Conflicto en Venezuela entre indígenas y el empresario José Bruno Córdoba por el Campamento Uruyén en el Auyántepuy

mayo 28, 2023
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Por Isabel Guerrero
Armando.info

La disputa por el control de un lujoso campamento de selva al pie del Auyántepuy, predilecto de los hijos de la Primera Dama, se ha agudizado en los últimos meses hasta volverse un conflicto, sin solución a la vista, entre la justicia ordinaria y la soberanía pemón. En el enredo tienen que ver un fondo inmobiliario de los dueños de la controvertida aerolínea hispanovenezolana Plus Ultra y una familia indígena heredera con intereses divididos, pero podría resumirse como un pleito entre capitanes: uno, de aviones comerciales, y el otro, del colectivo aborigen.

El sábado 29 de octubre de 2022, a las 11 de la mañana, se abrió la temporada de choque entre civilizaciones en el valle de Kamarata. Entonces se reunieron en la Casa Comunal Akanamüta las máximas autoridades del sector II Kamarata-Kanaimö, lideradas por el profesor Domingo Eduardo Castro Martínez, su capitán general y representante de las 16 capitanías comunitarias indígenas. La asamblea decidió que el empresario criollo José Bruno Córdoba “no debía ingresar” a ese territorio.

La prohibición no era baladí para los aborígenes. El territorio vedado a Córdoba es asiento para el universo de la etnia pemón. El valle de Kamarata flanquea por el sur el Auyántepuy, macizo sagrado de 700 kilómetros cuadrados de superficie, quizás la formación más emblemática de todo el Escudo Guayanés, desde cuya meseta o tafelberg se precipita el salto de agua más alto del mundo, el Kerepakupai Vená en lengua pemón, conocido en todo el orbe como Salto Ángel, con una caída de 979 metros. Ese planeta perdido, que data del Precámbrico y que, como suele recordarse, inspiró a Sir Arthur Conan Doyle y a otros autores, está protegido por los indígenas pemón con sus leyes ancestrales y, desde 1962, por la normativa ambiental venezolana que regula el Parque Nacional Canaima.

El coto puesto a Córdoba tampoco era poca cosa para este. Al expiloto se le impedía el acceso a su filón de oro turístico, el Campamento Uruyén, donde dice haber gastado los ahorros de toda una vida.

Así que el criollo buscó en las leyes del hombre blanco protección contra las de los indígenas.

Córdoba optó por defenderse en los tribunales ordinarios de la circunscripción judicial del estado Bolívar. Sus abogados introdujeron un recurso de amparo, aduciendo que a su representado se le violaba el derecho “al libre tránsito”.

El tribunal de Puerto Ordaz, el gran centro urbano e industrial sobre la confluencia de los ríos Orinoco y Caroní, no solo falló en favor de la solicitud. Personalmente, el propio juez y el secretario del tribunal, en lugar del alguacil -por lo regular, encargado de estos procedimientos judiciales-, se trasladaron a Canaima (como Canaima se denomina al campamento turístico y poblado junto a la laguna del río Carrao, así como al enorme parque nacional circundante) por vía aérea y le entregaron la resolución al profesor Domingo Castro, el líder local. Debía dejar pasar a Córdoba.

La decisión judicial no sirvió para zanjar la disputa. De hecho, la prolongó hasta hoy, cuando un sitio que se promociona en Venezuela y el exterior como un oasis de paz espiritual y armonía, donde “se siente” una energía “especial”, se ha vuelto el escenario de constantes roces entre dos cosmovisiones incompatibles. O, al menos, entre las ambiciones que se amparan bajo esas cosmovisiones.

Historia de dos capitanes

La asamblea comunal del 29 de octubre que prohibió el acceso a Córdoba reaccionaba ese día a un contrato de operaciones turísticas suscrito cuatro meses antes, el 25 de junio de 2022, entre la Asociación Cooperativa Campamento Turístico Uruyén R.L., en manos de la familia pemón Carballo Martínez -pionera en la actividad turística en la zona y entre los nativos- y Uruyén Expediciones C.A., la compañía que había logrado hacerse cargo de las instalaciones del campamento, pero en connivencia con solo uno de los Carballo herederos. Córdoba figuraba como socio de Uruyén Expediciones.

