Un trabajo colaborativo coordinado por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigadores (ICIJ) en asocio con Univision Investiga y medios de Europa y América Latina, tuvo acceso a documentos y entrevistas que revelan la cuestionada operación de Martín Rodil, abogado venezolano israelí residenciado en Estados Unidos.
Alejandro Andrade Cedeño, extesorero nacional de Venezuela, estaba a punto de convertirse en un paria internacional, según sus palabras.
Según un reporte de Gerardo Reyes para Univisión Investiga, en Estados Unidos las autoridades investigaban el origen de su fortuna y el posible lavado de dinero en la construcción de una ostentosa hacienda de caballos de salto al sureste de la Florida.
Al mismo tiempo había caído en desgracia en su país, Venezuela. Sospechaba que allí sería acusado por dilapidación de fondos del Estado.
“Me convertiría básicamente en un paria, un paria político’’, declaró recientemente Andrade en una corte federal de Fort Lauderdale como testigo del gobierno de Estados Unidos.
Pero no todo estaba perdido.
En medio de esa encrucijada apareció en escena su amigo el jactancioso y bien conectado abogado venezolano israelí Martín Rodil Álvarez, quien le ofreció una salida de emergencia en 2014: colaborar con el gobierno de Estados Unidos.
Andrade aceptó, cooperó y le pagó a Rodil como “consultor’’ de la DEA, según el testimonio que rindió a finales de noviembre pasado durante el juicio por lavado de dinero en Fort Lauderdale, Florida.
Andrade, condenado a 10 años por lavado de dinero de la corrupción, fue testigo clave de la fiscalía federal contra Claudia Patricia Guillén, la exenfermera del difunto presidente Hugo Chávez, y su esposo, Adrián Velásquez Figueroa. El testigo, a quien el gobierno le redujo la condena en un 65% por su cooperación, no reveló la cuantía pagada a Rodil, pero una fuente cercana a la transacción dijo a Univision Investiga que se trataba de varios millones de dólares.
“Trabajaba para mí, era un amigo mío’’, declaró Andrade en el juicio. “Me dijo que podía conectarme con una agencia del Estado y por eso recibía dinero. Él era un consultor, tenía un contrato con una agencia», agregó.
«¿Qué agencia?», preguntó uno de los abogados de la defensa
“DEA’’, respondió Andrade.
No sería la primera ni la última vez que Rodil actuaba como intermediario del gobierno de Estados Unidos a cambio de altos honorarios. Este abogado de 47 años con oficina en Washington DC se especializó en reclutar a prominentes personajes venezolanos buscados por casos de fraude multimillonarios y corrupción para que colaboraran con la justicia.
“Es un encantador de serpientes”, le dijo un abogado de Miami a Univision Investiga.
A tiempo que negociaba la entrega de sus clientes, Rodil se presentaba ante los medios como un analista político experto en el tema de la corrupción en Venezuela. La agencia Associated Press (AP), la radio pública de Estados Unidos NPR, The Miami Herald y ICIJ lo citaron refiriéndose a temas como el lavado de dinero, la conexión del alto gobierno de Venezuela con el narcotráfico, los pactos secretos con Irán y la importancia del senador de Estados Unidos Marco Rubio en la ofensiva de Washington contra el régimen venezolano.
Para ganarse la confianza de sus clientes Rodil alardeaba de sus contactos no solo con la DEA sino con el FBI, ICE, la CIA y la Policía Nacional de España y se ufanaba de ser asesor de un excongresista de Estados Unidos cuyo nombre no fue citado en un reporte judicial que menciona la conexión.
Pero la fama de Rodil de oportuno componedor de entuertos ha quedado empañada en España. Autoridades de ese país investigan al abogado por una presunta extorsión a exfuncionarios venezolanos involucrados en escándalos de corrupción.
Los exfuncionarios pagaron a Rodil bajo el aparente convencimiento de que los ayudaría a eludir cargos criminales, según documentos judiciales de España.
El juzgado de instrucción 29 de Madrid identificó a Rodil como el presunto cabecilla de “una organización criminal dedicada a la estafa, la extorsión y el tráfico de influencias’’ en un auto judicial colmado de organigramas de sociedades y transferencias de fondos cuentas bancarias en varias partes del mundo.
“Este grupo de personas recibió a través de las estructuras de blanqueo de capitales proporcionadas por la organización criminal investigada millones de euros procedentes de ciudadanos venezolanos relacionados con actividades delictivas’’, afirma un reporte de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de España, aportado al expediente principal del caso judicial.
La organización, según documentos citados por el juzgado, movió millones de dólares en un entramado de cuentas bancarias y propiedades en Estados Unidos, España, Suiza, Portugal, Inglaterra, Escocia, Chipre, Hong Kong, Holanda, Israel, Panamá y República Dominicana.
