En diversas fiscalías y tribunales federales de los Estados Unidos se procesan 27 casos que dan cuenta de la repercusión de la corrupción chavista en el mundo, tal como lo revela un informe de Transparencia Venezuela que hemos venido dando a conocer desde una pasada entrega.
Se trata de los casos cuya información le fue posible recabar a la institución venezolana hasta 2019. Un hecho que evidencia que las consecuencias de la crisis de Venezuela van más allá de la migración desbordada y alcanzan a las economías y sociedades de los países a las que se extiende el flagelo de la corrupción emanada del sistema chavista desde hace 25 años.
En esta entrega daremos cuenta de los casos que Transparencia Venezuela logró recoger de publicaciones oficiales extranjeras y de reconocidos medios de comunicación.
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Contrabando de oro
El 20 de septiembre se conoció la detención de que dos venezolanos en el aeropuerto de Fort Lauderdale con un cargamento de oro valorado en USD 5 millones. El oro lo llevaban oculta en la nariz de una avioneta privada que llegó a Estados Unidos proveniente de Venezuela.
Victor Fossi Grieco piloto de la aeronave se declaró culpable en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida de conspiración para transportar oro. El otro hombre, Jean Carlos Sánchez, dijo que los 104 kilogramos de oro los compró a distintas fuentes en Venezuela y que viajó a Estados Unidos a venderlo.
Dos venezolanos con oro escondido en avión privado.
Lavado de dinero de experto en lavado de dinero
En el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida cursó el caso de Bruce Bagley, un profesor universitario y autor del libro “Tráfico de Drogas, Crimen Organizado y Violencia en las Américas”, señalado de la comisión de delitos de lavado de dinero.
El catedrático se declaró culpable de lavar más de USD 2 millones a través de cuentas bancarias que abrió para blanquear las ganancias de un esquema venezolano de soborno y corrupción en los Estados Unidos.
Profesor de estudios internacionales acusado de lavado de dinero.
Operación Money Flight
La Fiscalía de Florida acusó a 22 personas — exfuncionarios de PDVSA, banqueros y empresarios— entre ellos 5 venezolanos, que suscribieron contratos de financiamiento con la petrolera venezolana valiéndose del pago de sobornos a funcionarios.
El caso, que tiene lugar en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida, evidencia que PDVSA se endeudó en bolívares y pagó en dólares a tasa preferencial. Para la fecha de la suscripción del contrato la tasa oficial de cambio era 12 bolívares por dólar y el paralelo aproximadamente 182,23 bolívares por dólar.
Los acusados, mediante sofisticados esquemas de falsa inversión y bienes raíces realizados en Miami, legitimaban el dinero sucio de las operaciones. Se libró orden de decomiso sobre bienes envueltos en las negociaciones para resarcir los USD 190 248 100,10 que se estableció habían sido lavados. Esto solo representa 15,8 % de los USD 1200 millones envueltos en la operación.
Los negocios del Tuerto Andrade y Raúl Gorrín
El caso del extesorero venezolano, Alejandro Andrade, en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida, tuvo que ver con operaciones irregulares de cambio de divisas, realizadas al amparo del control de cambio establecido en Venezuela.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos explicó que Andrade se valió de su posición para llevar a cabo operaciones con una serie de casas de cambio para cambiar dólares por bolívares a tasas preferenciales y obtener grandes ganancias con el diferencial cambiario.
El esquema contempló la compra de dólares en las casas de cambio a precio preferencial, que luego era vendido en el mercado negro a tasas más altas. Andrade se declaró culpable de recibir más USD 1000 millones en sobornos de Raúl Gorrín y fue sentenciado a 10 años de prisión.
Andrade recibió sobornos por USD 1000 millones de Raúl Gorrín.