El convenio en cuestión otorgaba “de manera amplia, exclusiva y excluyente, la explotación y desarrollo de las bienhechurías que constituyen el Campamento Uruyén, para fines de desarrollo turístico por un lapso de 20 años” al nuevo inversionista. Los Carballo, a través de la cooperativa, recibirían una “participación o tarifa por concepto de excursiones, guiatura o cualquier otro rubro por cada turista que requiera estos servicios”.

Eso era lo que estaba sobre papel. En la realidad, como se reveló, los términos de la transacción habían dividido a la familia Carballo. Por un lado, estaba Victorino Carballo quien efectivamente había negociado el contrato y estaba conforme con sus estipulaciones; por el otro, Enrique y Edgar, dos de sus hermanos, quienes no vieron reflejados sus intereses en el pacto y acudieron ante el capitán Domingo Castro para que mediara en la situación. Es una práctica común que dentro de las comunidades indígenas se resuelvan los conflictos con sus propias autoridades, en asambleas generales donde participen todos los miembros, antes de trascender a otras instancias.

Después de varias mesas de trabajo, en el tercer encuentro entre los afectados, la Capitanía General del sector II Kamarata-Kanaimö declaró sin validez el contrato, por considerar que hubo “una clara demostración de irrespeto a la familia Carballo Martínez y a las autoridades legítimas que han hecho acompañamiento a todo el proceso”.

Lo que de manera declarada se perseguía con esta decisión era abrir una oportunidad para negociar un nuevo acuerdo. Pero el consenso colectivo de la asamblea también establecía una medida cautelar, casi punitiva: el acceso al Campamento Uruyén y a todo el territorio del Valle de Kamarata se le prohibía al “ciudadano José Bruno Córdoba, venezolano, no indígena”. El interdicto indígena afectaba a Córdoba como persona natural, pero no se extendía a su empresa, que podía seguir operando. “Es decisión colectiva, es decir, a petición de la mayoría de la familia Carballo Martínez, respaldada por el Consejo de Ancianos Sectorial, Autoridades Legítimas Comunitarias, miembros presentes y secundada por la Capitanía General del Sector II Kamarata-Kanaimö”: con estas palabras culminó la asamblea. José Córdoba, por cierto, estuvo presente en el acto.

Aunque el empresario turístico reprobó la decisión, a la que calificó de “ligera”, dijo que la acataría. En ese momento hasta mencionó la posibilidad de vender las acciones de la sociedad mercantil Uruyén Expediciones C.A. Pero no ocurrió así. Lo que hizo fue evadir cualquier otra práctica de resolución de conflictos propia de los pueblos originarios. Acudió a lo que consideró seguro: la jurisdicción ordinaria.

A partir de ese momento la disputa entre el capitán de la aviación comercial, José Córdoba, y el capitán general de la comunidad indígena, Domingo Castro, tomó tinte legal y personal. El primero interpuso un amparo constitucional aludiendo que la prohibición de ingreso al territorio indígena implicaba la violación al libre tránsito, y el segundo inició la recolección de evidencias para demostrar las irregularidades tanto en la concesión como en las operaciones del campamento indígena. El capitán general indígena ha insistido en aclarar que se trata de decisiones e iniciativas colectivas, no personales; algo que Córdoba refuta.

“¿Colectivo? Ante el juez, Domingo Castro se presenta como vocero de la familia Carballo y el que puja el caso es él”, explicó José Córdoba a Armando.info durante una entrevista que concedió para hablar sobre su situación. Reiteró que parte del conflicto es una “venganza” que ejerce el capitán general indígena en su contra y, por el otro lado, “son problemas familiares de los Carballo, que Castro los manipula”.

Fallo del amparo constituci… by ArmandoInfo

Castro, el capitán general de los pemones, fue contactado por vía telefónica y por correo electrónico por Armando.info para que comentara la situación, pero señaló que “por recomendación de los abogados no puedo declarar” y mantuvo silencio en los siguientes seis intentos. De igual forma, Enrique Carballo Martínez, por parte de la familia Carballo, dijo a Armando.info que prefería declinar la invitación a ofrecer su versión, ya que el tema lo trata con el equipo jurídico: “No quiero que haya una tergiversación de alguna información, ni se nos escape algún detalle antes del proceso. Discúlpame”.

