Maly Hassib El Souki Lara (52 años) ha sido denunciado e investigado en Venezuela desde el año 2010 por presentar documentos falsos a entes del Estado. Desde 2011, los trabajadores de una de sus empresas lo han denunciado reiteradamente por no cumplir con el contrato colectivo, entre otras irregularidades. Un año más tarde, en el 2012, la investigación iniciada dos años antes rindió sus frutos: le sentenciaron régimen de presentación en el estado Anzoátegui.
Sin embargo, los trabajadores de Militarek aseguran que a pesar de todas las denuncias y de tener un régimen de presentación, hoy se encuentra radicado en Panamá y sigue como contratista de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), de acuerdo con un reportaje de Grisha Vera y Marinelid Marcano en El Pitazo.
Transporte Militarek, C.A, la empresa de El Souki más denunciada, es contratista de Pdvsa y ofrece servicios de rehabilitación y perforación de pozos petroleros, limpieza y mantenimiento industrial, transporte de maquinarias y equipos pesados.
En el año 2012 Pdvsa presentó un informe de auditoría de las contrataciones y ejecución de pagos otorgados por su filial, Pdvsa Servicios Petróleos, S.A, a la contratista Transporte Militarek, C.A. Desde el 2008 hasta el 2014 Eulogio del Pino, hoy investigado por corrupción por la fiscalía venezolana, fue presidente de Pdvsa Servicios.
La auditoría evaluó siete contrataciones relacionadas con el suministro, servicio y operaciones de taladros en las bases operacionales de San Tomé, estado Anzoátegui, y en el Distrito Morichal y Maturín, estado Monagas, entre los años 2008 y 2011.
La comisión de auditoría determinó que dos de las contrataciones violaban la Ley de Contrataciones Públicas, su reglamento, las Normas Generales de Control Interno y la Ley Orgánica de Contrataciones Pública.
¿Las irregularidades? Ausencia en el expediente único de la Resolución de las Máximas Autoridades Administrativas sobre la designación de la comisión de contrataciones pública, disponibilidad presupuestaria, presupuesto de la obra, acto motivados y solvencias. Tampoco se elaboraron los presupuestos bases y la programación presupuestaria. Las solvencias laborales presentadas por El Souki y Arquímedes García, representante legal, eran falsas y 52 de los avisos de pago no incluyeron las deducciones del aporte al Fondo de Desarrollo Social. Además, las contrataciones se hicieron bajo las modalidad de contratación directa sin justificación alguna.
Mildred Rojas, abogada con maestría en Gerencia Pública y quien trabaja en la ONG Transparencia Venezuela, explicó que la Ley de Contrataciones Públicas establece en su artículo 155 que se debe rescindir el contrato en caso de violación del procedimiento, soborno o cualquier otro incumplimiento de la ley. Asimismo agregó: “No solo se debe resolver el contrato (nulidad o rescisión), se debe denunciar el hecho ante el Registro Nacional de Contratista, la Contraloría General y la Fiscalía, como lo dicta el artículo 56”.
Asimismo, el informe de la auditoría en sus recomendaciones instó a la Gerencia de Contrataciones de Pdvsa Servicios a cumplir con los parámetros que establece la ley.
Rojas, por su parte, aclaró que en caso de complicidad con algún empleado público, este también debería ser sometido a un procesos disciplinario que implica que la máxima autoridad del ente debe aplicar la Ley Orgánica del Trabajo e iniciar un proceso para sancionar al funcionario. Las sanciones van de una amonestación, suspensión hasta una destitución.
Además, la especialista explicó que el contratista puede ser inhabilitado hasta por tres años por el Registro Nacional de Contratista por presentar documentos falsos. Añadió que, de acuerdo con el artículo 79 de la Ley Contra la Corrupción, el contratista puede ser penado desde seis meses hasta tres años de prisión por sobornar o presentar documentos falsos.
Alan Figuera, dirigente de Sinutrapetrorinoco, aseguró que las denuncias contra Militarek fueron elevadas ante el Ministerio del Trabajo, a la Contraloría General de la República y a la Consultoría Jurídica de Pdvsa.
Sin embargo, Figuera precisó que más allá de los reclamos, protestas y pruebas presentadas no se han tomado cartas en el asunto, porque la empresa Militarek continúa siendo contratista de la industria petrolera y sigue “violentando los derechos de los trabajadores”.
Figuera desde el año 2012 ha liderado las denuncias contra la empresa Militarek y ha brindado respaldo a los trabajadores cuando son afectados por las malas políticas de la empresa. Ese devenir le permitió a El Souki, saber quiénes eran sus allegados o contactos dentro de la industria petrolera. Además, mencionó que uno de los aliados de El Souki era el ex presidente de la estatal Nelson Martínez.
“No sé si eran socios, pero es lo más probable. Yo conocí a Nelson Martínez a través de Maly El Souki”, dijo.
Figuera agregó que El Souki viene muy poco al país, pues está residenciado en Panamá junto a su esposa, luego de que ambos fueron imputados por falsificar documentos.