El hombre estacionó el vehículo, apagó el motor y se quedó observando el edificio bicolor de líneas circulares y amplios ventanales, rodeado de palmeras. Se veía hasta amigable. Dudaba entre apearse o no. Unas palabras rondaban su mente desde hacía varias semanas: “ …aquí va a llegar el día en que nos van a encerrar a todos; nos van a encerrar…”.
Se las había dicho Gois, uno de los miembros de la red que, desde hacía más de un año, trataba de repartir 560 millones de dólares entre los participantes de una oscura e ilícita operación con fondos de Pdvsa.
Respiró profundo, se bajó del automóvil y se encaminó a las oficinas del departamento de Homeland Security Investigation (HSI) en Miami. Para Pedro Binaggia, ya no había vuelta atrás.
Lo que sigue es el relato (con alguna licencia narrativa), que hizo Pedro Binaggia, – operador financiero ítalo-venezolano residente en Panamá, a HSI Florida, y que se refleja en la acusación de EEUU contra Francisco Convit Guruceaga de 24 de julio de 2018, en la que, además de EEUU, colaboraron agencias y cuerpos policiales de España, Italia, Reino Unido y Malta.
En el documento oficial, Binaggia manifiesta haber sido contactado a finales de 2014 por Convit (socio de Alejandro Betancourt, Orlando Alvarado – hijo de Javier Alvarado, ex presidente de Bariven – y Pedro Trebbau en Derwick Associates) y Carmelo Urdaneta, consultor jurídico del Ministerio de Petróleo de Venezuela, para realizar una supuesta operación de cambio de moneda en la cual, dijo, ofrecían venderle 100 millones de dólares a una tasa favorable.
Sin embargo, tardaban en enviar el contrato de compraventa de divisas (“forex”) para formalizar el acuerdo, aunque esto no preocupó al principio a Binaggia, ya que los fondos provendrían, según le habían dicho, de una entidad financiera europea debidamente regulada. Según Binaggia, su objetivo era ofertar los dólares a sus clientes en Venezuela.
Es así como Binaggia le pide a Convit que transfiera parte de los fondos a un fideicomiso del que Binaggia era el beneficiario final. Convit realiza la operación e informa que los fondos llegarán en euros y no en dólares.
A mediados de febrero de 2015, Binaggia ya había recibido unos 78 millones de euros en varias transferencias y supuestamente seguía pidiendo a Convit el envío del contrato forex entre su fideicomiso y Portmann Capital Management Ltd., que resultaría ser el brazo financiero de una compañía registrada en Madrid: Columbus One Properties SL
Todo apuntaba a que esa cantidad era la correspondiente al pago de sobornos que Convit y sus socios de Derwick debían hacer a los funcionarios Urdaneta y Abraham E. Ortega, Director de Finanzas de Pdvsa, quienes habían facilitado la operación.
Finalmente, Convit envió un documento a todas luces forjado: un contrato de joint venture falso por 600 millones de dólares entre Eaton Global Services Limited, una compañía de maletín de registrada en Hong Kong propiedad de Raúl Gorrín Belisario – miembro de círculo íntimo de Nicolás Maduro y Cilia Flores – y el fideicomiso de Binaggia. El supuesto negocio de la empresa mixta era la concesión de préstamos en bolívares a PDVSA.
Binaggia informó a Convit que el falso convenio no podía usarse y que necesitaba los contratos de intercambio subyacentes originales. Días después en Venezuela, Urdaneta entregó a Binaggia los documentos y le explicó que los había obtenido del funcionario de PDVSA, identificado en la acusación como Conspirador 1, probablemente Alvaro Ledo Nass, consultor jurídico de Pdvsa.
Los papeles que Binaggia entregó a HSI-Miami, revelaron la fuente de los fondos de PDVSA y la naturaleza del esquema.
