Hacer grandes compras sin cumplir con procesos licitatorios ha incentivado hechos de corrupción de los que se han beneficiado funcionarios públicos, intermediarios y empresas proveedoras privadas.
La falta de mantenimiento de las instalaciones, la destrucción de los equipos gerenciales, la preponderancia de la ideología y la lealtad al modelo político, la opacidad, el aumento del gasto corriente, así como la ausencia de inversión y de un sistema de control independiente, son prácticas comunes en las EPE que han causado la destrucción de la competitividad y la caída de la producción de las empresas
Víctor Anzola / Transparencia Venezuela (Venezuela) – 10/05/2022
(18/11/2018) La severa crisis que padece Venezuela está íntimamente ligada al mal manejo y a la corrupción en las Empresas Propiedad del Estado (EPE), un conglomerado que creció vertiginosamente durante las presidencias de Hugo Chávez y Nicolás Maduro y en el que predominan rasgos propios del modelo cleptocrático, de acuerdo con la más reciente investigación de Transparencia Venezuela.
Desde 2016 la organización ha estado desentrañando la estructura empresarial del Estado como un aporte contra la opacidad y a favor de la gestión pública transparente. En la primera fase del estudio del 2017 se contabilizaron 526 empresas estatales. En esta segunda fase del 2018 llegó a 576 el número de empresas en las que el Estado es propietario absoluto o posee la mayoría accionaria.
El resumen ejecutivo de la segunda fase de la investigación destacó que de las 576 empresas del Estado que han sido identificadas, al menos 441 fueron creadas o adquiridas durante las gestiones de los presidentes Chávez y Maduro, por vía de expropiaciones, confiscaciones, nacionalizaciones y re-estatizaciones.
El estudio corroboró que las EPE han consumido ingentes cantidades de recursos por medio de asignaciones presupuestarias y créditos adicionales. Mientras que hasta 2003 estas empresas se quedaban con 1,1% del presupuesto ordinario de la Nación, para 2015 demandaron más de 8,6%. Convertido al tipo de cambio oficial preferencial, durante estos años las empresas recibieron más de US$ 500.000 millones. Eso sin contar recursos asignados vía fondos parafiscales.
Pese a las grandes sumas de dinero, al cuarto trimestre de 2018, de las 576 empresas estatales solo 467 están operativas, al menos por lo que se pudo comprobar.
Del universo de las EPE identificadas se puso especial atención sobre 160 pertenecientes a cuatro sectores que están directamente vinculados con la calidad de vida de los venezolanos: agroalimentario (42 empresas), minería y metalurgia (43), servicios públicos (40) e hidrocarburos (35).
Se investigó qué hacen las empresas, cuáles son sus objetivos, sus reglas internas o gobierno corporativo, resultados financieros y económicos, calidad del desempeño, así como los responsables de su gestión. También se indagó en las relaciones formales e informales entre estas empresas, el Estado y el gobierno (para medir su nivel de autonomía e independencia), y los casos de corrupción que han sido denunciados públicamente.
El estudio arrojó que la mayoría de esas EPE tiene resultados operativos negativos. No cubren las necesidades de los ciudadanos y no contribuyen con el pago de impuestos o regalías a la tesorería nacional. Por el contrario, de las 160 empresas analizadas en los cuatro sectores, 74,4% tiene denuncias públicas por corrupción o malas prácticas (mala gestión, caída de la producción, conflictos laborales).
De los sectores claves se estudiaron a profundidad 21 casos entre los que destacan la empresa socialista Pedro Camejo, Agropatria, Agrofanb, Corpoelec, Cantv, Hidroven, Pdvsa, Pequiven, Sidor, Ferrominera y Minerven. También se tomaron en cuenta grandes proyectos inconclusos como el Sistema Tuy IV y la represa Tocoma.
Una década de decadencia
La investigación también concluyó que el año clave en el declive de las empresas estatales fue 2008. La ola de expropiaciones iniciada poco antes por Hugo Chávez y la implantación del llamado Primer Plan Socialista, provocó que la mayoría de las empresas productoras de bienes y prestadoras de servicios comenzaran a colapsar. En 2018, una década después, ese deterioro compromete seriamente la vida de los venezolanos.
En 2008 se dieron las primeras evidencias de la crisis agroalimentaria como resultado del desacertado manejo de la economía, el uso discrecional de los recursos, la inseguridad jurídica y por la presencia cada vez mayor de empresas estatales en la agricultura y la agroindustria, reseñó el informe.
Ese mismo año la producción de acero líquido comenzó a mermar, justo después de la expropiación de Sidor y a propósito de la mala gestión en manos inexpertas. Como consecuencia, el país está desabastecido de cabillas y otros productos. La situación afecta a la industria petrolera, metalmecánica, de envases y de electrodomésticos.
También en 2008 el servicio eléctrico comenzó a presentar un déficit de energía eléctrica y hubo un incremento acelerado de interrupciones. Todo esto ocurrió un año después de la creación de la estatal Corpoelec, quien tiene el monopolio de todo el sector.
El informe agrega que la caída de la producción petrolera, de la que es directamente responsable Pdvsa, impacta a los subsectores gasíferos y petroquímicos y por tanto, la gestión de otras empresas estatales como Pdvsa Gas, S.A. y Pequiven.
La investigación de Transparencia Venezuela también enfatizó que la falta de mantenimiento de las instalaciones, la destrucción de los equipos gerenciales, la preponderancia de la ideología y la lealtad al modelo político, la opacidad, el aumento del gasto corriente, así como la ausencia de inversión y de un sistema de control independiente, son prácticas comunes en las EPE que han causado la destrucción de la competitividad y la caída de la producción de las empresas.