Vuelo a ras de la polémica

En la persona jurídica que hace de contraparte (y ahora rival) de la comunidad indígena en este entuerto, Uruyén Expediciones C.A., se constata una curiosa conexión con la actividad aeronáutica, presente ya desde el vamos.

José Córdoba, él mismo un expiloto de aviación comercial, buscó formalizar en 2018 la primera empresa con la que gestionaría el paradisíaco enclave turístico. Se llamó Uruyén Camp C.A. y en ella cristalizaba la alianza entre Córdoba y el heredero de la familia pemón de los Carballo, Victorino, con 50% y 10% de las acciones, respectivamente. El 40% restante de las acciones pertenecía a Joseph Rodríguez Sousa, quien era presidente de Transporte Aéreo del Sur C.A. (Transur) y vinculado a César Díaz, también a veces escrito como “Días”, dueño del Campamento Ará Merú en Canaima y un importante empresario con nexos con el tráfico de oro. La dirección fiscal de la compañía turística coincidía con el hangar de Transur, en el Aeroclub Caroní, ubicado en Aeropuerto Internacional Manuel Carlos Piar de Puerto Ordaz.

Al preguntarle a Córdoba sobre la operación de esta empresa, comentó que “nunca firmó ni fue registrada” porque advirtió muy pronto, asegura, que querían usar la pista para los negocios de César Díaz y no aceptó. Pero en los archivos mercantiles existe el expediente.

Acta constitutiva Uruyen Camp by ArmandoInfo

Poco después, en 2019, el nombre de Joseph Rodríguez Sousa, el previsto socio de Uruyén Camp, estuvo en el radar de los medios debido a su cercanía con César Días, uno de los investigados por el Ministerio Público del oficialismo en el caso del contrabando de oro que tenía a Canaima como epicentro. Después de estos incidentes, Uruyén Camp C.A. dejó de actualizar tanto su expediente mercantil como su sitio web.

Sería en 2021 cuando la administración de las bienhechurías y todo el andamiaje legal, turístico y operativo del campamento recayó sobre Uruyén Expediciones C.A, registrada en el estado Bolívar. En la nueva estructura estuvieron otra vez de socios José Córdoba -a través de su esposa e hijo, este, residente en Estados Unidos-, con 40% de las acciones, y Victorino Carballo como representante indígena, con 20%. Pero se incorporó un nuevo inversionista: Promotora Inmobiliaria Pacífico C.A.

Del nuevo socio en el emprendimiento, Promotora Inmobiliaria Pacífico C.A. es poco lo que se sabe en Canaima. Una revisión en los registros mercantiles encontrará que la compañía fue constituida en 2018, con sede en la urbanización Los Palos Grandes del noreste de la capital venezolana, y que se promociona como especialista en fondos de inversión inmobiliaria, aunque su objeto declarado sea mucho más amplio. Con respecto el negocio estrictamente inmobiliario, la empresa mantiene en su portafolio grandes proyectos como la Torre Eco de la urbanización Las Mercedes y los derechos para el recién construido Centro Comercial Paseo La Castellana, sobre la avenida Francisco de Miranda.

Algo más de luz arrojan sobre la compañía Promotora Inmobiliaria Pacífico C.A. los nombres de sus beneficiarios finales: Rodolfo Reyes Rojas y Raif El Arigie Harbie, los mismos accionistas venezolanos que controlan la compañía española Plus Ultra Líneas Aéreas S.A.

Como hace unos años revelaba un reportaje de Armando.info, a Plus Ultra y a sus accionistas se les ha vinculado al magnate Camilo Ibrahim, cuyos negocios experimentaron una gran expansión durante el régimen chavista, pero de quien algunas versiones aseguran que cayó en desgracia ante la poderosa vicepresidenta, Delcy Rodríguez Gómez. Ibrahim ha negado tener algo que ver con Plus Ultra.