Los narcosobrinos de Cilia Flores
El caso de los denominados “narcosobrinos” fue explosivo, pues involucró a Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, sobrinos de la primera dama venezolana, Cilia Flores y de Nicolás Maduro. Estos hombres fueron condenados a pagar 18 años de prisión al ser declarados culpables en un juicio que se celebró en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York.
Fueron capturados en Haití cuando intentaban cobrar por un cargamento de 800 kilos de cocaína que ingresarían a Estados Unidos. Se trató de una operación encubierta de la DEA que permitió descubrir el manejo del poder de la familia presidencial para enriquecerse ilegalmente.
Los narcosobrinos se valían su relación familiar con Cilia Flores y Nicolás Maduro para llevar a cabo operaciones de narcotráfico usando recursos del estado venezolano.
Las casas inexistentes de Álex Saab y Álvaro Pulido
La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York acusó a los colombianos Álex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas, también conocido como “Germán Rubio”, de conspirar desde noviembre de 2011, para lavar dinero producto de un esquema de soborno ilegal, desde cuentas bancarias en Venezuela hacia cuentas bancarias en los Estados Unidos.
Saab y Pulido obtuvieron un contrato con el gobierno venezolano en noviembre de 2011 para construir viviendas de interés social. Por ello accedieron a los dólares a una tasa preferencial y presentaron documentos de importación falsos sobre bienes y materiales que nunca se importaron a Venezuela.
Los acusados sobornaron a funcionarios venezolanos para que aprobaran esos documentos y desde Miami, Álex Saab y Álvaro Pulido transfirieron alrededor de USD 350 millones relacionados con el plan a cuentas bancarias en el Distrito Sur de Florida. El dinero proveniente de Venezuela se movía a través de cuentas en EE. UU. a cuentas en el extranjero que poseían o controlaban.
Álex Saab y Álvaro Pulido fueron acusados de lavado de dinero en relación con un plan de sobornos en Venezuela.
Contratos chimbos de Corpoelec: conspiración Veroes-Chacín Haddad
Ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida fueron acusados el exministro de Energía Eléctrica y expresidente Corpoelec, Luis Alfredo Motta Domínguez y Eustiquio José Lugo Gómez, jefe adquisiciones de la referida corporación eléctrica venezolana, por la supuesta comisión de delitos de lavado de dinero.
Motta y Lugo fueron señalados de recibir sobornos para otorgar 11 contratos de Corpoelec a empresas ubicadas en EE. UU. propiedad de Jesús Ramón Veroes y Alberto Chacín Haddad entre 2016 y 2018. Las negociaciones totalizaron USD 60 millones. Las comisiones se lavaron a través de cuentas bancarias en Estados Unidos.
En medio de la gran crisis eléctrica venezolana compraron 500 transformadores que solo eran compatibles con los sistemas de Cuba y Nicaragua. Igualmente, se compraron 40 montacargas en Emiratos Árabes Unidos que vendieron a Corpolec con un sobreprecio de 300 %. Los empresarios admitieron su culpa y fueron a prisión, mientras que los militares venezolanos permanecen acusados.
Feria de contratos de Pdvsa Services Ltd
La Fiscalía Federal del Distrito de Texas acusó ante Tribunal Federal de Houston a 16 personas de un número total de 21 implicados en un esquema de corrupción y lavado de dinero para legitimar ganancias irregulares obtenidas por contratos de PDVSA y CITGO en Houston.
En el caso está involucrado el exviceministro de Desarrollo Eléctrico venezolano, Javier Alvarado Ochoa, señalado de lavado de dinero y por recibir sobornos a cambio del otorgamiento de contratos de energía, servicios y logística en dólares, así como obtener prioridad en los pagos.
Casas con sello iraní
En el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York cursó el caso de Ali Sadr Hashemi Nejad, acusado de evadir las sanciones económicas de EE. UU. contra Irán, defraudar a ese país, cometer lavado de dinero y fraude bancario. Fue arrestado y declarado culpable, pero al final todo dio un giro inesperado.