El conjunto de documentos estaba conformado por tres piezas: un contrato de préstamo de bolívares pagaderos en dólares entre Pdvsa y Rantor Capital CA – compañía de maletín de Raúl Gorrín registrada en Anzoátegui – por un monto de 7.200 millones de bolívares; un contrato posterior entre Rantor y Eaton Global en el que la primera cedía los derechos como acreedor de Pdvsa a la segunda y una carta de Eaton Global dirigida a Pdvsa, específicamente a Víctor Aular Blanco, vice presidente de Finanzas, informando del intercambio, solicitando que el pago se hiciera en euros (paradójicamente, no tenían cuentas en bolívares) y se transfiriera a Portmann Capital Management Ltd., entidad financiera registrada en Malta, propiedad de los suizos Kurt e Yves Portmann, a nombre de Eaton Global.
En resumen, Raúl Gorrín se quedaba con la obligación de pagar a PDVSA unos 7.200 millones de bolívares (valorados en 35 millones de euros) y recibía a cambio 510 millones de euros.
La acusación de EEUU califica esta operación como de un “intento ingenuo” de tapar lo que a todas luces era una “malversación de fondos”.
Resultaba ya evidente que no se trataba solo de una transacción de divisas, sino de una operación de lavado de dinero en la que se esperaba que Binaggia lavara el producto de la malversación de fondos de Pdvsa y realizara pagos de sobornos a los funcionarios que la facilitaron.
Los riesgos eran altos y Binaggia lo sabía porque ya había participado antes en esquemas similares con el negocio del diferencial cambiario en operaciones con la Tesorería y con la propia Pdvsa, en el caso del contrato de la Administradora Atlantic 17107 y Violet Advisors SA de los hermanos Luis e Ignacio Oberto Anselmi. Corrían rumores de que las autoridades estadounidenses lo estaban investigando.
De la reunión con el departamento de HSI en Miami, a principios de 2016, Binaggia salió convertido en una “fuente confidencial “ (CS, por sus siglas en Inglés) que durante los meses siguientes proporcionaría decenas de documentos y grabaciones para la denominada Operación Fuga de Dinero (Operation Money Flight) en la que terminaron trabajando varias agencias de EEUU y de Europa.
Como parte de la operación, Binaggia siguió trabajando con Convit y José Vicente Amparan, identificado en la acusación como lavador de dinero profesional.
Es así como Binaggia realizó pagos en efectivo en Venezuela ordenados por Urdaneta y Conspirador 1 – probablemente Álvaro Ledo Nass – a ellos mismos y a Aular, quien recibió un millón de euros en efectivo.
En total, Binaggia realizó transferencias por valor de aproximadamente 15 millones de euros durante el verano de 2015, incluidas varias transacciones electrónicas en dólares ordenadas por Convit y Urdaneta, hasta que comenzó a resistirse a realizar más pagos, usando como excusa la liquidación de su fideicomiso. Binaggia argumentó que no podía continuar sin el ofrecido contrato de divisas, el cual le estaban solicitando los bancos por razones de compliance.
Convit y Urdaneta siguieron presionando para que Binaggia hiciera las transferencias ordenadas. Finalmente, conminaron a Binaggia a una reunión en la oficina de Convit en Caracas. Es aquí cuando se produce el ya célebre encuentro en el que Convit, que tenía una pistola encima de su escritorio, sostiene el control remoto del collar de un perro Pastor Alemán, e intimida a Binaggia diciendo: “No siempre lo puedo controlar”.
En dicha reunión, Amparan le dice a Binaggia que el contrato de joint venture falso se había proporcionado ya a los bancos que trabajaban con Portmann Capital Management Ltd. en Canadá y Malta, por lo que sería imposible reemplazarlo con un simple contrato de divisas y que, en todo caso, se necesitarían contratos falsos adicionales. En este punto, Binaggia manifiesta haber solicitado devolver los fondos de PDVSA y revertir las transacciones, cuestión que, obviamente, era imposible.
