Una demanda en EE. UU. expone presuntos vínculos entre altos funcionarios de Honduras y el Cartel de los Soles, la red narco del régimen venezolano.
En el corazón de la crisis de seguridad hemisférica que sacude a América Latina, Honduras emerge ahora en el radar de Washington por una acusación de alto voltaje: la presunta infiltración del Cártel de los Soles, la red narcoterrorista vinculada al poder en Venezuela, en las más altas esferas del poder político hondureño. Lejos de tratarse de rumores o guerra retórica, la denuncia ha sido formulada públicamente por legisladores estadounidenses y respaldada por inteligencia y reportes de agencias federales. En agosto de 2025, el congresista Carlos A. Giménez fue directo: “Honduras es un Estado paria bajo el control del criminal Cartel de los Soles y la corrupta familia Zelaya”. Según Giménez, la campaña presidencial de Rixi Ramona Moncada Godoy, candidata del partido LIBRE y exministra de Finanzas, habría sido financiada por esta estructura criminal transnacional liderada por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Las acusaciones plantean que Honduras es un aliado político del chavismo, y eventualmente serviría como plataforma operativa para el narcotráfico venezolano rumbo a Estados Unidos.
El Cartel de los Soles, denominado así por las insignias solares que portan generales venezolanos, es identificado por agencias de seguridad de Estados Unidos como una estructura criminal de carácter estatal dedicada al tráfico internacional de cocaína desde Colombia, utilizando a Venezuela como plataforma logística y con ramificaciones operativas en Centroamérica y el Caribe. Informes de la DEA y del Departamento de Justicia de EE. UU. señalan que esta red narcoterrorista ha extendido su influencia mediante la cooptación de gobiernos aliados, entre ellos Honduras, donde presuntamente habría facilitado esquemas de lavado de dinero, protección de rutas de narcotráfico y financiamiento político. En el caso hondureño, esta penetración se habría materializado a través de alianzas con el Partido LIBRE, liderado por Manuel Zelaya, esposo de la presidenta Xiomara Castro, ambos señalados en múltiples investigaciones periodísticas por presuntos vínculos con redes de corrupción y crimen organizado. Aunque la candidata oficialista Rixi Ramona Moncada Godoy fue derrotada en las elecciones de 2025 —en las que Nasry Asfura resultó vencedor—, el impacto político del caso no se ha disipado. Moncada desconoció los resultados y denunció un supuesto “golpe electoral”, mientras sectores del Congreso estadounidense y analistas de seguridad la han señalado como pieza funcional de una estrategia regional respaldada por fondos venezolanos, orientada a sostener un modelo de poder descrito por críticos como narcosocialista.
Este contexto de presunto narcoterrorismo transnacional sirve de marco a una demanda civil federal presentada el 16 de octubre de 2025 ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Alabama (Estados Unidos) por el empresario estadounidense Murray Paul Farmer y su compañía DRC, Inc. contra Rixi Ramona Moncada Godoy y otros funcionarios del Estado hondureño. El litigio, identificado con el caso No. 1:25-cv-00418, reclama más de 106 millones de dólares en daños y alega difamación, interferencia tortuosa en relaciones contractuales, infligimiento intencional de daño emocional y la comisión de actos vinculados al terrorismo internacional, conforme al derecho estadounidense.
La acción judicial se origina en un contrato de reconstrucción posterior al Huracán Mitch (1999), financiado con fondos de USAID, y describe un patrón de obstrucción sistemática de pagos, hostigamiento institucional y represalias contra Farmer —ciudadano estadounidense— luego de que se negara a realizar pagos ilícitos o sobornos, según consta en la queja. Lo que sigue es un análisis pormenorizado del expediente judicial, sustentado en documentos públicos y fuentes oficiales verificadas, que permite dimensionar el alcance político, legal y geoestratégico del caso.
