Una indígena de 10 años de no más de cinco pies de altura llegó con dolores de parto a las instalaciones del hospital de San José de Guaviare, un pueblo amazónico al suroriente de Colombia.
No lloraba, no se quejaba, no hablaba.
Según un reporte de Gerardo Reyes para Univisión Noticias, la niña iba acompañada por un familiar, quizás un tío suyo, quien contó al personal médico en un español rudimentario que la menor estaba a punto de abortar en un río cercano al resguardo indígena cuando él la rescató para llevarla al hospital.
“[El tío] estaba muy asustado, dijo que la niña estaba en trabajo de parto y que ella era muy pequeña y le daba miedo que se muriera’’, explicó una mujer familiarizada con el caso y que pidió ser identificada solo como Carla.
El tío aseguró que la niña quedó embarazada de un militar estadounidense destacado en las instalaciones de un batallón colombiano cercano al asentamiento indígena, agregó Carla.
En Colombia las relaciones sexuales con menores de 14 se consideran violación carnal, un delito penado con cárcel de 12 a 20 años.
“Había quedado en embarazo de un militar gringo y que le había dado comida’’, señaló Carla.
La niña dio a luz por cesárea a un bebé a quien no quiso ver ni darle pecho porque estaba estupefacta, no entendía lo que estaba ocurriendo, recordó Carla.
“El bebé nació muy bien, era un niño muy bonito. Era morenito como ella. Pero tenía los ojos claros, de color verdes’’, explicó. “Era una bebé teniendo a otro bebé’’.
En el pueblo se regó el rumor de que en el hospital departamental había nacido un niño hermoso con rasgos indígenas y ojos de color a quien su mamá había rechazado. Varias madres se ofrecieron para hacerse cargo temporalmente o adoptarlo.
Pero la niña indígena y su hijo quedaron bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) como lo prevé la ley. El caso de la presunta violación había sido previamente reportado por la periodista Natalia Pedraza en el diario El Espectador.
Los hechos ocurrieron en 2019 y son parte de una investigación de la Fiscalía General de Colombia que se ha mantenido bajo el más absoluto hermetismo. Pese a que en otros procesos se han revelado los nombres de militares colombianos involucrados en presuntas violaciones de menores indígenas en la misma zona, en este solo se sabe que la investigación “está activa’’ en la Dirección Especializada de Derechos Humanos de la Fiscalía General de Colombia. Así lo explicó a Univision, Isabel León, directora seccional de la fiscalía en Guaviare.
“Es un caso en el que la señora vicefiscal ha estado al tanto de la situación, han estado haciendo todas las indagaciones pertinentes’’, dijo León al corresponsal de Univision en Colombia Yezid Baquero. “Tiene un fiscal destacado a cargo y conocimiento y dice que continúan en etapa de indagación porque han venido a región a practicar diferentes entrevistas’’.
De acuerdo con León no se han formulado cargos. La fiscal dijo que no sabía si el investigador del caso ha pedido la cooperación de la embajada de Estados Unidos en Bogotá.
Joaquín Mendieta, director del ICBF en Guaviare, confirmó a Univision la existencia de la investigación, pero aseguró que no estaba autorizado para dar información adicional.
“Se encuentran bien’’, agregó Mendieta refiriéndose a la madre y su hijo. A la pregunta si estaban en Colombia, respondió: “No puedo precisamente dar esa información por el tema de reserva’’.
El dos de diciembre pasado Univision Investiga envió a la oficina de prensa de la embajada de Estados Unidos en Bogotá una solicitud de información en relación con el caso. La petición fue respondida siete días después indicando que debía ser dirigida al
Departamento de Estado. Un vocero de oficina se disculpó por la demora en responder.
La violación de niñas a cambio de alimentos, dinero o drogas es una práctica extendida en esta zona de Guaviare. Según el ICBF cada semana reciben cuatro casos de abusos sexuales de niñas. Un 20 por ciento de los casos de menores embarazadas atendidas en el hospital departamental son de etnias indígenas, según estadísticas entregadas a Univision Investiga por la Secretaría de Salud departamental.
Un equipo de Univision Investiga visitó la región en octubre pasado para conocer de primera mano las dimensiones de este drama. http://uni.vi/WkGc104lX8V Hablamos con líderes de las comunidades nukak y jiw así como con familias de ambas etnias que viven en los asentamientos y en las calles de la ciudad; confrontamos a funcionarios públicos y escuchamos al personal médico del hospital principal; un misionero nos ayudó a entender la idiosincrasia de las comunidades en peligro de extinción y consultamos a los habitantes de la ciudad, tanto aquellos que no han perdido su capacidad de indignación frente a la explotación y drogadicción de las menores en plena calle y otros que piensan que los niños son un estorbo.
San José del Guaviare es la cabecera de uno de los departamentos mayores productores de coca en pasta de Colombia. La planta de coca crece más rápido en esta región lo cual ofrece hasta cinco cosechas al año mientras que en el resto del país solo se producen tres. En sus territorios funcionan varios batallones que desde hace más de 20 años han alojado a militares y contratistas privados estadounidenses enviados a participar en operaciones antinarcóticos y erradicación de cultivos.
De acuerdo con Carla en la zona donde presuntamente ocurrió la violación, a unas dos horas de la capital, las instalaciones militares limitan con los territorios indígenas. La destrucción de la selva, el desplazamiento forzado y otras agresiones de grupos guerrilleros y paramilitares, crearon una crisis alimentaria dentro de las comunidades indígenas.
Ante la desesperación, los indígenas se acercan a los cuarteles en busca de comida. En ese momento, agregó Carla, se produce el intercambio de sexo por comida.
“Ellos [los militares] les dan las raciones que llevan para campaña. Se las dan a las indígenas o a los indígenas, porque a veces son los padres los que las someten a eso con los soldados. Para ellos tener acceso a esas raciones’’, explicó Carla.
“Ellos [los indígenas] la ven como una transacción y entonces ofrecen las hijas que tengan para que tenga la opción de decidir con quién. Entonces el papá o ellas, en su desesperación por la falta de alimento, deciden entablar esa transacción sexual por raciones de alimentos.
De acuerdo con Carla, el familiar de la niña contó que el militar estadounidense utilizó este medio de pago para abusar sexualmente de la menor.
“El familiar decía que en su población muchas niñas estaban quedando en embarazo porque no tenían comida, sabían que no había que cazar entonces, que no tenían qué comer y que estaban teniendo los bebés y los estaban arrojando al río’’, explicó Carla.
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El drama de las menores indígenas abusadas en la Amazonía colombiana