Nicolás Maduro al incautar en aguas internacionales el buque Centuries, cargado con crudo venezolano sancionado. La operación marca una escalada real en la interdicción marítima, apunta a la flota sombra que evade sanciones de la OFAC y redefine el pulso geopolítico entre Washington y Caracas.
La madrugada del 20 de diciembre de 2025 marcó un punto de quiebre en el pulso entre Washington y Caracas. En aguas internacionales frente a la costa venezolana, fuerzas de la Guardia Costera de Estados Unidos abordaron e incautaron el petrolero Centuries, un Very Large Crude Carrier que transportaba crudo venezolano sancionado. No fue una operación rutinaria ni un gesto simbólico. Fue una acción ejecutiva, respaldada legalmente, con implicaciones geopolíticas inmediatas y un mensaje inequívoco: la era de la impunidad logística para el petróleo de Nicolás Maduro se está cerrando.
El Centuries (IMO 9206310), con bandera de Panamá, pertenece a Centuries Shipping Ltd., con sede en Hong Kong, y opera bajo la gerencia ISM de Vectis Maritime Management Ltd. Su historial revela un patrón reiterado de violaciones a las sanciones estadounidenses: múltiples cargas de crudo y fuel oil desde Venezuela bajo restricciones de la OFAC, cambios de bandera —Grecia y Liberia en los últimos cinco años— y, más recientemente, el uso de señales AIS falsificadas para simular operaciones en otras áreas del Caribe. A inicios de diciembre, el buque cargó cerca de dos millones de barriles de crudo Merey en el Terminal José, un movimiento que lo colocó directamente en la mira de las autoridades estadounidenses.
La operación fue confirmada por el Departamento de Seguridad Nacional y documentada por medios internacionales como Reuters y BBC, que detallaron el abordaje con apoyo de imágenes infrarrojas y material desclasificado. Se trata de la segunda incautación en el mes: el 10 de diciembre, otro petrolero —el Skipper— fue interceptado bajo circunstancias similares, también cargado con crudo venezolano sancionado. El patrón es claro: Washington está ejecutando una política de interdicción activa contra lo que denomina la “flota sombra” que sostiene financieramente al régimen chavista.
La base legal de esta escalada descansa en el andamiaje de sanciones impuesto desde 2019 al sector petrolero venezolano. La administración de Donald Trump invocó la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) y órdenes ejecutivas específicas contra Venezuela para justificar la intercepción en aguas internacionales. El argumento es directo: el crudo transportado es “sancionado” y su comercialización alimenta redes ilícitas que incluyen esquemas de evasión con actores en Asia, particularmente vinculados a intermediarios chinos, y conexiones históricas con Irán. En palabras oficiales, cortar esa logística es cortar el oxígeno financiero de un régimen acusado de financiar actividades criminales y desestabilizadoras.
Desde Caracas, la reacción fue inmediata y previsible. El gobierno de Nicolás Maduro calificó la acción como “piratería” y advirtió que “no quedará impune”. Sin embargo, más allá de la retórica, hasta ahora no se han materializado respuestas concretas. En el abanico de escenarios evaluados por analistas figuran protestas diplomáticas ante organismos multilaterales, intentos de judicialización internacional, un aumento simbólico de patrullaje naval y la intensificación de alianzas con Moscú, Pekín o Teherán para blindar futuros envíos. También se contempla el uso interno del incidente como herramienta de movilización política, apelando a la narrativa de agresión externa para desviar la atención de la crisis económica.
El factor iraní, recurrente en la evasión de sanciones, vuelve a aparecer en el trasfondo. No existe evidencia pública de asistencia directa de Irán a Maduro para responder específicamente a esta incautación, pero el historial es conocido: flotas opacas, transferencia de know-how en manipulación de AIS y cooperación logística para sortear bloqueos. La caída del Centuries golpea precisamente ese entramado iraní-venezolano, al demostrar que las tácticas de ocultamiento ya no garantizan inmunidad frente a una interdicción decidida.
Más allá del destino de los dos millones de barriles incautados, el mensaje estratégico es el verdadero núcleo de esta operación. Washington dejó claro que la aplicación de sanciones ya no se limita a comunicados y listas negras, sino que se traduce en acciones físicas sobre el terreno marítimo. Para los armadores, aseguradoras y traders que aún operan en la penumbra del petróleo venezolano, la señal es inequívoca: el riesgo ha escalado a un nivel operativo.
La incautación del Centuries no es un episodio aislado. Es la confirmación de que el conflicto energético con el régimen de Maduro ha entrado en una fase de ejecución, donde el derecho sancionatorio se combina con poder naval y voluntad política. En ese tablero, la pregunta ya no es si habrá más interdicciones, sino cuán profundo y sostenido será este nuevo bloqueo de facto sobre el petróleo venezolano.
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Tomado de EE. UU. ejecuta el bloqueo petrolero contra Maduro