Los intentos del excongresista de Estados Unidos, David Rivera, por evadir las armas de la justicia han resultado infructuosos, toda vez que, por ejemplo, la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito ratificó la orden de restricción preventiva sobre una de sus propiedades en Florida, por estar considerada un activo vinculado a actividades de lavado de dinero.
David Rivera, quien enfrenta cargos por actuar como agente extranjero no registrado para Venezuela, intentó impugnar esta medida con el argumento de que se le había negado indebidamente una audiencia probatoria y de que los fondos ilícitos estaban mezclados con dinero legítimo.
No obstante, los jueces concluyeron que el gobierno presentó evidencia suficiente para establecer una causa probable sobre el origen delictivo de los fondos utilizados en la compra. De esta manera, la corte desestimó las quejas del acusado y mantuvo el embargo preventivo del inmueble hasta que se realice el juicio principal.
Lea también: Tramas de corrupción que implican a Delcy Rodríguez: el cerebro de la contratación de David Rivera para labores de cabildeo
Confirmación de orden de restricción sobre propiedad de David Rivera
decisión de en el caso Estados Unidos de América v. David Rivera emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida que dictó una orden de restricción cautelar sobre una propiedad inmueble de Rivera, vinculada a cargos de actividades políticas no autorizadas en nombre del gobierno venezolano.
El tribunal de apelaciones validó el estándar de «causa probable» para el decomiso de bienes, la aceptación de la metodología contable para rastrear fondos mezclados y la determinación de que un acusado procesado no tiene un derecho automático a una audiencia de evidencias previa a la restricción de activos.
David Rivera, quien enfrenta un proceso penal derivado de su presunta participación en actividades políticas no autorizadas dentro de los Estados Unidos actuando como agente del gobierno de Venezuela, está acusado en el Distrito Sur de Florida por:
Conspiración para cometer un delito contra los Estados Unidos.
Incumplimiento del registro como agente extranjero.
Conspiración para el lavado de dinero.
Cuatro cargos de transacciones con bienes derivados de actividades delictivas.
Cargos adicionales de presentación de declaraciones de impuestos falsas y evasión fiscal.
El objeto de la disputa
La propiedad en cuestión se localiza en 3663 S. Atlantic Ave., Unit 20C, New Smyrna Beach, Florida, la cual, inicialmente, fue identificada por el gobierno como «bien sustituto» —propiedad que puede ser decomisada si los activos directamente derivados del crimen no están disponibles—, pero tras una investigación más profunda, la fiscalía la reclasificó como sujeta a decomiso directo, bajo el alegato de que fue adquirida con fondos de origen ilícito.
El núcleo del litigio se centró en si la propiedad podía considerarse un activo vinculado directamente al delito o si debía tratarse como un activo sustituto, el cual, según la interpretación legal citada, no estaría sujeto a restricción previa al juicio bajo lo que dicta la ley.
El gobierno presentó una declaración del agente del IRS, Stephan George, quien utilizó la metodología FIFO —fijar el orden de salida de los fondos según el orden de entrada, o «primero en entrar, primero en salir»— para analizar los registros bancarios de David Rivera.
Se identificó un depósito de USD 15 000 y un pago adicional de USD 126 494 utilizados para la compra de la propiedad que eran trazables a los delitos imputados. El monto rastreado totalizó USD 141 494.
Argumento de la defensa de David Rivera
La defensa de David Rivera presentó el testimonio de Stanley Foodman, un contador forense, quien argumentó:
Es «imposible desde un punto de vista contable dividir los fondos contaminados de los no contaminados».
La metodología FIFO es un dispositivo «orientado a resultados» que ignora más de USD 200 000 de fondos lícitos que estaban en la cuenta al momento de la compra.
La propiedad debe considerarse un activo sustituto debido a la dificultad de individualizar los fondos en una cuenta mezclada.
Resolución judicial sobre trazabilidad
El tribunal de distrito, respaldado por la Corte de Apelaciones, concluyó que el estándar de causa probable no es elevado puesto que no requiere la resolución detallada de evidencia conflictiva que exigiría un estándar de «duda razonable» o de «preponderancia de la prueba».
La declaración del agente George fue suficiente para establecer una conexión necesaria entre los fondos y los delitos.
Derechos constitucionales y audiencia de evidencias
David Rivera apeló con el argumento de que la falta de una audiencia de evidencias para determinar la trazabilidad violaba sus derechos al debido proceso y a un gran jurado bajo la Quinta Enmienda.
La Corte de Apelaciones desestimó estos argumentos basándose en los siguientes puntos:
Aspecto jurídicoConclusión del tribunalAudiencia pre-restricciónLa ley (21 U.S.C. § 853(e)(1)(A)) no exige explícitamente una audiencia de evidencias para la restricción de activos tras una acusación formal.Estándar de revisiónDado que David Rivera no planteó formalmente la violación constitucional en el tribunal de distrito, la corte aplicó una revisión por «error evidente».Precedente judicialNo existe autoridad vinculante que obligue a una audiencia cuando el tribunal de distrito, en lugar del gran jurado, realiza la determinación de causa probable sobre trazabilidad.Naturaleza de la trazabilidadCitando a la Corte Suprema, el tribunal señaló que la trazabilidad es un «asunto técnico alejado de la competencia central de un gran jurado».
La Corte de Apelaciones confirmó la orden del tribunal de distrito, manteniendo la restricción sobre los activos.
La orden de preservación de activos es legítima siempre que exista causa probable de que la propiedad será declarada decomisable tras una condena.
El tribunal de distrito notó que las acciones iniciales del gobierno «apestaban a tácticas de juego» por no informar a tiempo sobre el carácter contaminado de los fondos, pero esto no invalidó la causa probable técnica establecida posteriormente.
Se autorizó a David Rivera a vender la propiedad, reteniendo el valor de la misma menos los USD 141 494 identificados como fondos contaminados.
El tribunal subrayó que Rivera recibirá una audiencia exhaustiva durante su juicio.
Vea en Sin Filtros “Golpe demoledor a Maduro: Fiscalía pide negar todas las peticiones”: