El intento de una opaca compra de 93 hectáreas en el cantón La Libertad es la punta de un iceberg: la sigilosa apropiación de tierras comunales o públicas en la provincia costera de Santa Elena.
Plan V revisó documentación de cinco casos, los cuales involucran una superficie mayor a 1.600 hectáreas. Para tener una idea: un área cinco veces mayor que el Centro Histórico de Quito.
En tales casos, asimismo, hay prácticas recurrentes que hacen pensar en un modus operandi, al menos desde hace 12 años. Es el mismo tiempo que activistas ciudadanos de la provincia han ventilado una serie de presuntas irregularidades en la península, al precio de su paz y la de su familia. E incluso a costa de su propia vida.
Este es el caso de Monika Silva, principal de la Fundación La Integridad, el colectivo Despierta Santa Elena, o comunicadores como Robinson del Pezo (asesinado el 20 de noviembre de 2025) o Joffre Paredes (amenazado desde mediados de este enero).
En el programa Mesa de análisis, de Plan V, del jueves 8 de enero, Silva detalló algunas de las presuntas iregularidades en Santa Elena, desde tráfico de influencias, ventas de terrenos a precios bajísimos, hasta sicariato. La activista cree en que Santa Elena se vive la segunda parte del Caso Purga, por el cual el exasambleísta socialcristiano Pablo Muentes paga prisión en la Cárcel del Encuentro.
El patrón de acción denunciado por los activistas ciudadanos de Santa Elena es el siguiente. De entrada, se rastrean predios de propiedad comunitaria, de algún gobierno autónomo descentralizado (GAD) o del Estado (a través de Inmobiliar).
Un actor político local mociona que su GAD requiere recursos para obras y somete a consideración del consejo cantonal la puesta en venta de un predio para obtener liquidez. Las justificaciones más comunes: que en esos predios se ejecutarán programas de vivienda social, desarrollo agroturístico o encadenamientos de la economía popular.
No hay subasta pública y se legisla ex profeso para que la autoridad pueda hacer ventas directas. El metro cuadrado se oferta, sin embargo, en valores irrisorios, incluso por debajo de los montos que constan en los diversos catastros de los GAD de la provincia.
En términos coloquiales, se vende la tierra a precio de huevo podrido. Y sí, por poner solo tres ejemplos: en 2022, se vendieron 755 hectáreas en el cantón Santa Elena a USD 0,90 el metro cuadrado. En este caso, un metro cuadrado costó menos que una lata de cerveza.
En el escándalo reciente, las 93 hectáreas en La Libertad, el metro cuadrado iba a costar lo mismo que un sánduche de pernil: USD 2,9, muy por debajo de los valores que constan por ese tipo de suelo en los mismos archivos catastrales del Municipio de la localidad.
Pero este es el colmo de los colmos: un metro cuadrado a centavo y medio de dólar. Sí: USD 0,015. Ocurrió en 2014 en la comuna de San Vicente.
A continuación, el detalle de los casos.
332 hectáreas en Playa Mambra
Mayo de 2014 fue un mes de mucho movimiento en la Notaría Segunda del Cantón Salinas. En esa época se registraron dos escrituras de compraventa de terrenos del cantón vecino: Santa Elena.
Monika Silva, de la Fundación La Integridad, expuso en sus redes sociales que el día 12, de aquel mayo de 2014, el Municipio de Santa Elena, encabezado a la fecha por Otto Vera, actual asambleísta provincial por la alianza PSC-Únete100, había vendido 332 hectáreas en la zona de Playa Mambra, en las inmediaciones de Ancón, a la firma Impreforsa, la cual pagó USD 139.629,87. Es decir, por cada metro cuadrado, el Municipio santaelense recibió apenas cuatro centavos de dólar. Un chicle cuesta más…
Impreforsa se dedica a la compraventa, alquiler y explotación de bienes inmuebles propios o arrendados. Sus administradores actuales son los mismos de la firma Sunselena, con la misma activa actividad comercial, y cuyo accionista mayoritario es el Grupo Sunshine, de Panamá.
Uno de los administradores de Sunselena lo es, además, en Darmois, firma creada en 2001 y cuya primera presidenta, años más tarde, en 2004, también presidió una nueva firma: Distrinet (actualmente cerrada).
