El diputado a la Asamblea Nacional y coordinador regional de Voluntad Popular, Armando Armas, consignó este martes un documento ante la comandancia de la Policía del estado Anzoátegui (Polianzoátegui), donde le solicitó al director de este cuerpo de seguridad, comisario Antonio Briceño, deslindarse del uso de proyectiles, metras o cualquier otro cuerpo extraño para reprimir manifestaciones pacíficas y que exponga claramente que esa no es una práctica de la institución a su cargo, sino que por el contrario actúa en apego a la Constitución, las leyes y los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
En su condición de presidente de la Subcomisión de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de de la Comisión de Defensa y Seguridad de la AN, Armas exhortó al funcionariado y a toda la cadena de mando de Polianzoátegui para que condenen los terribles hechos cometidos por individualidades, durante las protestas de civiles desarmados contra el régimen de Nicolás Maduro.
“Es importante dejar claro que el artículo 68 de la Constitución garantiza el derecho a manifestar pacíficamente y prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas”.
El parlamentario se refirió concretamente al caso del joven Oscar Fuentes, impactado con una canica en la cabeza el 25 de mayo en Lechería, y que hoy se debate entre la vida y la muerte. Así como el asesinato del estudiante César Pereira, a causa de una metra usada como proyectil, durante una protesta en el 27 de mayo, supuestamente por el oficial Osman Pereira, quien está a la orden del Ministerio Público.
La comunicación fue recibida por Delvalle Guillén, secretaria del director de Polianzoátegui, quien no se encontraba en su despacho. No obstante, el diputado destacó que espera una pronta respuesta a su petición, tal como lo contempla la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
“Estoy convencido que los más de 3.000 funcionarios de Polianzoátegui no avalan este tipo de prácticas, no son violadores de Derechos Humanos, no son homicidas convictos y confesos, no van a meter municiones a una escopeta, cuyo uso es ilegal en manifestaciones legítimas. No tengo dudas de que la mayoría quiere servir a su país, por ello les damos la oportunidad a través de este documento, para que se sumen a nuestra exigencia”.
Armando Armas hizo un llamado es todos los funcionarios de la administración pública y en especial a los de las fuerzas de orden público, para que se apeguen a lo establecido en el artículo 25 de la Carta Magna, el cual establece que “ todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo; y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores”.
Señaló que ante cualquier situación irregular, los subalternos deben exigir que todas las órdenes sean dadas por escrito, para dejar prueba fehaciente de que están actuando a derecho.
“Esperamos que las investigaciones de el homicidio de César Pereira y la grave herida causada a Oscar Fuentes arrojen pronto resultados. Estamos aportando un granito de arena para ayudar a esclarecer esta situación. Tenemos que rescatar el estado de derecho para que cese la impunidad y haya una verdadera justicia”.
Los abogados de la Oficina Parlamentaria del diputado Armando Armas están dispuestos a atender todos los casos de agresiones, detenciones en protestas y violación de derechos humanos. También ofrecen adiestramiento a las comunidades para actuar en defensa de la Constitución Nacional y las leyes, mediante alianzas estratégicas con varias ONG.