En las semanas siguientes, las actividades del grupo se centraron en reemplazar el contrato falso de la joint venture por otro “mejor”, también falso, a fin de justificar las transferencias iniciales a Binaggia, mientras se continuaban realizando esfuerzos por concretar los sobornos pactados a Urdaneta y Ortega.
En las grabaciones realizadas por Binaggia, los miembros del grupo reconocieron explícitamente que lo que tenían entre manos era una operación de lavado de dinero y de enriquecimiento ilícito.
En el transcurso de los meses y en vista de que la operación estaba estancada, Gorrín y Ortega incorporaron otros operadores financieros internacionales como Matthias Krull, banquero de una entidad financiera suiza, y Gustavo Hernández Frieri, colombiano por nacimiento y ciudadano estadounidense naturalizado, descrito en la acusación como “lavador de dinero profesional”.
Binaggia siguió operando con Urdaneta, Ortega y Conspirador 1 -probablemente Alvaro Ledo Nass – para tratar de distribuir los fondos de Pdvsa entre ellos mismos y los demás miembros de la trama, en base a los falsos contratos adicionales ofrecidos por Amparan.
De la grabación de una reunión en Madrid en marzo de 2017, para discutir el uso de bonos falsos en la trama, queda clara la preocupación de los operadores de la misma por hacer llegar su parte del botín a los hijos de Cilia Flores – hijastros de Maduro – Walter, Yoswal y Yosser Gavidia Flores.
El encuentro tuvo lugar en la sede de Columbus One Properties SL, propiedad de Ralph Steinmann, Luis Fernando Vuteff García, Amparan y Darío Ale. Las operaciones financieras del grupo las realizaban a través de Portmann Capital Management Ltd.
En varios momentos de la conversación, Urdaneta y Binaggia aluden a la necesidad de pagar una parte de los beneficios de la operación (159 millones de euros) a miembros del régimen de Venezuela a los que se refieren en distintas ocasiones como “los muchachos”, “los hijos de la señora”, “los chamos” o “los conocidos de Cilia”.
El 15 de diciembre de 2014, Víctor Aular, vicepresidente de Finanzas de Pdvsa, recibe la instrucción del Comité Ejecutivo de firmar un contrato de préstamo de bolívares pagaderos en dólares con una empresa de Raúl Gorrín. Dos días después, el 17 de diciembre, Aular suscribe en nombre de PDVSA un contrato con Rantor Capital CA por un monto de 7.200 millones de bolívares. Se trata de un contrato similar al suscrito en marzo de 2012 por el mismo Aular en representación de PDVSA con Administradora Atlantic 17107, denunciado este mes como ilegal por Tarek El Aissami ante la fiscalía del régimen de Maduro.
Para la fecha, la tasa oficial de cambio entre el bolívar y el dólar era de 6,30, por lo que los 7.200 millones de bolívares equivalían a 1.143 millones de dólares. Sin embargo, en el mercado paralelo, la tasa era de 182,23 bolívares por dólar, de manera que Rantor (Raúl Gorrín) solo tenía que cambiar menos de 40 millones de dólares en el mercado negro para obtener así los 7.200 millones de bolívares que debía prestar a PDVSA. La diferencia restante, unos 560 millones de dólares, constituía la ganancia por el diferencial cambiario que se repartieron entre Raúl Gorrín, los hijos de Cilia Flores, hijastros de Nicolás Maduro, el grupo Derwick, altos funcionarios de la petrolera y del ministerio de Petróleo, asesores, banqueros y operadores financieros.
Esa no fue la única operación que efectuaron Convit, sus socios de Derwick y Raúl Gorrín con fondos de Pdvsa.
En mayo de 2015, cuando al frente de las finanzas de Pdvsa se encontraba el sobrino de Cilia Flores, Erik Malpica Flores – actual hombre fuerte de Miraflores -, la trama había duplicado ese monto a 1.200 millones de dólares a través de una ampliación del contrato de 2014. Fuentes de Pdvsa señalan que el grupo repitió operaciones similares casi una decena de veces.
