Fue desestimada demanda de sindicalistas venezolanos contra opositores en el exilio por la juez Cecilia M. Altonaga, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida. La magistrada ordenó el cierre del caso en el que dichos sindicalistas y Miguel E. Otero acusaron por difamación a Orlando Viera-Blanco, Gustavo E. Lainette, José Vicente Carrasquero y otros opositores en el exilio.
Los demandantes presentaron la acción judicial señalando a los acusados de divulgar información confidencial, así como por desarrollar campañas difamatorias que tenían por objetivo intimidar y perjudicar a los demandantes.
Antes de la demanda, los demandantes habían buscado un arreglo amistoso con los demandados y otros que no figuran en la acusación, entre ellos Horacio Medina. Lo cierto, es que en el seno de la oposición habría igualmente una lucha de facciones.
La campaña difamatoria se habría desarrollado luego de que los demandantes entablaran una acción legal contra PDVSA Ad Hoc y CITGO, administradas en el extranjero a través del interinato. Esta demanda contra las estatales buscaba una compensación económica.
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El trasfondo del asunto
La campaña difamatoria de los demandados, presentaba a los demandantes como falsos opositores. Por ejemplo, John Doe 1 @douglasarrecho cuestionó las razones de la demanda contra la petrolera y sus filiales, pues supuestamente Iván Freites es un exintegrante del Polo Patriótico que solamente buscaba financiar su “sueño americano”, aprovechándose de los trabajadores de PDVSA.
A Miguel E. Otero es estas campañas se lo presenta solamente como alguien que busca retaliaciones contra Diosdado Cabello por su demanda contra El Nacional.
Esta no sería la única acción legal contra la oposición en el exilio, por cuanto en el Tribunal Federal del Distrito de Delaware, Iván Freites y otros también demandaron a Dinorah Figuera, a Gustavo Marcano y a Yon Goicoechea, por abuso de poder. Los acusados habrían intimidado, acosado y desacreditado a los trabajadores, al tiempo de divulgar información confidencial protegida por la corte.
Al respecto, Eladio Mata, secretario general del Sindicato de Obreros de la Alcaldía Metropolitana de Caracas, manifestó que “Es indignante que quienes dicen representar a Venezuela en el extranjero usen recursos públicos para financiar campañas de acoso y difamación contra trabajadores que solo exigen justicia. Esta moción no solo busca sancionar estos actos, sino también reivindicar los derechos de quienes hemos sido perseguidos por alzar la voz”.
La demanda
El 28 de octubre 2024, Iván Freites C., Guillermo Zarraga, Eladio Mata, Gustavo Rodríguez, José Villasana, Juan Martínez, Carlos Márquez, Jesús Carrillo, Miguel E. Otero y José Alejandro Rodríguez, presentaron ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, una demanda contra Orlando Viera-Blanco, Gustavo E. Lainette, José V. Carrasquero, John Doe 1 @douglasarrecho, John Doe 2 @lucioquincioc, John Doe 3 @turgelles, John Doe 4 Leaker, John Doe 5 @zuricht94, John Doe 6 @bea_libertad y John Doe 7 @canadiensedeVzl.
Los primeros acusaron a los segundos por violación de la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO), violación de la Privacidad, violación del Estatuto Federal de Fraude Electrónico, violación de la Ley de Decencia en las Comunicaciones (CDA), Conspiración para Violar los Derechos Civiles, Difamación de Carácter y otras violaciones a las Leyes Federales y Estatales. Solicitaron un juicio con jurado.
Acusan los demandantes que los demandados llevaron a cabo esfuerzos coordinados para perjudicarlos en su lucha en beneficio de los trabajadores sindicalizados, así como por sus propios derechos en diferentes tribunales tanto en los Estados Unidos como en otros países y tribunales internacionales.
En específico, los demandantes señalan que los demandados produjeron y transmitieron de manera coordinada material difamatorio y perjudicial, violaron su privacidad, cometieron contra ellos difamación agravada coordinada, violando con ello leyes estatales y federales y causaron un daño irreparable en ellos y sus familias.
¿Quiénes demandan?
Iván R. Freites C., líder sindical venezolano y defensor de los derechos humanos; Guillermo Zarraga, igualmente sindicalista y defensor de los DD. HH. que sufrió prisión por motivos políticos en Venezuela y fue liberado a cambio de ciudadanos estadounidenses ejecutivos de CITGO; Eladio Mata, líder sindical y defensor de DD. HH., sobreviviente de un ataque de asesinato por parte de agentes de PDVSA en Venezuela cuando cumplía sus funciones del Sindicato de Obreros de la Alcaldía Metropolitana de Caracas.
Gustavo Rodríguez Mota, otro líder sindical que se vio obligado a huir a la fuerza de Venezuela por amenazas de muerte relacionadas con sus funciones en el Sindicato de Empleados de la Alcaldía Metropolitana de Caracas; José Villasana huyó de Venezuela por amenazas de muerte por su trabajo en el Sindicato de Trabajadores del Aluminio (SINTRALUM).
