Crisis de libertad religiosa en Venezuela, una afirmación que demuestra que el caos es generalizado y los tentáculos del chavismo abarcan todos los órdenes. Nada se escapa a la dictadura que en un poco más de un cuarto de siglo en el que se impuso en el país, impuso un entorno de control social y persecución política.
Así lo revela un informe denominado “Control social y autocensura: La situación de la libertad de religión o creencia en Venezuela”, correspondiente a marzo 2026 de Impulso 18, boletín de CSW Global, una organización que apoya y defiende la libertad religiosa con equipos en Bélgica, Malasia, México, Nigeria, Reino Unido y los Estados Unidos.
El reporte detalla cómo el Estado venezolano se vale de leyes ambiguas y vigilancia constante para silenciar a líderes espirituales que critican al gobierno o asisten a la oposición.
Refiere el informe que el régimen emplea una estrategia dual: discrimina y hostiga a las voces independientes mientras ofrece beneficios económicos y materiales a grupos que juran lealtad. Esta situación genera un clima de autocensura y miedo, donde las comunidades religiosas enfrentan detenciones arbitrarias y amenazas de grupos armados.
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Crisis de libertad religiosa en Venezuela: una amenaza sistémica
Pese a la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 parte de los Estados Unidos, el aparato de poder del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) se mantiene firmemente asentado en el país.
Refiere el informe “Control social y autocensura: La situación de la libertad de religión o creencia en Venezuela” de Impulso 18, que, bajo el liderazgo de figuras emblemáticas del chavismo como Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, Venezuela continúa operando sin un Estado de derecho funcional ni garantías para un juicio justo.
De ello no escapa la libertad de religión o creencia (LRC), la cual se encuentra bajo una amenaza sistemática, pues el Estado emplea una estrategia dual:
por un lado, cooptar a grupos religiosos mediante beneficios económicos y programas de infraestructura —como el «Bono del Buen Pastor»— a cambio de lealtad política;
por otro, reprimir ferozmente a líderes y comunidades que denuncian violaciones de derechos humanos o la crisis humanitaria.
Los mecanismos de control incluyen vigilancia constante por informantes, el uso de leyes ambiguas como la «Ley Contra el Odio» y la «Ley de ONG» para criminalizar la disidencia, y la complicidad con grupos armados ilegales que imponen «mandamientos» en zonas fronterizas y mineras.
Tal conjunto de actuaciones trae como resultado una cultura de impunidad y una autocensura generalizada entre el clero y los fieles.
El paisaje político post Maduro
Como ya se apuntó, la remoción de Nicolás Maduro del poder, la estructura del PSUV mantiene el control efectivo de la Asamblea Nacional y las fuerzas armadas.
El reporte refiere que la impunidad es la norma y ejemplifica la situación con lo afirmado por el Panel Internacional de Expertos de la OEA, el cual determinó que en más del 50 % de los casos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, el Estado no inició proceso alguno.
Además, en diciembre de 2025, Venezuela derogó el Estatuto de Roma, retirándose de la Corte Penal Internacional (CPI).
Armas legales contra la libertad religiosa
Sostiene el informe que el marco legal venezolano fue diseñado para facilitar la persecución bajo una apariencia de legalidad:
Ley / InstrumentoImpacto en la libertad religiosaCódigo Penal (Art. 210-212)Establece penas de arresto y expulsión para ministros de culto que «vilipendien» instituciones o leyes, lo que facilita la sanción de voces críticas.Ley contra el Odio (2017)Utilizada para acusar a líderes religiosos de «incitación al odio» por críticas que se interpretan como oposición al gobierno.Ley de ONG (nov. 2024)Prohíbe la financiación extranjera sin aprobación estatal y restringe la autonomía de organizaciones religiosas y sociales.Ley Simón Bolívar (2024)Criminaliza la «colaboración» con organizaciones extranjeras, lo que dificulta el reporte de violaciones de derechos humanos a organismos internacionales.Registro de cultosProceso intrusivo que exige el respaldo de «consejos comunales», a menudo alineados con el PSUV, para otorgar estatus legal.
Instrumentalización de la fe: cooptación y discriminación
En el informe queda claro que el régimen chavista sigue el modelo cubano de cultivar relaciones con grupos religiosos que apoyan públicamente al sistema a cambio de un trato preferencial. Un conjunto de programas de beneficios condicionados está dirigido a ello.
Bono del Buen Pastor: una asignación mensual de aproximadamente USD 2,60 en mayo de 2025, otorgada a pastores inscritos en el Sistema Patria y afiliados al Movimiento Cristiano Evangélico por Venezuela (MOCEV).
Mi iglesia bien equipada: forma parte de la «Misión Hermosa Venezuela», un programa que financia reparaciones de infraestructura y equipamiento. Hasta junio de 2024, benefició a 2815 iglesias protestantes y 750 católicas.
Impacto: los líderes religiosos perciben estos beneficios como «dones condicionales» que buscan comprar lealtad en un contexto de miseria extrema.
