Activistas estadounidenses ocupan la embajada de Venezuela en Washington para impedir la llegada de la delegación del líder opositor Juan Guaidó, reconocido por Estados Unidos como presidente interino, después de que los últimos diplomáticos del gobierno de Nicolás Maduro perdieran su estatus, reporta la AFP. El edificio de cuatro plantas ubicado en el elegante barrio de Georgetown permanece casi vacío y cerrado al público, después de que la mayoría de los diplomáticos dejaran el país tras perder su estatus, cuando Estados Unidos se convirtió en uno de los primeros países —de los más de 50 en la actualidad— en reconocer a Guaidó como presidente encargado de Venezuela.
Los últimos funcionarios que quedaban oficialmente como emisarios extranjeros, por ser representantes ante la Organización de Estados Americanos (OEA), se irán en los próximos días, después de que el 10 de abril la entidad decidiera (por 18 votos a favor) aceptar al enviado de Guaidó, Gustavo Tarre, como representante de Venezuela hasta que haya nuevas elecciones.
La fecha límite para que la delegación de Maduro abandone el edificio es el 25 de abril, pero los activistas aseguran que no se moverán de allí. Su objetivo, según la organización Code Pink, es evitar que «la oposición venezolana tome el edificio diplomático que pertenece al Gobierno electo» y, para ello, organizaron «una vigilia las 24 horas, los siete días de la semana para proteger la embajada».
«Estoy aquí porque estoy furiosa porque estamos viendo un golpe de estado en cámara lenta. Durante mi vida he visto suficientes golpes e intervenciones militares estadounidenses y siempre terminan mal para la gente del país», dice a la AFP Medea Benjamin, militante de Code Pink.
La resolución de la OEA considera que el Gobierno de Maduro, quien el 10 de enero asumió un segundo mandato, «carece de legitimidad» y por lo tanto también los funcionarios nombrados por él.
«El 24 es el último día que los embajadores de Venezuela ante la OEA pueden estar en el país; tienen que irse, por lo que el 25 esperamos que la oposición intente tomar el control», explica a la AFP Kevin Zeese, codirector de la organización Popular Resistance.
Venezuela sufre hiperinflación y una aguda escasez de alimentos y medicinas. Según la ONU, en este contexto más de tres millones de venezolanos abandonaron el país en los últimos años.
Los activistas, que cuentan con la anuencia del Gobierno, organizan actos culturales y se turnan para permanecer en el edificio. Algunos vienen de otras ciudades estadounidenses.
Dentro de la embajada, los despachos parecen haber sido abandonados con premura. Aunque muchos de los discos duros de los ordenadores ya no están y los archivadores fueron vaciados, en los escritorios se acumulan pilas de pasaportes.
Benjamin, conocida por irrumpir en actos oficiales con gritos de consignas políticas, suele interrumpir las sesiones de la OEA sobre Venezuela al grito de: «Hands of Venezuela» (Manos fuera de Venezuela), frase que ha repetido el presidente Maduro.
No obstante, esta mujer siempre vestida de rosa, es crítica con el Gobierno venezolano.
«Nosotros podemos criticar a un Gobierno y aun así defender con nuestros cuerpos, como estamos haciendo aquí, la soberanía de las naciones», dice Benjamin, que sin embargo reconoce «violaciones a los derechos humanos en Venezuela».
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo en marzo que su oficina «documentó numerosas violaciones y abusos de derechos humanos perpetrados por las fuerzas de seguridad y los colectivos armados progubernamentales» en Venezuela, incluyendo «asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas».
Los despachos vacíos están decorados con retratos de Simón Bolívar, el fallecido presidente Hugo Chávez y Maduro. En los sofás, hay sacos de dormir de los activistas.
En uno de los muros cuelga un afiche con el logo de Citgo, la filial de la petrolera estatal venezolana PDVSA, que quedó aislada de su matriz por las sanciones impuestas en Estados Unidos.
El objetivo de Zeese, según dice, es «ser una barrera».
«Pensamos que es muy evidente que, según la ley internacional, el Gobierno estadounidense debería estar protegiendo este edificio», dice este abogado de 63 años que estudia interponer un recurso judicial para impedir la entrada de los delegados de Guaidó.
En marzo, Carlos Vecchio, designado por Guaidó como su embajador en Washington, anunció la toma del control de tres sedes diplomáticas, incluyendo la de Nueva York.
En la cuarta planta de la embajada en Washington, un anciano activista de barba blanca camina por las habitaciones vacías de una delegación que tenía decenas de funcionarios.
«Estoy segura de que hay violaciones a los derechos humanos que tenemos que denunciar, pero eso no es lo mismo que decir que apoyamos el golpe», concluyó Benjamin.