Distrinet, también dedicada al alquiler de inmuebles, a finales de julio de 2005 fue relacionada por la Jefatura Antinarcóticos de la Policía con la operación Manzanillo, en la cual se decomisó dos toneladas de cocaína en contenedores que llevaban pulpa de fruta desde Guayaquil hasta el puerto mexicano de Manzanillo.
La aludida sostiene que no tuvo “ninguna participación en el delito antes mencionado”, según consta en un escrito en el Satje, del 3 de diciembre de 2025, en el cual solicita que sus datos personales sean ocultados o eliminados del sistema de información de la Función Judicial.
Un dato clave denunciado por activistas ciudadanos de Santa Elena: Playa Mambra está localizada en Ancón, en la zona de incidencia de la antigua planta desalinizadora de agua que consumían los habitantes del lugar.
474,5 hectáreas en San Vicente
El 14 de mayo de 2014, dos días después de haber inscrito la escritura de compraventa de las 332 hectáreas en el sector de Playa Mambra, la Notaría Segunda del cantón Salinas inscribió la escritura de compraventa de 474,5 hectáreas en la zona conocida como Los Barbascos, dentro de la comuna ancestral de San Vicente.
El monto que consta en el documento público es USD 71.118. Es decir, en esta operación cada metro cuadro costo un centavo y medio. Sí: USD 0,015. En 2014, un chicle costaba cinco centavos de dólar (USD 0,05). Allí se tenía previsto levantar un complejo dedicado a la producción caprina y a cultivos de ciclo corto, con galpones y áreas verdes y recreativas.
La negociación de las hectáreas en Playa Mambra y en la comuna ancestral de San Vicente tienen otro hecho en común. Las resoluciones municipales que viabilizaban la venta de dichos terrenos ocurrieron el lunes 24 de febrero de 2014, un día después de las elecciones seccionales en que Otto Vera perdió la reelección.
Vera, sin embargo, volvió a la Alcaldía de Santa Elena para el período 2019-2023. Y en ese lapso los comuneros de San Vicente presentaron una demanda de nulidad de la venta de las 474,5 hectáreas, de acuerdo con el expediente 24331-2021-00193. La razón: las 474,5 hectáreas negociadas están, según los demandantes, dentro de las 5.774 hectáreas de tierras ancestrales que pertenecen a la comuna de San Vicente, tal cual consta en la resolución del Ministerio de Agricultura del 14 de agosto de 1997.
Dicha demanda, sin embargo, fue negada por la Unidad Judicial Multicompetente de Santa Elena, el 12 de septiembre de 2025.
Zona de incidencia de las denuncias sobre ventas de tierras, efectuadas por activistas ciudadanos de Santa Elena. Imagen: Google Earth.
755 hectáreas para la “camaronera de los Olsen”
En Santa Elena, entre la línea de mar y la carretera Ruta del Spondylus, el metro cuadrado de tierra puede costar actualmente USD 180. Cinco años atrás, el valor promediaba los USD 150 por metro cuadrado.
Pero en 2022 hubo “magia” y un nombre repetido. La Alcaldía de Santa Elena, encabezada entonces por Otto Vera, siguió una fórmula que el exasambleísta socialcristiano Pablo Muentes, preso en la Cárcel del Encuentro por el caso Purga, ya había aplicado en Durán para adueñarse de tierras. Esto es: beneficiarse de recursos de Habeas data para dar de baja las fichas catastrales de determinados predios e inscribir nuevas fichas catastrales a nombre de supuestos nuevos dueños.
El Municipio de Santa Elena recibió de la empresa pública Inmobiliar 520 hectáreas para que las destine a proyectos de vivienda social. Y aquí viene la «magia»: mediante la desnaturalización de un recurso de Habeas data y la aplicación de una famosa cláusula “resolutoria”, el Municipio encabezado por Vera se apropió de 235 hectáreas pertenecientes a la Inmobiliaria Mar Azul, de la familia Perrone.
Bajo la justificación de acceder a liquidez para financiar obras para los santaelenses, en enero de 2022 la Alcaldía de Vera emitió una curiosa resolución que permitía al Municipio vender predios sin el recurso de subasta pública.