Entre el grupo investigado por el juzgado se encuentran tres policías españoles. Los documentos investigativos aportados al juzgado español y revisados por la alianza periodística incluyen supuestos episodios en los que de Rodil apremiaba a los venezolanos para que contrataran sus servicios de consultoría, pero ofrecen poca evidencia de que hizo amenazas directas o utilizó algún tipo de coerción.
Las autoridades españolas libraron una orden de captura contra Rodil hace dos meses.
Rodil, quien no respondió un cuestionario y varias solicitudes de entrevista, no está acusado en Estados Unidos.
Aliados suyos sostienen que los exfuncionarios que lo acusan están tratando de desacreditar las investigaciones de Estados Unidos al lanzar una campaña en contra de un colaborador clave de autoridades estadounidenses. Dicen que los fiscales en España, un país que según algunos expertos es un refugio seguro de venezolanos corruptos, siguen una agenda basada en la campaña de información distorsionada por los exfuncionarios.
Roger Noriega, ex subsecretario de Estado de EEUU durante la presidencia de George W. Bush y quien ha trabajado en el negocio de consultoría de Rodil, dijo que el abogado es un adalid de la lucha contra la corrupción y que los pagos “se realizaron en el contexto de cuando Martín estaba cooperando en actividades cuidadosamente supervisadas” por las autoridades estadounidenses.
“La acusación española se deriva de una historia que tejieron los delincuentes con sus asesores legales”, agregó Noriega.
En un afidávit aportado al proceso en España, un exagente de la DEA dijo que nunca “observó o tuvo razones para sospechar de cosas impropias o violaciones de la ley en las actividades profesionales de Rodil’’.
El exagente Robert Zachariassiewicz cita un artículo de Bloomberg de 2016 que asegura que Rodil ha facilitado la colaboración con Estados Unidos de más de dos docenas de venezolanos, incluyendo exgenerales, ministros, ejecutivos petroleros, un exjuez y un escolta presidencial.
Javier Alvarado Ochoa, exviceministro de Desarrollo Eléctrico y exdirectivo de PDVSA que afronta cargos de lavado de dinero en Estados Unidos, le dijo a ICIJ que Rodil hablaba de sus extensas conexiones con fiscales de Estados Unidos y agentes de la DEA como preámbulo para contratar sus servicios de asesoría.
“Tienes problemas aquí’’, recuerda Alvarado que Rodil le decía. “Te están esperando los fiscales (de Estados Unidos) para investigarte, déjame ayudarte».
Rodil es “un extorsionador muy bueno y sutil”, agregó Alvarado a ICIJ. “Te causa la enfermedad para luego curarte”.
Alvarado, quien vive en España y es considerado por la justicia de Estados Unidos como fugitivo, dijo que Rodil le cobró dos millones de dólares para ayudarlo a resolver sus problemas legales. De acuerdo con documentos entregados en septiembre por el abogado de Alvarado a los fiscales españoles, el exviceministro le pagó a Rodil más de 1.1 millón de euros (1.2 millones de dólares) en tres transacciones entre marzo y diciembre de 2015.
Alvarado declaró que “Rodil le ofreció protección en EEUU, en concreto una vía expedita para convertirse en colaborador de las agencias de EEUU y le informó que tenía un equipo en España que se dedica a manejar problemas que pudiera tener’’.
La fiscalía federal de Houston acusó en 2019 Alvarado de lavado de dinero, alegando que lavó millones de dólares producto de transacciones corruptas en PDVSA. En septiembre de 2022 Michael John Wynne, abogado de Alvarado en Estados Unidos, presentó una moción de 59 páginas alegando que la acusación es “defectuosa, insuficiente y contradictoria’’. También argumentó que la ley de Estados Unidos contra la corrupción (Foreign Corruption Practices Act) no se aplica a Alvarado. El juez no ha fallado sobre la moción.
Según la justicia de España, Rodil “figura como último beneficiario de las sociedades receptoras realizados por la Organización Criminal”. De acuerdo con el ciudadano español Dimas Antúnez Moreno, uno de los testigos citados por la investigación judicial, Rodil afirmaba que se reunía con ciudadanos venezolanos en la isla de Aruba, “para acordar la forma de sacarlos de Venezuela, así como sacar el dinero que poseían en Venezuela”.
Antúnez denunció a algunos de los miembros de la supuesta organización criminal por amenazas y actos de vandalismo a su automóvil.
Otro de los clientes de Rodil en España, según la pesquisa judicial, era Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, exviceministro de Energía Eléctrica de Chávez. Villalobos, quien se residenció en España, está acusado en el Distrito Sur de Texas de cobrar sobornos a los proveedores de PDVSA a cambio de la adjudicación de contratos. La acusación fue abierta en agosto de 2017.
Los investigadores de la justicia española descubrieron documentos que reflejan que Villalobos transfirió seis millones de dólares a una sociedad de Rodil en Estados Unidos (Mercazz LLC) en varios depósitos que ocurrieron entre septiembre de 2016 y agosto de 2017.
