No se necesita ser un experto para percibir un patrón alarmante en Venezuela: el lavado de dinero ha florecido durante los años de la «revolución», transformándose en una herramienta que beneficia a las mafias globales y ataca directamente las economías de Estados Unidos y Europa.
La política cambiaria del régimen venezolano no es solo restrictiva; parece estar diseñada para obstaculizar intencionalmente el acceso legal a divisas, a pesar de la alta demanda de la sociedad. Aunque el país continúa vendiendo petróleo, oro y otros minerales, el rastro de esos ingresos en divisas se desvanece en la economía formal. Esta escasez fabricada empuja a ciudadanos y comerciantes honestos hacia mercados paralelos o «mercados negros», que, convenientemente, son los principales conductos para las operaciones de lavado de dinero de las organizaciones criminales.
Diosdado Cabello y la maquinaria del blanqueo
Es una «casualidad» reveladora que Diosdado Cabello Rondón, figura poderosa y ex ministro del Interior, aparentemente «desconozca» la rampante legitimación de capitales en Venezuela. Su designación de Freddy Bernal como gobernador del estado Táchira ha coincidido con una apertura descarada al cambio y las negociaciones de divisas en esa zona fronteriza, un epicentro tradicional de actividades ilícitas.
Mientras tanto, en la Asamblea Nacional, Pedro Carreño, señalado como miembro activo de este entramado, se erige como el defensor del régimen, denunciando a la Unión Europea. La complicidad parece extenderse hasta la cúpula legislativa, con Jorge Jesús Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, corresponsable de una política cambiaria que claramente favorece el lavado de dinero. Sus funciones legislativas, incluyendo la aprobación de leyes, la supervisión y el control de la política cambiaria, lo hacen partícipe activo de este esquema. Si la Unión Europea fuese coherente, cabría preguntarse por qué no sanciona a todos los diputados que, sin investigación alguna, respaldan las acciones de Rodríguez y Carreño.
El círculo vicioso de las divisas ilícitas
Grupos terroristas como el Tren de Aragua, narcotraficantes y mafias de trata de personas que operan en Estados Unidos y Europa generan millones de divisas en efectivo. Actividades ilícitas como la compra de drogas o pagos de extorsiones no se liquidan con cheques o transferencias bancarias. Este efectivo acumulado necesita regresar a sus dueños, principalmente en Colombia o Venezuela, para cubrir gastos operativos, adquisición de materia prima, logística y, por supuesto, comisiones para los funcionarios corruptos designados por el propio régimen para «permitir» esta actividad. En Venezuela, la meritocracia en los cargos públicos es una quimera; los puestos clave en la lucha contra el crimen son ocupados por personal de confianza, no por quienes tienen el interés o la capacidad de combatirlo.
El método de lavado de dinero más conocido es la compra-venta de divisas. Un ciudadano venezolano entrega bolívares honestos, fruto de su trabajo, y a cambio, las mafias depositan efectivo ilícito en cuentas extranjeras o entregan divisas a un tercero de confianza en Europa o Estados Unidos. Para facilitar esto, estas mafias utilizan cuentas bancarias nacionales (personales o jurídicas, propias o prestadas a cambio de comisiones) y mueven el dinero a su conveniencia, priorizando las zonas fronterizas donde el régimen, deliberadamente, promueve el uso y el intercambio de divisas. De esta forma, el dinero blanqueado regresa a los verdaderos capos.
Antes, los bolívares se retiraban en efectivo y se transportaban hasta Cúcuta, Colombia. Sin embargo, desde la designación de Freddy Bernal en Táchira por Diosdado Cabello, los intercambios se realizan abiertamente dentro del territorio venezolano, evidenciando una normalización y control interno del proceso de lavado. Otro método notorio surgió con los «cupos CADIVI»: venezolanos que viajaban al extranjero eran abordados por mafias que les ofrecían «raspar» sus tarjetas a cambio de efectivo. Así, el ciudadano entregaba dinero legal a través de su tarjeta, y las mafias les daban efectivo ilícito, retirando luego el dinero legal venezolano de las cuentas CADIVI en cajeros automáticos en Colombia.