De cualquier manera, Plus Ultra no ha podido escapar a la controversia. En España la empresa fue objeto de una investigación judicial que trataba de establecer si hubo alguna irregularidad de su parte en la obtención y uso de un subsidio del Estado español otorgado como ayuda para superar las dificultades financieras derivadas de la pandemia de Covid-19. La asignación levantó suspicacias entre medios de prensa y sectores políticos y judiciales que hicieron notar que, pese a la muy modesta participación de Plus Ultra en el mercado aéreo hispano, fue la primera beneficiaria de esos Fondos de Apoyo de la gubernamental Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Finalmente, en enero de este año, el tribunal del caso lo archivó tras determinar que Plus Ultra no cometió delito alguno.

Este nexo con Promotora Inmobiliaria Pacífico ha alimentado la especie de que Plus Ultra, que hasta ahora solo tiene un puñado de rutas trasatlánticas desde España, volará a Canaima. Córdoba explica así la entrada de los nuevos inversionistas: “Rodolfo [Reyes] y el señor Raif [El Arigie Harbie] son los que más están enamorados del campamento… Sí, vendí una parte de las acciones. Desafortunadamente gasté todo mi dinero en Uruyén (…) Cuando vendí le metí medio millón de dólares al campamento”. Ante el tribunal en Puerto Ordaz, Córdoba aseguró que ha invertido todos los ahorros acumulados a lo largo de su carrera de piloto, cerca de siete millones de dólares, en el negocio, hasta quedar descapitalizado. Pero el entusiasmo inicial de los nuevos socios de Promotora Inmobiliaria Pacífico parece ahora empañado por las tensiones con la comunidad indígena. Dicen “estar muy preocupados”, asegura Córdoba.

La trayectoria del propio Córdoba en la aeronáutica civil es digna de contar. Lleva el mote de Deputy, nombre que hace referencia al integrante de la tripulación que dirige la aeronave. Al hombre de 63 años lo llaman así desde sus días como capitán en la extinta aerolínea línea aérea de bandera, Venezolana Internacional de Aviación S.A. (Viasa). Los miembros de la comunidad indígena le han endilgado el apodo de Piuri. En sus inicios como emprendedor en Puerto Ordaz, en 2014, Córdoba “ensambló” la empresa Air Roraima C.A., según detalló en el relato escrito al juez que lleva su causa, con la que hacía vuelos privados exclusivos, aerotaxi y de carga dentro del Parque Nacional Canaima.

El hangar de Air Roraima C.A. está ubicado en el Aeroclub Caroní, al lado de donde funciona Transur, que sustituyó a la antigua Corporación Aérea del Sur (Corasur), a partir de 2018. Así como en el pasado la flota de avionetas de Corasur trabajaba al servicio del campamento de lujo Ara Merú Lodge -cuyo dueño, César Días, habría manejado una red de tráfico de oro en 2018-, las de Transur cubren la ruta Uruyén-Canaima y hacen uso de la pista de aterrizaje privada al lado del campamento indígena remodelado, lo que se traduce en un atractivo para el turismo VIP.

Turismo de aventura

Pemones y operadores turísticos no siempre estuvieron como perros y gatos. Aún más: no siempre el capitán general, Domingo Castro, y el piloto devenido empresario turístico, José Córdoba, se acusaban mutuamente.

Una fuente consultada por Armando.info recuerda que Castro “iba y se sentaba a tomar café” con Córdoba mientras establecía estrategias para que la comunidad tuviera como fuente de ingreso la actividad turística, en vez de la voraz minería artesanal. Pero nunca lograron ponerse de acuerdo.

Domingo Castro es el capitán general indígena del sector II Kamarata-Kanaimö y representa a las 16 capitanías comunitarias indígenas. No siempre hubo conflictos con los socios de Uruyén Expediciones C.A. Imagen tomada de: Google Earth por Domingo Castro.

José Córdoba había tenido antes de eso, en 2014, la habilidad necesaria para negociar y pactar de manera verbal con Victorino Carballo Martínez, representante de la familia indígena del Valle de Kamarata, de modo de invertir en el lugar y potenciar el turismo en la zona. Cuenta el expiloto que acordó un contrato firmado por 50 años. “Él [Victorino Carballo] me enseñó su título supletorio donde aparecen los linderos. Es de él y lo hice revisar con mis abogados en Caracas”, comentó José Córdoba durante una entrevista con Armando.info.