Juan Martínez y Carlos Márquez debieron huir de Venezuela por amenazas recibidas durante sus funciones en el Sindicato de Trabajadores de SINCOR Oriente-Anzoátegui (SINTRASINCORAN); Jesús Carrillo es un trabajador petrolero sindicalizado que fue víctima de abuso y perjuicio por parte de Petróleos de Venezuela S.A.
Miguel E. Otero es editor del periódico El Nacional, reconocido mundialmente y defensor de la libertad de prensa; Jorge Alejandro Rodríguez, es un empresario y defensor de los derechos de los trabajadores.
Los demandantes, algunos residen en el estado de Florida, estados Unidos y otros fuera de él.
Los demandados
Orlando Viera-Blanco, residente de Florida, habría difundido declaraciones en redes sociales, violatorias de la privacidad de los demandantes; también reveló su estatus migratorio e identidades en violación de las órdenes judiciales. Tal acción supuestamente para perjudicar la defensa y el litigio en curso en los tribunales federales mediante la difamación de los demandantes.
Gustavo Lainette supuestamente difundió a través de las redes sociales videos difamatorios contra los demandantes, presumiblemente producidos por él en combinación con otras personas desconocidas: De esta manera expuso a los demandantes a graves riesgos, incluidas amenazas a sus vidas y libertades, daños a la propiedad, daños físicos y psicológicos y la necesidad de esconderse debido a amenazas creíbles en Venezuela.
José Vicente Carrasquero supuestamente difundió declaraciones difamatorias a través de las redes sociales que violaban la privacidad de los demandantes; reveló su estado migratorio e identidades en violación de las órdenes judiciales; difundió videos difamatorios contra los demandantes; todo ello para dañar la reputación de los demandantes y la defensa y litigio en curso en los tribunales federales por difamación de los demandantes. Habría expuesto a estos a graves riesgos, incluso de muerte, que los llevó a esconderse por amenazas creíbles en Venezuela.
Los acusados, según la demanda, controlan controlaron o cooptaron a varias emisoras y entidades de redes sociales para ayudar en sus actividades ilegales. Esto incluye, distribución de correo electrónico y las bases de datos de instituciones de las que son miembros; entre otras, Ven America (Venezolanos y Americanos Inc.), corporación de Florida presidida por Viera-Blanco, y Resistencia Venezolana Corp., una corporación inactiva de Florida presidida por Lainette.
Entretanto, los John Doe 1, 2, 3, 5, 5 y 7, son responsables de la propagación de las publicaciones a través de X. La identificación de estos no ha sido establecida por los demandantes. John Doe 4 proporcionó información sellada a Viera-Blanco, Lainette y Carrasquero para que se difundiera, pero su identidad tampoco se ha determinado aún.
Los hechos
Según la demanda, Orlando Viera-Blanco publicó el 24 de mayo de 2024 en la red social X, reveló las identidades de los demandantes en el caso 1:23-CV-00989-JLH, a pesar de una orden judicial que sellaba dichas identidades. Lo habrían hecho con la intención de acosar a los demandantes y exponer sus vidas y libertad, llevándolos a tener que esconderse.
Publicación de Orlando Viera-Blanco en X sobre la demanda de los sindicalistas contra PDVSA ad hoc
La imprudencia de los demandados causó un daño irreparable a los demandantes y angustia emocional. Viera-Blanco habría actuado en combinación con José Vicente Carrasquero, para organizar y llevar a cabo estas actividades que pusieron en peligro procedimientos legales en los Estados Unidos que llevan a cabo los demandantes.
Gustavo Lainette se señalado de difundir en las redes sociales videos difamatorios y otro contenido que amplificaron el riesgo y los daños a los demandantes, pues tal difusión se hizo de manera maliciosa y con desprecio imprudente por la verdad.
Viera Blaco, Lainette y Carrasquero actuaron, según la demanda, para poner en peligro una serie de procedimientos legales en los Estados Unidos, encabezados por los demandantes. Carrasquero, especialista en campañas políticas, habría utilizado su conocimiento para desprestigiar a los demandantes y dirigió las acciones de dicho grupo criminal.
Sostiene la demanda que los acusados actuaron de manera coordinada con declaraciones difamatorias falsas, realizadas con malicia, para dañar la reputación de los demandantes, causarles angustia emocional, amenazas a su seguridad y otros daños.
Los cargos y reclamos
Los demandantes presentan varios cargos contra los demandados, a saber:
Violación de la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO
Violación del Estatuto Federal de Fraude Electrónico
Violación de la Ley de Decencia en las Comunicaciones (CDA)
Conspiración para violar los derechos civiles
Manipulación y represalias contra las víctimas
Acoso interestatal
Difamación (calumnia e injuria)
Inflicción intencional de angustia emocional (IIED)
Incumplimiento del deber fiduciario
Invasión de la privacidad (divulgación pública de hechos privados)
Negligencia
Los demandantes exigen una serie de reparaciones monetarias por parte de los acusados al alegar:
Angustia emocional y sufrimiento mental.
Daño a la reputación.
Pérdida de salario y capacidad de generación de ingresos:
Gastos médicos.
Gastos relacionados con la seguridad.
Pérdida pecuniaria.
Exigen pago por daños, medidas cautelares, protecciones a la privacidad, protección al acoso, retractación, pública, gastos, entre otras compensaciones.
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