El daño transnacional: más allá de las fronteras
Las autoridades venezolanas han concentrado sus esfuerzos en políticas que, paradójicamente, perjudican a Estados Unidos y Europa, a quienes tildan de «imperialismo». El régimen es consciente de que permitir el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas en el exterior causa un daño multifacético a esas sociedades:
Fortalecimiento del crimen organizado: Permite que las actividades delictivas se mantengan operativas y se fortalezcan, generando un ciclo vicioso de ilegalidad.
Corrupción institucional: Las mafias utilizan dinero ilícito para corromper instituciones y funcionarios en los países afectados, socavando el estado de derecho.
Inseguridad ciudadana: Las actividades ilícitas que generan este dinero se traducen directamente en un aumento de la inseguridad y la violencia en las poblaciones.
Distorsión del mercado financiero: El ingreso incontrolado de dinero ilícito distorsiona los precios y genera una competencia desleal, afectando a las empresas y negocios legítimos.
Inflación inmobiliaria: La inyección de capitales ilícitos en el sector inmobiliario infla los precios de viviendas y locales comerciales, haciendo que sean inalcanzables para la población honesta.
Para un ciudadano en Estados Unidos o Europa que ve cómo los precios de la vivienda, los locales comerciales, los bienes y servicios se disparan injustificadamente, es muy probable que esto sea un efecto directo del lavado de dinero que el régimen de Maduro promueve y permite, alimentando las asombrosas cifras que mueven las organizaciones criminales a nivel mundial.
Un Estado fallido al servicio del crimen
La ilegitimidad del gobierno de Maduro ha aislado a Venezuela de la comunidad policial y de inteligencia internacional. Este aislamiento no es un error; favorece directamente a las mafias, ya que la desconfianza en el uso de la información y la falta de colaboración en la lucha contra este flagelo son totales. La presencia de Diosdado Cabello en posiciones de poder, con su historial, socava cualquier coordinación policial. Los «inventos» de casos judiciales para detener opositores y el uso de la INTERPOL para persecuciones políticas son pruebas de una institucionalidad al servicio de intereses criminales.
Es innegable que la cúpula del régimen venezolano, junto con el alto mando militar y policial, están concertados para delinquir, ya sea con fines políticos (como el robo electoral) o económicos (evidenciado en los casos de corrupción descubiertos en el extranjero y las múltiples acusaciones de narcotráfico, ante las cuales ninguno se ha presentado voluntariamente en Estados Unidos para defenderse). Son siempre las mismas figuras rotándose los cargos, asegurando la continuidad de las operaciones ilícitas.
El debilitamiento y la politización premeditada de las instituciones y del sistema judicial en Venezuela son la base que permite la proliferación de estos delitos. Cuando un país es utilizado como refugio seguro para evadir la justicia internacional, nos encontramos ante un verdadero Estado Fallido.
¿Cómo justificar, entonces, la proliferación de tantos casinos en Venezuela, cuando la llegada de cruceros es nula, los vuelos son limitados y varios países han alertado sobre el riesgo de secuestro de sus ciudadanos para usarlos como «fichas de negociación»? Los casinos y los conciertos musicales son métodos probados y antiguos para el lavado de dinero a gran escala. La venta de vehículos a precios exorbitantes, que encuentran compradores dispuestos a justificarlos, es otro indicio de esta economía ilegal.
La política cambiaria del régimen de Maduro no es una falla económica; es una estrategia deliberada que convierte a Venezuela en un centro de lavado de dinero que impacta negativamente la seguridad y la estabilidad económica en Estados Unidos y Europa. La complicidad de altas figuras del gobierno en esta operación criminal plantea serias preguntas sobre la voluntad real de Venezuela de combatir el crimen organizado transnacional.
Tomado de Del Bolívar al crimen: El régimen venezolano y su red cambiaria de lavado en EE. UU. y Europa