Gorrín recurre a su banquero, Matthias Krull, para lavar la “ganancia” de esta segunda operación y repartir la parte correspondiente a otros miembros de la trama: unos 600 millones de dólares, depositados por Pdvsa en Gazprombank.
En octubre de 2016, Krull se reúne con Binaggia en Panamá y le explica que está buscando un banco para depositar los fondos provenientes de una operación cambiaria entre su cliente – Gorrín – y Pdvsa. Binaggia responde que puede explorar algunas opciones, pero que necesita el contrato justificativo del origen de los fondos. A los pocos días Krull envía el documento solicitado. Se trata de una enmienda del contrato original entre Pdvsa y Rantor, duplicando la línea de crédito de 7.200 a 14.000 millones de bolívares. La modificación estaba fechada el 25 de mayo de 2015 e incorporaba específicamente el contrato de préstamo inicial.
Entre las comunicaciones que siguieron, Krull remite a Binaggia vía correo electrónico, copia de los pasaportes de Gorrín y de Mario Bonilla Valera, amigo y testaferro de los hijos de Cilia Flores.
Después de varias reuniones, tanto en Miami como en Panamá, para dilucidar la vía y manera de transferir los fondos, y de acuerdo a una tabla adjunta a un correo en poder de las autoridades de EEUU, los 600 millones de dólares fueron distribuidos de la siguiente manera:
Una hoja titulada “Ingresos detallados de PDVSA” muestra diez transferencias de PDVSA desde el 29 de diciembre de 2014 hasta el 3 de febrero de 2015 por un importe de 511.913.270 euros.
Otra hoja de trabajo titulada “Resumen de la Operación 600k” muestra que, de los 511 millones de euros:
20.476.530,83 fueron asignados a Portmann Capital Management Ltd., correspondiente a una tarifa del 4%. Posteriormente, la compañía sería multada por la autoridad financiera de Malta en agosto de 2018 al conocerse la acusación contra Convit.
227.265.537,52 euros para los “Boli” (Convit y Betancourt) que transfirieron 78,8 millones de euros a Binaggia (el desencadenante de la Operación Fuga de Dinero) y el resto, unos 148.465.000 Euros, a sí mismos a través de las compañías de maletín Volbor Vontobel y Explotación Vencon.
159.085.876,26 euros para “los chamos” (los hijos de Cilia Flores, hijastros de Maduro).
68.179.661,26 euros para Raúl Gorrín, que envió docenas de transferencias en dólares a través de bancos en Malta y Austria, incluido el pago de servicios de aviones y yates de Miami, Florida.
Los 36.905.664,87 euros restantes se contabilizaron como el costo de los 7.200 millones de bolívares iniciales utilizados para obtener los 511 millones de Euros.
Según fuentes de Pdvsa, Gorrín y sus socios de Derwick, habrían realizado por lo menos nueve operaciones similares.
Cuatro años después de la acusación de EEUU contra Francisco Convit, los funcionarios, intermediarios y operadores financieros de la trama, están encarcelados o huyendo.
Francisco Convit se encuentra en Venezuela sin poder salir por la orden de captura de la justicia estadounidense y bajo la vigilancia del régimen que teme que pudiera suministrar información, como ya ha sucedido con otros miembros de la trama.
Por su parte, Alejandro Betancourt fue acusado este mes por la fiscalía del régimen – en el marco del proceso contra Rafael Ramírez – por varios casos de corrupción en Pdvsa, incluido el relacionado con los hermanos Oberto (Administradora Atlantic 17170) a raíz del cual le fue confiscada una casa en el Country Club de Caracas y un helicóptero. También se estarían revisando los negocios de Betancourt con PetroZamora (Zulia).
