Un nuevo escándalo de corrupción y latrocinio sacude las esferas del autoproclamado «gobierno interino» de Juan Guaidó, esta vez por un esquema de coimas y extorsión a empresas.
La nueva trama se tejió alrededor de la estructura de PetroCaribe cuando luego autoproclamarse Guaidó, inició conversaciones con el consorcio Caribbean Recovery Assets (CRA) para ejecutar las acciones de toma de estos activos venezolanos en 12 países, de acuerdo con el diario Últimas Noticias.
Las revelaciones fueron hechas por la periodista Patricia Poleo en su programa «Factores de Poder», quien recibió de manos de los representantes CRA, Pedro Antar y Jorge Reyes, las pruebas de las negociaciones que se llevaron a cabo para concretar este robo transnacional.
De acuerdo a los alegatos presentados al autoproclamado para ser favorecido en este proceso, CRA indicó que desde 2018 se encontraban trabajando en esta propuesta donde identificaron activos en 12 países de América Latina y el Caribe donde PDV Caribe posee un rango capital entre 25% y 60%.
De acuerdo al testimonio ofrecidos por Atar y Reyes a la periodista venezolana radicada en Miami y conocida por su radical oposición al Gobierno venezolano, los políticos republicanos Rick Scott y Marco Rubio conocían los adelantos de este plan desde mediados de 2018.
Con el aval de los republicanos cercanos a Mauricio Claver-Carone, quien es asesor de Donald Trump para las Américas, y tras la autoproclamación de Juan Guaidó, los representantes de CRA sostuvieron dos reuniones por videoconferencia en abril y mayo de 2019 con el autodenominado «presidente interino», donde le explicaron en qué consistía este plan para «recuperar» las deudas vencidas y atrasadas e iniciar la «renegociación y reestructuración» del 50% de las «cuentas financiadas» en un lapso de tres meses.
El G4 en acción
Para la concreción de este contrato de servicio el consorcio solicitaba como pago el 18% del total de los activos de PDV Caribe que lograsen apropiarse de la nación, propuesta que fue bien vista por el autoproclamado, quien les informó que la AN llevaría adelante los trámites y que la propuesta sería discutida para su ejecución. Para ello pidió a los representantes de CRA ponerse en contacto con el diputado Marco Aurelio Quiñones, quien encabezaba una delegación de parlamentarios pertenecientes a los partidos del llamado G4.
Es así como entre julio y agostode ese mismo año sostuvieron reuniones y contacto telefónico con Quiñones, Elías Mata (UNT), Jorge Millán (PJ), Luis Carlos Padilla (AD), Luis Florido (VP), Freddy Superlano (VP), Sergio Vergara (VP), Luis Aquiles Moreno (AD) y Enrique Marquez (UNT).
Tras estas conversaciones con la delegación parlamentaria y de haber negociado los términos, los representantes del consorcio se reúnen con José Ignácio Hernández que había sido designado como «procurador» del autoproclamado «gobierno interino», quien en una segunda reunión incluyó a Luis Augusto Pacheco Rodríguez y Yon Goicoechea, que fungían como representantes de la junta Ad-hoc de Pdvsa designada por Guaidó.
En esa conversación Hernández les dijo que quería revisar el porcentaje de recuperación, así como las firmas de abogados que participarían en la gestión y al ser informado, se mostró de acuerdo y confirmó que el porcentaje final por los servicios sería el 18% de lo apropiado.
Más diputados
Luego del ejecútese del procurador fake, a mediados de octubre de 2019 le comunicaron al consorcio que Hernández no tenía tiempo para revisar o preparar el contrato y que la vía que la AN había decidido para cerrar la negociación era a través de la recién creada «comisión presidencial para gestión de activos» cuyo jefe era Javier Troconis con quien sostuvieron una video llamada el 27 de noviembre en la que también participó el diputado Carlos Prosperi (AD).
Ya con las negociaciones avanzadas, los representantes de la empresa llevan a cabo una reunión con los diputados antes mencionados a los que se sumó Magin Blasi Blanchard en representación de su hermano, el diputado Fernando Blasi Blanchard quien funge como mano derecha de Carlos Vecchio y «encargado de negocios» en Estados Unidos. En esta reunión Troconis le informó que delegaría en los hermanos Blanchard las negociaciones.
«Estos hermanos se dieron a conocer porque eran los que hacían todos contratos de insumos médicos de hospitales que hacía Manuel Rosales cuando fue gobernador del Zulia», aseguró Poleo.
Una vez alcanzado este acuerdo que preveía posar la mano sobre activos valorados en varios miles de millones, se pone en marcha la maquinaria del viejo adagio cuarto republicano del «¿cuánto hay pa’ eso?» y el 23 de diciembre los representantes de CRA son citados a una reunión con los hermanos Blasi Blanchard donde le presentan una contrapropuesta hecha a mano en una hoja de papel bond, donde le solicitaban una comisión de 750 mil dólares y la mitad del 18% que cobraría la empresa tras ejecutar la apropiación.
Ya para el 2 de enero de 2020 reciben el otorgamiento del contrato por parte de la comisión y ese mismo día vuelven a realizar una reunión donde Magin Blasi les reitera la petición y les exige un adelanto «inmediato» de 50 mil dólares, para lo cual le entregó una factura de su empresa Enérgica Power LLC con la advertencia de: “tienen cinco minutos para que me depositen los 5.000 sino olvídense del contrato”.
Tras negarse a acceder a las demandas monetarias de los delegados del autoproclamado, el consorcio recibe en abril de 2020 una comunicación del «procurador», donde les señala que no éxiste contrato y desconoce todas las gestiones e inversiones que había venido realizando CRA desde el momento en que Guaidó y Hernández le dieron el sí a la operación de robo que les habían presentado un año antes.
Enseguida imagen del papel con el soborno, factura de la empresa de Magi Blasi y el documento donde adjudican la operación.
Esta historia presentada por Poleo con soportes aportados por la empresa que revelan la nueva trama de latrocinio, no abordó varios aspectos que son de interés para entender por qué CRA venía trabajando en esta operación de apropiación de activos venezolanos un año antes de la autoproclamación de Juan Guaidó.
Lo primero que se debe señalar es que Pedro Antar es un venezolano residenciado en Miami, quien fue investigado en Ecuador por fraude con empresas fantásmas con sede en Miami, Bahamas y Venezuela según reportaje del diario Miami Herald fechado el 27 de abril de 2015.
Lo segundo es que el consorcio CRA está conformado por las empresas LockinCapital empresa de Jorge Reyes que fue acusada en Estados Unidos de cometer fraude retirándosele la licencia de servicio en la nación norteamericana y Global Risk Management, empresa evaluadora de gestión de riesgo en el área de los combustibles con sede en Dinamarca que es subsidaria de Bunker Holding A/S, empresa dedicada a la compra, venta y suministro de combustible y aceite lubricante a buques en el mundo.
Esta nueva historia de extorsión, coimas, estafadores, revela la operación que se ha venido tejiendo contra el conglomerado de empresas petroleras venezolanas desde 2018, que tiene la huella de transnacionales que se esconden detrás de empresas de maletín como CRA para hacerse de los activos venezolanos distribuidos en el mundo, contando para ello con la venia de usurpadores de funciones, que bajo la figura de un autoproclamado «gobierno interino», entregan por un porcentaje las riquezas del país.