No fue sino hasta el 2018 cuando ese acuerdo se plasmó en un primer intento, el de Uruyén Camp. En un inicio, la comunidad indígena estuvo de acuerdo con reactivar el turismo de la zona e invertir en el campamento Uruyén fue una posibilidad nada despreciable.

Antes de 2014, el Campamento Uruyén había mantenido una actividad ecoturística apenas intermitente en alianza con agencias de viajes y organizaciones que respetaban la cosmovisión indígena. Nadie se sentía violentado pero también era verdad que quedaba desaprovechado todo el potencial de la ubicación.

Con los años llegaron los cambios al Campamento Uruyén, ya operado por José Córdoba con criterios más comerciales. Los almuerzos tipo picnic cambiaron por restaurantes, los trayectos de largas caminatas ahora se completan en transportes rústicos y los sobrevuelos rompen el silencio en la inmensidad del valle de Kamarata. La puesta en escena de las instalaciones incluye televisión satelital, agua caliente, aire acondicionado, jacuzzi, espacios recreativos y spa, un upgrade que dejó en el olvido aquellas cabañas indígenas rudimentarias. La facilidad del acceso aéreo sumó prestaciones al lugar, custodiado por los ríos Yurwan, Aichak y Akanán, que además ofrece habitaciones para el personal que acompaña a los visitantes, como niñeras, cocineros y escoltas.

El Campamento Uruyén tuvo una actividad intermitente en sus inicios, sin los lujos con los que cuenta actualmente.Imagen tomada de: Cuenta Twitter @PPD_Venezuela

En Uruyén nada es barato: un paquete de tres días supera los 3.000 dólares por persona y el precio final depende de cuán cómodo se quiera estar en medio de la selva. Las excursiones y los sobrevuelos son aparte e incluyen paseos por las distintas cascadas, cuevas y formaciones rocosas milenarias. Una oferta novedosa comprende los deportes extremos.

En la cuenta de Instagram del Campamento Uruyén muestran un video de paracaidismo con el Auyántepuy de fondo. ¿El promotor? La agencia de viajes y turismo Vida Furia, dedicada a los deportes extremos y a organizar experiencias en lugares exclusivos, turísticos y sin restricciones. Fueron los que se lanzaron desde lo alto del Salto Ángel y organizan todo tipo de eventos que disparan la adrenalina. Los que se mueven detrás de la marca Furia son Yoswal y Yosser Gavidia Flores, dos de los hijos de Cilia Flores, Primera Dama del país.

“La pista de Uruyén es mejor que la de Kavak [campamento cercano a una de las grutas imponentes ubicada al este de Uruyén] y por eso Furia [marca comercial de los hijos de la familia presidencial] aterriza allí con sus grandes aviones y helicópteros”, comenta un visitante de la zona que prefiere mantenerse anónimo.

Estas actividades, como el paracaidismo nocturno, irritan a las comunidades indígenas, que se quejan de que se han introducido sin consulta previa. La pugnacidad es pasto propicio para la propagación de rumores. Por ejemplo, un vecino de Kamarata asegura para esta historia que “los que están invirtiendo dinero detrás de Córdoba son los hijos de Cilia Flores. Uruyén es un campamento turístico, pero esta gente lo utiliza como refugio cada vez que va, nadie puede pasar, ni siquiera los funcionarios de Inparques pueden estar allí porque llegan con Casa Militar”, en referencia a la guarnición que custodia al presidente de la República y su familia.

Al ser cuestionado sobre si los intereses de los hijos de la Primera Dama o de cualquier otro tercero permanecían ocultos tras su sociedad mercantil, Córdoba rechazó la versión.

Lo que sí es cierto es que la arriesgada práctica del paracaidismo en horas nocturnas es auspiciada en el lugar por la marca Furia desde comienzos de este año. Córdoba se distancia de ello al explicar que cuando los deportistas extremos llegan a Uruyén alquilan el campamento completo, “aquí nadie molesta a los visitantes y les gusta porque están solos”.