Entretanto, aquellos grupos que rechazan los incentivos o defienden la separación entre Iglesia y Estado, como el Consejo Evangélico de Venezuela (CEV), enfrentan obstáculos burocráticos y tácticas de presión.
El gobierno creó el Consejo Nacional Interreligioso (NIC) para contrarrestar al Foro Social Interreligioso de Venezuela (IRSFV), que agrupa a comunidades independientes y minorías.
Vigilancia y persecución de líderes religiosos
Un hecho de suma gravedad es, igualmente, revelado en el informe: la vigilancia constante —especialmente en barrios obreros y zonas de conflicto— por parte del SEBIN y grupos paramilitares, los cuales fotografían a los asistentes a misas y servicios.
Cardenal Baltazar Porras: en 2025, fue acusado de conspiración por el ministro Diosdado Cabello, quien lo calificó como «El Cuervo». Se le impidió oficiar misas en honor a José Gregorio Hernández y las autoridades migratorias confiscaron y anularon su pasaporte en diciembre de 2025.
Pastora Gricelia Solórzano Malpica: detenida en la DGCIM bajo cargos políticos disfrazados de delitos financieros —malversación—, tras ser acusada por el PSUV de la pérdida de elecciones internas en Apure.
Padre Elvis Cabarcas: detenido arbitrariamente por la Guardia Nacional Bolivariana en Zulia por el simple acto de rezar el rosario en una plaza pública.
La autocensura se convirtió en una medida de supervivencia. Los líderes evitan temas como los derechos humanos o la crisis económica en sus sermones por temor a informantes en sus congregaciones. En 2022, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) cerró cuatro emisoras de radio cristianas sin previo aviso.
Impacto de grupos armados e ilegales
El informe da cuenta de que en las regiones fronterizas —Apure, Táchira, Zulia— y en el Arco Minero del Orinoco —Bolívar—, los grupos armados ilegales —especialmente el ELN y facciones disidentes de las FARC-EP— ejercen un control de facto.
Imposición de «mandamientos»: el ELN obliga a los sacerdotes a notificar sus actividades pastorales y les prohíbe hablar sobre extorsión, secuestro o migración.
Violencia directa: en Mérida, en febrero 2021, hombres armados asaltaron el centro de rehabilitación «Restoration House», torturando a residentes y tallando cruces en sus espaldas como acto de odio religioso.
Control de la narrativa: en el estado de Bolívar, grupos criminales y sindicatos mineros vigilan las predicaciones para asegurar que no se denuncien los «asesinatos disciplinarios» o las desapariciones.
Vulnerabilidad de los pueblos indígenas
Un aparte del informe alerta de que la situación de los pueblos indígenas representa una intersección crítica de violencia ambiental y espiritual.
Etnocidio espiritual: la minería ilegal, protegida por grupos armados y sectores estatales (como la UEPAMO), destruyó sitios sagrados como el Cerro Autana en el estado Amazonas, así como tepuyes en el Parque Nacional Canaima en el estado Bolívar. La contaminación de ríos como el Kamarata impide la realización de rituales ancestrales.
Defensores en riesgo:
Obispo Johnny Reyes Sequera (Amazonas): recibió amenazas por denunciar la minería ilegal y la presencia guerrillera. El gobernador del estado lo calificó públicamente de «demonio».
Padre Josiah Asa K’Okal: encontrado muerto colgado de un árbol en enero de 2024, tras denunciar la trata de niños y la esterilización forzada de mujeres warao. Aunque las autoridades declararon suicidio, la sociedad civil exige una investigación independiente.
Recomendaciones críticas
Para abordar la erosión de la Libertad Religiosas y Creencias en Venezuela, se proponen las siguientes acciones prioritarias:
Al gobierno de Venezuela:
Enmendar la Constitución y códigos penales para proteger la LRC según estándares internacionales (Art. 18 de la DUDH y el PIDCP).
Eliminar el requisito de respaldo de consejos comunales para el registro de grupos religiosos.
Cesar el uso de la «Ley Contra el Odio» para criminalizar el discurso religioso crítico.
Garantizar el acceso de organizaciones religiosas —como Cáritas— a centros de detención y zonas de desastre.
A la comunidad internacional (EE. UU., Reino Unido, UE y ONU)
Estados Unidos: incluir a Venezuela en la Lista Especial de Vigilancia por violaciones a la libertad religiosa y designar al ELN como Entidad de Especial Preocupación.
Unión Europea: ampliar sanciones contra individuos responsables de la persecución de líderes religiosos y defensores de derechos humanos.
Naciones Unidas: instar a la ACNUDH a incluir vulnerabilidades específicas de LRC en sus informes y mantener el apoyo a la Misión de Investigación de Hechos (FFMV).
Supervisión: establecer puntos de referencia medibles para la protección de territorios indígenas y sitios sagrados frente a la minería ilegal.
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