Tras su captura el pasado 3 de enero, ¿enfrentará el dictador venezolano la demanda de estadounidenses excautivos contra Maduro y el Cartel de los Soles que cursa en un tribunal de Florida, así como otros casos en los cuales se le acusa en diversos tribunales de EE. UU.?
Es prematuro para saberlo, pero seguramente los demandantes se activarán para que así sea. Por lo pronto, en esta entrega suministraremos los detalles de la demanda que Jerrel Kenemore, Edgar José Marval y Jason Saad, quienes estuvieron detenidos por casi dos años en Venezuela y fueron parte del grupo de diez estadounidenses liberados por el régimen de Maduro en diciembre de 2023.
La demanda judicial presentada ante un tribunal federal de Florida por los referidos ciudadanos y algunos de sus familiares, acusa a Nicolás Maduro, a miembros de su entorno, así como al Cartel de los Soles, PDVSA y la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP), de orquestar una operación de narcoterrorismo para financiar su control autoritario.
Los demandantes acusan el secuestro y tortura de que fueron objeto, así como el haber sido utilizados como piezas de intercambio político para lograr la liberación de Alex Saab, sostienen que las referidas entidades —Cartel de los Soles, PDVSA y CVP— facilitaron actividades criminales, entre ellas, el tráfico de cocaína y el lavado de dinero en los Estados Unidos.
Lea también: Conozca en detalle la acusación contra Nicolás Maduro en el Tribunal de Nueva York: narcoterrorismo y corrupción sistémica
La demanda de estadounidenses excautivos contra Maduro
La demanda fue presentada el 14 de agosto de 2025 ante Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida por Jerrel Kenemore, Edgar José Marval, Jason Saad, Rejeana Ann Tillery, Jerrell Lloyd Kenemore II, Tristan Alexander Lee Kenemore, Tina Rachel Porras, Lady Stephanie Schulman Morris y los menores identificados con las siglas SMS y MSM.
Dicha demanda invoca la Ley Antiterrorista y la ley RICO para responsabilizar a los demandados, a saber, Nicolás Maduro Moros, Vladimir Padrino López, Maikel José Moreno Pérez, Néstor Luis Reverol Torres, Tarek William Saab, Jorge Jesús Rodríguez Gómez, Delcy Eloina Rodríguez Gómez, Diosdado Cabello Rondón, Álex Nain Saab Moran, el cartel de los Soles, Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP), quienes son acusado por daños físicos y psicológicos profundos.
Los demandantes sostienen que los demandados ejecutaron una campaña de terrorismo, secuestro y tortura, al tiempo que operaron una empresa criminal transnacional financiada por el narcotráfico y el lavado de dinero. Procuran obtener reparación económica como víctimas, así como para sus familias, en razón de las tácticas de «diplomacia de rehenes» del régimen venezolano que los afectaron.
Puntos clave de la demanda
Los puntos clave de la demanda de estadounidenses excautivos contra Maduro y el Cartel de los Soles, son los siguientes:
Terrorismo a través de la toma de rehenes
La acusación precisa que el régimen de Maduro secuestró y torturó de manera sistemática a ciudadanos estadounidenses con el objetivo principal de utilizarlos como fichas de negociación para obtener concesiones del gobierno de EE. UU. Específicamente, se refieren a la liberación de Álex Nain Saab Moran, un operador financiero clave del régimen que esperaba juicio por lavado de dinero en Miami. Los demandantes permanecieron cautivos en condiciones inhumanas por períodos que van desde 123 hasta 643 días.
Apoyo material al terrorismo
Argumentan los demandantes que las acciones de Nicolás Maduro no fueron aisladas y que fueron posibles gracias a una red criminal que le proporcionó apoyo material. Esta red, que incluye a todos los demandados, presuntamente se financia a través de dos canales principales:
Narcoterrorismo: el Cartel de los Soles, descrito como una organización controlada por altos funcionarios del régimen, es acusado de «inundar Estados Unidos con cocaína» como un «arma» para desestabilizar la nación y generar miles de millones de dólares en ganancias ilícitas.
