Estimada Sra. Jiménez,
he leído con incredulidad el debate semántico que tuvo Usted ayer en el Senado, con mi apreciado amigo Iñaki Anasagasti. Su afirmación de que no existen presos políticos en Venezuela es, además de insultante, falsa, y le explicaré los motivos, para que su ignorancia sobre el tema no la deje a Usted, y por consiguiente a España, mal parada en la escena internacional.
Curiosamente en dias pasados tuve que enviarle a Iñaki una aclaratoria, sobre un articulo, que publicó en su bitácora personal y que se refiere particularmente a Usted, cuya autoría me atribuyeron erróneamente, en lugar de citar la fuente original.
En cualquier caso, Sra. Jiménez, sepa Usted que si existen presos políticos en Venezuela. Y antes de aventurarse a afirmar sandeces públicamente, debería Usted informarse debidamente, sobre todo, cuando es tan fácil para cualquier persona con acceso a la red someter sus declaraciones al escarnio público. Dice Usted que ni Amnistía Internacional ni Human Rights Watch contemplan la existencia de presos políticos en Venezuela. Sepa Usted que el caso de la Juez Maria Afiuni, para citarle un ejemplo y notando lo poco que parece importale a Usted el bienestar de sus congéneres venezolanas, ha sido reportado tanto por Amnistía Internacional (20 resultados aquí), como por Human Rights Watch (16 resultados aquí).
Ademas de las organizaciones citadas, que según Usted son las únicas con potestad de definir si una persona mantenida ilegalmente en prisión por cuestiones políticas es un preso político o no, tendría su despacho a bien informarse sobre las declaraciones del caso de la juez Afiuni emitidas por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en las voces de Presidente-Relator del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, Sr. El Hadji Malick Sow; Relatora especial sobre la independencia de magistrados y abogados, Sra. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva; y Relatora especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Sra. Margaret Sekaggya.
Si estima Usted que las organizaciones citadas carecen de verosimilitud en lo que respecta a la existencia de presos políticos en Venezuela, como último recurso, quizás pueda Usted sentir preocupación por el peligro que corre una mujer inocente privada de su libertad por hacer su trabajo y cumplir la ley, con el contenido de la siguiente medida cautelar emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos:
MC 380/09 – María Lourdes Afiuni, Venezuela
El 11 de enero de 2010, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de María Lourdes Afiuni, Venezuela. En la solicitud de medida cautelar se alega que el domingo 3 de enero de 2010, un grupo de personas privadas de la libertad del Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), se habría colocado cintas distintivas en las piernas y en la cabeza, en señal de “guerra” o “motín”, y habría planificado “quemar viva a la jueza”, en referencia a la señora Afiuni, así como a otras tres detenidas por ser consideradas cercanas a ella. Se alega que este grupo de personas intentó derramar gasolina en el sector en el cual se encuentra presa la señora Afiuni, y prenderle fuego. La Comisión Interamericana solicitó al Estado de Venezuela que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de la beneficiaria; que adopte las medidas necesarias para que la beneficiaria sea trasladada a un lugar seguro, y que informe a la CIDH sobre las acciones adoptadas a fin de esclarecer judicialmente los hechos que justifican la adopción de medidas cautelares.
La juez Afiuni no esta sola en su calvario. La muerte de Franklin Brito, debido a causas políticas y la inhumanidad de un estado militarista, todavía está fresca en la memoria de los venezolanos. Y existen muchos otros casos, Sra. Jiménez, no se engañe Usted.
Su actitud se asemeja a la del juez Varela en el caso Garzón, es decir, la adopción de posiciones insostenibles en un mundo definido por la universalidad del marco de leyes internacionales, y el libre flujo de información.
Flaco favor le han hecho sus ignorantes declaraciones a las víctimas de violaciones a los derechos humanos: infórmese, y si su conciencia se lo permite, retráctese.
Sin más, Alek Boyd