—El Parlamento revisará el pago de los intereses de los bonos de PDVSA para proteger a Citgo de embargos: La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por la oposición, espera revisar la próxima semana el pago de los intereses de los bonos de la estatal PDVSA por unos 71 millones de dólares, dijeron legisladores y un miembro de la junta de administradora transitoria de la petrolera, informa Reuters.
Con las cancelación de los intereses del bono PDVSA 2020, se busca proteger a Citgo, la filial de la petrolera en Estados Unidos y uno de los principales activos externos de Venezuela, de posibles embargos de los acreedores.
Alejandro Grisanti, un economista nombrado la semana pasada en la junta de la estatal PDVSA por la Asamblea Nacional, dijo que estaban «haciendo todos los esfuerzos» para efectuar el pago de los bonos, respaldados por la mitad de las acciones de Citgo.
El jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, reconocido por más de medio centenar de países como presidente encargado de Venezuela, ha dicho que tiene como estrategia proteger los bienes en el exterior.
«Estamos trabajando en tomar la decisión», dijo Guaidó a Reuters el viernes en referencia a la cancelación de los intereses, que tiene como fecha límite el 27 de abril.
Stalin González, primer vicepresidente del Parlamento y Carlos Paparoni, diputado, agregaron que la próxima semana se efectuaría el debate sobre el pago de la deuda. No se precisó cómo la junta ad hoc, que todavía no controla todas las operaciones de PDVSA, haría el pago o qué fondos usaría.
Venezuela se ha retrasado, desde fines del 2017, en cancelar intereses de la deuda pública externa por unos 8.000 millones de dólares. La estatal petrolera tiene un período de gracia de 30 días luego del 27 de abril.
Grisanti agregó que con la aprobación del Congreso se convencería a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que impone sanciones, de permitir el pago. La Asamblea Nacional es el único organismo gubernamental venezolano reconocido como democráticamente legítimo por Washington.
Los esfuerzos realizados por cualquier institución vinculada a Maduro para efectuar pagos podrían entrar en conflicto con las sanciones de los Estados Unidos, que afectan tratos con PDVSA.
Ni PDVSA ni el Ministerio de Información de Venezuela respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.
—Caracas paga a Moscú un tramo de su deuda: El Gobierno de Venezuela ha pagado en el plazo establecido un tramo de la deuda que ha contraído con Rusia, confirmó el ministro ruso de Finanzas, Antón Siluánov, reporta EFE
«Sí, Venezuela nos pagó a tiempo», dijo a los periodistas Siluánov, según recoge la agencia oficial TASS.
A principios de mes, el ministro dijo que Venezuela aún no había hecho el pago de unos cien millones de dólares, que estaba programado para marzo, pero que tenía margen para hacerlo sin penalización.
A finales de 2017, los dos gobiernos firmaron un protocolo intergubernamental sobre la reestructuración de la deuda venezolana.
En virtud del acuerdo, Caracas tiene que devolver la deuda contraída, unos 3.150 millones de dólares, según la agencia Interfax, en diez años con pagos mínimos en los primeros seis.
—La compañía Reliance niega estar involucrada en pagos irregulares por petróleo venezolano: Reliance Industries negó el sábado en un comunicado estar involucrada en algún acuerdo de pagos en efectivo por suministro de petróleo a la estatal venezolana PDVSA a través de terceros, y dijo que no está violando ninguna sanción de Estados Unidos, informa Reuters.
El presidente Nicolás Maduro está usando al gigante energético ruso Rosneft para canalizar el flujo de efectivo de las ventas de petróleo de Venezuela para evadir sanciones con las que Estados Unidos busca sacarlo del poder, según fuentes y documentos revisados por Reuters.
Según muestran los documentos, se le ha pedido a las principales compañías energéticas, como Reliance Industries Ltd de India, —el mayor cliente que paga en efectivo de PDVSA—, que participen en el plan pagando a Rosneft por el petróleo venezolano.
Reliance sostuvo en el comunicado que los informes que la involucran en acuerdos que condujeron a pagos en efectivo por suministro a PDVSA a través de terceros «son falsos e imprudentes».
La compañía destacó que desde que se impusieron las sanciones, Reliance ha realizado cualquier compra de petróleo venezolano con el pleno conocimiento y aprobación del Gobierno de Estados Unidos. Agregó que tales transacciones no condujeron a ningún pago a PDVSA y no violan las medidas de Washington.
Reliance dijo que el petróleo se compra a precios de mercado y los pagos se liquidan en efectivo o mediante el suministro de subproductos de manera bilateral entre la compañía y los vendedores. Es falso sugerir que la empresa estaría liquidando tales envíos a través de Rosneft a PDVSA, agregó.