Hashemi Nejad canalizó ilegalmente, a través del sistema financiero de los Estados Unidos, más de USD 115 millones en pagos para un complejo de viviendas en el estado Zulia en beneficio de individuos y entidades iraníes.
El proyecto involucró a la empresa energética estatal venezolana Stratus Group, un conglomerado iraní controlado por Ali Sadr Hashemi Nejad y su familia, que construirían 7000 viviendas por USD 476 millones, por lo que cada unidad tenía un costo de USD 70 000. Hashemi Nejad ocultó el papel de Irán en el negocio, para evadir las sanciones de Estados Unidos.
Entre 2011 y 2013 se hicieron 15 pagos por USD 115 millones, los cuales fueron transferidos a otro banco offshore en las Islas Vírgenes Británicas. También, de las ganancias del negocio se destinaron USD 2 millones para comprar bienes inmuebles en California en febrero del 2012.
Pero un mal manejo del caso por parte de la fiscalía, convirtió a Ali Sadr Hashemi Nejad de acusado en acusador y el tribunal anuló el veredicto del jurado y desestimó los cargos en su contra.
Por manejos irregulares y las mentiras de la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York se perdió el caso contra Ali Sadr Hashemi Nejad.
Sobornos en el Bandes
Ernesto Lujan, Tomas Alberto Clarke y José Alejandro Hurtado, tres empleados de Broker-Dealer con sede en Miami, se declararon culpables en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), violar la Ley de Viajes y cometer lavado de dinero, así como de cargos sustantivos de estos delitos.
Los tres hombres participaron en un esquema de soborno ejecutado entre 2008 y 2012, bajo la dirección de una alta funcionario del Bandes, María de Los Ángeles González de Hernández. En ese tiempo, el Broker-Dealer generó más de USD 60 millones en comisiones por operaciones del banco estatal venezolano.
Fondo de pensiones de PDVSA
El Fondo de Pensiones de los extrabajadores de PDVSA fue usado en una estafa piramidal o esquema Ponzi que expuso a inversores extranjeros a pérdidas superiores a USD 200 millones.
A la cabeza de este fraude estuvo Francisco Illarramendi, exgestor de capital de riesgo venezolano-estadounidense que asesoraba a la estatal petrolera venezolana y se apropió de USD 20 millones.
El esquema Fonsi de Francisco Illarramendi colapsó en 2011 y ocasionó pérdidas millonarias a los inversionistas.
El “Pollo Carvajal” (caso N° 1:11-cr-00205)
El exjefe de inteligencia del expresidente Hugo Chávez, mayor general Hugo “Pollo” Carvajal fue arrestado en España por requerimiento del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York que lo acusa de conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, incluyendo un envío de 5,6 toneladas de cocaína transportado desde Venezuela a México en abril de 2006. Por la Acusación 11 Cr. 205, Carvajal está solicitado en extradición.
El Pollo Carvajal (caso N° 1:13-cr-20345)
Entretanto, en el Tribunal del Distrito Sur de Florida, Hugo Carvajal es acusado de ser cómplice de los cárteles colombianos de la droga, en especial con Wilber Varela, alias “Jabón”.
Según el caso 13-cr-20345, el “Pollo” Carvajal “desde el 2004 hasta el 2008 recibió dinero de Valera en conjunto con otros funcionarios de alto rango encargados de hacer cumplir la ley y militares para asistir a las actividades de narcotráfico de los grupos criminales ligado a capo colombiano”.
La fiscalía sostiene que el exoficial de inteligencia venezolano y otros agentes policiales y militares de alto rango colaboraron para permitir que los miembros de la facción de Varela exportaran cocaína desde Venezuela hacia EE. UU.