En las discusiones del Concejo de aquel entonces ya se hablaba de que se negociarían predios con “la camaronera de los Olsen”. Y sí: a velocidad de un flechazo de San Valentín, el 14 de febrero de 2022, se inscribía en la Notaría Primera de Santa Elena la escritura de compraventa de las 755 hectáreas a favor de la empresa Bellitec, por el monto de USD 6’231.428.
Como se dijo, la Alcaldía de Vera vendió directamente 520 hectáreas que Inmobiliar le entregó a condición de que se construya vivienda social, más 235 hectáreas que son de propiedad de la familia Perrone desde 1963.
755 hectáreas vendidas en más de USD 6,2 millones supone que cada metro cuadrado de tierra se negoció al mismo valor que un litro de leche en la época: 83 centavos de dólar (USD 0,83). Y fue una ganga, porque inicialmente el precio se fijó en 99 centavos de dólar, pero los compradores observaron que en la zona no había alcantarillado y entonces se bajó el precio por metro cuadrado a 83 centavos de dólar.
Bellitec es una camaronera creada en 2014. Tres firmas y una persona natural constan como sus accionistas: Actionflex, Nostrano, Mocanati y Christian Olsen Pons. En las dos primeras empresas, Chris Olsen Moeller figura como gerente general, y en la tercera, Elizabeth Moeller. De allí que, en las sesiones del Concejo Cantonal de Santa Elena, de enero de 2022, se hablaba de Bellitec como “la camaronera de los Olsen”.
Sobre estos «actos de magia», la Justicia ha fallado en dos instancias en favor de la familia Perrone, pero la Alcaldía de Santa Elena no ha cumplido. Desde el 8 de mayo de 2023, el caso está en conocimiento de la Corte Constitucional y se espera una sentencia en las próximas semanas, dentro de la causa 51-IS-2023.
En todo este tiempo, la Alcaldía de Santa Elena persistentemente ha defendido su actuación aludiendo al dudoso recurso de Habeas data que le permitió borrar de un plumazo la propiedad de los Perrone sobre las 235 hectáreas.
Activistas ciudadanos de la provincia concuerdan, asimismo, en que ninguna de estas acciones hubiese sido posible sin los oficios de Jorge Falquez, quien actúa como Registrador de la Propiedad de Santa Elena sin que se conociese de concurso público alguno para su designación, y a quien en el cantón relacionan, más bien, con los intereses inmobiliarios que son el poder tras la sombra en esta provincia del litoral ecuatoriano.
Favores y glosas por Punta Blanca
En el cantón Santa Elena, bajo la primera alcaldía de Otto Vera, se operó un sistema de dación de notas de crédito a cambio de lotes. La activista Monika Silva, de la Fundación La Integridad, recuerda que el 4 de noviembre de 2013, el Concejo Cantonal de Santa Elena aprobó la dación de 10 notas de crédito en favor de una red de siete empresas inmobiliarias con actividad en la zona de Punta Blanca, muchas de las cuales cuentan entre sus accionistas a empresas de capital panameño.
El monto de las notas de crédito fue superior a los USD 9,8 millones; a cambio, la red de empresas inmobiliarias entregaría 2.776 lotes para que el Municipio construya proyectos de vivienda social.
La vigencia de las notas de crédito era hasta el 2033 y permitía a tales empresas exonerarse o cubrir pagos de impuestos prediales y otras tasas relacionadas con inmuebles. Una década después de estos acuerdos, no había iniciado la construcción del proyecto de vivienda.
Vera, en su momento, justificó que no pudo avanzar con las obras porque en 2014 concluyó su primer período como alcalde. Pero retornó al poder en 2019 y nada… Por ello, en mayo de 2022 la Contraloría determinó una glosa contra Vera y nueve funcionarios municipales, por cerca de USD 10 millones.
La glosa se mantiene, según dijo el contralor Mauricio Torres al medio La Defensa, el pasado 22 de enero. “El caso se encuentra en el ámbito contencioso administrativo, por lo que su resolución depende de la Función Judicial”, se lee en uno de los posteos del medio digital.