Siguiendo el modelo cleptocrático
Transparencia Venezuela alerta que en el país se ha venido conformando un sistema con rasgos cleptocráticos y las Empresas Propiedad del Estado no escapan a él. Se trata de un modelo de gobierno enfocado en el enriquecimiento de los propios directivos que ejercen el monopolio de las decisiones, los recursos y el poder, sin rendir cuentas y en el que prevalece un alto nivel de impunidad.
El estudio recoge que el modelo cleptocrático se ha potenciado en las EPE a través del uso de leyes habilitantes y de decretos de Emergencia firmados por los presidentes Chávez y Maduro. Los instrumentos han permitido hacer grandes compras sin cumplir con procesos licitatorios, lo que ha incentivado hechos de corrupción de los que se han beneficiado funcionarios públicos, intermediarios y empresas proveedoras privadas.
Destaca que el decreto de emergencia eléctrica, aprobado por el presidente Chávez en 2010, le permitió a Corpoelec, Pdvsa y al Ministerio de Energía Eléctrica adquirir equipamiento sin licitaciones. La investigación determinó que entre 1999 y 2014 se destinaron US$ 37.691 millones para 40 proyectos de compra de equipos y construcción de instalaciones, se descubrió un sobreprecio de US$ 23.033 millones.
En las EPE se detectó la falta de control y fiscalización, pues los dos últimos gobiernos convirtieron en una práctica común la designación de una misma persona como regulador y operador. Es decir, el árbitro es el mismo jugador. En el sector petrolero, por ejemplo, Rafael Ramírez y Eulogio Del Pino fungieron al mismo tiempo como ministros de Energía y Petróleo y presidentes de Pdvsa, en la actualidad es el general Manuel Quevedo quien cumple las dos funciones.
Otro rasgo de cleptocracia presente en las EPE es la opacidad y la discrecionalidad. La gran mayoría de las EPE no publica su presupuesto, estructura accionaria, estructura organizativa, sueldos y salarios de los empleados públicos, competencias del ente, planes estratégicos, planes operativos, normas que le rigen, contrataciones públicas, balance general y estados financieros.
Los ministerios a los cuales se encuentran adscritas las EPE dejaron de publicar desde el 2015 su informe anual de rendición de cuentas y la gestión de los recursos asignados a los entes ministeriales también se ha caracterizado por el incremento de la opacidad y discrecionalidad en la información pública que se hace llegar a la ciudadanía.
De las 576 EPE inventariadas solo se pudo comprobar el funcionamiento de 512 y en 342 de ellas no se logró identificar el presidente, los directores ni la Junta Directiva.
El estudio insiste en que las políticas de opacidad de las EPE y los ministerios a los cuales están adscritos son contrarias al derecho de toda persona de “acceder a documentos de cualquier naturaleza que contengan información cuyo conocimiento sea de interés para comunidades o grupos de personas”, conforme establece el artículo 28 de la Constitución, entre otros.
De los cuarteles a las empresas
En la estructura del Estado empresario también se evidenció la presencia de un sector voraz de las Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Las EPE de mayor importancia han estado dirigidas por un sector minoritario de la FANB politizado y caracterizado por su voracidad en la apropiación de los recursos públicos.
El estudio reveló que de las 576 empresas estatales 76 tienen a un militar como máxima autoridad. Las EPE en las que este sector ha estado más involucrado son las relacionadas con agroalimentación, hidrocarburos, servicio eléctrico, agua potable y saneamiento, minería y metalurgia, justo las que han manejado más recursos.
Otros rasgos cleptocráticos detectados en las EPE son: nepotismo y amiguismo; influencia extranjera; monopolio de las decisiones, los recursos y el poder; permisividad anárquica y presencia de mafias nacionales e internacionales; así como impunidad.
Información abierta al público
Como parte de la segunda fase de la investigación, Transparencia Venezuela fortaleció y actualizó el directorio en datos abiertos de las Empresas Propiedad del Estado, que está disponible en la página web www.vendata.org
En esta ocasión se aumentó la cantidad de información que se había recabado desde 2016 sobre cada empresa, entre ellas nacionales, internacionales y otras, propiedad de los gobiernos regionales.
Este año se asentó el cambio de adscripción de las empresas que pertenecían al Ministerio del Poder Popular para la Industrias Básicas, Estratégicas y Socialistas y al Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, al recién creado Ministerio del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional dirigido por Tareck El Aissami, y se registró el cambio de adscripción de las empresas hidrológicas y de servicios relacionados que pertenecían al Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo y Aguas, al nuevo Ministerio del Poder Popular de Atención de las Aguas.
En la segunda fase también se incluyeron cuatro nuevos campos: “Presencia de militares en la junta directiva”, “Militar como máxima autoridad”, “Presencia de mujeres en junta directiva” y “Mujer como máxima autoridad”.
Toda la información de la segunda fase del estudio Empresas Propiedad del Estado está disponible en www.transparencia.org.ve. Allí se podrán leer y descargar el resumen ejecutivo, los informes de los sectores investigados, los casos de estudio y las fichas de las empresas de cada sector.
Para Transparencia Venezuela, que ha luchado históricamente contra la corrupción y en favor de una gestión pública libre de opacidad, es un deber y un compromiso con el país y con los venezolanos, difundir los hallazgos de esta investigación y así reivindicar el derecho del ciudadano a tener acceso a la información sobre el desempeño y los resultados de todas las organizaciones estatales. La organización espera que esta investigación sea un aporte a favor de una gestión pública transparente y eficiente que contribuya a que los venezolanos logren una mejor calidad de vida.
Artículo publicado por Transparencia Venezuela el día 20/11/2018