Julio Herrera Velutini
Una nueva denuncia ante los reguladores federales de Estados Unidos coloca nuevamente en el centro de la controversia al banquero venezolano Julio Herrera Velutini, al señalarlo como presunto financiador encubierto de un súper comité político que respalda al presidente Donald Trump. Con información del Campaign Legal Center.
El Campaign Legal Center, un organismo especializado en supervisión del financiamiento electoral, presentó una queja formal de 16 páginas ante la Comisión Federal Electoral (FEC), en la que acusa a Herrera Velutini de utilizar a su hija, Isabela Herrera, como donante sustituta para canalizar un total de 3.5 millones de dólares al súper PAC MAGA Inc. entre diciembre de 2024 y julio de 2025.
De acuerdo con la denuncia, esta estructura habría permitido al banquero, quien es ciudadano extranjero, eludir las restricciones federales que prohíben las contribuciones extranjeras a campañas políticas estadounidenses y el uso de terceros como intermediarios para ocultar el origen real de los fondos.
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“La información disponible respalda la búsqueda de razones para creer que Julio Herrera Velutini hizo, y su hija Isabela Herrera permitió a sabiendas que se usara su nombre para hacer, contribuciones extranjeras prohibidas a nombre de otra persona por un total de $3.5 millones”, señala el documento presentado ante la FEC.
El cronograma de los hechos resulta particularmente sensible desde el punto de vista político y legal. Las donaciones atribuidas a Isabela Herrera se realizaron mientras su padre enfrentaba un proceso penal en Estados Unidos, y precedieron al indulto presidencial que Donald Trump otorgó a Herrera Velutini en enero de 2026, meses después de la última contribución registrada.
El banquero venezolano había sido investigado por fiscales federales en un caso de corrupción pública en Puerto Rico que inicialmente incluía acusaciones más graves relacionadas con financiamiento de campañas y acciones oficiales. Sin embargo, el caso derivó en un acuerdo mediante el cual Herrera Velutini se declaró culpable de un delito menor vinculado al financiamiento electoral, tras lo cual sus abogados solicitaron clemencia presidencial.
El indulto otorgado por Trump también benefició a otros acusados en ese mismo caso, incluida la exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, en una decisión que generó cuestionamientos sobre el uso del poder presidencial de clemencia en contextos vinculados a donaciones políticas.
La denuncia presentada ahora no acusa directamente al presidente Trump ni al súper PAC MAGA Inc. de irregularidades, pero solicita formalmente que la Comisión Federal Electoral investigue si Herrera Velutini fue el verdadero origen de los fondos y si se incurrió en contribuciones ilegales mediante el uso de testaferros o donantes sustitutos.
Aunque los súper PAC pueden recaudar cantidades ilimitadas de dinero, la legislación estadounidense exige la divulgación transparente de los donantes y prohíbe expresamente el financiamiento extranjero o el uso de intermediarios para ocultar la identidad del contribuyente real.
El Campaign Legal Center sostiene que la coincidencia temporal entre las donaciones, el proceso judicial y el posterior indulto presidencial plantea interrogantes que justifican una investigación exhaustiva por parte de los reguladores federales encargados de supervisar el financiamiento electoral.
Hasta el momento, ni Herrera Velutini ni sus representantes legales han respondido públicamente a la nueva denuncia. La Comisión Federal Electoral tampoco ha anunciado si abrirá una investigación formal, aunque el organismo tiene la facultad de imponer sanciones civiles en caso de determinar violaciones a las normas de financiamiento de campañas.
El caso vuelve a colocar a Herrera Velutini bajo escrutinio en Estados Unidos, en un momento en que el uso del poder de indulto presidencial y su posible intersección con la financiación política se encuentra bajo creciente atención pública y regulatoria.