Familiares de víctimas de ataques de la Operación Lanza del Sur en el Caribe demandaron a la campaña militar letal que resultó en el hundimiento de una embarcación civil el 14 de octubre de 2025, en la que murieron los ciudadanos trinitarios, Chad Joseph y Rishi Samaroo.
Los demandantes acusan que el referido ataque fue un asesinato premeditado ordenado desde los niveles más altos del gobierno y ejecutado por oficiales militares siguiendo una cadena de mando. Solicitan al tribunal una sentencia que otorgue daños compensatorios y punitivos, buscando justicia por actos descritos como una violación flagrante de los principios elementales de la humanidad.
Al día siguiente de presentada, el juez a quien había sido asignada la causa, Paul G. Levenson, determinó retirarse voluntariamente del caso invocando las normativas legales pertinentes sobre la imparcialidad judicial. Se desconocen las razones que llevaron al magistrado a tomar esta decisión.
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La demanda a la operación militar Lanza del Sur
El 27 de enero de 2026, Lenore Burnley, como madre de Chad Joseph, y en nombre de sus beneficiarios, y Sallycar Korasingh, como hermana de Rishi Samaroo, y en nombre de sus beneficiarios, presentaron una acción legal en la que demandan a la operación militar Lanza del Sur, desarrollada por Estados Unidos en el Caribe, a la que califican de letal al resultar en el hundimiento de una embarcación civil el 14 de octubre de 2025.
Refiere la demanda formulada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts que la acción legal que adelantan responde a la campaña militar sin precedentes de ataques con misiles contra pequeñas embarcaciones en el Caribe y el Océano Pacífico oriental, autorizada por la administración de Donald Trump.
Informa que el 14 de octubre de 2025, ocurrió un ataque con misiles, estadounidenses, el cual destruyó una embarcación que viajaba de Venezuela a Trinidad y mató a seis personas, entre ellos los ciudadanos trinitarios, Chad Joseph y Rishi Samaroo.
El ataque se contextualiza dentro de las operaciones que, desde el 2 de septiembre de 2025, EE. UU. realizó en 36 ataques contra embarcaciones en aguas internacionales y que ocasionaron un estimado de 125 muertes. Acusan que estos ataques se efectuaron sin autorización del Congreso de los Estados Unidos.
El gobierno de EE. UU. justifica los ataques con el alegato de la existencia de un conflicto armado no internacional contra carteles de la droga, basándose en un memorando secreto de la Oficina de Asesoría Jurídica (OLC). Los demandantes sostienen que no existe tal conflicto y que los ataques constituyen asesinatos extrajudiciales y crímenes de guerra.
Las familias de las víctimas buscan rendición de cuentas, daños pecuniarios, compensatorios y punitivos bajo la Ley de Muerte en Alta Mar (DOHSA) y el Estatuto de Agravios contra Extranjeros (ATS).
La campaña militar y el incidente del 14 de octubre
Indica la demanda que la campaña militar conocida como Operación » Lanza del Sur» consistió en ataques letales unilaterales contra botes pequeños y agrega que funcionarios de alto nivel, entre ellos el presidente, Donald J. Trump, así como el secretario de Guerra, Pete Hegseth, publicaron videos de estos ataques en redes sociales, en los celebraron el uso de fuerza cinética contra objetivos descritos como defensas mínimas.
El ataque que motiva esta acción legal ocurrió en aguas internacionales frente a la costa de Venezuela ocurrió el 14 de octubre de 2025, tal como se puede observar en un video de 33 segundos publicado por el presidente Trump, en el que se muestra una embarcación pequeña y completamente estacionaria en condiciones de poca luz. Precisa que el bote no emitía luz ni mostraba movimiento antes de ser impactado por una munición y consumirse en llamas.
Las víctimas identificadas de este incidente fueron Chad Joseph (26 años) y Rishi Samaroo (41 años). Ambos eran residentes de Las Cuevas, Trinidad, y se encontraban en Venezuela trabajando en granjas y pescando. Regresaban a sus hogares cuando fueron interceptados.