Predios y sangre en La Libertad
El Municipio de La Libertad detuvo la venta de 93 hectáreas. Lo que no se ha esclarecido aún es quién estuvo realmemente detrás de este intento de compra. Imagen: Google Street View.
El intento de venta de 93 hectáreas en el cantón La Libertad, en el que estuvo involucrada Jenny Ramírez, trabajadora de una cafetería cercana al Municipio de la localidad, como supuesta compradora, puso en evidencia una serie de negocios sobre los cuales hay muchas dudas.
Desde finales de junio de 2025, este nombre ya constaba en los registros de la Subsecretaría de Tierras y Reforma Agraria, del Ministerio de Agricultura, pues Ramírez solicitaba la adjudicación de dos predios, pero en la parroquia José Luis Tamayo, del cantón Salinas: uno por 93 hectáreas y otro por 2.351 m2.
El hecho llama la atención del concejal libertense Bruno Dedé, quien ha sido una de las pocas voces dentro del Concejo Cantonal de La Libertad que han denunciado estos hechos. Precisamente, Dedé relieva el que se haya solicitado en Salinas un predio de la misma extensión que se pretendió comprar en La Libertad, esto es: de 93 hectáreas. Por ello, públicamente ha conminado al alcalde, Francisco Tamariz, a “decir la verdad”.
Esto ocurre a gran escala. En otros niveles, la sociedad civil de la provincia ha denunciado una suerte de “festival” de predios. De hecho, el comunicador Joffre Paredes, conocido en Santa Elena como El látigo, dice que conoce 80 denuncias de supuestas irregularidades en La Libertad, varias de las cuales aluden a ventas y traspasos de propiedad de varios lotes en el cantón peninsular.
Por estos hechos, Paredes ha expresado en sus redes sociales que ha sido amenazado de muerte. Y responsabiliza al alcalde de La Libertad, Francisco Tamariz, de lo que pueda ocurrir con su integridad.
Palabras similares fueron pronunciadas, el 23 de octubre de 2025, por Robinson del Pezo, vecino de La Libertad, dueño de una carnicería y, por sobre todo, un comunicador de su cantón, ampliamente escuchado en sus redes sociales y conocido popularmente como La Voz del Pueblo. A continuación, una de las denuncias de Del Pezo:
#CantonLaLibertad | ¿Permitirá el Concejo Municipal que el alcalde remate los terrenos del pueblo en el sector 61 Jorge Tamayo Asencio?
Los libertenses merecen respuestas, no negocios entre cuatro paredes.
El silencio también es complicidad. ⚖️💸 pic.twitter.com/qGyRDiUrVS
— Robinson Eddie Del pezo Cañarte (@pezo_eddie) October 6, 2025
Junto con Joffre Paredes, el colectivo Despierta Santa Elena y Monika Silva, Del Pezo era de las pocas voces que ha dado varias alertas tempranas sobre presuntas irregularidades en la provincia, principalmente relacionadas con ventas de tierras.
La Voz del Pueblo dijo, en aquellos días finales de octubre: “Hago esta denuncia: si A Robinson del Pezo, a mi familia, a mis hijos, les llega a pasar algo, hago responsable directamente al señor alcalde del cantón La Libertad, Francisco Tamariz, y a su círculo de empresarios”.
Para entonces, Del Pezo ya había sido atacado con explosivos. Pero, lamentablemente, el 20 de noviembre de 2025, fue asesinado por sicarios que se movilizaban en moto, en plena tarde, mientras atendía su carnicería en las cercanías del Mercado No. 4 de La Libertad.
“Este sacrificio de nuestro compañero de lucha no puede quedar en vano”, exclama constantemente la activista Monika Silva, quien no se cansa en entregar los documentos de sus denuncias a toda autoridad que ha podido: Ministerio del Interior, Fiscalía, Consejo de la Judicatura, Consejo de Participación Ciudadana, Contraloría…
¿Cuál ha sido su respuesta? Más amenazas y hasta procesos penales, como el que le sigue el contralor, Mauricio Torres, por supuestas injurias.
Tomado de Más de 1.600 hectáreas en Santa Elena a precio de huevo podrido