Raúl Gorrín figura desde 2019 en la lista de los más buscados de EEUU, en relación con el caso del ex tesorero nacional Alejandro Andrade, sentenciado a 10 años de prisión, quien confesó haber recibido 1.000 millones de dólares de Gorrín como sobornos por facilitar operaciones como las aquí descritas desde la Tesorería durante las gestiones de Andrade y de Claudia Díaz Guillén, actualmente procesada en un tribunal de EEUU. Gorrín, que se encuentra en Venezuela, bajo la protección del régimen – por ahora -también está siendo investigado por el caso de la Operación Fuga de Dinero.
Matthias Krull, el banquero alemán, criado en Venezuela, residente de Panamá, alto ejecutivo de Julius Baer, fue detenido en el 2018 en el aeropuerto de Miami. Tras declararse culpable, se convirtió en un “testigo estrella” que reclutó a otros banqueros suizos como testigos de la fiscalía. A cambio de la colaboración, en 2020 un juez redujo su condena original de diez años de prisión a tres y medio. En su declaración a las autoridades, Krull reconoció, entre otras cosas, haber participado en una reunión en la oficina de Raúl Gorrín en Caracas donde conoció a los tres hijos de Cilia Flores, hijastros de Maduro, quienes obtuvieron casi 200 millones de dólares de la trama cambiaria irregular con Pdvsa orquestada por Gorrín y los bolichicos.
Gustavo Hernandez Frieri fue arrestado en Sicilia, Italia, en julio de 2018, a los pocos días de conocerse la acusación contra Convit, desde donde fue extraditado a EEUU. En 2021, un juez federal lo condenó a cuatro años de prisión, luego que se declarara culpable de lavado de dinero en 2019. En abril de 2022, un tribunal de Florida confiscó la mansión que servía de residencia a Hernández Frieri y su familia en Miami, cuyo valor se estableció en casi 5 millones de dólares.
Abraham Ortega se entregó a las autoridades de EEUU en 2018 y se declaró culpable. En mayo de 2021 fue sentenciado a dos años y cuatro meses de prisión después de admitir haber recibido mas de 12 millones de dólares en sobornos que fueron transferidos a instituciones financieras de EEUU. Ortega obtuvo una reducción significativa de su sentencia, previamente de cinco años, por ser el primer funcionario venezolano en cooperar con las autoridades federales estadounidenses en el caso.
Carmelo Urdaneta se entregó en Miami en agosto de 2020 para enfrentar cargos de lavado de dinero y corrupción. Salió en libertad bajo fianza de 1,5 millones de dólares. En julio de 2021 llegó a un acuerdo con la Fiscalía y se declaró culpable de conspiración para lavar dinero. En 2022 fue sentenciado a cuatro años de cárcel. Por su colaboración, Urdaneta respondió solo por uno de los cargos. Sin embargo, se le impuso una multa de 35.000 dólares y la incautación de bienes por valor de 49 millones de dólares, incluido un apartamento de 5,3 millones de dólares en Porsche Design Tower, en Sunny Isles Beach, además de dos apartamentos en Miami Beach y los fondos de una cuenta bancaria en Suiza.
Sin embargo, no todos los ex funcionarios de Pdvsa se entregaron para colaborar y tratar de reducir así sus condenas, confiscaciones y multas,
José Vicente Amparan, al trascender que la justicia de EEUU estaba investigando estos hechos, huyó de España, donde residía, en un vuelo con destino a Turquía, desde donde regresó a Venezuela. Antes de emprender la huida, Amparan entregó una mochila llena de documentación y un ordenador a su esposa, que la abandonó en el casillero de un gimnasio situado en el centro de Madrid. La Policía española pudo recuperar este material, para ponerlo a disposición de la justicia, en el marco de la denominada Operación Carabela.
Tras su vinculación con el esquema debido a la transferencia de casi 200 millones de dólares de Pdvsa a los hijos de Cilia Flores, hijastros de Maduro, Mario Bonilla fue citado a una audiencia el 16 de agosto de 2018 en Florida, a la que no asistió. Por esta razón fue declarado prófugo de la justicia estadounidense. Se presume que está en Caracas.
