El 7 de marzo de 2019, Venezuela se sumió en la oscuridad. Lo que se presuponía otro apagón más se fue prolongando: una hora, dos, cinco; un día, dos, tres… Entre acusaciones de sabotaje, el gobierno chavista se movió sigilosamente y recurrió a la colaboración de algunos amigos que se ha granjeado durante décadas. Entre ellos, un grupo de mexicanos. Lo que en un primer momento se planteó como un acercamiento para tratar de paliar las carencias energéticas de un sistema socavado durante décadas de corrupción y dinamitado durante el apagón, derivó con los meses en una red internacional con la que se ha tratado, y en muchas ocasiones conseguido, mover ingentes cantidades de petróleo, dinero y otros recursos, como oro, carbón y aluminio, bajo la apariencia de ayuda humanitaria, siempre evadiendo las sanciones impuestas por Estados Unidos. Una trama que involucra a decenas de personas y empresas, viaja por casi una treintena de países y mueve el dinero entre paraísos fiscales. Una investigación de EL PAÍS y Armando.info, a partir de un dossier con miles de documentos obtenidos sobre esa red, revela cómo se urdió la trama que ha permitido al chavismo evadir las sanciones de la principal potencia del planeta y que ha generado un negocio opaco pero multimillonario.
En abril de 2019, un mes después de que Venezuela se fundiera a negro, la vicepresidenta Delcy Rodríguez descolgó el teléfono y contactó a un grupo de empresarios mexicanos, duchos en el sector eléctrico. A priori, se trataba de ver cómo podían llevar a Venezuela unas plantas de electricidad para paliar los efectos de la crisis eléctrica. No obstante, desde el primer viaje que los empresarios realizaron a Caracas quedó claro que las intenciones por hacer negocios iban más allá de la adquisición de unos generadores. Varios miembros del gobierno de Venezuela y operadores de la cúpula chavista plantearon lo que se convertiría en el germen de una trama internacional para generar negocios que no dejaran rastro. EL PAÍS y Armando.info tienen en su poder miles de documentos que, junto a decenas de entrevistas, incluidas algunas con implicados que han pedido hablar bajo condición de anonimato por miedo a represalias, atestiguan cómo se creó y evolucionó esta opaca red. Una trama que intercambió, primero, petróleo por alimentos y camiones cisterna de agua potable, y luego, pasó a cobrar el dinero de las exportaciones petroleras a través de circuitos financieros ajenos al control de Estados Unidos. Todos los implicados tienen un nexo en común: Alex Saab, contratista del chavismo desde 2011 y supuesto testaferro de Nicolás Maduro, que espera en Cabo Verde su extradición para ser juzgado en Estados Unidos por lavado de dinero.
Alex Saab, junto a empresarios mexicanos, tejió una red de negocios para mover materias primas venezolanas y millones de dólares bajo la apariencia de ayuda humanitaria.
El origen de esta red se sitúa en las sanciones impuestas a Venezuela desde finales de 2014, principalmente por Washington, para presionar al gobierno de Maduro tratando de detener sus violaciones de derechos humanos, con Obama, y ya luego con Trump, forzando abiertamente un cambio político que nunca llegó. Hoy, con Joe Biden recién instalado en la Casa Blanca, las sanciones son moneda de cambio en una posible negociación entre la oposición y el heredero de Chávez para lograr una salida a la crisis del país.
Lo que en cualquier caso sí han conseguido estas presiones es menguar el margen de maniobra del chavismo para hacer negocios con muchas compañías por el temor de estas a ser golpeadas por el Departamento del Tesoro. Y en el centro de toda la presión ha estado PDVSA, la gran aportadora de divisas a Venezuela, el país con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, sancionada desde comienzos de 2019 por la administración Trump. Después de que la estatal petrolera alcanzó una situación en la que escaseaban las divisas, gastadas por el Gobierno en todo tipo de operaciones, el chavismo recurrió a transacciones comerciales en las que pudieran pagar con crudo en lugar de dinero.