La red de Walid Makled
En el Tribunal Federal de Manhattan, Walid Makled es acusado de traficar toneladas de cocaína desde Venezuela, vía aérea y marítima, hacia el Estados Unidos, Centroamérica y Europa. Los cargos señalan que Makled supuestamente coordinó una organización internacional de narcotráfico que servía a militares corruptos venezolanos y a las FARC.
Pasaportes Falsos. La identidad del crimen
Funcionarios del régimen chavista, entre 2009 y 2015, supuestamente proporcionaron pasaportes venezolanos falsos a capos del narcotráfico, según lo reveló una investigación del periodista Frank López Ballesteros de la que tuvieron conocimiento la Fiscalía Federal en Miami.
Entre los beneficiados con la identidad falsa se encuentran doce personas y cuatro cabecillas de carteles de la droga —dos de ellos pagando condena en EE. UU.— que supuestamente pagaron miles de dólares para obtener los fraudulentos documentos.
El maletín de Antonini Wilson
La justicia de Estados Unidos acusó al empresario venezolano, Guido Antonini Wilson, de colaborar para entregar en 2007 USD 800 mil en efectivo, a la campaña de la candidata presidencial de Argentina para la fecha, Cristina Fernández de Kirchner.
La entrega sería usando un avión de PDVSA, pero las autoridades argentinas incautaron el dinero contenido en un maletín que transportaba el empresario. Antonini Wilson se reunió con sus cómplices en el sur de Florida y discutió con ellos la elaboración de documentos falsos para encubrir el hecho.
Durante el juicio, Wilson confirmó que en el mismo vuelo había otros USD 4,2 millones que no fueron encontrados por la seguridad aeroportuaria.
En un avión de PDVSA Guido Antonini Wilson planeaba entregar USD 800 000 a Cristina Fernández para su campaña
electoral.
Tareck El Aissami y Samark López, “los más buscados”
En el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, Tareck Zaidan El Aissami y Samark López Bello, son acusados de valerse de su posición de poder para el tráfico internacional de drogas. Por ello fueron designados como “narcotraficantes especialmente designados”.
El Aissami y López Bello también son señalados de violar sanciones de EE. UU. al usar aviones privados, entre ellos el vuelo de regreso del primero de Rusia a Venezuela el 23 de febrero de 2019.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos mantiene a Tareck El Aissami en la lista de los 10 prófugos más buscados.
Sobornos y tráfico de cocaína
El ex director de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) de Venezuela, Néstor Reverol y Edylberto Molina, su asistente en el cargo, supuestamente recibieron sobornos millonarios para ayudar a narcotraficantes a enviar cocaína a Estados Unidos.
La acusación en el Tribunal del Distrito Este de Nueva York refiere que los funcionarios venezolanos aparentemente alertaban a los traficantes acerca de operativos policiales o los lugares donde actuaban las autoridades antinarcóticos, para que los carteles pudieran cambiar la ubicación de las drogas o alterar sus rutas de transporte.
Tráfico internacional y conspiración en distribución de cocaína
Vassyly Kotosky Villaroel Ramírez y Rafael Antonio Villasana Fernández, oficiales militares venezolanos, supuestamente usaron vehículos oficiales del gobierno de Venezuela para transportar más de 7 toneladas de cocaína a Estados Unidos.
Los acusados en el Tribunal del Distrito Este de Nueva York supuestamente transportaban la droga desde la frontera con Colombia a varios aeropuertos y puertos en Venezuela para, desde allí, enviarla a territorio estadounidense.
PDVSA US Litigation Trust v. Lukoil Pan Americas LLC
Un fideicomiso de litigios para PDVSA demandó a las petroleras internacionales Lukoil, Glencore, Trafigura AG y Vitol, entre otras, de supuestamente pagar sobornos a funcionarios venezolanos para obtener información privilegiada sobre los precios del petróleo crudo.
Francisco Morillo y Leonardo Baquero, presuntamente conformaron en 2001 una firma de consultoría para comercializar información de inteligencia destinada a quienes negociaban con PDVSA. En 2004 crearon Helsinge Inc. que originalmente operaba en Venezuela y luego se mudó a Miami, Florida.