Corrupción y lavado de dinero: PDVSA y su filial CVP fueron supuestamente los principales vehículos para el lavado de activos provenientes del narcotráfico y de masivos esquemas de malversación de fondos, como estafas de control cambiario. Alegan que gran parte de esta actividad financiera ilícita se canalizó a través del sur de Florida.
Empresa criminal organizada (RICO)
La demanda enmarca a los demandados como una «asociación de facto» o empresa criminal bajo la Ley RICO. Se describe una estructura jerárquica donde el narcotráfico financia la lealtad política y militar, lo que a su vez consolida el poder autoritario de Nicolás Maduro y garantiza la impunidad para continuar con las operaciones criminales.
Base legal
La acción se fundamenta en violaciones de la Ley Federal Antiterrorista (ATA), la Ley Antiterrorista de Florida (Florida ATA) y la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Chantaje (RICO). Procura una compensación por daños triplicados debido a las lesiones físicas, psicológicas y económicas sufridas por los demandantes y sus familias.
Detalles de la demanda y los demandantes
La demanda detalla el profundo trauma físico, psicológico y financiero que sufrieron no solo los individuos secuestrados, sino también sus hijos, cónyuges y hermanos.
Las acusaciones centrales son por terrorismo de Estado y toma de rehenes, para lo cual se usó el secuestro como herramienta política. Se describe un patrón de conducta del régimen de Maduro que consiste en la detención arbitraria de ciudadanos estadounidenses para utilizarlos como «moneda de cambio». Se citan dos casos precedentes clave:
• Los «Narcosobrinos»: en octubre de 2022, EE. UU. liberó a dos sobrinos de la esposa de Maduro, condenados por conspirar para traficar cocaína, a cambio de la liberación de siete estadounidenses, incluidos cinco ejecutivos de CITGO.
• La detención de Álex Saab: sostienen que la captura y extradición a Miami de Álex Nain Saab Moran —»financiero y lavador de dinero para Nicolás Maduro»— desencadenó una «ola de secuestros» para presionar a Washington. El régimen consideraba a Saab una pieza fundamental con «conocimiento íntimo de sus turbios negocios», y su liberación era una prioridad para demostrar lealtad a sus subordinados.
El calvario de las víctimas
La Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) —policía secreta de Maduro— es identificada como la ejecutora de las detenciones y torturas. La demanda detalla las experiencias de cada demandante principal:
• Jerrel Kenemore (643 días de cautiverio): profesional de Texas, fue secuestrado por primera vez por un grupo armado en la frontera entre Colombia y Venezuela y posteriormente entregado a las autoridades venezolanas. La DGCIM lo acusó falsamente de «espionaje» y lo sometió a tortura psicológica o «blanca», caracterizada por aislamiento prolongado, negación de luz solar, exposición a gases tóxicos y privación de alimentos, agua y atención médica para su condición cardíaca. Testimonió haber presenciado la tortura de otros prisioneros con descargas eléctricas.
• Edgar Marval (123 días de cautiverio): un caso descrito como brutal, pues fue sometido a sádicas palizas que le rompieron la espalda, dejándolo con un dolor crónico. También fue torturado con descargas eléctricas, incluso en sus genitales. Los agentes de la DGCIM lo amenazaron constantemente con secuestrar a sus hijos y robaron los ahorros de su vida de sus cuentas bancarias en EE. UU. tras torturarlo para obtener sus contraseñas. Su esposa e hijos también fueron amenazados y hostigados.
• Jason Saad (560 días de cautiverio): trabajador del sector de la joyería y la construcción, fue secuestrado por agentes de la DGCIM que lo acusaron de «terrorista» y de conspirar para asesinar a Maduro. Fue atado en posiciones de estrés que le causaron desgarros en los tendones del brazo, se le negó atención médica para su hombro lesionado y sufrió infecciones dentales no tratadas.
El 20 de diciembre de 2023, los demandantes fueron liberados como parte de un intercambio en el que EE. UU. liberó a Álex Saab, un intercambio que se realizó en San Vicente y las Granadinas en el que Jorge Rodríguez estuvo presente. Para Maduro, el acuerdo fue visto como una «victoria necesaria para asegurar la lealtad continua e indivisa de sus subordinados».