Delcy Rodríguez Gómez fue clave para activar la conexión mexicana. Junto a su hermano Jorge, actual presidente de la Asamblea Nacional y varias veces ministro, conforman uno de los pilares del gobierno de Nicolás Maduro y una dupla cuyo poder les ha permitido desplazar a Diosdado Cabello como el oficioso número dos del chavismo. La excanciller y actual vicepresidenta preparó en abril de 2019 una serie de encuentros con funcionarios estatales y operadores cercanos a la cúpula chavista para un grupo de empresarios mexicanos, entre los que se encontraba el también político José Adolfo Murat, a quienes conocía de foros internacionales de organizaciones de izquierda como el de Biarritz. Con Simón Zerpa, entonces ministro de Economía -ahora venido a menos tras acusaciones de deslealtad-, se formuló la posibilidad de lograr un intercambio de crudo por camiones cisterna de agua potable y alimentos. Además, el ministro planteó a los mexicanos si era posible conseguir un puesto de consideración en Veracruz, el puerto principal de México desde el que empresas vinculadas a Alex Saab despacharon millones de alimentos de baja calidad y sobreprecios en las cajas CLAP para Venezuela entre 2016 y 2018, que les permitiría entrar y sacar cargamentos a gran escala.
En abril de 2019, tras el apagón que sufrió Venezuela, Delcy Rodríguez organizó encuentros entre funcionarios estatales y un grupo de empresarios mexicanos. Crédito: Yamil Lage de AFP.
La siguiente reunión de los mexicanos se produjo con Ricardo Morón y José Luis Sandoval -el primero, sancionado por Washington en julio de 2020, es un empresario próximo a Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente; el segundo, funcionario de PDVSA- , quienes pusieron sobre la mesa la necesidad de intercambiar petróleo por maíz blanco y trigo duro, a través de Colombia: el precio y el pago se cotizarían en oro. Otra de las personas con las que se reunieron fue Omar Abou Nassif, hermano de un empresario próximo a Delcy Rodríguez. Nassif planteó a los mexicanos la posibilidad de mover algunos alimentos, con transacciones que se realizarían a través de Hong Kong. Para ello, les aseguró, contaba con la colaboración de algunos proveedores en México. La afirmación de Nassif no era baladí: él también había participado en la trama de los CLAP desde 2016, precisamente con empresas registradas en Hong Kong. Entre 2016 y 2018, Alex Saab y su socio, el también colombiano Álvaro Pulido Vargas -cuyo nombre real era Germán Rubio, pero lo cambió tras ser involucrado en el año 2000 en una operación de narcotráfico vinculada al cártel de Bogotá- idearon una estructura de sociedades instrumentales en Hong Kong, Turquía y Emiratos Árabes Unidos, de la que se beneficiaron empresarios mexicanos, algunos de ellos, como se ha podido comprobar, vinculados con la nueva red que se comenzó a tejer en abril de 2019. La figura de Alex Saab aparece también en aquellos encuentros en Caracas: los empresarios mexicanos se reunieron con una de sus operadoras.
Esa serie de contactos fue cobrando forma al regreso a México. Entonces aparece en escena, según la reconstrucción hecha mediante esta investigación por EL PAÍS y Armando.info, Joaquín Leal, un empresario de 29 años, sancionado desde junio de 2020 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por sus negocios con Venezuela y que, por aquel entonces, trabajaba en Diversidad, la empresa del ya mencionado José Adolfo Murat, con quien empieza a desarrollar los negocios que les habían planteado.
En mayo de 2019, Murat vuela a Caracas con Leal. Los empresarios mexicanos se sientan de nuevo con Simón Zerpa. El objetivo es concretar las operaciones de las que hasta entonces solo se ha conversado. Aunque Zerpa propone a los mexicanos recibir pagos directos o en rublos o euros, la fórmula que se impone es la de intercambiar petróleo por alimentos y camiones cisterna de agua potable.
La fórmula seleccionada, que llevarían a cabo un mes más tarde pero sin Murat, solo con Leal, como contraparte, implicaba que la parte venezolana pediría a un tercer actor que apareciera haciendo a los mexicanos el pago de 70% como anticipo, finalmente en euros. En los dos contratos de la operación, que asciende a 200 millones de euros, no consta ningún número de cuenta del destinatario para realizar el pago. “Ante los organismos competentes” es la extraña fórmula utilizada en ambos casos, que también puntualiza que ese pago se podrá hacer “de forma fraccionada” y con la posibilidad de rescindir el contrato en 90 días. El 30% del pago restante, según los contratos, “será tramitado por el comprador por entes competentes de financiamiento”, sin que en ningún momento aclare a quién se refiere.
