Mediante un comunicado, de fecha 28 de agosto, La Fiscalía Primera del Ministerio Público (MP) del estado Anzoátegui, a cargo de Marialby Patiño Nobrega y Daniela Aguilar Cabeza, solicitó orden de aprehensión contra Carlos Pérez, Luis Ramón García, Gabriel Mazzali Aldana, Ayensa Onealy Piñate Mora y Arelis Mercedes Centeno; por su supuesta participación en negociaciones ilegales de apartamentos del estado Anzoátegui, específicamente en la residencia Doral Beach.
Según expresa el texto del MP, estas cinco personas integraban el condominio del conjunto residencial y desde 2009 comenzaron a realizar trámites que estaban por encima de los establecido en la Ley de Propiedad Horizontal, pues entregaban un documento de comodato a ciudadanos que aspiraban ser dueños de la casa y éstos hacía modificaciones en el inmueble sin el consentimiento de los propietarios.
Extraoficialmente se conoció que los implicados en la estafa solicitaban entre 8 y 15 millones de bolívares por el préstamo de la vivienda y le prometían que pronto tramitaría el título de la propiedad pero no cumplían.
En el texto, el ente público apuntó que a los ciudadanos se les está acusando de los delitos: Asociación para Delinquir y Obstrucción a la Administración de Justicia, Extorsión, así como también los punibles de Estafa, Apropiación Indebida, Hurto Calificado y Desobediencia a la Autoridad.
Para estas personas la Fiscalía Primera del MP pidió la incautación de los bienes muebles e inmuebles, el bloqueo e inmovilización preventiva de las cuentas bancarias, la clausura preventiva de cualquier local, establecimiento, comercio, club, casino, centro nocturno de espectáculo o de industria vinculada donde los referidos ciudadanos aparezcan como accionistas, reza la misiva.
Todas estas solicitudes fueron aprobadas por el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control N° 06, a cargo de la Dra María Teresa Velásquez. La funcionaria ya dictó una orden de captura contra de los implicados. Para la búsqueda comisionó al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) y al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).