El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció el 10 de febrero de 2026 nuevas designaciones dentro de su lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) como parte de su estrategia de financiamiento contra el terrorismo, centrada en redes vinculadas a Hezbolá y sus estructuras económicas internacionales.
Las medidas incluyen individuos, empresas, embarcaciones y redes logísticas presuntamente utilizadas para mover recursos financieros y operativos asociados a la organización, considerada terrorista por Washington.
Individuos y estructuras bajo sanción
Entre los designados figura el ciudadano ruso Andrey Viktorovich Borisov, señalado por exposición a sanciones secundarias bajo regulaciones vinculadas al financiamiento de Hezbolá, así como el libanés Mohamed Nayef Maged, asociado a la institución financiera Al-Qard al-Hassan, identificada por EE. UU. como un brazo económico del grupo.
El paquete también incorpora empresas con presencia en Panamá, Turquía y Líbano, presuntamente utilizadas como plataformas comerciales, financieras y logísticas. Entre ellas destacan:
Brilliance Maritime Ventures S.A. (Panamá)
Jood SARL (Líbano), vinculada al comercio de joyas y metales preciosos
Platinum Group International Dis Ticaret Limited Sirketi (Turquía)
Sea Surf Shipping Limited (Turquía)
Asimismo, fueron sancionadas embarcaciones comerciales —incluyendo los buques “Brilliance” y “Lara”— presuntamente utilizadas para facilitar operaciones financieras y logísticas relacionadas con estas redes.
Golpe al financiamiento internacional
La inclusión en la lista SDN implica congelamiento de activos bajo jurisdicción estadounidense, prohibición de transacciones con ciudadanos o empresas de EE. UU. y riesgo de sanciones secundarias para actores internacionales que mantengan vínculos comerciales con los designados.
Washington sostiene que estas estructuras forman parte de un ecosistema global que permite a Hezbolá diversificar fuentes de ingresos mediante comercio marítimo, metales preciosos, intermediación financiera y redes empresariales transnacionales.
En esta designación específica no aparece ninguna entidad, individuo o activo vinculado directamente a Venezuela. Tampoco se menciona al régimen venezolano ni a empresas estatales o privadas del país dentro del anuncio oficial.
Sin embargo, el contexto geopolítico más amplio sí mantiene a Venezuela dentro del radar de las autoridades estadounidenses en materia de financiamiento ilícito y vínculos con actores del Medio Oriente. Investigaciones previas del Departamento de Justicia y del Congreso han señalado posibles conexiones históricas entre redes del chavismo, Irán y Hezbolá, especialmente en materia de logística, documentación e inteligencia.
La ausencia de referencias en esta actualización no descarta que existan investigaciones paralelas o expedientes en desarrollo; simplemente indica que esta acción concreta se focaliza en nodos financieros y comerciales ubicados en Rusia, Líbano, Panamá y Turquía.
Escenario estratégico
La decisión se inscribe en la estrategia de Washington de cortar las cadenas de financiamiento del terrorismo más allá del ámbito militar, atacando su arquitectura económica global: comercio, transporte marítimo, banca informal y empresas fachada.
Este enfoque refuerza la presión sobre redes híbridas que operan entre crimen organizado, comercio internacional y estructuras ideológicas, y evidencia que el frente financiero sigue siendo uno de los principales campos de batalla en la política antiterrorista de EE. UU. en 2026.
Tomado de EE. UU. amplía sanciones por terrorismo: red vinculada a Hezbolá bajo la lupa financiera y marítima