Tras la firma de los acuerdos comerciales, Leal buscó asesoría y se encargó de conseguir los camiones y coordinar el traslado de los alimentos desde México. También negoció con sus contactos venezolanos el precio del petróleo. En los correos electrónicos se presentaba como representante legal de Libre Abordo, la empresa con la que el Gobierno venezolano hizo el negocio. Después de cerrar el trato, la petrolera venezolana envió una serie de facturas a Libre Abordo “en atención” a Olga María Zepeda Esparza, directora y socia de la empresa -hoy también sancionada por Estados Unidos-, detallando el equivalente en barriles de petróleo y los millones de euros que la petrolera exigía como pago a la firma mexicana, al margen de los trueques por alimentos y productos en especie. Por ejemplo, en una factura del 19 de junio de 2020 por 32,9 millones de euros (el equivalente entonces a 36,3 millones de dólares) se lee que el destino del petróleo era el puerto de Singapur.
La operación de intercambio de petróleo por alimentos y camiones cisterna de agua fue el detonante para que, un año después, en junio de 2020, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionara a Libre Abordo, Joaquín Leal y Zepeda Esparza. Entonces, la Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF), dirigida por Santiago Nieto, inició una investigación para seguir el rastro del dinero. Los resultados, sin embargo, son ínfimos. Apenas el pasado 18 de mayo, la UIF presentó una denuncia ante la Fiscalía, a la que se ha tenido acceso para este reportaje, y pidió el aseguramiento de un centenar de cuentas de Libre Abordo, Leal, Zepeda Esparza y su madre Verónica Esparza, socia de la empresa.
El de aquella primavera fue el único viaje que Murat y Leal realizaron juntos a Caracas. Murat, consultado para este reportaje, asegura que dejó el negocio en manos de Leal al volver de Venezuela. Cuando Leal le dijo a Murat que los venezolanos insistían en incluir un intercambio de petróleo como parte del negocio, este le pidió que no siguiera adelante. «Le dije que había sanciones de Estados Unidos y que no podíamos meternos en ese lío», relata. De acuerdo a su versión, rompió con Leal meses más tarde ese mismo 2019, al percatarse de que, a pesar de las advertencias, había seguido con el negocio desde Libre Abordo.
Leal, por su parte, no quiso ofrecer su versión ni responder a las peticiones de entrevista para esta investigación.
También se solicitó su versión a la vicepresidenta venezolana, sin que se obtuviera respuesta al momento de cerrar esta nota.
Lo de ‘humanitario’ era solo una excusa
A partir de las operaciones por los camiones cisterna y el maíz, Leal, junto a Alex Saab, organizó desde México una red secreta al servicio del gobierno de Maduro para ayudar en la venta de petróleo venezolano al margen de las sanciones estadounidenses. Para intentar esconder el rastro del dinero, creó decenas de empresas y tejió una red de socios financieros en una treintena de países. La trama se conecta con entidades por todo el mundo, algunas offshore, en Suiza, Luxemburgo, Malta, Curazao, Reino Unido, Suecia, Noruega, Grecia, Estados Unidos, Singapur, Bangladesh, China, Malasia, México, entre otros países de Europa, Asia y América y paraísos fiscales como la Isla de Man y las Islas Vírgenes Británicas, por ejemplo.
El modus operandi que se ha podido reconstruir en esta investigación demuestra que la prestación de ayuda humanitaria era tan solo un pretexto. El lado mexicano embarcaba los productos en especie y PDVSA les pagaba con petróleo y logística para sacarlo del país en buques. Sin embargo, detrás de esta operación, se escondía otra más compleja que dejaba millones de ganancias para los involucrados a través de la reventa del crudo a precios por debajo del mercado, con dinero que eventualmente regresaba a PDVSA como pago por la mercancía. La petrolera de Venezuela terminaba cobrando las facturas que le emitía a Libre Abordo en cuentas de bancos rusos, como Gazprombank y Evrofinance Mosnarbank. Con ello lograban concretar las transacciones fuera del sistema bancario estadounidense y no involucrar a ciudadanos de ese país. Los documentos a los que ha accedido esta investigación dan cuenta de que los tratos con el petróleo se prolongaron entre noviembre de 2019 y mayo de 2020. En la inmensa mayoría de los casos se dejó de lado el trueque de alimentos y se vendió el petróleo directamente a los intermediarios mexicanos.