Antecedentes: El Contrato de Reconstrucción y la Corrupción Inicial
Todo comienza con el Huracán Mitch en 1998, que devastó Honduras, destruyendo el 70% de su infraestructura y causando pérdidas por 3.800 millones de dólares. El Congreso de EE.UU. aprobó casi 1.000 millones en ayuda a través de la Ley de Apropiaciones Suplementarias de Emergencia de 1999, administrada por USAID. Honduras recibió 293 millones, con el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) como entidad ejecutora. Bajo acuerdos bilaterales de 1961 y 1999, los contratistas estadounidenses como DRC gozaban de inmunidad diplomática y protección contra procesos penales hondureños.
DRC, Inc., una empresa con sede en Alabama (aunque incorporada en Carolina del Sur), ganó un contrato el 21 de junio de 2000 para construir sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento en 21 comunidades remotas, beneficiando a más de 300.000 hondureños pobres. El contrato, firmado en presencia del presidente hondureño Carlos Flores Facussé y el director de FHIS, Moisés Starkman Pinel (con rango de Secretario de Estado), fue televisado en vivo. DRC completó los proyectos entre 2000 y 2003, a pesar de demandas de sobornos por parte de funcionarios de FHIS y USAID, como Starkman, Carlos Flores y Mauricio Cruz. USAID realizó más de 20 auditorías, ninguna encontró fraude en DRC, pero confirmó irregularidades en FHIS, lo que llevó a la retirada de fondos estadounidenses en 2002.
Sin pagos completos, DRC demandó a USAID en EE.UU. (desestimada por falta de contrato directo) y ganó un arbitraje en Honduras en 2009 por 51 millones de dólares más intereses. La Corte Suprema hondureña confirmó esto en 2022 como un «fallo final e inapelable» por 106.206.460,51 dólares. Sin embargo, bajo el gobierno de LIBRE (electo en 2021), los demandados bloquearon el pago, alegando fraude inexistente.
Los Demandados y su Rol en la Obstrucción
La demanda nombra a:
Rixi Ramona Moncada Godoy: Exministra de Finanzas y excandidata presidencial de LIBRE en 2025. Acusada de difamación y obstrucción, Moncada declaró públicamente en febrero de 2023: «Me hago personalmente responsable de no entregar ni un tan solo lempira». Sus vínculos con Venezuela, Cuba y Nicaragua son destacados, y Giménez la acusa de financiamiento del Cartel de los Soles. En septiembre de 2025, repitió en TikTok que el fallo era «corrupto».
Manuel Antonio Díaz Galeas: Procurador General (PGR), quien envió cartas ex parte al Banco Central de Honduras (BCH) ordenando no pagar, amenazando con cargos penales.
Rebeca Santos: Presidenta del BCH, quien obedeció las órdenes.
Johel Antonio Zelaya Álvarez, Luis Javier Santos y Miguel Chirinos: Fiscales que fabricaron cargos penales contra Farmer en julio de 2025, alegando que los proyectos «nunca existieron» –a pesar de certificaciones de USAID y USACE.
Estos actos violaron tratados bilaterales y constituyeron «terrorismo internacional» bajo la Ley Antiterrorismo de EE.UU. (18 U.S.C. § 2333), ya que involucraron amenazas a la vida, violaciones de leyes estadounidenses y efectos transfronterizos en Alabama.
La Conexión con el Cartel de los Soles y Venezuela
La demanda liga explícitamente a LIBRE con Venezuela: Xiomara Castro es esposa de Mel Zelaya, ocustado en 2009 y aliado de Chávez/Maduro. Familiares de Zelaya, como su hermano Carlos, han sido grabados aceptando sobornos de narcos como Los Cachiros (650.000 dólares en 2013, mitad para el «Comandante» Zelaya). El padre de Zelaya fue condenado por la Masacre de Los Horcones en 1975. En 2021, EE.UU. sancionó al ex-presidente Porfirio Lobo por corrupción narco; su hijo Fabio fue sentenciado a 24 años en prisión por tráfico de cocaína (salió libre luego de colaborar con la Justicia).