Carlos Luis Aguilera Borjas, exdirector la policía política de Venezuela, DISIP, asentado en España, aseguró a fiscales de ese país que Rodil también lo contactó para ofrecerle su intermediación. Le dijo, según él, que estaba bajo investigación de Sepblac, entidad oficial española dedicada a la prevención del blanqueo de capitales, y que esa información saldría en un medio de comunicación de España, lo cual ocurrió. Según el reporte de la Brigada Central de Investigaciones de Blanqueo, aportado al expediente judicial, Rodil es quien “inicia la labor de extorsión sufrida por Carlos Aguilera”.
Aguilera dijo que conoció a Rodil a principios de 2015 en la isla de Saint Martin y posteriormente se reunió con él en el hotel Eden Roc de República Dominicana donde Rodil “le ofreció su ayuda para solucionar sus problemas en España”.
De acuerdo con la declaración judicial de Aguilera, Rodil creaba el problema para luego “ofrecer su ayuda… aprovechando sus relaciones con administraciones de EEUU y España, solicitando para ello una retribución económica’’. En su caso, dijo, pagó más de dos millones de dólares. Según Aguilera, Rodil utiliza diferentes entidades corporativas “para evitar pistas de sus movimientos”.
Un resumen del Ministerio del Interior de España, aportado al expediente, describió al grupo de Rodil como “una suerte de conseguidores que a través de diversas reuniones encabezadas por Martín Rodil Álvarez en hoteles de Madrid, Aruba, Isla San Martín y República Dominicana, habrían vendido sus servicios a ciudadanos de origen venezolano que tendrían la intención de desplazarse a España, asentarse e introducir en este país sus bienes, a sabiendas de que los mismos estaban siendo objeto de investigación por su procedencia ilícita”.
Según el expediente, existen vínculos de Rodil con “altos representantes de la cúpula policial española” a quienes puso en contacto con los venezolanos.
Hugo Andre Ramalho Góis, un hombre de negocios portugués identificado por la justicia española como uno de los asociados de Rodil, envió millones de dólares que recibió de Villalobos y otros a sociedades de fachada registradas en jurisdicciones como Chipre y Escocia, incluyendo firmas supuestamente controladas por Rodil, según los documentos judiciales de España.
Góis compareció en la Fiscalía Anticorrupción de España en abril de 2018 para entregar documentación de las sociedades y las cuentas bancarias de diversos exfuncionarios del chavismo con la esperanza de conseguir reducciones de pena. Es investigado en la macrocausa de PDVSA que instruye la Audiencia Nacional de España.
Góis fue acusado en 2018 en una corte federal de Miami, junto a otros banqueros, de cargos de lavado de 1,200 millones de dólares de fondos de la petrolera estatal venezolana PDVSA. La acusación identifica a Góis como un “lavador de dólares profesional”.
Los documentos judiciales de España indican que las autoridades de ese país usaron numerosos papeles de Góis para elaborar su caso en contra de Rodil.
Góis no respondió a una solicitud de comentario. Los cargos en su contra en la corte federal de Miami continúan pendientes.
La causa española cita varias instancias en las que el empresario Alberto Galán Fereres, ‘Avi’, se conecta con Rodil a través de un tinglado de sociedades y transferencias. Según la declaración de Alvarado, Rodil le dijo que “su persona de confianza en este país (España) sería un tal Avi (Alberto Galán Fereres)”. Galán es identificado en los documentos como “la cabeza visible en España de la organización dirigida por Martín Rodil, habiendo participado en la totalidad de los actos investigados, los cuales irían desde la satisfacción de servicios ilícitos de asesoramiento y protección a los ciudadanos venezolanos asentados en España”.
En una declaración el 24 de febrero de 2022 a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional de España, Galán explicó que conoció a Rodil en “una reunión de inteligencia israelí a la que ambos acuden”.
Describió su trabajo como consultor de seguridad, asesoramiento a empresas y tecnologías de drones y conferencista en cursos de ascenso de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Conoció a Villalobos, dijo, en la sede de la DEA en Washington en 2019 en donde estaba presente Rodil. Luego se reunió con Villalobos en República Dominicana y Madrid. Relató que Rodil le pidió que le ayudar a conseguir un bufete de abogados para asesorar a los venezolanos en España por lo cual recibió honorarios además de unos servicios personales que le prestó al abogado.
Galán aseguró a Moncloa.com que en el expediente “no aparece indicio o prueba alguna de un delito cometido por mí” y que los acusadores perjudicados “no han presentado ninguna prueba de pago alguno a mí’’. Dijo que no ha incurrido ni en prácticas de extorsión ni en amenazas.
“Nada tengo que ver con los pagos recibidos por Rodil reflejados en la causa”, añadió.
Rodil no se ha presentado a declarar en la Fiscalía Anticorrupción ni ante la magistrada que instruye la causa de la extorsión. Después de meses de notificaciones, hasta el pasado 15 de diciembre no se personó su abogado en la causa.
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