El proceso penal abierto en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York contra Nicolás Maduro Moros y otros altos funcionarios venezolanos se ha convertido en uno de los expedientes judiciales más complicados y políticamente más sensibles de la historia reciente de Estados Unidos. La causa plantea un intento sin precedentes de juzgar a la cúpula del poder chavista por presunta conspiración de narcoterrorismo, tráfico de cocaína hacia territorio estadounidense y uso de armamento de guerra para proteger operaciones criminales transnacionales.
El expediente tiene raíces que se remontan a más de una década, pero tomó forma definitiva en marzo de 2020 cuando el Departamento de Justicia deselló una acusación que vinculaba a Nicolás Maduro, al exjefe de inteligencia militar Hugo Carvajal, a Diosdado Cabello y a otros actores políticos y militares con una estructura de tráfico de drogas que habría operado durante más de veinte años. Según la fiscalía federal, la acusación describe un esquema en el que el poder estatal habría sido utilizado como plataforma logística para facilitar el envío sistemático de cocaína hacia Estados Unidos en coordinación con organizaciones armadas y redes criminales internacionales.
La acusación más reciente —presentada a finales de 2025 y desellada en enero de 2026— amplió el alcance del caso al incorporar nuevos acusados, entre ellos Cilia Flores, Nicolás Maduro Guerra, Ramón Rodríguez Chacín y Héctor Rusthenford Guerrero Flores, identificado como líder del Tren de Aragua. Este documento redefine la arquitectura de responsabilidades dentro del expediente y refuerza la tesis de la fiscalía: una supuesta red de cooperación entre estructuras estatales, grupos armados y organizaciones de narcotráfico.
Los cargos centrales del caso incluyen conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, uso de armas automáticas y dispositivos destructivos, así como conspiración para poseer armamento de guerra. Las imputaciones más graves contemplan penas de cadena perpetua. La acusación sostiene que los implicados habrían utilizado protección institucional, rutas aéreas y marítimas, así como redes de corrupción, para garantizar la salida de cargamentos de droga bajo resguardo oficial.
Un elemento relevante de la acusación actual se concentra en su presunto rol en conspiraciones específicas vinculadas al narcotráfico y la cooperación con actores armados.
El 3 de enero de 2026, Maduro fue capturado en Caracas por fuerzas estadounidenses y trasladado a Nueva York para enfrentar cargos federales. Según Washington, la operación representó la ejecución de una acusación judicial válida; para sus críticos, constituyó una intervención extraterritorial que podría interpretarse como un acto de agresión política. La detención generó protestas a favor de la acción estadounidense y otras en contra, reacciones diplomáticas y un debate sobre los límites de la jurisdicción penal estadounidense.
Desde entonces, el proceso ha avanzado en una fase dominada por litigios previos al juicio, con énfasis en el manejo de información clasificada bajo la Classified Information Procedures Act (CIPA). El expediente incluye testimonios de cooperadores, documentos sellados y evidencia sensible vinculada a inteligencia sobre redes de narcotráfico y seguridad nacional. La audiencia prevista inicialmente para el 17 de marzo fue aplazada repetidamente para el 26 del mismo mes. Los fiscales argumentaron necesidades de descubrimiento probatorio y exclusión de tiempo procesal bajo la Speedy Trial Act.
El caso se sustenta jurídicamente en el principio de jurisdicción extraterritorial, que permite a Estados Unidos procesar conspiraciones criminales que afecten su territorio aun cuando se ejecuten fuera de él. Precedentes como el de Manuel Noriega han sido citados como referencia para validar este tipo de actuaciones. La defensa de Maduro, por su lado, argumenta inmunidad de jefe de Estado, ilegalidad de la captura o violaciones al derecho internacional, lo que anticipa una batalla legal prolongada.
Más allá del plano judicial, el expediente se inserta en el conflicto geopolítico entre Washington y Caracas. Para la administración de Donald Trump, el caso representa la aplicación de leyes antinarcóticos contra estructuras criminales transnacionales, mientras que para sectores críticos, constituye una herramienta de presión política y un intento de reconfiguración del poder en Venezuela mediante el uso del sistema judicial.
Actualmente, Maduro permanece detenido en Nueva York a la espera de audiencias preliminares y del avance de mociones previas al juicio. No existe aún fecha definitiva para el inicio del proceso oral, y se prevé que la complejidad de la evidencia clasificada prolongue el litigio durante meses o años.
Es importante destacar, que el resultado de este caso podría redefinir los límites de la justicia internacional, el alcance de la jurisdicción penal estadounidense y el uso del derecho como instrumento de confrontación geopolítica. Si llega a juicio, se trataría del intento más ambicioso de procesar a un líder extranjero socialista por narcoterrorismo en tribunales federales de Estados Unidos.
Tomado de EE. UU. contra Maduro: el juicio por narcoterrorismo que sacude al poder en Venezuela