La doctrina de seguridad ciudadana del chavismo se caracteriza por la militarización sistemática de los organismos policiales y el control prácticamente absoluto sobre el orden civil. Esto discrepa por completo con los estándares internacionales en materia de orden público.
Así lo revelaron a Venezuela Política fuentes militares que por razones de seguridad mantenemos en la reserva, las cuales indicaron que los organismos policiales se encuentran bajo el control castrense.
Nuestros informantes advierten la gravedad del hecho de que la Guardia Nacional Bolivariana y los mandos militares hayan desplazado a las autoridades civiles y estatales. Asimismo, sostiene que el control absoluto de las ZODI diluye las responsabilidades individuales y facilita la evasión de justicia ante posibles abusos de fuerza.
Ante tales circunstancias, urge el retorno a la gestión civil, donde las policías locales recuperen su autonomía y los gobernadores asuman la dirección de la seguridad regional, así como de que las instituciones judiciales actúen como garantes independientes de los derechos humanos, en lugar de alinearse con el poder ejecutivo para garantizar impunidad.
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Doctrina de seguridad ciudadana del chavismo vs. doctrina mundial
La doctrina de seguridad ciudadana del régimen chavismo contrasta con la doctrina mundial, la cual propone un modelo de gestión civil y policial, donde la responsabilidad recae en gobernadores y autoridades policiales de carrera. La intervención militar se limita a situaciones excepcionales donde debe estar garantizada la rendición de cuentas.
El modelo vigente en Venezuela se caracteriza por una militarización absoluta del control operacional, donde la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y las Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI) desplazan a las autoridades civiles y policiales de carrera.
Nuestra fuente alerta de que esta estructura genera una evasión de responsabilidades individuales ante violaciones de derechos humanos, debido al uso de unidades mixtas y al alineamiento del sistema judicial para garantizar la impunidad.
Control militar
El sistema actual opera bajo una lógica de control militar invertida respecto a los estándares internacionales, donde la seguridad ciudadana y el orden público son gestionados como operaciones de defensa.
Así tenemos que en la estructura de mando y control operacional las ZODI ejercen un control absoluto, entretanto los gobernadores y alcaldes no asumen competencias ni responsabilidades, sino que delegan la seguridad totalmente al mando militar.
Del mismo modo, en todos los niveles —nacional, estadal y municipal—, la GNB asume el control operacional y mantiene la responsabilidad primaria en dispositivos de seguridad y restitución del orden público.
Por su parte, la Policía Nacional Bolivariana (PNB), las policías estadales y las municipales ven su autonomía limitada al tener que mantenerse bajo el control operacional de los mandos militares.
De acuerdo a nuestra fuente, el orden de actuación actual se distribuye de la siguiente manera:
ÁreaOrden de actuaciónObservación claveOrden público1. GNB 2. PNB 3. Policía Estadal 4. MiliciaEl recurso tiene poca experiencia legal y se maneja bajo órdenes de operaciones de la ZODI.Seguridad ciudadana1. GNB 2. PNB 3. Policía Estadal 4. MiliciaLas instituciones actúan de manera discrecional; los dispositivos son diseñados mayoritariamente por la ZODI.
Consecuencias de doctrina de seguridad ciudadana del chavismo
La implementación de la doctrina de seguridad ciudadana del chavismo vigente tiene consecuencias profundas en la administración de justicia y la formación profesional, advierte la fuente a Venezuela Política.
La primera alerta que refiere es el desplazamiento de la carrera policial en razón de que tanto la PNB como gran parte de las policías estadales y municipales están comandadas por militares activos o retirados, principalmente de la GNB).
Igualmente, el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MPPIJP) está bajo el mando de militares retirados que ocupan los viceministerios e institutos de capacitación, lo que garantiza un control absoluto sobre las designaciones de mandos policiales sin considerar la recomendación de autoridades locales.
En segundo término, se encuentra la evasión de responsabilidad, toda vez que el uso de unidades compuestas por diferentes cuerpos dificulta la determinación de responsabilidades individuales en casos de violación de derechos humanos.
Entretanto, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y los tribunales están alineados para asegurar la no imputación de funcionarios involucrados en excesos.
Subraya que existe una formación vaga en fundamentos legales y en el uso progresivo y diferenciado de la fuerza, especialmente en unidades como la Milicia.
Lo que dicta la doctrina mundial de seguridad ciudadana
La doctrina mundial en materia de seguridad ciudadana establece un marco de actuación donde la primacía es civil y la actuación militar es subsidiaria.
Bajo este esquema, los gobernadores y las secretarías de Seguridad Ciudadana son los responsables directos del orden público. Deben designar a los mandos policiales —con aval ministerial— y emitir órdenes documentadas, escritas y grabadas.
Las líneas de mando deben ser asumidas exclusivamente por funcionarios de carrera de las instituciones policiales, no por militares.
Bajo este modelo, la intervención se organiza para priorizar la proximidad y la especialización civil:
Nivel municipal: participación constante según dispositivos diseñados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Nivel estadal: la policía estadal asume el control inicial y la responsabilidad.
Nivel nacional: la policía nacional interviene solo si las capacidades estadales son rebasadas.
Apoyo militar (GN): las instituciones militares solo actúan en apoyo cuando la capacidad operativa policial es sobrepasada y previa orden ejecutiva nacional.
La transformación necesaria
La doctrina de seguridad ciudadana del chavismo como vemos revela una brecha significativa entre la práctica actual y los estándares internacionales de seguridad ciudadana, por lo que se impone una transformación integral que invierta el control de lo militar a lo civil.
Garantía de derechos: para asegurar el respeto a los derechos humanos, es imperativo que la estructura judicial actúe de forma independiente como garante del debido proceso, eliminando el alineamiento que protege la impunidad.
Fortalecimiento institucional: el Ministerio del Interior debe enfocarse en fortalecer los viceministerios y los institutos de investigación y control de actuaciones policiales —asuntos internos— bajo una lógica civil.
Transparencia operativa: es fundamental transitar de un modelo de órdenes discretas a un sistema donde la responsabilidad esté soportada por instrucciones claras y registradas, permitiendo establecer la responsabilidad individual en cada nivel de actuación.
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