El ministro de Asuntos Exteriores de Trinidad y Tobago, Sean Sobers, confirmó que las coordenadas del ataque sitúan el incidente fuera de las aguas territoriales de su país.
VíctimaEdadContexto Familiar y ProfesionalÚltima ComunicaciónChad Joseph26Residente de Las Cuevas. Padre de tres hijos menores; sostén económico y guía parental.12 de octubre: Llamó a su esposa para avisar que regresaría en un bote en un par de días.Rishi Samaroo41Extrabajador de construcción y pescador. Apoyaba económicamente a sus padres ancianos y dos de sus tres hijos.12 de octubre: informó a su hermana que regresaba a Trinidad para cuidar a su madre enferma. Envió una foto usando un chaleco salvavidas.
Las demandantes, Lenore Burnley —madre de Chad Joseph— y Sallycar Korasingh —hermana de Rishi Samaroo—, actúan en representación de los herederos. Alegan la pérdida total de apoyo financiero, así como de la instrucción, guía y formación moral que los fallecidos proporcionaban a sus hijos y dependientes.
Alegatos del gobierno de EE. UU.
El gobierno de EE. UU. sostiene que los ataques son legales bajo las leyes de la guerra, basándose en un memorando secreto de la OLC que define la situación como un conflicto armado no internacional (NIAC) contra carteles de droga no especificados.
Se refuta en la demanda que el gobierno estadounidense no ha identificado a qué carteles pertenecían las víctimas ni ha presentado pruebas de que las embarcaciones transportaran drogas destinadas a EE. UU.
Se le adjudica al secretario de Estado, Marco Rubio, haber afirmado que las supuestas drogas se dirigían a Europa, no a EE. UU. Además, que el jefe de gabinete de la Casa Blanca admitió en diciembre de 2025 que el objetivo era presionar la renuncia de Nicolás Maduro, no combatir el narcotráfico.
La demanda argumenta que no se cumplen los criterios para un NIAC según los Convenios de Ginebra de 1949:
Ausencia de Violencia Armada Prolongada: el narcotráfico u organizaciones criminales no constituyen un «grupo armado organizado» con capacidad militar similar a fuerzas estatales bajo el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Marco de Derechos Humanos: al no existir un conflicto armado real, rige el derecho internacional de los derechos humanos, que prohíbe el uso de fuerza letal a menos que sea un último recurso ante una amenaza inminente de muerte o lesión grave.
Fundamentos jurídicos de la demanda
Los demandantes invocan varias leyes federales y normas internacionales para establecer la responsabilidad de los Estados Unidos:
Death on the High Seas Act (DOHSA), 46 U.S.C. § 30301: establece que cuando la muerte es causada por un acto ilícito en alta mar (más allá de 3 millas náuticas), los representantes personales pueden demandar por daños.
Alien Tort Statute (ATS), 28 U.S.C. § 1350: permite a ciudadanos extranjeros demandar en tribunales federales por agravios cometidos en violación de la ley de naciones. La prohibición de ejecuciones extrajudiciales es una norma universal y obligatoria.
Suits in Admiralty Act (SIAA), 46 U.S.C. § 30903: renuncia a la inmunidad soberana de los Estados Unidos en casos de derecho marítimo y almirantazgo.
Infracciones de los Convenios de Ginebra: la demanda alega que, incluso si existiera un conflicto armado, el asesinato intencional de civiles que no participan directamente en hostilidades constituye un crimen de guerra bajo el derecho federal (18 U.S.C. § 2441).
Orden de recusación del juez
El 28 de enero de 2026, el juez de Paz de los Estados Unidos, Paul G. Levenson, presentó una recusación formal de él mismo.
Levenson decidió retirarse del conocimiento de la causa con base en el estatuto federal 28 U.S.C. § 455, el cual exige que cualquier juez, magistrado o juez de paz de EE. UU. se descalifique en cualquier procedimiento donde su imparcialidad pueda ser cuestionada razonablemente, lo cual aplica en casos de sesgo personal, conflicto de intereses financieros, conocimiento previo o participación previa como abogado.
En la misma fecha el caso fue reasigna do al juez de distrito, Leo. T. Sorokin.
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