Después de que Libre Abordo pactaba la salida del petróleo de Venezuela, echaba mano a un grupo de intermediarias para continuar con la reventa de los barriles. Por lo general buscaba compradores del mismo consorcio envuelto en la trama o se dirigía a las refinerías localizadas en el extranjero. Por ejemplo, un cargamento entregado en Malasia a una empresa china fue revendido por Orin Energy, un holding que se dedica a las materias primas. El entramado de Leal y Libre Abordo tenía en Asia sus principales clientes. En las presentaciones corporativas, se lee que dos de los principales compradores del petróleo venezolano eran las chinas PetroChina y Sinopec. La mayoría de sus cargamentos también fueron enviados a Singapur y a Malasia, dos importantes centros de refinación mundial.
En una primera etapa, Libre Abordo buscó clientes y formas de colocar el petróleo en el mercado energético global. Cuando sancionó a la compañía mexicana en junio de 2020, el Departamento del Tesoro señaló que esta utilizó las mismas rutas internacionales, los mismos procesos de envío y los mismos clientes que en el pasado habían manejado dos filiales suizas de la petrolera Rosneft. El gigante ruso era uno de los principales socios de PDVSA, pero salió del negocio en febrero de 2020 tras ser sancionada por Washington por sus tratos con Venezuela. Leal y sus socios también se asesoraron con otros participantes en el esquema diseñado desde el Gobierno de Maduro, como Alessandro Bazzoni, un italiano con un largo historial de negocios con PDVSA, y Philipp Apikian, un suizo que también ha estado involucrado en la venta y envío de petróleo venezolano. Ambos fueron sancionados en enero de 2021 por la Casa Blanca al ser partícipes de la misma trama que ha movido millones de barriles de crudo venezolano por debajo del radar de las sanciones estadounidenses.
La trama de petróleo por alimentos
EE UU impuso desde 2014 restricciones económicas a Venezuela para asfixiar al Gobierno de Maduro
Las sanciones de Estados Unidos
EE UU cierra el mercado internacional de Petróleos de Venezuela (PDVSA). El país pierde su principal fuente de divisas.
El Gobierno venezolano
evade las sanciones
El Gobierno de Nicolás Maduro aprovecha las rutas de las petroleras rusas para seguir comerciando su crudo con otros países
Los pagos se realizan en euros o rublos para evitar a la banca estadounidense
Venezuela necesita nuevos socios
La empresa mexicana Libre Abordo pacta un intercambio de maíz y camiones cisterna de agua potable por petróleo de PDVSA
En una fase más avanzada, empresas comercializadoras mexicanas firman contratos en los que ofrecen a sacar el petróleo de Venezuela y revenderlo
Fuente: elaboración propia.
N. CATALÁN / EL PAÍS
La trama de petróleo por alimentos
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El Gobierno venezolano
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Los pagos se realizan en euros o rublos para evitar a la banca estadounidense
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En una fase más avanzada, empresas comercializadoras mexicanas firman contratos en los que ofrecen a sacar el petróleo de Venezuela y revenderlo
Fuente: elaboración propia.
N. CATALÁN / EL PAÍS
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El Gobierno venezolano evade las sanciones
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La empresa mexicana Libre Abordo pacta un intercambio de maíz y camiones cisterna de agua potable por petróleo de PDVSA
En una fase más avanzada, empresas comercializadoras mexicanas firman contratos en los que ofrecen a sacar el petróleo de Venezuela y revenderlo
Fuente: elaboración propia.
N. CATALÁN / EL PAÍS
La trama de petróleo por alimentos
EE UU impuso desde 2014 restricciones económicas a Venezuela para asfixiar al Gobierno de Maduro
Venezuela necesita
nuevos socios
Las sanciones de
Estados Unidos
El Gobierno venezolano
evade las sanciones
Los pagos se realizan en euros o rublos para evitar a la banca estadounidense
En una fase más avanzada, comercializadoras mexicanas firman contratos en los que ofrecen a sacar el petróleo de Venezuela y revenderlo
EE UU cierra el mercado internacional de Petróleos de Venezuela (PDVSA). El país pierde su principal fuente de divisas.