La red criminal: apoyo material al terrorismo
La demanda alega que el terrorismo del régimen no podría sostenerse sin una vasta red criminal que le proporciona financiamiento y apoyo logístico.
El Cartel de los Soles, una organización de narcotráfico integrada por altos mandos militares y funcionarios del gobierno, no solo busca ganancias, sino que actúa con la «intención expresa de inundar los Estados Unidos con cocaína para socavar la salud y el bienestar de nuestra nación», utilizando las drogas «muy deliberadamente como un arma».
Nicolás Maduro es señalado como el líder del cartel, junto con los demandados Vladimir Padrino López, Néstor Reverol Torres y Diosdado Cabello Rondón.
Se estima que el cartel distribuye aproximadamente 450 toneladas de cocaína al año, lo que representa cerca del 25 % del mercado mundial. Las ganancias superan los USD 5 mil millones anuales.
La petrolera estatal PDVSA y su filial CVP son acusadas de ser el epicentro de la corrupción y el lavado de dinero del régimen, funcionando como un «lavador de dinero industrial masivo al servicio del narcotráfico».
Maduro consolidó su control sobre PDVSA nombrando a Carlos Erik Malpica Flores, sobrino de su esposa, como vicepresidente de Finanzas. Esta empresa presuntamente utiliza sus propios aviones para transportar cocaína para el Cartel de los Soles.
Igualmente, PDVSA canaliza miles de millones de dólares a través de «intercambios de petróleo», proyectos de infraestructura ficticios y complejas estructuras financieras extraterritoriales. Gran parte de este dinero se lava a través de bienes raíces y esquemas de inversión falsos en el sur de Florida.
La demanda detalla una operación en la que los cómplices del régimen malversaron USD 1.2 mil millones de PDVSA explotando la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el del mercado negro. La demanda afirma que 159 millones de euros de este esquema se destinaron a los hijastros de Maduro, conocidos como «Los Chamos».
Roles de los demandados
Veamos los roles de los principales demandados según las alegaciones del documento:
DemandadoCargo/afiliación claveAcusaciones principalesNicolás Maduro MorosLíder autoritario de VenezuelaOrquestar el secuestro y tortura de ciudadanos estadounidenses; liderar el Cartel de los Soles; usar el narcoterrorismo como arma contra EE. UU.; controlar PDVSA para corrupción y lavado de dinero.Cartel de los SolesOrganización de narcotráficoTraficar toneladas de cocaína a EE. UU.; generar miles de millones para el régimen; operar con la protección de altos funcionarios militares y del gobierno.PDVSA / CVPCompañía petrolera estatal y filialServir como vehículo principal para el lavado de dinero de narcotráfico y esquemas de corrupción; usar su infraestructura (aviones) para actividades ilícitas.Vladimir Padrino LópezMinistro de DefensaMiembro del círculo íntimo de Maduro; alto miembro del Cartel de los Soles; permitir el paso de narcotraficantes por el espacio aéreo venezolano a cambio de sobornos.Diosdado Cabello RondónMinistro del Interior, Justicia y PazLíder del Cartel de los Soles; acusado de narcoterrorismo; usar su posición para facilitar el narcotráfico, lavado de dinero y malversación de fondos.Alex Nain Saab MoranOperador financiero claveLavador de dinero para Maduro y el Cartel de los Soles; su detención en EE. UU. fue el catalizador para el secuestro de los demandantes.Néstor L. Reverol TorresExdirector de la agencia antidrogasAlto miembro del Cartel de los Soles; acusado de recibir sobornos de narcotraficantes para proteger sus operaciones.Jorge y Delcy RodríguezPresidente de la Asamblea Nacional y vicepresidentaParte del círculo íntimo de Maduro; sancionados por EE. UU. por ayudar a Maduro a mantener el poder y consolidar su régimen autoritario. Jorge Rodríguez supervisó el intercambio de prisioneros.Maikel José Moreno PérezJuez de la Corte SupremaSancionado por EE. UU. y acusado de aceptar sobornos para alterar fallos judiciales; parte de la estructura corrupta que garantiza la impunidad.
Vea en Sin Filtros “Maduro y Cilia en NY: No culpable, “prisionero de guerra” y Delcy interina”: