Los aviones Global Express —matrícula N244BC— y el Falcon 7X —matriculado bajo el N848BC— forman parte del grueso patrimonio del banquero venezolano y expresidente de Bancrédito, Julio Herrera Velutini, acusado por el gobierno de los Estados Unidos de delitos financieros y pago de sobornos a funcionarios públicos. Ambas aeronaves están registradas en un trust del banco of Utah, un mecanismo usado normalmente por los propietarios de este tipo de bienes.
Julio Herrera Velutini, está residenciado desde hace varios años en Reino Unido. El venezolano fue acusado de corrupción en Puerto Rico por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Venezuela Política logró determinar que la empresa que administra los dos aviones propiedad de Julio Herrera Velutini está ubicada en Orlando, Florida y está controlada por el venezolano, Daniel Bertou, administrador de AC Shares.
Un gran jurado de EE. UU., acusó al banquero venezolano de seis cargos que incluyen conspiración, sobornos, fraude electrónico y artificios para impedir el derecho a servicios honestos.
Según los documentos judiciales, Herrera Velutini conspiró junto a la ex gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, el ex-administrador de Vivienda Pública, John Blakeman, la ex presidente, principal socio de Bancrédito en Puerto Rico, Francés M. Díaz, y el consultor y ex agente federal del FBI, Mark T. Rossini, para que la mandataria removiera de la dirección de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras al comisionado George Joyner y designara como jefe del ente regulador a un funcionario que pudiera detener las múltiples acciones correctivas que se le requerían a Bancrédito.
Herrera Velutini, es además solicitado por la justicia chavista debido a otros negocios oscuros realizados en Venezuela por la venta irregular de entidades bancarias, entre ellas Banco Real durante la llamada crisis bancaria de 2009.
La demanda del gobierno de Estados Unidos dice que Herrera Velutini quería asumir el control de la entidad de regulación financiera de Puerto Rico para ocultar una millonaria cartera de dinero sucio proveniente de figuras vinculadas al régimen de Venezuela, algunos de los cuales están siendo investigados por corrupción por el Departamento de Justicia de EE. UU.
Cuando se dio a conocer la acusación, Herrera Velutini renunció como presidente de la junta de directores de su banco en Puerto Rico, Bancrédito.
Según el Departamento de Justicia, Herrera Velutini quería que se reemplazara al principal regulador bancario de la isla y, a cambio, ofreció pagar $300,000 a los consultores políticos que trabajan en la campaña del gobernador.
Vázquez, quien enfrentaba la reelección en ese momento, estuvo de acuerdo con el plan, dijo W. Stephen Muldrow, el Fiscal de los Estados Unidos para Puerto Rico, y agregó que el banquero Herrera Velutini luego formó un comité de acción política para Vázquez.
La acusación de 42 páginas del gran jurado detalla reuniones y mensajes de texto que pretendían mostrar la naturaleza quid-pro-quo del acuerdo. La gobernadora cumplió con su parte del trato, obligando al comisionado bancario titular a renunciar e instalar a la elección del Herrera Velutini como el nuevo comisionado, según la acusación.
Para disfrazar el “propósito ilegal y corrupto de los sobornos”, los pagos de Herrera se canalizaron a través de Mark T. Rossini, quien se desempeñó como asesor de Herrera y está acusado de facilitar el arreglo, dijo el Departamento de Justicia.
El exgobernador, el banquero y el ex-agente federal de F.B.I fueron acusados de conspiración, soborno de programas federales y fraude electrónico de servicios honestos, y podrían enfrentar hasta 20 años de prisión si son declarados culpables, dijo Muldrow.
Dos personas más involucradas en el esquema de soborno, el presidente del banco y uno de los asesores de campaña de Vázquez, se declararon culpables de conspiración y cada uno enfrentará hasta cinco años de prisión.
En la querella criminal contra Herrera Velutini y Wanda Vázquez es parte de una amplia investigación que busca aclarar cómo, dónde, con quiénes y cuándo se realizaron varias operaciones de blanqueo de capitales de un grupo de contratistas corruptos del régimen Hugo Chávez y Nicolás Maduro y otros relacionados con la oposición venezolana.