El Gobierno de Maduro aprovecha las rutas de las petroleras rusas para seguir comerciando su crudo con otros países
La empresa mexicana Libre Abordo pacta un intercambio de maíz y camiones cisterna de agua potable por petróleo de PDVSA
Fuente: elaboración propia.
N. CATALÁN / EL PAÍS
Las diversas redes operaban en 30 países a través de más de 50 empresas
Fuente: elaboración propia.
EL PAÍS
Las diversas redes operaban en 30 países a través de más de 50 empresas
Fuente: elaboración propia.
EL PAÍS
Las diversas redes operaban en 30 países a través de más de 50 empresas
Fuente: elaboración propia.
EL PAÍS
Protagonistas de la trama
Delcy
Rodríguez
Vicepresidenta
Nicolás
Maduro
Presidente
Tareck
El Aissami
Ministro del Petróleo
Corporación Venezolana
de Comercio Exterior
Álex Saab
Supuesto testaferro.
Negocio de los CLAP*
Programa
Petróleo por
alimentos
Verónica Esparza
(madre)
Olga Mª Zepeda Esparza
(hija)
Intermediarios
navieros
y financieros
MÁS DE 50 EMPRESAS
EN 30 PAÍSES
* Cajas de comida subsidiadas y distribuidas por los CLAP
(Comité Local de Abastecimiento y Producción)
Fuente: elaboración propia.
EL PAÍS
Protagonistas de la trama
Delcy
Rodríguez
Vicepresidenta
Nicolás
Maduro
Presidente
Tareck
El Aissami
Ministro del Petróleo
Corporación Venezolana
de Comercio Exterior
Álex Saab
Supuesto testaferro.
Negocio de los CLAP*
Programa
Petróleo por
alimentos
Verónica Esparza
(madre)
Olga Mª Zepeda Esparza
(hija)
Intermediarios
navieros
y financieros
MÁS DE 50 EMPRESAS
EN 30 PAÍSES
* Cajas de comida subsidiadas y distribuidas por los CLAP
(Comité Local de Abastecimiento y Producción)
Fuente: elaboración propia.
EL PAÍS
Protagonistas de la trama
Delcy
Rodríguez
Vicepresidenta
Nicolás
Maduro
Presidente
Tareck
El Aissami
Ministro del Petróleo
Corporación Venezolana
de Comercio Exterior
Álex Saab
Supuesto testaferro.
Negocio de los CLAP*
Programa
Petróleo por
alimentos
Verónica Esparza
(madre)
Olga Mª Zepeda Esparza
(hija)
Intermediarios navieros y financieros
MÁS DE 50 EMPRESAS EN 30 PAÍSES
* Cajas de comida subsidiadas y distribuidas por los CLAP
(Comité Local de Abastecimiento y Producción)
Fuente: elaboración propia.
EL PAÍS
Un viejo conocido de PDVSA
Uno de los principales intermediarios que utilizó Leal para revender el crudo fue Elemento, una empresa constituida por Bazzoni en Malta en marzo de 2015, con filiales en la isla caribeña de Curazao y el Reino Unido, y que previamente ya había comercializado petróleo venezolano en asociación con una firma estadounidense. Elemento, entre febrero y diciembre de 2019, movió al menos trece cargamentos de PDVSA. Tras los tratos con Leal, la firma de Bazzoni se hizo cargo de uno de los dos primeros cargamentos que Libre Abordo sacó de Venezuela. La mercancía revendida por Elemento fue entregada en Singapur a una empresa de Macao -exenclave portugués en China, ahora y hasta 2049 con un estatus de soberanía similar al de Hong Kong- en abril de 2020, casi un año después de que zarpara desde el país caribeño.
No era la primera vez que Elemento auxiliaba al gobierno de Maduro para sacar cientos de millones de barriles de petróleo de las costas del país sudamericano, según se desprende de los miles de documentos en poder de los dos medios y que forman parte de esta investigación. Para revender los cargamentos, Elemento echó mano de Swissoil Trading S.A, una empresa energética fundada en Suiza en 1998, que ha fungido como una revendedora de materias primas en Medio Oriente y Asia, y donde Apikian es el administrador único. Con la intención de replicar este esquema ideado por Elemento y disminuir las pérdidas y problemas legales de acudir a otros intermediarios para revender el crudo, el 11 de febrero de 2020 Leal fundó Cosmo Resources en Singapur. La idea, según un organigrama diseñado por el propio Leal, era compartir el consejo de administración de la firma con su socio Bazzoni para continuar con la comercialización de petróleo en Asia y otras partes del mundo.
