La Corte del Distrito Sur de Nueva York notificó deficiencias en una solicitud para admitir a un abogado defensor en el caso penal que involucra al presidente venezolano Nicolás Maduro y a otros altos funcionarios y exjefes militares acusados de delitos relacionados con narcotráfico y conspiración. La Corte ordenó que la moción sea presentada nuevamente conforme a las normas procesales, subrayando el estricto cumplimiento de los requisitos legales en uno de los procesos más sensibles del sistema judicial estadounidense.
El proceso penal federal que se desarrolla en Nueva York contra Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Cilia Flores, Nicolás Maduro Guerra y otros altos mandos políticos, militares y criminales del régimen venezolano avanzó esta semana con una señal inequívoca desde la Corte y es que no hay margen para errores ni privilegios. Una solicitud para incorporar a un nuevo abogado defensor fue rechazada por incumplir requisitos básicos, un episodio técnico que expone la presión procesal que enfrentan los acusados y confirma que, en el Distrito Sur de Nueva York, el poder no compra indulgencia y la impunidad no tiene jurisdicción.
El aviso emitido por la Corte del Distrito Sur de Nueva York no altera el fondo de las acusaciones, pero sí revela el clima de control absoluto que rige este expediente. La notificación advierte que una moción para que el abogado Mark E. Donnelly compareciera pro hac vice fue declarada deficiente y ordenada a ser presentada nuevamente. La razón es clara y estrictamente procesal: el documento carecía de firma válida y no cumplía con los requisitos formales exigidos por las normas federales y las reglas locales del tribunal.
En términos jurídicos, la decisión es rutinaria. En términos políticos y estratégicos, no lo es. El caso 11 Cr. 205 (AKH) no es un proceso ordinario. Se trata de una causa federal que, desde hace más de una década, busca demostrar la existencia de una conspiración criminal transnacional que vincula a estructuras del Estado venezolano con el narcotráfico, el narcoterrorismo y organizaciones armadas con impacto directo en territorio estadounidense. Cada movimiento de las defensas es observado con lupa; cada omisión, incluso administrativa, tiene consecuencias.
La notificación de la Corte es explícita: la moción deberá ser re-presentada, debidamente firmada, con la correcta identificación de los acusados representados, la anexión de certificados de buena conducta profesional emitidos en los últimos 30 días, el pago de la tasa judicial correspondiente y la inclusión de una orden propuesta para la consideración del juez. Hasta que esos requisitos no se cumplan, el abogado no podrá intervenir formalmente en el expediente ni recibir notificaciones electrónicas del tribunal.
El listado de acusados mencionados en la notificación vuelve a dibujar el alcance del caso. Además de Maduro, Cabello, Flores y Maduro Guerra, aparecen nombres que durante años han sido señalados por agencias estadounidenses como piezas clave de redes criminales armadas y de narcotráfico, entre ellos Hugo Armando Carvajal-Barrios, Clíver Antonio Alcalá Cordones, Ramón Rodríguez Chacín y Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”. La amplitud del expediente confirma que la Fiscalía no persigue responsabilidades aisladas, sino la arquitectura completa de un modelo criminal sostenido desde el poder.
Desde el punto de vista práctico, el rechazo administrativo de la moción no detiene el juicio, pero sí limita la capacidad inmediata de defensa de los acusados involucrados. Mientras la solicitud no sea corregida y aprobada, el abogado no puede actuar en nombre de sus clientes ante la Corte. En procesos de esta magnitud, donde cada escrito cuenta y cada plazo es crítico, incluso un retraso técnico puede convertirse en una desventaja estratégica.
Para la Fiscalía, estos tropiezos refuerzan una lectura constante: las defensas enfrentan un expediente voluminoso, complejo y sostenido por años de investigación, cooperación internacional y trabajo de inteligencia. Para el tribunal, el mensaje es más sobrio pero más contundente: las reglas se cumplen sin excepción, sin importar el cargo que los acusados hayan ostentado, el poder que hayan ejercido o el temor que hayan sembrado fuera de Estados Unidos.
Tomado de Corte de Nueva York exige correcciones técnicas en la defensa de Maduro y otros acusados venezolanos