Antes de responsabilizar a las sanciones internacionales, el chivo expiatorio de Maduro eran los colombianos. Entre 2014 y 2015, el venezolano responsabilizaba al contrabando de extracción en dirección a Colombia de la crisis económica.
Ronal Rodríguez | El Espectador
El 19 de abril se cumplen 10 años del ascenso de Nicolás Maduro Moros a la presidencia de Venezuela, y la mayoría de balances de su gestión son negativos, y lo mismo en cuanto a su relación con Colombia. Maduro ha sido el peor presidente de Venezuela para los colombianos, los intereses del Estado colombiano y la relación bilateral, lo cual no deja de resultar paradójico al tratarse del hijo de una colombiana.
Al despuntar el gobierno de Maduro, en 2013-2014, los colombianos en Venezuela descubrieron que las cosas cambiaban para ellos tras la muerte de Chávez. Por ejemplo, cuando los colombianos que habían sido regularizados en el marco de la “Misión Identidad”, una década antes, se acercaron a renovar su cédula venezolana, la cual se vence precisamente cada 10 años, fueron notificados por las autoridades de que no les sería renovada, en momentos en que era necesario presentar el documento vigente para acceder a los productos de la canasta básica comercializados por el Estado.
Los colombianos fueron regularizados como parte de la estrategia para ampliar el caudal electoral del chavismo de cara al referendo revocatorio de 2004, votos sin los cuales Chávez muy seguramente no hubiese podido continuar en el poder. Pero las cosas cambiaron y en las elecciones celebradas en 2013 y 2014 en las circunscripciones con una importante presencia de colombianos empezó a crecer el voto por la oposición, el caudal electoral de los colombianos en Venezuela ya no le pertenecía al chavismo.
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Antes de responsabilizar a las sanciones internacionales de la crisis el chivo expiatorio de Maduro eran los colombianos; de hecho, entre 2014 y 2015, el presidente venezolano responsabilizaba al contrabando de extracción en dirección a Colombia de la crisis económica.
En varias alocuciones señaló que la caída de la economía que experimentaba Venezuela era responsabilidad del contrabando que extraía los productos subsidiados. Los colombianos pasaban la frontera y adquirían los productos que resultaban más económicos, como lo hicieron los venezolanos en los años dorados del “está barato, dame dos” antes de la Revolución Bolivariana y como lo hacen ahora ante la inflación.
Igual sucedió con los temas de seguridad. En los primeros años del mandato de Nicolás Maduro hubo un gran aumento de la violencia y la criminalidad. Venezuela llegó a ser uno de los países más violentos de la región y del mundo, con gran número de muertes violentas. En 2015, con un discurso xenófobo, Maduro acusaba de la violencia a los paramilitares y la criminalidad colombiana; de hecho, las Operaciones para la Liberación del Pueblo (OLP) que medían su éxito en el número de bajas solían reseñar la muerte de colombianos a quienes atribuían el liderazgo de las bandas.
Durante el primer período de Maduro en la presidencia (2013-2018) se dieron 155.760 muertes violentas, según el Observatorio Venezolano de Violencia, y en 2017 y 2018 en la categoría de “resistencia a la autoridad” murieron 13.053 personas (no hay información sobre cuantos de ellos eran colombianos).
En mayo de 2015 el gobierno presidido por Maduro expidió el Decreto 1787, que creó las Zonas Operativas de Defensa Integral Marítima e Insular (Zodimain). Lo llamativo de dicho decreto era que usaba coordenadas en territorio colombiano, en un intento por establecer un antecedente en el diferendo limítrofe que existe por las zonas marinas y submarinas entre los dos Estados.
La mala fe del decreto era evidente: todos los países que limitan con Venezuela eran nombrados excepto Colombia y solo se hacía referencia a las coordenadas, quizás esperando que fuera pasado por alto por la embajada y la cancillería colombiana, como en efecto ocurrió; por suerte, la relación bilateral es de interés de diferentes actores que no tardaron en advertir al Estado colombiano, que presentó la respectiva protesta. El decreto fue remplazado por otro sin las coordenadas, pero nunca se contestó la nota de protesta.
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