A través de Cosmo, el empresario mexicano tanteó la idea de absorber a Libre Abordo y su filial Schlager Business Group, la encargada de dar apoyo administrativo a las operaciones de su empresa madre. El 16 de febrero de 2020, Leal escribió en un correo que estaba contemplando la posibilidad de que Cosmo comprara Libre Abordo. Un día después, Hugo Villaseñor, director financiero de Cosmo e íntimo de Leal, coordinó la apertura de una cuenta bancaria para la firma. En un correo enviado a un directivo de Alpha FX, un banco de Londres especialista en divisas que ofrece sus servicios a nivel internacional para “empresas e instituciones afectadas por la volatilidad de la moneda”, Villaseñor solicitaba la apertura de la cuenta, donde calculaba que el flujo mensual de dinero oscilaría entre 15 y 50 millones de euros. La apertura de la cuenta se hizo por recomendación de Richard Rothenberg, el director financiero de Elemento.
El papel de Cosmo es crucial para entender cómo se capitalizaban los intercambios de petróleo bajo la fachada de ayuda humanitaria. En la solicitud para la apertura de la cuenta, la compañía explicaba que obtenía sus principales ingresos de los pagos que le hacían PetroChina y las refinerías de Sinopec por los cargamentos de petróleo que salían de Venezuela. Otra de sus entradas provenía de los pagos que le realizaban otras intermediarias de materias primas, como Beaconsfield Commodities Trading, un consorcio de Bazzoni constituido en Suiza y con filiales en las Islas Caimán, Sudáfrica, Suiza y Suecia. En cambio, Cosmo tenía sus principales salidas de dinero en pagos realizados a Elemento y Libre Abordo, que se encargaban de sacar el petróleo de Venezuela. Uno de los planes del joven empresario mexicano era realizar los mismos negocios que había hecho con PDVSA con otras petroleras latinoamericanas, como Pemex, la colombiana Ecopetrol, y Petroecuador.
Mexicanos por rusos
La salida de Rosneft de Venezuela catapultó los negocios de Leal y sus socios. Con la salida del gigante ruso, uno de los principales socios de PDVSA, las cantidades de crudo a las que el entramado mexicano tuvo acceso se dispararon. Para abril de 2020, los empresarios mexicanos recibieron alrededor de 40% de las exportaciones de la petrolera venezolana, según el Departamento del Tesoro. Pero es verdad que, entre más despuntaban sus negocios, más se preocupaba Leal por la situación legal de los tratos que hacían sus empresas con Venezuela. En diciembre de 2019 se acercó al despacho estadounidense Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP para buscar asesoría. En marzo de 2020, cuando ya Leal estaba en la mira de Estados Unidos, un despacho mexicano también emitió su opinión legal sobre las posibles sanciones de las que podían ser sujetos el propio Leal y Libre Abordo.
Desde México, Leal estructuró diversos esquemas para concretar sus negocios con Venezuela y echó mano de ingeniería financiera para manejar sus activos intentando borrar la huella del dinero. La documentación en poder de EL PAÍS y Armando.info contiene miles de correo electrónicos que intercambiaron los miembros de la trama protagonizada por Leal: hay hojas de cálculo con el valor del crudo y los flujos mensuales que obtenían por comercializar los cargamentos, así como contratos de exportación, facturas de las operaciones de compra-venta y de servicios de asesoría financiera. También hay referencias bancarias, planes de negocio donde se exploraba la posibilidad de entrar al mercado del cobre y el aluminio, y una relación de pagos por los costos generales y administrativos de las diversas firmas de la red, como erogaciones por alquiler, servicios públicos y gastos de viajes internacionales.
