Los escándalos también hermanan a Venezuela y Argentina. El comercio bilateral se ha multiplicado 14 veces desde 2002 y en medio de ese crecimiento, destacan una serie de denuncias de corrupción que han venido apareciendo importadas desde los medios argentinos, desde el día en que Guido Antonini Wilson aterrizó por allá con casi 800 mil dólares en una maleta gris y azul.
Como si se tratara de un tango, Caracas y Buenos Aires bailan tan pegado que entre los años 2002 y 2013 ha habido un intercambio comercial que suma 13.605 millones de dólares. Según las cifras que publica el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Argentina, Venezuela exportó 295 millones de dólares al sur del continente e importó, en el mismo período de 11 años, 13.310 millones de dólares, entre los que se ha venido colando una lista que ya suma 10 denuncias de corrupción.
La ya célebre «valija» abrió la caja de Pandora y las alarmas volvieron en 2010, cuando el antiguo embajador de Argentina en Venezuela, Eduardo Sadous, acusó comisiones al margen de la ley. Hablaba de corrupción y, otra vez, las dudas han vuelto al ruedo luego de que la Federación Nacional de Entidades Arroceras de Argentina confirmara sobreprecios en las tarifas de Bioart, un novato en el mercado argentino, que acaparó los envíos de arroz y maíz que desde 2013 salieron desde allá al mercado nacional.
«Esta empresa exportó arroz con un precio récord, igual al de los Guinness», dijo el empresario argentino, Jorge Paoloni, el pasado 7 de julio en nombre de los productores de arroz de su país. «Si Venezuela quiere pagar el doble de los valores, bueno nosotros no les obligamos; vendemos a los precios internacionales (y como) sino no te compran (…) hasta allí llegamos».
De este lado del mapa, los diputados por Copei, Abelardo Díaz y Homero Ruiz, pidieron una investigación ante la Fiscalía General de la República. Hasta ahora, sin embargo, no hay organismo que se haya pronunciado ni en Caracas ni en Buenos Aires. Ese y otros casos no han trascendido más allá de los medios: si bien el sistema judicial argentino procesó las denuncias de su embajador, el único caso cerrado es el de Antonini pero en una corte de Estados Unidos.
1) El #arrozgate. La empresa argentina Bioart acaparó los envíos de maíz y arroz, que desde el año pasado viene importando el Gobierno desde ese país. La denuncia –que en las redes sociales se convirtió en el caso del #arrozgate– llegó a principios de este mes importada desde Argentina: la Federación Nacional de Entidades Arroceras de ese país confirmó el pasado 7 de julio una serie de sobreprecios publicados por el periodista Matías Longoni en el diario Clarín, en varias entregas que dan cuenta de más de 39 millones de dólares cancelados por la Corporación CASA, para importar 41.000 toneladas de maíz y otras 37.700 de arroz, que llegaron con sobreprecios que van desde 30% hasta casi el doble de las tarifas del mercado.
2) Sobreprecio en pollo y leche. Las estadísticas oficiales de Argentina advierten que a Venezuela le venden pollo con un sobreprecio de 42%. Piden 2,22 dólares por cada uno de los kilos de pollo congelado que a Chile, el Reino Unido y Singapur le ofrecen en promedio a 1,56 dólares.
Las cifras del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina –publicadas en el sitio web Valorsoja.com– señalan que dos tercios de las casi 21.000 toneladas de aves de corral que han exportado este año, vinieron a los puertos nacionales pero a tarifas superiores a las del mercado. El mes pasado, por su parte, la industria argentina pidió 5.144 dólares por cada una de las toneladas de leche que en Brasil, Dominicana y Rusia venden a un precio 15% menor.
3) El maletinazo. Guido Antonini Wilson apareció el 4 de agosto de 2007 en Buenos Aires con una maleta llena de casi 800.000 dólares, que destapó una red de funcionarios que entregaban y recibían altas sumas de dinero en maletas que no dejaban ningún registro fiscal.
El caso no prosperó en los tribunales de Argentina y Venezuela pero tras el escándalo, el gordo Antonini apareció en Miami colaborando con la justicia estadounidense. Los medios advirtieron entonces que hubo otros 4,2 millones que viajaron a Buenos Aires en el mismo vuelo. El fiscal Thomas Mulvihill declaró que «el dinero iba para la campaña de Cristina Fernández» y semanas después, el tribunal presentó las grabaciones de los testigos del caso.
4) Las «coimas». Eduardo Sadous, embajador de Argentina en Venezuela entre 2002 y 2005, levantó una estela de dudas sobre los acuerdos de ambos gobiernos, cuando el 20 de abril de 2010 denunció una red que pedía comisiones de entre 15% y 20%, para abrir la puerta de los intercambios comerciales firmados entre los presidentes Cristina Fernández y Hugo Chávez.