Pride International
Una acusación que cursa en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Texas señala que, supuestamente, Joe Summers autorizó pagos por USD 384 000 a compañías externas que entregarían los fondos a un funcionario de PDVSA para asegurar extensiones de 3 contratos de perforación.
Summers también autorizó el pago de USD 30 000 a otra persona en la creencia de que los fondos se entregarían a un empleado de la petrolera estatal venezolana.
Validsa, Inc. v. Pdvsa Services
En el Tribunal del Distrito Sur de Florida, Tomás González y Pablo Cárdenas, propietarios de la empresa Dexton Validsa INC. acusaron a PDVSA por cancelar un contrato de compra de alimentos por negarse a pagar USD 2 millones al funcionario de la filial encargada de las compras Bariven, Juan Carlos Chourio.
El funcionario de Bariven presuntamente se presentó como “un enviado de George Kabbboul”, presidente para la fecha de la filial de PDVSA y, según González y Cárdenas, canceló el contrato para otorgarlo a una empresa brasileña a la que habría pagado un precio por encima del ofertado por Dexton Validsa. Por este caso PDVSA debió pagar USD 100 millones a los demandantes.
Odebrecht
De acuerdo la acusación que cursó en el Tribunal del Distrito Este de New York, la empresa brasileña Odebrecht participó, entre 2001 y 2016, en un esquema de corrupción consistente en el pago de sobornos a funcionarios gubernamentales en Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela.
Con estos pagos indebidos, Odebrecht consiguió contratos de más de 100 proyectos en dichos países. Para ello constituyó la División de Operaciones Estructuradas que tenía por objetivo la canalización de los sobornos para la obtención de los contratos. Odebrecht pagó USD 788 millones que le permitieron beneficios irregulares por USD 3336 millones en un periodo de 15 años.
Siemens
Entre 2003 y 2008, H&P Argentina y H&P Venezuela pagaron sobornos a funcionarios y representantes de los servicios de aduanas argentinos y venezolanos con el objetivo de obtener contratos para importar y exportar bienes y equipos relacionados con las operaciones comerciales de H&P en dichos países.
Proveedor de equipos industriales de PDVSA
Ante el Tribunal del Distrito Sur de Texas la fiscalía homónima acusó a Rafael Enrique Pinto-Franceschi, venezolano que, entre 2009 y 2013, trabajó como representante de ventas de un proveedor de equipos industriales encabezado por Franz Herman Muller-Huber, venezolano residente en EE. UU.
Ambos hombres supuestamente conspiraron para sobornar a tres funcionarios de PDVSA para obtener contratos para la referida empresa de suministro de equipos industriales. La acusación de la fiscalía refiere que cuando la empresa recibió un pago de la petrolera, Pinto pidió a un funcionario de esta para que emitiera una factura ficticia de una compañía fantasma registrada en Panamá.
La empresa panameña cobraría al proveedor de equipos industriales 3% de cualquier pago que recibiera de PDVSA. Muller dijo que a través de una cuenta bancaria en Suiza se pagarían dichas facturas que, en total sumaron USD 3 millones.
Contratos de Padrón con Bariven
La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Texas acusó en el tribunal homónimo a Darwin Enrique Padrón-Acosta, quien con varios cómplices controlaba un conjunto de empresas estadounidenses aseguraba contratos con PDVSA de manera irregular.
Entre 2009 y 2014, Padrón-Acosta sobornó a funcionarios de la petrolera venezolana, entre ellos José Luis Ramos Castillo y otro funcionario no identificado, pertenecientes a Bariven, filial de PDVSA encargada de las compras.
Los sobornos se hicieron desde cuentas de Padrón-Acosta a las de los funcionarios de PDVSA, sus familiares u otras personas designadas por los representantes de la petrolera.
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