Un documento con los ingresos registrados en 2019 por las compañías de Leal dibuja el espectacular ascenso que tuvo este grupo de empresarios que hasta ese año habían sido casi desconocidos. Cinco sociedades ligadas al joven empresario recaudaron solo ese año más de 107 millones de dólares, cuando aún no habían alcanzado el pico de los negocios con el petróleo venezolano. Los pagos más altos de la nómina en estas empresas estaban destinados a los sueldos de Leal, que se pagaba a sí mismo 750.000 pesos mexicanos al mes (algo más de 37.000 dólares), así como a su madre y hermana que cobraban medio millón de pesos (25.000 dólares). En el archivo que da cuenta de la contabilidad durante 2019 también viene el sueldo de la abuela, que ese año obtuvo ingresos por 30.000 pesos al mes (1.500 dólares).
EL PAÍS y Armando.info han podido comprobar que Leal y su entorno utilizaron al menos 50 empresas para esconder el rastro del dinero. Detrás de cada plan de negocio, había una compañía para ejecutar sus proyectos. En la mayoría Leal no aparecía como socio, sino como representante legal. Detrás de las firmas por lo regular estaban Verónica Esparza y su hija Olga María Zepeda Esparza, u otros miembros de su familia. En su amplio portafolio también llegó a crear estructuras en paraísos fiscales, donde la identidad de los socios no aparece abierta en los registros y donde es fácil ocultar altos flujos de dinero evadiendo el pago de impuestos. Una de ellas es JLJ Technologies LLC, constituida en Wyoming -un estado de la Unión que en la práctica sirve como un paraíso fiscal- el 20 de marzo de 2019, donde Leal quedó registrado como administrador único. Esta sociedad no tuvo una operación real, pero le permitió a Leal esconder el rastro de los socios que estaban detrás de sus firmas.
También creó Mystic Universe, una empresa en las Islas Vírgenes Británicas -el mayor paraíso fiscal del planeta por su volumen de negocios y número de firmas incorporadas- que tenía una sociedad espejo en Ontario, Canadá. Ambas sociedades fueron constituidas por Leal en mayo de 2019 en medio de sus primeros viajes a Caracas. Según las actas constitutivas revisadas, Leal poseía 90% de las acciones, mientras que su madre, María Teresa Alfaro, y su hermana, Carlota Jiménez, poseían 5% cada una. El 5 de agosto de 2019, Mystic empezó a funcionar como un holding de operaciones que absorbió el control de otras firmas vinculadas a Leal.
En una de las presentaciones elaboradas por el equipo de Leal se asegura que Mystic invertía en compañías de tecnología, energía y commodities en América y otros países fuera del continente. “El objetivo de Mystic Universe es cambiar al mundo, por lo que nos enfocamos en industrias fundamentales, energía, tecnología, commodities, finanzas y salud”, se resalta en el documento. En su antigua página web, Mystic decía que había invertido más de 300 millones de dólares. Pero todos los beneficiarios de las inversiones de Mystic eran otras empresas de Leal.
Mystic fue presentada en los medios de comunicación mexicanos como un fondo de inversión canadiense concentrado en proyectos de impacto social. En notas periodísticas publicadas entre agosto y septiembre de 2019, se anunciaba que la firma invertiría en Hábitos Luzy, la filial mexicana de Luzy Technologies, empresa que está incluida en la lista negra del Departamento del Tesoro desde junio de 2020. En los papeles, la compañía se especializa en brindar asesoramiento en salud y alimentación a través de una aplicación móvil, gestionar comedores industriales y revender materiales sanitarios.
Leal, que constantemente ideaba cómo reorganizar su amplio portafolio de compañías a través de fideicomisos, empresas fachada y testaferros, acudió el 16 de abril de 2020 a la banca de inversión de Morgan Stanley para explorar una salida a Bolsa para Mystic Universe. El director financiero de Mystic era José Luis Chávez Calva, quien fue coordinador general en la estatal Comisión Reguladora de Energía (septiembre de 2016-junio de 2017). Fue uno de los dos mencionados para dirigir la Comisión Federal de la Electricidad, la principal empresa gubernamental del sector. Para el cargo fue finalmente designado por el presidente López Obrador el político Manuel Bartlett, quien ha sido funcionario de gobierno en casi todas las administraciones desde la de Luis Echeverría (1970-76) hasta la actual.
Tomado de Del apagón de 2019 surgió la red en México para burlar las sanciones contra Maduro