El representante Giménez, en agosto de 2025, denunció: «La campaña de Rixi Moncada es un instrumento de la red narcosocialista Zelaya, financiada por el Cartel de los Soles». En diciembre de 2025, Moncada denunció fraude electoral, alegando injerencia de Trump, pero fuentes como RT y X posts indican que LIBRE buscaba perpetuar el control venezolano. La DEA ha documentado cómo Honduras, bajo Castro, se convirtió en un «narcoestado», con un aumento del 30% en envíos de cocaína a EE.UU. desde 2021.
Impacto en EE.UU. y Repercusiones Legales
Farmer, residente de Mobile, Alabama, sufrió difamación que destruyó su reputación, causando pérdidas de 25 millones en negocios. Recibió amenazas de muerte, como «Te daremos el tratamiento de William Walker» (un filibustero ejecutado en 1860). En julio de 2025, huyó de Honduras a través de la selva tras un warrant de arresto fabricado, violando el Tratado de Inmunidades.
La demanda invoca jurisdicción bajo diversidad (28 U.S.C. § 1332) y la ATA, argumentando que los actos no son soberanos sino criminales, por lo que no aplican inmunidades soberanas (Samantar v. Yousuf, 2010). Pide daños compensatorios, punitivos y triples (318 millones totales).
El caso avanza en la Corte federal; las citaciones fueron servidas en octubre y noviembre 2025. Rixi Moncada, tras perder las elecciones, ha intensificado denuncias de fraude, pero no ha respondido públicamente a la demanda. Giménez continúa presionando por sanciones Magnitsky contra Zelaya y Moncada.
¿Un Patrón Regional de Narcopolítica?
Bajo el mandato del partido LIBRE —vigente hasta el 24 de enero de 2026— Honduras ha reorientado su política exterior y su discurso institucional hacia un alineamiento explícito con Venezuela y Nicaragua, adoptando una narrativa de confrontación contra Estados Unidos bajo el rótulo de “antiimperialismo”. En ese marco, Rixi Moncada llegó a descalificar la Lista Engel —el instrumento estadounidense para sancionar a funcionarios corruptos en Centroamérica— como una “política imperialista”, reforzando la ruptura con los mecanismos de cooperación anticorrupción impulsados desde Washington. El giro hondureño se produce, además, en un momento de redefinición de la estrategia regional de Estados Unidos: en noviembre de 2025, Donald Trump concedió un indulto al expresidente Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico, mientras endurecía de forma simultánea la presión política, financiera y judicial contra el régimen de Nicolás Maduro, impactando directamente a sus aliados en el hemisferio.
Este proceso es interpretado como parte de una estrategia de desmantelamiento del denominado “eje bolivariano”, entendido como una alianza ideológica y una red de protección política y financiera para estructuras de crimen organizado transnacional. La demanda civil presentada en Estados Unidos busca exponer esquemas de lavado de dinero vinculados al narcotráfico en campañas políticas y estructuras estatales, debilitando seriamente la legitimidad de gobiernos aliados al chavismo, incluido el de Xiomara Castro de Zelaya en Honduras.
Para Murray Paul Farmer, el proceso judicial representa la posibilidad de reparación tras más de 25 años de litigios, presiones y represalias; mientras que para Estados Unidos, constituye un nuevo frente en la ofensiva legal contra el narcoterrorismo y sus ramificaciones políticas en América Latina.
El caso pone en evidencia una vez más cómo los tribunales federales estadounidenses se están consolidando como escenarios clave para ventilar responsabilidades que los sistemas judiciales locales no han podido —o no han querido— esclarecer.
Fuentes: Demanda judicial federal (caso 1:25-cv-00418); declaraciones públicas del congresista Carlos A. Giménez (X, agosto-septiembre de 2025); reportes de la DEA; resultados oficiales de las elecciones hondureñas de 2025 (CNE). Este reportaje se basa en documentos públicos y fuentes verificables, y no prejuzga culpabilidad alguna.
Tomado de Cartel de los Soles y Honduras: altos funcionarios implicados en una demanda millonaria en EE. UU.