«De acuerdo con las informaciones proporcionadas por el diputado Villavicencio, entre 2009 y 2014 se registraron, alrededor de USD 2.000 millones en exportaciones ficticias o sobrevaloradas, en su mayoría, de Ecuador a Venezuela».
Omar Estacio | Informe 21
Acaba de publicarse, el informe de la Comisión de Fiscalización del Congreso ecuatoriano sobre el caso Álex Saab. Son 125 páginas de nuevos y contundentes hallazgos. Uno de ellos, que la campaña de reelección en 2013 del expresidente ecuatoriano, Rafael Correa, pudo haberse financiado con dinero proveniente de las actividades ilícitas de Saab, perpetradas en los territorios del propio Ecuador, Venezuela, Colombia, Panamá, EE.UU., además de varios paraísos fiscales de islas del Caribe.
En Ecuador, el caso generó clamor público por la magnitud de los posibles ilícitos, cuyo epicentro fue la empresa “Fondo Global de Construcciones, Fonglocons”, controlada por Saab.
“Fonglocons”, habría servido no solo para lavar dinero proveniente del narcotráfico colombiano, sino, en paralelo, de herramienta para defraudar los patrimonios públicos de Ecuador y Venezuela, con motivo de un contrato de importación de hipotéticas casas, jamás prefabricadas, mucho menos entregadas al gobierno presidido por Hugo Chávez que, pagó con imprudencia delictuosa, anticipo cercano a los 600 millones de dólares americanos. Dinero, absolutamente perdido, para los venezolanos de a pie, que fue a parar a los bolsillos de felones respectivos.
Correa y Chávez, ya referidos, Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro, expresidentes los tres primeros, de Ecuador, Venezuela y Colombia, respectivamente y el último de los nombrados, jefe de Estado de facto en Venezuela, aparecen con rol protagónico, en la maraña de lo que fue y sigue siendo, a la luz de las actuales escaramuzas de encubrimientos, una típica internacional del crimen organizado.
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Herramienta de la colosal operación de lavado de dinero sucio proveniente de los mencionados ilícitos, fue el llamado Sistema Unitario de Compensación Regional (SUCRE), moneda virtual creada por la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA) —gestionada solo por los bancos centrales de los países miembros— pero ulteriormente adherida por el mencionado Correa, en su momento, primer mandatario en funciones.
En el “Informe Villavicencio” como también, se denomina al documento aludido al comienzo, en referencia a Fernando Villavicencio, tenaz presidente de dicha Comisión redactora, se hace un detallado inventario de la telaraña de personajes, que participaron en el expolio, entre otros muchos: la exsenadora colombiana, Piedad Córdoba, quien utilizó su valimiento, para introducir a Álvaro Pulido, socio de Saab, con los expresidentes, Chávez, Santos, Correa y el actual presidente Maduro; Jaime Sánchez Yánez, alias «El Chamo», nexo entre Correa y el fallecido Chávez. Este último, habría colocado a Sánchez Yánez dentro del staff de Correa como asesor de seguridad. A su vez, Sánchez Yánez, habría incorporado a su hermano, Luis Eduardo, como accionista de “Fonglocons”. De acuerdo con las informaciones proporcionadas por el diputado Villavicencio, entre 2009 y 2014 se registraron, alrededor de USD 2.000 millones en exportaciones ficticias o sobrevaloradas, en su mayoría, de Ecuador a Venezuela.
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Alex Saab, permanece en la actualidad, a la orden de los tribunales de EE.UU., en espera de ser juzgado por el delito de conspiración para lavar capitales provenientes de la corrupción en la venta de alimentos al gobierno presidido por Nicolás Maduro. Sin embargo, no puede ser juzgado por los tribunales de EEUU, por los presuntos delitos, señalados en el “Informe Villavicencio”, por más que, parte del iter criminis, se haya irradiado a territorio norteamericano. Ello, por cuanto la normativa en materia de extradición prohíbe que Saab, sea juzgado en EE.UU., por delitos diferentes a aquellos por los cuales, Cabo Verde otorgó su extradición y consecuencial apresamiento en penitenciaría de Miami, Florida. Por otra parte, las leyes de la referida nación insular africana, como concedente del aludido asilo ( Cfr. Artículo 34 de los “Principios Generales de la Cooperación Judicial Internacional en Materia Penal”, del 29 de agosto de 2011) impedirían que EE.UU., un vez que Saab cumpla su eventual condena en territorio norteamericano, reextradite al también llamado «Testaferro de Maduro», a Ecuador o a cualquier tercer país requirente de su entrega. A menos que entre EE.UU., y Cabo Verde se celebre Tratado bilateral que abra tal posibilidad, estrictamente procesal, para así no violar el principio de irretroactividad de la leyes.
El cronista, considera que se le haría un buen servicio a la Justicia, que el señor Saab, sea sometido a juicio justo, con apego al debido proceso, ante los tribunales ecuatorianos o de Panamá, Colombia, Islas Vírgenes Británicas o hasta Venezuela, una vez que la narcotiranía de esta última haya sido derrocada, por las las buenas o menos buenas. Rendir cuentas por acciones personales, como las documentadas en el «Informe Villavicencio» es provechoso para la comunidad y para sus autores.
Las autoridades de EE. UU. y Cabo Verde, deberían avocarse, cuanto antes, a la suscripción del correspondiente, Tratado de mutua colaboración en materia penal. Absolución al inocente pero castigo severo a quienes resulten culpables. Creo que no es exigir demasiado.
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Este artículo de Omar Estacio, fue publicado originalmente en Informe 21, con el título ‘¿Puede, el señor Saab, ser reextraditado de EE.UU. a Ecuador?‘
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