La declaración reventó el caso de las llamadas coimas, a cargo del juez federal Julián Ercolini, en cuyo despachó quedó archivada la causa penal. En respuesta, el ministro de Planificación argentino, Julio De Vido, demandó al diplomático por «falso testimonio», pero el año pasado la justicia argentina terminó por favorecer a Sadous y ordenó seguir la investigación.
5) Un fideicomiso perdido. En la misma denuncia sobre sobornos y comisiones, el embajador Eduardo Sadous, aseguró que durante su gestión, entre 2002 y 2005, descubrió un faltante de 90 millones de dólares en un fideicomiso manejado por los gobiernos de ambos países.
El fiscal que investigó el caso en Buenos Aires, Gerardo Pollicita, solicitó informes sobre unas cuentas bancarias a nombre de «Bandes Fideicomiso», que estaban en los bancos UBS-Stanford y JP Morgan de Nueva York. «La maniobra habría consistido en sacar ilegalmente los fondos, venderlos en el mercado negro del dólar, recomprarlos en el oficial y quedarse con 13 millones de dólares», resumió La Nación de Argentina el 27 de abril de 2010.
6) La hipoteca del aluminio. Las denuncias del embajador Sadous señalaron a las firmas Palmat y Madero Trading como una suerte de alcabalas en las que se seleccionaron las compañías argentinas que contrataron con el gobierno del presidente Hugo Chávez.
Al frente de esas compañías se encontraban los mismos nombres de una serie de empresarios que monopolizan el mercado del aluminio venezolano. A través de Glencore –uno de los mayores intermediarios de materias primas del mundo– se llevan más de la mitad de las exportaciones de las empresas básicas del aluminio, mientras que con otras firmas nacionales se aseguran una porción de lo que el Estado está obligado a vender en el mercado interno.
7) Contratos con sobreprecios. La empresa argentina Industrias Metalúrgicas Pescarmona (Impsa) se hizo cargo del proyecto de repotenciación de la central hidroeléctrica Macagua I en un proceso sin licitación, del que nunca quedó claro el monto de la obra. Aunque el contrato se cerró por 223,5 millones de dólares, la propia Corporación Eléctrica Nacional anunció en 2010 en su web que la obra costó 324,9 millones.
Una carta de la empresa, dirigida el 19 de agosto de 2004 al embajador venezolano Freddy Balzán, señala que la rehabilitación fue financiada «mediante un fideicomiso disponible por la venta de combustible a nuestro país (Argentina) disponiendo de los fondos necesarios para la obra que está en el orden de los US$ 142.000.000».
8) Triangulaciones petroleras. Ocho ex ministros argentinos de energía cuestionaron en 2010 la importación de combustible venezolano para su país. Se preguntaban por qué estaban adquiriendo fuel oil de Pdvsa a un precio mayor y con más partículas contaminantes que el que su industria ofrecía y, sobre todo, en momentos en que tenían cubierta la demanda interna.
«No surgen razones que avalen una situación en la cual el mismo producto se vende masivamente a un valor menor y al mismo tiempo se compra a un valor mayor», coincidieron el 15 abril de 2010 en una carta. Criticaban además a Enarsa, la estatal petrolera, porque «no procede a adquirir el fuel oil mediante un proceso abierto y competitivo».
9) Reventa de bonos. Venezuela adquirió entre 2005 y 2008 más de 5.600 millones de dólares en bonos de la deuda pública argentina a una tasa oficial de 2.150 bolívares de los de antes y, sin licitación, los revendió a terceros que en el mercado negro llegaron a ganar hasta 200%.
«El robo del siglo», denunció Teodoro Petkoff en mayo de 2008 y en la misma onda, el economista Orlando Ochoa entonces se refirió al tema como «el caso de corrupción mas grande de la historia de Venezuela». En el Gobierno igual justificaron la operación: «Cuando se va a la subasta, se abre un abanico de posibilidades en las que no se controla el precio que se colocará en el instrumento», dijo Rafael Isea el 29 de abril de 2008 cuando era ministro de Finanzas.
10) Incumplimiento de contrato. El ex presidente Hugo Chávez se comprometió en 2006 a salvar de la quiebra al grupo de cooperativas lácteas Sancor. Destinó 135 millones de dólares a cambio de 15 millones de toneladas de leche en polvo durante 12 años. Aunque el Ministerio de Alimentación no precisó cifras, el acuerdo tuvo irregularidades: en 2008 enviaron poco más de 3.000 toneladas de leche en polvo, mientras que en 2009 sumaron envíos de 7.000.
En nombre de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela, Genaro Méndez advirtió en 2006 que el mismo monto hubiera alcanzado para recuperar 20 empresas productoras, pasteurizadoras y pulverizadoras, que pasaban las mismas dificultades en el territorio nacional, según reportó el diario El Universal.
Tomado de Corrupción al son del tango y el joropo (y el dolar @81)