La justicia federal de Estados Unidos ha dado un paso significativo en la ofensiva contra el crimen organizado transnacional al revelar una de las conspiraciones financieras más amplias y sofisticadas jamás atribuidas a una estructura criminal de origen venezolano. Un gran jurado federal en el Distrito de Nebraska imputó a 54 personas por su presunta participación en un esquema masivo de “ATM jackpotting”, una modalidad de ataque cibernético que permitió el robo de millones de dólares de cajeros automáticos en todo el país y cuyos beneficios, según la acusación, terminaron financiando actividades terroristas del Tren de Aragua (TdA).
Las imputaciones se dividen en dos grandes procesos penales. El primero, devuelto el 9 de diciembre de 2025, acusa a 22 individuos por delitos que van desde conspiración para brindar apoyo material a una organización terrorista, hasta fraude bancario, robo a instituciones financieras, delitos informáticos y lavado de dinero. El segundo, fechado el 21 de octubre de 2025, involucra a otros 32 acusados y acumula 56 cargos, incluidos múltiples conteos de fraude bancario, robo de bancos y daño a sistemas informáticos protegidos. De ser hallados culpables, algunos de los procesados enfrentarían penas que, en conjunto, podrían alcanzar hasta 335 años de prisión.
En el centro de la acusación aparece el Tren de Aragua, descrito por las autoridades estadounidenses no solo como una banda criminal, sino como una organización terrorista violenta con alcance hemisférico. Originado como una pandilla carcelaria en Venezuela a mediados de los años 2000, TdA habría evolucionado hasta convertirse en una red transnacional involucrada en narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, secuestro, extorsión y homicidios, sumando ahora el crimen financiero de alta tecnología como una nueva y lucrativa fuente de ingresos.
Uno de los nombres que más atención ha generado en la acusación es el de Jimena Romina Araya Navarro, señalada como líder del Tren de Aragua y figura conocida en el mundo del entretenimiento venezolano. Araya Navarro, previamente sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), fue imputada por apoyo material a TdA en relación directa con el esquema de jackpotting que afectó a numerosos cajeros automáticos en Nebraska y otros estados. Según OFAC, Araya Navarro habría ayudado en 2012 a facilitar la fuga de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, máximo jefe del Tren de Aragua, de la prisión de Tocorón en Venezuela. Fotografías públicas la muestran compartiendo en eventos sociales con el propio Niño Guerrero, un elemento que refuerza, según los fiscales, su rol dentro de la estructura criminal.
Las acusaciones describen con detalle el funcionamiento técnico del esquema. La conspiración desarrolló y desplegó una variante del malware Ploutus, diseñado para tomar control de los módulos de dispensación de efectivo de los cajeros automáticos. Equipos operativos viajaban en grupos, realizaban labores de reconocimiento, evaluaban medidas de seguridad y, una vez confirmada la ausencia de respuesta policial, abrían los cajeros para instalar el malware. En algunos casos reemplazaban discos duros completos; en otros, conectaban dispositivos externos como memorias USB para ejecutar el ataque. El software no solo forzaba la entrega de efectivo, sino que estaba programado para borrar rastros y engañar a los sistemas de detección, dificultando la identificación del sabotaje.
Las autoridades sostienen que los fondos obtenidos eran repartidos según cuotas preestablecidas y luego transferidos entre miembros y asociados para ocultar su origen ilícito. Parte del dinero, según la acusación, terminó en manos de líderes del Tren de Aragua para sostener operaciones criminales y actos de violencia. Entre los señalados figura también Aníbal Alexander Canelón Aguirre, alias “Prometheus”, identificado como el presunto ingeniero del malware, actualmente evaluado por las autoridades como ubicado en Venezuela y acusado de brindar apoyo material a TdA.
El alcance nacional del esquema quedó reflejado en mapas y registros de pérdidas que, hasta agosto de 2025, documentan ataques a cajeros automáticos en múltiples estados de la Unión. Para el Departamento de Justicia, este caso demuestra cómo organizaciones criminales extranjeras han logrado fusionar crimen tradicional con capacidades cibernéticas avanzadas, transformando ataques digitales en una amenaza directa a la seguridad económica y nacional de Estados Unidos.
“El mensaje es inequívoco: no importa el cartel, no importa la escala ni la ubicación”, afirmó Tysen Duva, alto funcionario de la División Criminal del Departamento de Justicia. En la misma línea, la fiscal federal del Distrito de Nebraska, Lesley A. Woods, subrayó que la investigación logró seguir el rastro del dinero “desde los cajeros automáticos en el corazón de Estados Unidos hasta sus raíces terroristas en Venezuela”, destacando la coordinación entre agencias federales, estatales y locales.
El FBI y Homeland Security Investigations coincidieron en describir al Tren de Aragua como una amenaza directa para las comunidades estadounidenses, capaz de adaptarse rápidamente a nuevas oportunidades criminales. Para las autoridades, la sofisticación del esquema de jackpotting confirma que TdA no actúa como una pandilla improvisada, sino como una empresa criminal estructurada, con especialistas técnicos, redes logísticas y mando transnacional.
La operación forma parte de la Homeland Security Task Force (HSTF), creada bajo la Orden Ejecutiva 14159, que impulsa un enfoque de “todo el gobierno” contra carteles, pandillas extranjeras y organizaciones criminales transnacionales. En este caso participaron, además del FBI y HSI, múltiples fiscalías federales, el Joint Task Force Vulcan —originalmente creado para combatir a MS-13 y ahora ampliado contra el Tren de Aragua— y oficinas del Departamento de Justicia dentro y fuera de Estados Unidos.
Aunque los acusados gozan de la presunción de inocencia hasta que se pruebe su culpabilidad en juicio, el caso marca un precedente relevante: por primera vez, una operación de cibercrimen financiero a gran escala es presentada formalmente por las autoridades estadounidenses como un mecanismo de financiamiento del terrorismo transnacional. Para el Tren de Aragua, y para otras organizaciones que observen el desenlace de este proceso, el mensaje es claro: el sistema judicial de Estados Unidos ha decidido perseguir no solo la violencia visible, sino también las arquitecturas digitales que la financian desde las sombras.