Luis Fernando Vuteff, socio de Columbus One Properties, fue arrestado en España en 2018. Estaba en libertad provisional cuando fue detenido nuevamente en Suiza en junio de 2022 y extraditado a EEUU dos meses después. Se está a la espera de saber si también se declarará culpable y colaborará con las autoridades o, si por el contrato, sostendrá su inocencia.
Pedro Binaggia estaría viviendo en Miami.
El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, informó a finales de agosto la detención de Víctor Aular, quien fuera vicepresidente de Finanzas de PDVSA. El arresto se enmarca en la denuncia que había formulado el día anterior el ministro de Petróleo, Tarek El Aissami, en contra de Rafael Ramírez, quien fuera titular de la petrolera durante mas de diez años.
El régimen de Maduro acusa a Ramírez de haber robado 4.850 millones de dólares a través de “una línea fraudulenta de crédito con la que Pdvsa habría hecho 28 pagos a dos fondos en el exterior sin haber recibido préstamo alguno”. Los hechos ocurrieron hace diez años.
Se trata del contrato de financiamiento irregular de Pdvsa con la Administradora Atlantic 17107 CA de 2012, por cierto, hechos denunciados por primera vez y en exclusiva por este medio, Cuentas Claras Digital, en mayo de 2016.
Saab, en respuesta a la denuncia de El Aissami, abrió la investigación del caso y dictó medida de aseguramiento de propiedades y bienes contra Juan Andrés Wallis Brandt, titular de la Administradora Atlantic 17107 CA, una de las compañías utilizadas en la trama; Víctor Aular Blanco y los operadores financieros Luis Oberto Anselmi e Ignacio Oberto Anselmi, Rafael Ramírez y Nervis Villalobos, entre otros.
El video de la delación de Aular, a todas luces forzada por el amedrentamiento usual del régimen, no fue publicado en su totalidad para proteger a Raúl Gorrín y sus socios, que incluye a Malpica Flores y los hijos de Cilia Flores. En el mismo, Aular relató también los detalles del contrato entre Pdvsa y las empresas de Gorrín (Rantor y Eaton Global).
A los pocos días de la precipitada acusación de Saab, se sucedieron otras acusaciones del “fiscal”, en las cuales resultaba evidente que el régimen pretendía dejar a un lado el tema de Atlantic.
Finalmente, si el opaco contrato de Pdvsa con Atlantic es ilegal, como afirma ahora el régimen, ¿cómo queda el de la petrolera con la empresa Rantor de Raúl Gorrín, de idénticas características, en el que están involucrados los propios hijastros de Maduro?
Por otra parte, si Aular firmó los dos contratos similares, cómo se explica que el Ministro Público, a través del fiscal Farik Karin Mora Salcedo solicitó en 2020 el sobreseimiento del caso Rantor (Gorrín), cuestión que fue aprobada por la jueza Luisa Romero, mientras que en el caso de Atlantic, anuncian acciones penales y retienen en prisión a Aular, sin pronunciarse sobre los actuales negocios con el diferencial cambiario realizados por Gorrín y otros supuestos empresarios cercanos a Erik Malpica Flores.
Como hemos venido diciendo, el sistema judicial venezolano controlado por el autócrata, no actúa sino cuando conviene a los intereses políticos de Nicolás Maduro, aunque en este caso pareciera que se ha disparado en el pie.
Lo que resulta evidente es que si la mitad de lo que dice Maduro de Ramírez y Ramírez de Maduro es cierto, ambos deberían ser enjuiciados por el saqueo que ha sufrido Venezuela y el grave daño ocasionado al patrimonio de todos los venezolanos. A confesión de partes, relevo de pruebas.
El artículo 271 de la Constitución Nacional establece que los delitos cometidos contra el patrimonio público no prescriben.
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