Alexandre de Moraes, juez de Brasil – Foto Agência Brasil
La justicia no es ciega en Brasil. Al menos no cuando los negocios familiares entran en escena. Lo que durante años fue presentado como una serie de decisiones judiciales “en defensa de la democracia” empieza a mostrar un reverso incómodo: uno en el que los vínculos económicos y los contratos millonarios pesan tanto como —o más que— los principios constitucionales. Con información de ICN Diario.
El nuevo foco de polémica apunta directamente a Alexandre de Moraes, uno de los magistrados más influyentes del país y figura central del Supremo Tribunal Federal (STF). Esta vez, el cuestionamiento no se limita a sus decisiones judiciales, sino a la implicación directa de su entorno familiar con una entidad financiera hoy investigada por fraude masivo.
El Banco Master está bajo la lupa por presuntos esquemas de créditos falsos, emisión de títulos fraudulentos y un agujero financiero de miles de millones de reales que derivó en su colapso, la detención de su CEO y un impacto directo en la estabilidad del sistema bancario brasileño. La investigación es liderada por la Policía Federal en el marco de la Operação Compliance Zero.
Mientras esas pesquisas avanzaban, el estudio jurídico de Viviane Barci de Moraes, esposa del magistrado —en el que también participan los hijos del juez—, mantenía un contrato vigente con el banco controlado por el empresario Daniel Vorcaro. El acuerdo no era menor: contemplaba pagos por 129 millones de reales (unos 25 millones de dólares) en un período de tres años, lo que se traducía en ingresos mensuales de 3,6 millones de reales para la familia del juez.
La coincidencia temporal resulta difícil de ignorar. Mientras el banco enfrentaba acusaciones penales y regulatorias de enorme gravedad, el núcleo familiar del magistrado que concentra uno de los mayores poderes del sistema judicial brasileño recibía sumas millonarias. La pregunta es inevitable: ¿se trataba de una simple asesoría jurídica o de un salvavidas institucional para una entidad al borde del colapso?
El cuadro se vuelve aún más delicado al conocerse que, en ese mismo período, Moraes sostuvo reuniones con el Banco Central do Brasil, justo cuando el Banco Master enfrentaba procesos regulatorios decisivos. Ante la presión pública, la defensa del magistrado ofreció una explicación tan llamativa como polémica: esos encuentros, sostuvo, no estaban relacionados con el banco, sino con discusiones sobre la aplicación de la Ley Magnitsky.
La Ley Magnitsky es una normativa estadounidense diseñada para sancionar a violadores de derechos humanos y responsables de corrupción. Para analistas, invocarla como justificación en este contexto no solo resulta inverosímil, sino ofensivo para la inteligencia ciudadana. Más aún cuando el propio Moraes ha sido mencionado en debates internacionales sobre posibles sanciones. El uso del lenguaje de los derechos humanos aparece aquí como una coartada para encubrir lo que se asemeja a un cabildeo de alto nivel en favor de un banco bajo investigación.
El esquema es circular y asfixiante: el Banco Master es investigado por fraudes masivos; la esposa del juez recibe un contrato multimillonario de esa misma entidad; el magistrado se reúne con la autoridad monetaria en pleno proceso regulatorio; y la explicación oficial se ampara en sanciones internacionales que nada tienen que ver con supervisión bancaria.
En cualquier otro tribunal, una situación así habría significado la separación inmediata del cargo. En el STF, en cambio, el apellido parece otorgar una suerte de inmunidad ética. Brasil no puede permitirse una justicia que funcione con doble vara ni un poder judicial que se perciba al servicio de intereses privados.
La sombra que rodea hoy a Alexandre de Moraes ya no se limita a sus decisiones controvertidas. Tiene nombre, cifras concretas y un inconfundible olor a privilegio familiar que amenaza con erosionar aún más la credibilidad institucional del máximo tribunal del país.