Transcurrida más de una semana de las elecciones presidenciales, se mantiene la expectativa entre los venezolanos y la comunidad internacional acerca de lo que habrá de ocurrir, mientras el oficialismo juega a la normalización del fraude electoral en Venezuela que busca perpetuar a Nicolás Maduro en el poder.
La negativa de parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) controlado por el régimen a entregar el desglose de los resultados ofrecidos a través de dos boletines sin respaldo de pruebas, así como la estrategia de recurrir al igualmente controlado Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), lo demuestran.
Y es que Maduro ahora se vale de un recurso contencioso electoral presentado ante la Sala Electoral del máximo tribunal que preside Caryslia Beatriz Rodríguez —una ficha y vieja dirigente del chavismo—, igualmente a la cabeza del TSJ. Con esta acción, el régimen procura que sea el Poder Judicial el que supla al CNE con la totalización de actas y sin tener que presentarlas.
De hecho, el obediente TSJ hizo firmar a los candidatos —menos Enrique Márquez y Edmundo González Urrutia— a acatar y respetar la sentencia que surja de este acto sin posibilidad de apelación. Algunos expertos creen que el TSJ pudiera anular las elecciones a objeto de darle tiempo a Maduro de blindarse con un nuevo fraude mejor instrumentado.
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Aliados tradicionales toman distancia
Celso Amorim, asesor internacional del presidente brasileño Lula Da Silva —quien junto a Gustavo Petro y Gabriel Boric ahora marca distancia de Maduro— criticó la falta de entrega de las actas y evitó avalar algún pronunciamiento del TSJ como organismo decisorio de la contienda electoral.
Y es que, en esta diatriba, aliados internacionales —básicamente la izquierda— tradicionalmente leales al régimen chavista, han optado, si bien no al abierto rechazo —salvo algunos como Chile— por lo menos a la discreción al momento de avalar o no la “victoria” de Nicolás Maduro.
La más sorpresiva de estas abstenciones ha resultado la del presidente brasileño, Luiz Inacio “Lula” Da Silva, quien ha formado frente con Gustavo Petro de Colombia, Andrés López Obrador de México y Gabriel Boric de Chile.
Igualmente, Cristina Fernández, expresidenta de Argentina manifestó la necesidad de que el “por el legado de Chávez” que se publiquen las actas electorales que supuestamente avalarían el triunfo de Maduro. Ya el también exmandatario argentino, Alberto Fernández, había sido “desinvitado” a fungir como observador de las elecciones al haberse atrevido a advertir al venezolano que debía entregar el poder de resultar perdedor.
Es decir, ante la evidencia del fraude electoral en Venezuela, el viejo “compadrazgo” del chavismo optó por la discreción y decidió esperar el desarrollo de los acontecimientos y, sobre todo, la presentación de las pruebas.
Escamotear la victoria de Edmundo González Urrutia
La negativa a entregar las actas, la desbordada y cruenta represión, la desinformación y recurrir al poder judicial, son los caminos escogidos por el régimen para escamotear la contundente victoria del candidato de la Plataforma de la Unidad Democrática (PUD) y su impulsora y promotora, María Corina Machado.
Victoria esta, demostrada desde el primer momento con la auditoria de las mesas de votación y la publicación de la actas de totalización por parte de la oposición democrática venezolana.
Asimismo, la excusa del hackeo esgrimida por el CNE para dar a conocer las actas que respaldan sus resultados, ser suma a las acciones oficialistas dirigidas a mantener ocultas las pruebas de la victoria opositora.
Cabe destacar que, incluso, el Centro Carter que a lo largo de los años ha actuado como aliado del chavismo al avalar sus “victorias” electorales, en esta ocasión advierte que el CNE no ha presentado prueba alguna de dicho hackeo al sistema electoral.
El miedo como herramienta
El miedo es la herramienta para sembrar desesperanza en la población y así normalizar el fraude electoral en Venezuela.
El descontento popular se hizo sentir ante el descarado fraude electoral en Venezuela y la respuesta del régimen no ha sido otra que la acostumbrada desmedida represión y arrestos arbitrarios.
El fiscal general al servicio de Maduro, Tarek William Saab es el brazo ejecutor de esta política que no tiene otro objetivo que sembrar el miedo —terror más bien— y la confusión en la colectividad para generar en ella desmoralización y desesperanza. Un fin que la acertada conducción de María Corina Machado ha impedido.
A la fecha de esta publicación, el Foro Penal contabiliza, verificados e identificados:
1010 detenciones, de las cuales, 91 corresponden a adolescentes.
11 asesinatos.
En pocas palabras, el régimen juega al cansancio de los actores, a la normalización de la situación por desgaste y la necesidad de volver a la cotidianidad que en cualquier momento manifestarán quien hoy protestan.
Habrá que esperar.
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Tomado de Ante el fraude electoral en Venezuela, ¿qué esperar? ¿Aceptar y normalizar la estafa chavista?